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MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2006
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Presidente de concejo del condado de Orangeburg, Carolina del Sur acusado formalmente por cargos de corrupción pública

WASHINGTON – El presidente del Concejo del Condado de Orangeburg, Carolina del Sur, ha sido acusado formalmente por un gran jurado por cargos de soborno relacionado con programas con fondos federales y extorsión bajo pretexto de derecho oficial, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de los Penal y el Fiscal Federal Reginald I. Lloyd del Distrito de Carolina del Sur.

La acusación formal de dos cargos acusa a Rickenbacker, de 54 años, que fue elegido para formar parte del Concejo del Condado de Orangeburg y luego obtuvo el puesto de Presidente del Concejo, de solicitar y recibir sobornos por un valor total de 50,000 dólares entre diciembre de 2005 y mayo de 2006. Según la acusación formal, que fue emitida el 21 de junio de 2006 y revelada hoy, los pagos fueron realizados por un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] haciéndose pasar por asesor de una empresa interesada en adquirir el Centro Médico Regional de los Condados de Orangeburg y Calhoun. A cambio del dinero, la acusación alega que Rickenbacker acordó brindarle al agente encubierto del FBI una copia de un informe de valuación en el que se analizaba el estado financiero del hospital. El informe estaba siendo preparado a pedido del Concejo del Condado de Orangeburg y serviría para asistir a la empresa en la preparación de la oferta para adquirir el hospital. Según la acusación formal, Rickenbacker también indicó que él brindaría el apoyo político necesario para que la venta fuera aprobada por el Concejo del Condado de Orangeburg.

La pena máxima que Rickenbacker podría recibir por el cargo de soborno es de 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. La pena máxima por el cargo de extorsión es de 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.

Todos los cargos incluidos en la acusación formal son solo acusaciones y todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Este caso fue investigado por agentes del Buró Federal de Investigaciones y la División de Coacción del Estado de Carolina del Sur, y el enjuiciamiento ha sido asignado al Fiscal Federal Auxiliar Winston D. Holliday, Jr., de la Fiscalía Federal en Carolina del Sur. El caso está siendo enjuiciado conjuntamente por la Abogada Litigante Eileen Gleason de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal.

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