#03012005: DECLARACIoN DE ALBERTO R. GONZALES SECRETARIO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA LA CaMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS COMITe DE APROPIACIONES SUBCOMITe DE CIENCIAS, LOS DEPARTAMENTOS DE ESTADO, JUSTICIA Y COMERCIO, Y DEP

DECLARACIÓN
DE
ALBERTO R. GONZALES
SECRETARIO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS
COMITÉ DE APROPIACIONES
SUBCOMITÉ DE CIENCIAS, LOS DEPARTAMENTOS DE ESTADO, JUSTICIA Y
COMERCIO, Y DEPENDENCIAS AFINES

1° de marzo de 2005

Buenos días, presidente Wolf, congresista Mollohan y miembros del Subcomité:

Es un placer estar ante ustedes por primera vez para presentar el presupuesto del Presidente para el Departamento de Justicia, correspondiente al Año Fiscal 2006. Asumí este cargo sabiendo que el Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] está totalmente comprometido a proteger las vidas y las libertades de nuestros ciudadanos. Como tal, la propuesta de presupuesto que traigo hoy ante ustedes solicita recursos para continuar protegiendo a los estadounidenses y para conservar la seguridad de nuestras calles. Para el Año Fiscal 2006, el presupuesto del Presidente solicita $19,100 millones de dólares para el Departamento de Justicia, incluyendo $535.2 millones en inversiones nuevas para prevenir y combatir al terrorismo, incluyendo servicios de contrainteligencia.

El presupuesto del Año Fiscal 2006 para el Departamento solicita $3,100 millones de dólares para fortalecer la capacidad de investigación contraterrorista de la nación para identificar, rastrear e impedir la operación de células terroristas en Estados Unidos y para incrementar la capacidad de análisis de la nación en materia de contrainteligencia. Esta solicitud prevé asimismo los recursos necesarios para continuar nuestra labor de impedir, investigar y procesar delitos federales, incluyendo contravenciones en materia de armas de fuego, drogas y derechos civiles; encarcelar delincuentes; asociarnos con grupos estatales, locales y comunitarios y con grupos basados en la fe, para prevenir la delincuencia, incluyendo delitos en perjuicio de menores; y, proveer liderazgo y asistencia para atender las necesidades de las víctimas de la delincuencia.

La prevención y el combate contra el terrorismo, incluyendo los servicios de contrainteligencia

Durante los últimos tres años, el Departamento ha sido inquebrantable en la asignación de recursos para el contraterrorismo y ha vivido una transformación en nuestras prioridades así como en nuestra organización. Dentro del DOJ, la Oficina Federal de Investigaciones está en proceso de integrar un amplio Programa de Servicios de Inteligencia para evitar ataques terroristas, una labor que se ha visto acelerada por la aprobación de Ley del 2004 Sobre la Reforma a los Servicios de Inteligencia y Prevención de Terrorismo. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 incluye financiamiento para fortalecer los Programas de Inteligencia y Contraterrorismo del FBI, tales como recursos para contratar a 499 analistas de inteligencia y 288 agentes para el Programa de Contraterrorismo, adicionales.

Se lograron enormes pasos en la guerra contra el terrorismo bajo el liderazgo del Secretario de Justicia de los Estados Unidos John Ashcroft. Tan solo el año pasado, el Departamento de Justicia detuvo a 379 personas bajo cargos relacionados con las actividades de contraterrorismo y enjuició y obtuvo condenas en 200 casos vinculados con el terrorismo.

Bajo mi liderazgo, nosotros en el Departamento continuaremos buscando con decisión abordar el problema del terrorismo y otras amenazas a nuestra nación, con integridad y devoción hacia nuestros más elevados ideales. Aprecio el apoyo demostrado por este Subcomité y por el Congreso al proveer los recursos necesarios para el Departamento de Justicia para que este sea un paladín y genere una cultura dedicada a la protección de las vidas y libertades de los estadounidenses. El presupuesto que hoy presento a ustedes refleja ese apoyo y busca mejorar la habilidad del Departamento para proteger a Estados Unidos.

El mejoramiento de las habilidades de contraterrorismo y contrainteligencia

Desde el 11 de septiembre de 2001, la carga de trabajo de la Oficina Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] en lo que respecta a contraterrorismo ha aumentado a más del triple, de 9,340 casos pendientes y recibidos en el campo, a más de 33,000 en el Año Fiscal 2004. La presente solicitud de presupuesto incluye recursos para que el FBI provea una capacidad crucial de contraterrorismo. Este financiamiento permitirá que el FBI fortalezca su labor de identificar, rastrear e impedir que células terroristas operen en Estados Unidos. Los principales incrementos proveerían financiamiento para: duplicar el tamaño del Equipo de Reacción a Situaciones con Rehenes, contratar a 499 analistas de inteligencia adicionales, incrementar el programa de traducción de idiomas extranjeros en $26 millones de dólares y ampliar el programa de Agregados Jurídicos.

