Hoja informativa: Iniciativas contra el terrorismo del Departamento de Justicia desde el 11 de septiembre de 2001

WASHINGTON – La mayor prioridad del Departamento de Justicia desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ha sido proteger a los estadounidenses previniendo actos de terrorismo.

La capacidad del Departamento de identificar y enjuiciar a terroristas potenciales, y así frustrar sus mortales conspiraciones, ha aumentado muchísimo en los últimos cinco años gracias a: un conjunto central de reformas estructurales, el desarrollo de nuevas herramientas de coacción, y la disciplina de una nueva mentalidad que valora la prevención y la comunicación. Trabajando codo a codo con otras dependencias federales, así como también con fuerzas del orden público estatales y locales, el Departamento de Justicia ha trabajado incansablemente para resguardar a los Estados Unidos – y, como todos pudieron observar, no ha habido ningún ataque terrorista en suelo estadounidense en los últimos cinco años.

I. La protección de los Estados Unidos mediante la investigación y el enjuiciamiento

Los fiscales y abogados civiles del Departamento de Justicia han tenido un gran éxito en los tribunales federales de los Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre, logrando identificar, enjuiciar y encarcelar a cientos de terroristas o terroristas potenciales. Como dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Gonzales, "La prevención es el máximo objetivo cuando se trata de terrorismo porque sencillamente no podemos esperar a que se produzcan estos delitos en particular antes de tomar medidas, y no pensamos esperar".

Enjuiciamiento y encarcelación de terroristas

Para desbaratar amenazas terroristas, el Departamento ha utilizado diversos cargos en juicios por terrorismo y juicios relacionados con el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Se han presentado cargos en casos que involucraban actos de terrorismo en el extranjero contra ciudadanos estadounidenses; ataques terroristas contra sistemas de transporte masivo; fraude de visa o documentos; prohibiciones contra el financiamiento del terrorismo; y participación en amenazas nucleares o con armas de destrucción masiva contra los Estados Unidos, entre otros cargos.

Desde los ataques del 11 de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2006, 288 acusados han sido condenados o se han declarado culpables en casos de terrorismo o casos relacionados con el terrorismo que surgieron de investigaciones realizadas fundamentalmente después del 11 de septiembre de 2001.
Además de estas condenas, existen aproximadamente 168 acusados más que han sido demandados desde el 11 de septiembre de 2001 en conexión con investigaciones sobre terrorismo o relacionadas con el terrorismo. Esos casos siguen pendientes en tribunales federales, no han producido condenas penales o involucran a acusados que están fugitivos o aguardando la extradición.

Entre los casos de mayor notoriedad se encuentran:

Richard Reid (Distrito de Massachusetts) – El británico Richard Reid fue sentenciado a cadena perpetua después de declararse culpable en enero de 2003 de cargos de intentar encender una bomba de pie cuando se encontraba en un avión que iba desde París hasta Miami.
John Walker Lindh (Distrito Este de Virginia) – Lindh se declaró culpable en julio de 2002 de un cargo de provisión de servicios a los talibán y un cargo de transporte de armas mientras se encontraba luchando en el frente de batalla de los talibán en Afganistán contra la Alianza del Norte. Lindh fue sentenciado a 20 años de prisión.
Los seis de Lackawanna: Shafal Mosed, Yahya Goba, Sahim Alwan, Mukhtar Al-Bakri, Yasein Taher, Elbaneh Jaber (Distrito Oeste de Nueva York) – Seis acusados de la zona de Lackawanna, N.Y., se declararon culpables de cargos de provisión de apoyo material a al Qaeda que se basaban en que los acusados habían asistido a un campamento de entrenamiento terrorista de al Qaeda. Los acusados fueron sentenciados a condenas que van desde siete hasta 10 años de prisión.
Iyman Faris (Distrito Este de Virginia) – En octubre de 2003, Iyman Faris fue sentenciado a 20 años de prisión por provisión de apoyo material y recursos a al Qaeda y conspiración para brindarle información sobre posibles blancos estadounidenses de ataque a la organización terrorista. Faris se declaró culpable en mayo de 2003 y fue sentenciado a 20 años de prisión el 28 de octubre de 2003.
Ahmed Omar Abu Ali (Distrito Este de Virginia) – En noviembre de 2005, un jurado federal condenó a Ali de todos los cargos de una acusación formal que lo acusaba de delitos de terrorismo, entre ellos provisión de apoyo material y recursos a al Qaeda, conspiración para asesinar al Presidente de los Estados Unidos, conspiración para cometer actos de piratería aérea y conspiración para destruir aviones. Ali fue sentenciado a 30 años de prisión.
Ali-Al-Timimi (Distrito Este de Virginia) – Al-Timimi fue condenado en abril de 2005 por los 10 cargos en su contra en conexión con el caso del "jihad de Virginia". Al-Timimi, un líder espiritual de una mezquita en Virginia del Norte, alentó a otros individuos durante una reunión a ir a Pakistán a recibir entrenamiento militar de Lashkar-e-Taibi, una organización terrorista designada extranjera, para luchar contra las tropas estadounidenses en Afganistán. Al-Timimi fue sentenciado a cadena perpetua.

