WASHINGTON, D.C. - Diez extranjeros han sido acusados por un gran jurado federal en Miami de cargos de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y contrabando de inmigrantes, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal, el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida y Julie L. Myers, Secretaria Auxiliar de Coacción de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)].
El ciudadano palestino Jalal Saadat Moheisen y los colombianos Victor Daniel Salamanca, Bernardo Valdes Londoño, Carmen Maria Ponton Caro, José Tito Libio Ulloa Melo, Jorge de los Reyes Bautista Martinez, Nicholas Ricardo Tapasco Romero y Edizon Ramirez Gamboa fueron detenidos por autoridades colombianas el 26 de enero de 2006 en Bogotá, Colombia. Los otros dos demandados - Luis Alfredo Daza Morales y Julio Cesar Lopez - siguen sueltos. Los arrestos fueron el resultado de una investigación coordinada de un supuesto fraude de documentos y contrabando de personas. La investigación fue realizada por fiscales federales de los Estados Unidos y Colombia e investigadores de la ICE y el Departamento de Seguridad Administrativa de Colombia.
Los demandados fueron acusados de 17 cargos por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida el 3 de enero de 2006. La acusación formal, la cual se reveló ayer, acusa a los demandados de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para realizar contrabando de inmigrantes, traer inmigrantes no autorizados a los Estados Unidos para obtener ventajas comerciales o ganancias financieras privadas, e incentivar o inducir a inmigrantes no autorizados a que vengan a los Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación formal, en el curso de una operación secreta, se alega que los demandados realizaron los arreglos necesarios y facilitaron el viaje de Colombia a Estados Unidos para individuos quienes se cree que son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista designada. Se alega que los demandados proporcionaron documentos de identificación colombianos y españoles fraudulentos, incluidos pasaportes españoles, los cuales permiten el ingreso a los Estados Unidos sin una visa. Se alega que los demandados compraron pasajes aéreos en los Estados Unidos para los individuos y realizaron los arreglos necesarios para que pudieran pasar, sin ser detectados, por los controles de inmigración en los aeropuertos internacionales de Bogotá, Colombia y Ciudad de Panamá, Panamá. Los demandados cobraron más de 20,000 dólares por sus servicios.
La acusación formal no contiene alegaciones de conexiones con ninguna otra organización terrorista extranjera.
La acusación también alega que los demandados ofrecieron ayudar a individuos que pensaron que eran miembros de la FARC, en la compra y venta de drogas ilegales, y que ofrecieron vender armas y provisiones paramilitares, rifles 700 AK-74, 50 revólveres de calibre 50 y dos helicópteros.
Los Estados Unidos pedirán la extradición de los demandados de Colombia. Los demandados enfrentan sentencias de hasta 15 años en prisión y multas de hasta 250,000 dólares.
"La entrada a los Estados Unidos es un privilegio que no se puede comprar y vender", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher. " Con una insensible indiferencia con relación a la ley y la seguridad de este país, se alega que los demandados intentaron realizar el contrabando al país de miembros de una organización terrorista peligrosa. Trabajando lado a lado con nuestros compañeros de las fuerzas del orden público y países como Colombia y Panamá, aseguraremos que las bandas de contrabando de extranjeros sean detectadas y desmanteladas antes de que puedan causar daños".
"Estos delincuentes buscaron lucrar a costa de nuestra seguridad nacional", dijo el Fiscal Federal Acosta. "Todo aquel que coloque en peligro la seguridad de nuestra nación debe estar preparado para pagar caro. La Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Florida, junto con nuestros compañeros de las fuerzas del orden público domésticas e internacionales, está enérgicamente empeñada en proteger la integridad de nuestras fronteras, no sólo contra terroristas extranjeros, sino también contra aquellos quienes, por un precio, ofrecen ayudar a terroristas a entrar ilegalmente en nuestra patria".
"El contrabando de terroristas en potencia a los Estados Unidos representa grave peligro. Los resultados de esta investigación secreta son prueba del empeño de la ICE en acabar con estas vulnerabilidades", dijo el Secretario Auxiliar Myers. "Aquellos que crean que sus actos delictivos quedarán impunes, están muy equivocados. En los Estados Unidos y en todo el mundo, la ICE sigue trabajando con la comunidad de las fuerzas del orden público para infiltrar y cerrar estas operaciones".
Los arrestos y cargos surgen de una investigación internacional encabezada por la Oficina del Agregado de la ICE en Bogotá, Colombia, con el apoyo de la policía colombiana y panameña y en coordinación con las anteriores, así como con autoridades del proceso judicial. Las oficinas de la ICE en Washington, D.C. y Miami también colaboraron en la investigación, junto con la Oficina del Agregado de la ICE en Ciudad de Panamá, Panamá.
Están a cargo de la acusación el Abogado Litigante Brian Skaret de la Sección de Seguridad Doméstica de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Fiscal Federal Auxiliar William White de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, División Miami.
Una acusación formal es apenas una acusación. No es prueba de culpabilidad, y el demando es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
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