Este presupuesto también incluye dos iniciativas presidenciales, el Centro Nacional de Contraterrorismo [National Counterterrorism Center (NCTC)] y el Centro de Clasificación de Terroristas [Terrorist Screening Center (TSC)]. El NCTC, establecido en mayo de 2003 como el Centro de Integración de Amenazas Terroristas, es una labor de varias dependencias que fusiona y analiza información de inteligencia para proveer a las comunidades, tanto de inteligencia como de las fuerzas del orden público, con un amplio análisis en materia de amenazas.

El Centro de Clasificación de Terroristas, establecido por la Directiva Presidencial de Seguridad de la Patria/HSPD-6 el 16 de septiembre de 2003 y que inició operaciones el 1° de diciembre de 2003, consolida las listas de vigilancia de terroristas. Varias iniciativas en esta rama requieren recursos adicionales, incluyendo una preparación continua de las fuerzas del orden público estatales y locales; un proceso de detección más estricto en las fronteras de EE.UU.; y la investigación de todos los pasajeros en vuelos nacionales e internacionales sin demorar indebidamente actividades comerciales y de viaje. Para satisfacer estos incrementos a los requisitos, el presente presupuesto incluye 61 plazas adicionales y $75 millones de dólares para el TSC, llevando así el financiamiento total del TSC a $104 millones de dólares.

Adicionalmente, un contraterrorismo exitoso requiere las labores cohesivas de inteligencia, investigación y enjuiciamiento de muchas dependencias gubernamentales, incluyendo dependencias de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales participando en Grupos Operativos Conjuntos Antiterroristas [Joint Terrorism Task Forces (JTTF)]. Una clave para el éxito del concepto de JTTF sigue siendo la fusión de personal de varias dependencias de las fuerzas del orden público en una unidad con un solo enfoque. Asimismo, a partir de los eventos del 11 de septiembre de 2001, los fiscales federales y la División Penal del Departamento han utilizado la gama completa de leyes contra el terrorismo para enjuiciar actividades terroristas, incluyendo trastocar el financiamiento terrorista. Nuestro presupuesto busca $13.2 millones de dólares adicionales y 91 plazas para incrementar esta labor, incluyendo fondos para sufragar la investigación del terrorismo, principalmente a través de órdenes judiciales expedidas bajo la Ley Sobre Vigilancia de Inteligencia Extranjera y la continuidad de inversiones en operaciones a nivel departamental.

Mejoras a la infraestructura de contraterrorismo y contrainteligencia

Un elemento clave en nuestros esfuerzos por impedir actos futuros de terrorismo es nuestra habilidad para compartir de manera eficaz información sobre terroristas, actividad delictiva y amenazas a la seguridad pública, dentro del DOJ y con otros asociados en las fuerzas del orden público federales, tribales, estatales y locales. Para apoyar esta labor, este presupuesto solicita $63.9 millones de dólares adicionales y 5 plazas para el Programa de Tecnología para la Participación en la Información Judicial [Justice Information Sharing Technology (JIST)]. Este programa garantizará que las inversiones en la tecnología de participación en la información sean bien planificadas y orientadas de acuerdo con la estrategia global de la tecnología de información y la arquitectura del proyecto. JIST garantizará asimismo que los componentes del DOJ puedan operar en un entorno de funcionamiento intramuros, particularmente en lo que respecta a impedir ataques terroristas a Estados Unidos.

Esta solicitud también continúa la labor de asociarse con gobiernos estatales y locales para maximizar los recursos asignados a labores de seguridad de la patria. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 mantiene este compromiso e incluye $90.3 millones de dólares en subvenciones de inversión orientadas a labores de contraterrorismo y contrainteligencia.

Control de Drogas

Por primera vez desde hace una década, el uso de drogas ha disminuido entre las poblaciones escolares del 8º, 10º y 12º grados. Con la colaboración extraordinaria entre dependencias de las fuerzas del orden público federal, en los dos últimos años el Departamento de Justicia ha incapacitado a las organizaciones de narcotráfico internacionales responsables del suministro de drogas a Estados Unidos. En el Año Fiscal 2004, el Departamento desmanteló 36 organizaciones de narcotráfico que estaban vinculadas a un Objetivo que es una Organización de Prioridad Consolidada [Consolidated Priority Organization Target (CPOT)] y trastocó severamente 159 organizaciones adicionales.

