DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CONCILIA CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE COLUMBIA POR CARGOS DE DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO

WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy un acuerdo de conciliación con el Distrito de Columbia con relación a la discriminación asociada al embarazo en el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia [Fire and Emergency Medical Services Department (FEMSD)] del Distrito de Columbia. La demanda alegaba que se le exigió a candidatas al cargo de técnica médica de emergencia del FEMSD que se sometieran a una prueba de embarazo, con cualquier oferta subsiguiente de empleo supeditada al resultado negativo de la prueba. Asimismo, la demanda alegaba que, una vez contratadas, la gerencia del FEMSD les advirtió que, cualquier técnica que quedara embarazada durante su primer año de empleo correría el riesgo de perder el empleo.

"El uso del embarazo como una barrera para el ingreso de una mujer en el lugar de trabajo y para la seguridad continua del empleo es ilegal e imperdonable", dijo Bradley J. Schlozman, Secretario de Justicia Adjunto Interino de los Estados Unidos de la División de Derechos Civiles. "El forzar a mujeres a elegir entre su bebé y su empleo es una clara contravención de la ley federal y no será tolerado por esta Administración".

Las tres demandantes, todas anónimas, son técnicas médicas de emergencia empleadas por el Departamento de Bomberos de D.C. El Distrito exigió que las demandantes, junto con otras candidatas del sexo femenino, se sometieran a una prueba de embarazo y obtuvieran resultado negativo como condición para el empleo. Las pruebas de embarazo de las demandantes tuvieron resultado negativo y las mismas fueron contratadas. Al presentarse a trabajar, las demandantes participaron en una clase de capacitación en la que un miembro de la gerencia dijo a las mujeres en la clase que, si quedaban embarazadas durante su primer año de empleo, correrían el riesgo de perder sus empleos. Poco tiempo después de la clase de capacitación, cada demandante descubrió que estaba embarazada. Debido a la amenaza de perder sus empleos si quedaban embarazadas durante el primer año de empleo, cada mujer interrumpió su embarazo a través del aborto.

Los Estados Unidos intervinieron en el caso y ayudaron a negociar el acuerdo de tres años de duración, el cual fue aprobado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El acuerdo de conciliación exige que el Distrito afirme políticas de empleo no discriminatorias aprobadas por la Oficina de Programas Judiciales del Departamento de Justicia, implementando capacitación para supervisores sobre los derechos de empleadas embarazadas bajo el Título VII, y proporcionar información periódica a los Estados Unidos con respecto a cualquier denuncia asociada a los derechos civiles. Además, el Distrito acordó compensar a cada demandante anónima con la suma de $101.000, más honorarios legales.

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