SOLDADOS ACTUALES Y EX SOLDADOS Y OFICIALES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO DE LOS EE.UU.
ACUERDAN DECLARARSE CULPABLES DE PARTICIPAR EN CONSPIRACIÓN PARA COMETER SOBORNO Y EXTORSIÓN

WASHINGTON, D.C. - El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John C. Richter de la División de lo Penal y la Agente Especial a Cargo Jana D. Monroe de la Oficina Local de Phoenix de la Oficina Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] anunciaron hoy que 16 soldados actuales y ex soldados y oficiales de las fuerzas del orden público de los EE.UU. acordaron declararse culpables de participar en una conspiración para cometer soborno y extorsión de gran alcance.

Los cargos penales contra los acusados surgen de la Operación Lively Green, una investigación secreta de la FBI asociada a corrupción que comenzó en diciembre de 2001.

En documentos presentados hoy en el tribunal federal de Tucson, Arizona, cada acusado acordó declararse culpable de un cargo de conspiración para enriquecerse mediante la obtención de sobornos de personas que creían ser narcotraficantes. Esos individuos eran, en realidad, Agentes Especiales de la FBI, y los acusados usaron sus cargos oficiales para asistir, proteger y participar en las actividades de lo que creían ser una organización ilegal de narcotráfico involucrada en el negocio de transportar y distribuir cocaína desde Arizona a otras ubicaciones en el sudoeste de los Estados Unidos.

A fin de proteger los embarques de cocaína, los demandados llevaban puestos sus uniformes oficiales y portaban consigo sus identificaciones oficiales, utilizaban vehículos oficiales y su color de autoridad, donde fuese necesario, para impedir paradas por la policía, registros e incautaciones de los narcóticos, mientras transportaban los embarques de cocaína en carreteras que pasaban por puntos de verificación controlados por personal de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona y oficiales de las fuerzas del orden público de Nevada. Algunos de los demandados también aceptaron sobornos adicionales de dinero en efectivo, a cambio de reclutar otras autoridades públicas que creían ser corruptas para facilitar aún más las actividades de la organización ficticia de narcotráfico.

De acuerdo a los documentos del tribunal, todos los demandados acompañaron a por lo menos dos embarques de cocaína desde ubicaciones tales como Nogales, Arizona y Tucson, Arizona a destinos que incluyeron Phoenix, Arizona y Las Vegas, Nevada. Los acusados que se declararon culpables hoy transportaron un total de más de 560 kilogramos de cocaína y aceptaron más de 222,000 dólares en sobornos en efectivo como pago por sus actividades ilegales.

En una oportunidad, el 22 de agosto de 2002, algunos de los demandados condujeron tres vehículos oficiales del gobierno, incluidos dos Humvees militares asignados a la Guardia Nacional del Ejército de Arizona [Arizona Army National Guard (AANG)], a una pista de aterrizaje clandestina en el desierto cerca de Benson, Arizona, donde se encontraron con una aeronave bimotor King Air piloteada por agentes secretos de la FBI. Esos demandados, en uniforme completo, supervisaron la descarga de aproximadamente 60 kilogramos de cocaína de la King Air y la carga de los mismos en sus vehículos. Luego, transportaron la cocaína a un hotel de un centro turístico en Phoenix, donde los esperaba otro agente secreto de la FBI que se hizo pasar por un narcotraficante, y quien les pagó de inmediato en dinero en efectivo.

En otra ocasión, el 12 de abril de 2002, el acusado John M. Castillo, de 30 años, mientras se encontraba en servicio como inspector del Servicio de Inmigración y Naturalización [Immigration and Naturalization Service (INS)] en el Puerto de Entrada Mariposa, ubicado en la Frontera de Nogales, Arizona, dos veces dejó pasar a través de la frontera y sin inspeccionarlo a un camión que creía que llevaba, al menos, 40 kilogramos de cocaína. El día 1º de agosto de 2002, o en fecha aproximada, Castillo también vendió a un agente encubierto de la FBI documentos del INS que permitían el ingreso fraudulento de extranjeros indocumentados a los Estados Unidos.

Además de Castillo, los demandados que han acordado declararse culpables son:

Robert L. Bakerx, 43, un Sargento de la AANG;

David M. Bustamante, 35, antiguo oficial de correcciones del Departamento de Correcciones de Arizona [Arizona Department of Corrections (ADOC)];

Joel P. Bustamante, 33, antiguo oficial de correcciones en la Oficina Federal de Prisiones;

Jorge A. Calzadillas, 22, un soldado de primera clase en la AANG;

Demian F. Castillo, 33, un especialista de primera clase de la AANG;

Mark A. Fillman, 55, antiguo especialista de primera clase de la AANG;

Jimmy L. Ford, 29, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Guillermo German, 36, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Angel S. Hernandez, 31, antiguo sargento del Ejército de los Estados Unidos;

Moises Hernandez, 21, un Soldado de la AANG;

Leslie B. Hidalgo, 24, un Soldado de Primera Clase de la AANG;

John F. Manje, 36, antiguo sargento de la AANG y antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Gladys C. Sanchez, 24, antigua oficial de correcciones del ADOC;

Angel M. Soto, 41, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Phillip Varona, 22, antiguo oficial en el Departamento de Policía de Nogales, Arizona.

"Ahora más que nunca, es de importancia crítica que quienes están en las líneas de fuego de las fronteras de nuestra nación no se corrompan", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Richter. "Una frontera corrupta crea una seria amenaza para la seguridad nacional de este país. Seguiremos trabajando para garantizar que quienes están empleados para proteger a nuestra patria no vendan sus cargos y placas al mejor postor".

"Las acciones de los acusados en esta investigación no deben repercutir sobre la integridad de las agencias que alguna vez los emplearon, ni deben repercutir sobre los hombres y mujeres honorables que continúan sirviendo en sus filas", dijo el Agente Especial a Cargo Monroe. "Queremos, además, felicitar a estas agencias por la colaboración ejercida al mantenerse concentradas en su misión de servir y proteger al público de los Estados Unidos".

El cargo de conspiración lleva una pena máxima de cinco años de encarcelamiento y una multa de 250,000 dólares. Se prevé que los acusados se declararán culpables en el tribunal federal de Tucson a partir de las 4 P.M. PT de hoy, ante el Juez Federal de Primera Instancia Charles R. Pyle. Cada acusado ha acordado cooperar en esta investigación en curso.

Estos casos son parte de una investigación conjunta llevada a cabo por la Fuerza de Tarea contra la Corrupción del Sur de Arizona [Southern Arizona Corruption Task Force (SACTF)], compuesta por la FBI, la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Coacción de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. [U.S. Immigrations and Customs Enforcement (ICI)], y el Departamento de Policía de Tucson. Si bien no forman parte del SACTF, la Guardia Nacional de Arizona, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, el Servicio de Investigación Penal de Defensa y la División de Investigaciones Penales de la Hacienda [Internal Revenue Service] también están participando en la investigación. La acusación de los casos está a cargo del Abogado Litigante Principal John W. Scott de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal, Departamento de Justicia de los EE.UU., encabezada por el Jefe de Sección Noel L. Hillman.

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