El presupuesto para el Año Fiscal 2006 solicita incrementos de $245.4 millones de dólares para labores de control de drogas: $172.5 millones de dólares son para el programa del Equipo de Trabajo Antidrogas Contra la Delincuencia Organizada [Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)], la piedra angular de la estrategia antidrogas del Departamento, y $72.9 millones de dólares son para la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)], la única entidad de las fuerzas del orden público dedicada exclusivamente a la labor de hacer valer las leyes antidrogas. La solicitud incluye asimismo $32.6 millones de dólares adicionales en iniciativas nuevas para la Cuenta de Cargos de la DEA para el Control de Desviación y $206.7 millones de dólares en inversiones dirigidas para la Oficina de Programas Judiciales.

Las dependencias de las fuerzas del orden público deben juntar tanto recursos como pericia en un fondo común para poder combatir las redes de narcotráfico eficazmente. La Estrategia para el Control de Drogas del Departamento reorientó el Programa OCDETF para que este dirija investigaciones coordinadas a las principales organizaciones de suministro de drogas y lavado de dinero, designando así como objetivo la infraestructura total de estas empresas. Para este programa exitoso, el Departamento solicita recursos adicionales que ascienden a $172.5 millones de dólares y 517 plazas. Este nivel de financiamiento más elevado abordará los desequilibrios en la dotación de personal que existen dentro de la fuerza de trabajo de la Fiscalía de EE.UU.; aumentará los recursos antidrogas para el OCDETF del FBI que se concentra en las principales organizaciones de narcotráfico; implementará la Fase II de un plan de varios años para aumentar la capacidad del Servicio de Alguaciles de EE.UU. para detener a fugitivos del OCDETF; y proveerá para las operaciones y mantenimiento constantes del Centro de Fusión del OCDETF más allá del Año Fiscal 2005.

Esta solicitud refleja asimismo la propuesta del Presidente de transferir el Programa del Área de Narcotráfico de Alta Intensidad [High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA)], de la Oficina de Política para el Control Nacional de Drogas [Office of National Drug Control Policy (ONDCP)] al Departamento de Justicia, con financiamiento provisto a través del OCDETF a un nivel de $100 millones de dólares incluyendo 5 plazas. Esto permitirá a las fuerzas del orden público concentrarse en el narcotráfico de una manera que sea estratégica y complementaria al Programa del OCDETF y conservar los elementos más eficaces del HIDTA, tales como compartir inteligencia y fomentar la coordinación de diversas dependencias de la fuerza del orden público.

Nuestro presupuesto para el Año Fiscal 2006 solicita $72.9 millones de dólares y 122 plazas, incluyendo 76 nuevos agentes, para la DEA. Las inversiones requeridas proveerán financiamiento permanente para el plan para Corregir el Tamaño en el Extranjero de la DEA; incrementar la participación en la inteligencia para explotar, recopilar, analizar y compartir plenamente la información de la misma; y conservar y mejorar la capacidad de la DEA en lo tocante a inteligencia. Estos recursos reforzarán asimismo la investigación de organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero que son objetivo prioritario a través de comunicaciones mejoradas, capacidad de intercepción y tecnologías de investigación.

Para el programa de la DEA en materia de Control de Desviación, nuestra solicitud para el Año Fiscal 2006 propone un aumento de $32.6 millones de dólares y 109 plazas para mejorar las investigaciones y las acciones policiales en contra de la venta, uso o desviación ilícitos de sustancias controladas. La solicitud también propone transferir financiamiento asociado con el Programa Químico, de la Cuenta de Salarios y Gastos a la Cuenta de Cargos para el Control de Desviación para completar la transferencia efectuada en la Ley de Apropiaciones del Año Fiscal 2005. El financiar todo el Programa de Control de Desviación desde la Cuenta de Cargos para el Control de Desviación ayudará a agilizar las actividades de administración financiera del Programa.

El presupuesto del Departamento para el Año Fiscal 2006 también incluye $206.7 millones de dólares en inversiones dirigidas para asistir la labor estatal y local de implementación de programas y estrategias para el control de las drogas. Entre dichas inversiones dirigidas se encuentran: un aumento de $19.3 millones de dólares para el tratamiento residencial en casos de abuso de sustancias; $30.0 millones de dólares adicionales para tribunales para casos de drogas; un aumento de $19.4 millones de dólares para procesamientos en casos de drogas en la frontera suroeste; $20 millones de dólares para continuar la erradicación de laboratorios de metanfetaminas; y $5 millones de dólares para continuar el monitoreo del programa de drogas de venta controlada.

Hacer valer las leyes contra delitos con armas de fuego

El delito violento con armas de fuego y el tráfico de humanos continúan siendo problemas importantes para las fuerzas del orden público en toda la nación. El Gobierno está comprometido a eliminar a los delincuentes de las calles a través de la iniciativa Proyecto Vecindario Seguro [Project Safe Neighborhood (PSN)]. El PSN es una estrategia amplia que conjunta dependencias federales, locales y estatales para reducir el delito violento en nuestras comunidades. Al trabajar con el Departamento, cada comunidad adecua el programa para abordar problemas locales de violencia con armas de fuego. El Gobierno ha lanzado asimismo una iniciativa paralela, los Equipos de Impacto Contra Delitos con Lujo de Violencia [Violent Crime Impact Teams (VCIT)], dirigidos por la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)]. El programa VCIT, en la actualidad activo en 15 ciudades, se amplía a 25 ciudades con el presupuesto para el Año Fiscal 2006.

Los múltiples componentes judiciales juegan papeles clave en la labor del Departamento para reducir el delito con lujo de violencia. A partir de su incorporación al Departamento en enero de 2003, la ATF se ha convertido en parte integral de la labor del Departamento para reducir el uso violento de armas de fuego por delincuentes y pandillas. Más del 72% de los recursos de la ATF ($666.0 millones de dólares) están dedicados a la labor de regulación y control de armas de fuego, incluyendo la expedición de licencias y la inspección de comerciantes federales de armas, rastreo de armas de fuego por medio de la balística e investigaciones de delitos relacionados con armas, en sociedad con una variedad de dependencias de fuerzas del orden público federales, estatales y locales. Adicionalmente, las Oficinas de Fiscales Federales [United States Attorneys Offices (USAO)] en todo el país continúan desarrollando estrategias para hacer de sus comunidades lugares más seguros. Crucial para ese objetivo es el procesamiento enérgico de delitos violentos, particularmente aquellos en los que se involucró un arma de fuego. Otro elemento clave para ayudar a forjar asociaciones sólidas y eficaces con las fuerzas del orden público estatales y locales, es la Oficina de Programas Judiciales, la cual provee financiamiento basado en subvenciones que se concentran en la disuasión de los jóvenes en cuanto al uso de la violencia con armas de fuego, seguridad en el uso de armas de fuego, mejoramiento en el mantenimiento de expedientes delictivos y planeación estratégica.

La solicitud correspondiente al Año Fiscal 2006 incluye $31.3 millones de dólares y 158 plazas en nuevas inversiones y $165.7 millones de dólares en inversiones dirigidas de la Oficina de Programas Judiciales para la actividad policial relacionada con delitos con armas de fuego, incluyendo aumentos de $28.9 millones de dólares para el Proyecto MenorASalvo [Project ChildSafe] y $32.8 millones de dólares para el Programa de Mejoras al Historial Delictivo Nacional [National Criminal History Improvement Program].

Litigación

La solicitud del Departamento para el Año Fiscal 2006 incluye $31.6 millones de dólares y 227 plazas en nuevas inversiones para litigación para hacer valer las leyes federales y representar los intereses del pueblo estadounidense, así como $1 millón de dólares en inversiones dirigidas de la Oficina de Programas Judiciales. El Departamento sirve como el litigante principal de la nación, representando a Estados Unidos ante los tribunales y haciendo valer las leyes federales civiles y penales, incluyendo aquellas que protegen los derechos civiles, salvaguardan el medio ambiente, conservan una estructura de mercado competitiva, defienden al público en contra de reclamos improcedentes y conservan la integridad del sistema de bancarrota de la nación.

La solicitud presupuestal del Presidente para el Año Fiscal 2006 incluye financiamiento para fortalecer los enjuiciamientos de los Fiscales de EE.UU. en materia de inmigración y de delito intelectual; la habilidad de la División de lo Penal para investigar y encausar la explotación sexual de menores, el tráfico de humanos y la obscenidad; la labor de la División de lo Civil para abordar litigios de inmigración; y las necesidades de litigación de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales asociadas con los casos de fideicomiso tribal.

Las inversiones clave incluyen $1.9 millones de dólares y 36 plazas adicionales para asistentes de procuradores para estrechar la distancia que separa a la industria en el sector privado de aquella que se encuentra en las Oficinas de Fiscales Federales; $3.7 millones y 46 plazas para asegurarse de que exista una presencia suficiente de Fiscales Federales para manejar la carga de casos que va en aumento constante generada por la creciente cantidad de casos Policiales de Inmigración y Aduanas; $5 millones de dólares y 58 plazas en recursos para Fiscales Federales y para la División de lo Civil, para las investigaciones y enjuiciamientos de casos de Fraude en Cuidados a la Salud; y $1 millón de dólares y 11 plazas para ampliar el programa de Delitos de Informática, Alta Tecnología y Propiedad Intelectual.

Entre los Años Fiscales 2001 y 2004, la carga de trabajo de la Oficina de Litigación de Inmigración [Office of Immigration Litigation (OIL)] de la División de lo Civil se triplicó a aproximadamente 15,000 casos y es muy probable que supere los 21,000 para el Año Fiscal 2006 debido a la avalancha de apelaciones por parte de extranjeros que impugnan decisiones de detenerlos, deportarlos, excluirlos y removerlos. Se proyecta que para el Año Fiscal 2006, la carga de trabajo de los abogados alcanzará los 186 casos - un número que es imposible que cualquier abogado maneje eficientemente. Lo inadecuado de los recursos para defender estos casos podría resultar en juicios adversos, entorpecimiento de la habilidad del gobierno para perseguir una estrategia congruente y unificada para defender las acciones policiales en materia de inmigración y, consecuentemente, socavar nuestra seguridad nacional. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 solicita $5.8 millones y 58 plazas para proteger a nuestra nación al excluir y deportar a aquellos extranjeros que presentan una amenaza a la seguridad nacional y a extranjeros que de otra marea carecen de derechos según se define en la Ley de Inmigración y Naturalización. La solicitud incluye asimismo mayores recursos para la Litigación de Combustible Nuclear Agotado de la División de lo Civil para proveer apoyo a una litigación automática para los sesenta y seis casos registrados por compañías de servicios públicos basadas en energía nuclear en contra del Departamento de Energía.

El presupuesto del Año Fiscal 2006 solicita asimismo $7.4 millones de dólares y 18 plazas para defender a Estados Unidos en demandas fincadas por Tribus Indígenas, por imputaciones en lo que concierne a la administración de bienes tribales por la Oficina de Asuntos Indígenas. La exposición potencial de Estados Unidos en estos casos es de más de $200,000 millones de dólares. Se requieren recursos adecuados para limitar dicha exposición y establecer el antecedente apropiado en pro de Estados Unidos. Estos casos difieren de las demandas fincadas en contra de Estados Unidos por miembros individuales de una tribu, como Cobell, debido al grado de la exposición potencial y la magnitud de la administración y producción de documentos requeridos. La administración de documentos es astronómica: aproximadamente 55 millones de páginas de documentos necesitan revisarse. Por tanto el aumento solicitado incluye $6.1 millones de dólares para tratar con estos gastos relacionados con la administración de documentos.

Delitos en contra de mujeres y niños, y de obscenidad

La Ley Contra la Violencia en Perjuicio de la Mujer ha significado una diferencia crucial en las vidas de incontables mujeres y niños. Durante este Gobierno, la Oficina Sobre Violencia Contra la Mujer [Office on Violence Against Women (OVW)] ha otorgado casi $1,250 millones de dólares en subvenciones y convenios cooperativos para habilitar a las comunidades para que aumenten sus esfuerzos en abordar la violencia en perjuicio de la mujer y apoyar e incrementar los servicios a víctimas de tal delito. Para construir sobre dicha labor el presente presupuesto solicita una inversión total de $363 millones de dólares para la Oficina Sobre Violencia Contra la Mujer.

El presupuesto del Departamento refleja su compromiso con la protección de las víctimas más indefensas y más jóvenes del tráfico de humanos y otras formas de explotación. Durante el último año, el Departamento trabajó dinámicamente con otras dependencias de las fuerzas del orden público para perseguir y procesar a una gran variedad de delincuentes que representaban amenazas muy serias para los menores, incluyendo grandes redes internacionales de pedófilos depredadores organizados, y productores y vendedores comerciales de imágenes de abuso sexual a menores. A través de estas labores, más de 150 víctimas menores de edad pudieron rescatarse. Como peritos nacionales en la prevención y procesamiento de perpetradores de explotación de menores y obscenidad, los abogados de la División de lo Penal del Departamento enjuician a inculpados que han contravenido leyes federales contra estos delitos, y también asisten a las 94 Oficinas de Fiscales Federales en Estados Unidos en materia de investigaciones, juicios y apelaciones relacionados con los mismos. Adicionalmente, la Iniciativa Nacional de Imágenes de Inocentes [Innocent Images National Initiative (IINI)] del FBI identifica e investiga a depredadores sexuales que usan el Internet y otros servicios en línea para explotar sexualmente a menores, identifica y rescata víctimas menores de edad, y establece una presencia de las fuerzas del orden público en el Internet como un programa disuasorio de temas utilizados para la explotación de menores. Este presupuesto aumenta el financiamiento en $10.4 millones de dólares para la labor del Departamento de Justicia de combatir la pornografía infantil y la obscenidad, incluyendo programas de la División de lo Penal, IINI y los Grupos de Trabajo Contra Delitos en el Internet en Perjuicio de Menores.

En el Año Fiscal 2004, el FBI localizó 300 menores desaparecidos, cerró 2,638 portales o dominios de pornografía infantil en el Internet y asistió en la obtención de 881 condenas o desviaciones previas al juicio por delitos en perjuicio de menores, a través del uso de computadoras. El presente presupuesto solicita un aumento de $9.1 millones de dólares y 85 plazas para continuar esta labor.

La Oficina de Programas Judiciales juega un papel importante en la reducción de delitos contra menores a través de la capacitación y la pericia técnica para nuestros socios de las fuerzas del orden público estatales y locales, y entidades de seguridad pública. Desde que el Presidente anunció una labor gubernamental para ampliar y coordinar la red de Alerta AMBER en octubre de 2002, a esta se le ha acreditado la recuperación de más de 150 menores o más del 80% de las 188 recuperaciones desde que la iniciativa comenzó en Texas en 1996. En 2005 se establecieron los planes de la Alerta Amber en todos los 50 estados marcando así un hito en nuestra labor de prevenir los secuestros de menores. Este presupuesto busca $5.0 millones de dólares para mantener este sistema.

Asistencia estatal y local

Los departamentos de las fuerzas del orden público estatales y locales son socios cruciales en la guerra contra el terrorismo y el combate al delito. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 mantiene y cultiva programas de manera selectiva con más de $1,500 millones de dólares en subvenciones de asistencia a dependencias estatales y locales, incluyendo $185.3 millones de dólares para fortalecer comunidades a través de programas que brindan servicios tales como el tratamiento para padecimientos causados por drogas, $90.3 millones de dólares para combatir el terrorismo y $335 millones de dólares para combatir la violencia. Lo anterior incluye mejoras a las subvenciones de financiamiento previstas bajo el Proyecto Vecindario Seguro; $235.2 millones para tecnología propia de las fuerzas del orden público, incluyendo financiamiento para continuar y mejorar la iniciativa del Gobierno en materia de ADN; y $92.5 millones de dólares para apoyar el control policial de drogas, incluyendo financiamiento para continuar y ampliar el Programa de Procesamiento de Casos de Drogas en la Frontera Suroeste.

Los programas señalados para ayudar a fortalecer nuestras comunidades siguen siendo una prioridad para el Departamento de Justicia. Una inversión total de $185.3 millones de dólares en el Año Fiscal 2006 provee $15 millones de dólares para aumentar el apoyo para el programa del Gobierno de reingreso de delincuentes, que incluye la participación de los Departamentos de Trabajo y de Vivienda y Desarrollo Urbano. Se solicita un aumento de $19.3 millones de dólares para asistir a estados y a unidades de gobiernos locales en el desarrollo e implementación de programas residenciales de tratamiento de abuso de sustancias. Se solicita un aumento de $29.9 millones de dólares para el programa de tribunales para casos de drogas, el cual resultará en una mejora de un 2% en la tasa de graduación de los programas para casos de drogas si se compara con las estimaciones para el Año Fiscal 2005.

Nuestra solicitud propone el establecimiento de un programa para suministrar $20 millones en el Año Fiscal 2006 ($50 millones de dólares durante un período de tres años) para la capacitación de abogados particulares para la defensa y defensores de oficio, fiscales estatales y locales, y jueces estatales para mejorar la competencia de todos los participantes vinculados con juicios de casos estatales por delitos capitales.

Los esfuerzos por mejorar nuestra habilidad para combatir el terrorismo no serían un éxito sin nuestros socios estatales y locales. La solicitud para el Año Fiscal 2006 pretende invertir $90.3 millones de dólares en programas estatales y locales para combatir el terrorismo, incluyendo un aumento de $4.5 millones de dólares para el Sistema Regional de Participación en la Información; $14 millones de dólares para entrenamiento en antiterrorismo a nivel estatal y local; $7 millones de dólares para desarrollar herramientas y enfoques para mejorar la habilidad de elementos de primera reacción estatales y locales para detectar y responder eficazmente a ataques terroristas; $16 millones para financiar el programa del Cuerpo de Paz de EE.UU.A.; y un total de $6.2 millones de dólares para el Plan Nacional para Compartir Inteligencia Sobre la Delincuencia - el complemento estatal y local del Programa de las Fuerzas del Orden Público para Compartir Información, del Departamento.

Se propone asimismo una inversión de $227.4 millones de dólares para asistir a comunidades estatales y locales a combatir delitos con lujo de violencia, incluyendo $10.2 millones de dólares para prevenir la violación en las prisiones y procesar a quienes la cometan. El Departamento está comprometido a hacer valer los derechos y defender la dignidad humana de todos los ciudadanos, incluyendo los de los prisioneros.

El presupuesto para el Año Fiscal 2006 solicita $72.7 millones de dólares adicionales para continuar la labor de reducir el rezago en lo tocante a delincuentes condenados y escenas de delitos, fortalecer las capacidades de los laboratorios, financiar investigación en materia de ADN y proyectos de desarrollo, proveer capacitación especial a las fuerzas del orden público y a personal médico, pagar por programas y material didáctico que emplean tecnología de ADN para identificar a personas desaparecidas y para financiar un programa de análisis de ADN posterior a la condena. Incluida también en el presupuesto del Año Fiscal 2006 hay una inversión total de $29.9 millones de dólares en el Programa de Chalecos Blindados.

Protección judicial, detención y encarcelamiento

Como resultado de políticas enérgicas de las fuerzas del orden público, orientadas contra el terrorismo, delitos con lujo de violencia, contravenciones en materia de inmigración y delitos que involucran drogas, así como los aumentos en los números de agentes del FBI y DEA, el número de presuntos delincuentes que comparecen ante los tribunales federales continúa creciendo, al igual que el número de personas que se ordena sean detenidas y en última instancia encarceladas. La solicitud presupuestal para el Año Fiscal 2006 pretende recursos importantes que son necesarios para mejorar la seguridad en las salas de tribunales y para la detención y encarcelamiento de aquellos acusados de cometer delitos con lujo de violencia o condenados por dicha comisión. Durante el Año Fiscal 2004, la población carcelaria federal de la nación se elevó en un 3.4%, en un total de 7,396 reclusos. Simultáneamente, la población de detenidos federales se elevó en un 11.8%, un aumento de aproximadamente 5,200 detenidos cotidianamente. La solicitud provee recursos adicionales para la Oficina de Prisiones y la Oficina del Síndico de Detención para manejar este crecimiento, incluyendo los costos de activación para tres complejos nuevos y dos ampliaciones a instalaciones existentes. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 para el DOJ solicita $509.6 millones de dólares en recursos adicionales para estas ramas.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. [U.S. Marshals Service (USMS)] garantiza que el sistema federal de justicia opera eficazmente y con seguridad al brindar seguridad judicial y seguridad en la sala del tribunal para disuadir y para reaccionar ante amenazas y proteger a jueces federales, personal de los tribunales, testigos y otros participantes en procedimientos judiciales federales. Este presupuesto proveerá los recursos necesarios para que el Departamento continúe garantizando que ningún procedimiento judicial será interrumpido debido a una seguridad inadecuada y continuar asimismo identificando, evaluando y reaccionando a amenazas en contra del personal y la propiedad del tribunal; aumentar la seguridad física de las instalaciones del tribunal; y prever la seguridad a largo plazo de testigos federales y sus familias.

Adicionalmente, el USMS tiene jurisdicción primaria para conducir e investigar asuntos sobre fugitivos que involucren prisioneros federales prófugos; libertad probatoria, libertad condicional y de quienes contravienen su contrato de fianza; órdenes judiciales generadas por investigaciones de la DEA; y algunos otros casos de delitos mayores afines. En el Año Fiscal 2004, el USMS aprehendió a 39,000 personas que cometieron delitos mayores - más que todas las demás dependencias de las fuerzas del orden público combinadas. Adicionalmente, trabajando con autoridades a niveles federal, estatal y local, el USMS aprehendió a 79,740 fugitivos. El presente presupuesto provee $790.2 [millones de dólares] para el USMS, lo cual representa $42.6 millones de dólares y 114 plazas por encima del nivel promulgado en 2005.

Para la Oficina de Prisiones [Bureau of Prisons (BOP)], nuestro presupuesto para el Año Fiscal busca un incremento de $148 millones de dólares y 1,007 plazas, lo cual incluye $37.2 millones de dólares para el costo de subsistencia de una población carcelaria en aumento. El BOP proyecta que recibirá 4,269 reclusos adicionales entre los Años Fiscales 2005 y 2006. Estos recursos permitirán al BOP sufragar los costos marginales, $8,712 dólares por recluso, para proporcionar seguridad, alimentos, atención médica, vestimenta, enseñanza y otros costos asociados con el incremento en la población. Se incluye asimismo un aumento de $85.0 millones de dólares y 1,002 plazas para iniciar el proceso de activación de 3 complejos recién construidos, activar una ampliación de 50 celdas a la Unidad de Alojamiento Especial existente en la Penitenciaría de Florence, Colorado, y comenzar el proceso de activación para una unidad de alojamiento de baja seguridad de 362 camas en la Institución Correccional Federal [Federal Correctional Institution (FCI)] en Sandstone, Minnesota. Además, se solicitan $19.8 millones de dólares y 5 plazas para iniciar el proceso de obtener 1,600 camas adicionales en instalaciones contractuales para alojar a reclusos de baja seguridad y reclusas durante 6 meses en el Año Fiscal 2006. Por último, la solicitud del BOP busca $6.0 millones de dólares para establecer un programa de reingreso residencial en 6 instituciones que se asociarán con organizaciones basadas en la fe y organizaciones de la comunidad.

Para la Oficina del Síndico de Detención Federal, nuestra solicitud refleja $347.4 millones de dólares adicionales para alojar a detenidos del USMS en instalaciones estatales, locales y particulares. Se espera que el número de prisioneros federales detenidos aumente en un 14.9% durante el Año Fiscal 2005, lo cual resultará en una población promedio diaria de 60,000 detenidos, comparada con aproximadamente 27,000 hace tres años. Esta mejora garantizará la disponibilidad de una capacidad de detención adecuada y eficaz en cuanto a costos para los días de cárcel anticipados que se purgarán en instalaciones estatales, locales o particulares.

Mejoras en dirección y administración

En su Informe Presidencial del 2 de febrero, el Presidente subrayó la necesidad de restringir gastos para poder sustentar la prosperidad de nuestra economía. Como parte de esta restricción, es importante que los gastos discrecionales y aquellos no vinculados con la seguridad sean mantenidos a los niveles propuestos en el Presupuesto para el Año Fiscal 2006. Los ahorros y las reformas presupuestales son componentes importantes para lograr el objetivo del Presidente de recortar el déficit presupuestal a la mitad para 2009 e instamos al Congreso a respaldar estas reformas. El presupuesto del Año Fiscal 2006 incluye más de 150 reducciones, reformas y terminaciones en programas discrecionales no vinculados a la defensa de la nación, de los cuales $1,880 millones de dólares afectan a programas del DOJ. El Departamento quiere trabajar con el Congreso para lograr estos ahorros.

Como parte de nuestros esfuerzos por mejorar la administración y la dirección, el Departamento continúa con la evaluación de sus programas y operaciones con el objetivo de lograr economías, tanto específicas en cuanto a objetivos como departamentales, en lo tocante a escala, incremento en eficacia, así como ahorros y compensación de costos para permitirnos encontrar iniciativas que tengan una prioridad más alta. El Departamento se está ocupando en un proceso de varios años para implementar una amplia variedad de mejoras en tecnología de administración e información que resultarán en ahorros importantes. La absorción de costos y las eficiencias transversales identificadas en este presupuesto afectan a casi todo componente del Departamento. Inversiones adicionales para mejoras en tecnologías de administración e información, tales como las iniciativas e-gov, e-training y e-travel garantizarán que todos los componentes del DOJ puedan funcionar en un entorno de operación intramuros, particularmente con respecto a la prevención de ataques terroristas a Estados Unidos.

Administración financiera del DOJ

El Departamento está comprometido a un mejoramiento constante en su administración de finanzas para poder maximizar cada dólar que se nos asigna. El presupuesto para el Año Fiscal 2006 solicita $33.0 millones y 6 plazas para continuar apoyando al Sistema Unificado de Administración Financiera [Unified Financial Management System (UFMS)], incluyendo la adquisición de equipos y programas de cómputo, integración e implementación, y actividades de administración de proyectos. Las auditorías financieras anuales del DOJ y de sus componentes han encontrado fallas en varios de los siete sistemas de administración financiera medular que se usa en el DOJ. La continuación de la iniciativa UFMS causará un mejoramiento importante en la eficacia e integridad de nuestro sistema de financiamiento y de contabilidad.

Diversidad del DOJ

La solicitud para el Año Fiscal 2006 busca $0.8 millones de dólares para incrementar el reclutamiento y retención de abogados a través de un programa mejorado de pagos de préstamos estudiantiles y para mejorar un sistema automatizado de contratación de abogados. El Departamento está comprometido a echar la más amplia de las redes para atraer a los solicitantes más diversos y mejor calificados.

Conclusión

Presidente Wolf, Congresista Mollohan, miembros del subcomité: hoy he presentado ante ustedes [la lista de] recursos que son necesarios para llevar a cabo las actividades prioritarias del Departamento para el Año Fiscal 2006. Me honra testificar ante ustedes y anticipo con beneplácito los días y meses venideros de colaboración con ustedes sobre la presente propuesta presupuestal y otros asuntos.

Gracias. Me complacería responder a cualquier pregunta que ustedes pudieran tener.