II. Desarrollo de nuevas herramientas de coacción para desbaratar conspiraciones terroristas y maximización de las herramientas existentes

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, era evidente que las fuerzas del orden público no contaban con las herramientas necesarias para detectar y prevenir el terrorismo. Los terroristas poseían tecnología de punta, mientras que las fuerzas del orden público luchaban para usar herramientas legales con décadas de antigüedad que no podían adaptarse a los tiempos que corrían. En los últimos cinco años, el Departamento de Justicia trabajó codo a codo con el Congreso para fortalecer las leyes penales contra el terrorismo de nuestro país, para actualizar las autoridades legales necesarias para detectar y desbaratar a las fuerzas terroristas, y para derribar las paredes que evitaban que las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden público se reunieran, compartieran información y "unieran los puntos" que podían ser la clave para proteger a los Estados Unidos de otro ataque. A continuación, se detallan algunos de los cambios más significativos en este área desde el 11 de septiembre y se incluye una discusión de las confirmaciones legales y constitucionales dadas a estos programas por tribunales federales.

Transformación del FBI para enfrentar la nueva amenaza

En los últimos cinco años, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] ha transformado radicalmente sus operaciones para obtener información detallada sobre el terrorismo en los Estados Unidos. Para golpear a los terroristas antes de que puedan atacar, el FBI puso a punto sus operaciones de contraterrorismo, expandió sus capacidades de inteligencia, modernizó sus prácticas comerciales y su tecnología, y mejoró la coordinación con sus asociados. Algunos de los cambios más significativos son:

Establecimiento de diversas unidades operativas que brindan capacidades nuevas o mejoradas para encarar la amenaza terrorista. Entre estas unidades se encuentran la Vigilancia Contraterrorismo constante y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo para manejar y compartir información sobre amenazas; la Sección de Operaciones contra la Financiación del Terrorismo para centralizar la labor para detener la financiación del terrorismo; los grupos de explotación de documentos/medios para utilizar el valor de inteligencia de material hallado en el país y el extranjero; "Equipos de vuelo" desplegables para brindar sus servicios como expertos en contraterrorismo cuando sea necesario; la Sección de Informes y Requisitos relacionados con el Terrorismo para diseminar inteligencia del FBI asociada con el terrorismo en la Comunidad de Inteligencia; y la Sección de Análisis de Contraterrorismo para evaluar los indicadores de actividad terrorista desde una perspectiva estratégica.
Realineamiento de la estructura organizativa para crear cinco ramas: la Rama de Seguridad Nacional, la Rama de Investigaciones Penales, la Rama de Recursos Humanos, la Rama de Ciencia y Tecnología, y la Oficina del Funcionario en Jefe de Información.
Incremento del presupuesto del FBI en casi un 200 por ciento desde 2001 hasta llegar a los 6 mil millones de dólares y creación de casi 6,700 puestos de trabajo.
Incremento en las capacidades de inteligencia de todo el FBI mediante un aumento de la cantidad de Agentes Especiales asignados a la sección de Contraterrorismo, la duplicación de la cantidad de Analistas de Inteligencia hasta llegar a los 485 y la triplicación de la cantidad de lingüistas hasta llegar a los 700.
Consolidación de las iniciativas de Armas de Destrucción Masiva (WMD, por su sigla en inglés) y Contraproliferación bajo una nueva junta de WMD.
Mejora radical en la transmisión de información a través de productos de inteligencia mejorados: Aumento de la cantidad de Informes sobre Información de Inteligencia desde cero antes del 11 de septiembre hasta 20,281 hoy en día; aumento de la cantidad de Evaluaciones de Inteligencia desde cero antes del 11 de septiembre hasta 827 hoy en día; aumento de la cantidad de Boletines de Inteligencia desde cero antes del 11 de septiembre hasta 399 hoy en día.

La Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU.

La Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU., que fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso con una mayoría bipartidaria abrumadora y promulgada por el Presidente Bush el 26 de octubre de 2001, ha sido una parte integral del exitoso enjuiciamiento del gobierno federal en la guerra contra el terrorismo. Gracias a la Ley, las fuerzas del orden público han podido identificar operativos terroristas, desmantelar células terroristas, desbaratar conspiraciones terroristas y capturar a terroristas antes de que pudieran atacar. Las disposiciones de la Ley que estaban a punto de vencer, entre ellas disposiciones vitales para compartir información, fueron reautorizadas el 9 de marzo de 2006, lo que permitió que los investigadores siguieran utilizando estas autoridades críticas. La Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU. mejoró muchísimo nuestra capacidad de protegernos contra el terrorismo y otros delitos graves. La Ley ha contribuido a la protección de los Estados Unidos de las siguientes maneras:

Contribuyó a derribar la "pared" que evitaba que personal de las fuerzas del orden público y personal de inteligencia compartieran información y cooperaran con efectividad.
Les permitió a agentes federales rastrear mejor a terroristas experimentados entrenados para evitar la detección.
Actualizó herramientas de investigación para reflejar nuevas tecnologías y amenazas.
Les permitió a los funcionarios de las fuerzas del orden público obtener una orden de allanamiento de un solo tribunal sin importar dónde se produjera la actividad relacionada con el terrorismo.
Les dio a los investigadores de seguridad nacional herramientas comparables con las que se utilizan desde hace mucho tiempo en casos penales normales.
Aumentó las penas para quienes cometen determinados delitos de terrorismo y quienes los apoyan.
La Ley de Perfeccionamiento y Reautorización de la Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU. de 2005 reautorizó todas las disposiciones de la Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU. que estaban a punto de vencer, agregó docenas de garantías para proteger la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses, fortaleció la seguridad portuaria y brindó herramientas para combatir la propagación de la metanfetamina.

Algunos ejemplos del uso de herramientas y disposiciones para la transmisión de información brindadas por la Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU. son:

En Nueva Jersey, Hemant Lakhani fue condenado por intentar venderles misiles de hombro a terroristas para usarlos contra objetivos estadounidenses. Lakhani fue captado en conversaciones grabadas diciendo que apoyaba el uso de misiles para derribar aviones estadounidenses de pasajeros y que Osama bin Laden "los puso a todos en su lugar" e "hizo algo bueno". Otros tres acusados implicados en transferencias de dinero relacionadas con el contrabando de misiles ilegales se han declarado culpables. La investigación sobre Lakhani no hubiera sido posible si las dependencias de inteligencia y de las fuerzas del orden público estadounidenses, rusas y de otros países no hubieran podido coordinarse y compartir la inteligencia que habían obtenido de diversas herramientas de investigación.
En una investigación en la zona de Chicago en 2003, una orden de allanamiento de notificación retrasada autorizada por un tribunal les permitió a los investigadores obtener evidencia de un plan para enviar componentes de vehículos aéreos sin tripulación (UAV, por su sigla en inglés) a Pakistán y obtener esa evidencia sin alertar a los sospechosos y que estos se escaparan. Los UAV podrían haber trasladado hasta 200 libras de cargamento, potencialmente explosivos, siendo guiados fuera del área de visión a través de una computadora portátil. La notificación retrasada de un allanamiento de comunicaciones por correo electrónico les brindo a los investigadores información que les permitió postergar el arresto del principal sospechoso, que luego se declaró culpable, hasta que los cargamentos de componentes de UAV fueron ubicados en Chicago.

Utilización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera como una herramienta clave en la Guerra contra el Terrorismo

Desde el 11 de septiembre de 2001, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)] ha sido una herramienta clave para cumplir la misión del Departamento de luchar contra el terrorismo y proteger nuestra seguridad nacional. En los últimos cinco años, el Departamento ha incrementado significativamente la cobertura obtenida bajo la FISA, lo que refleja el mayor enfoque en el contraterrorismo y las investigaciones de contrainteligencia y el perfeccionamiento de la operación del proceso de la FISA:

Desde 2001 hasta 2005, las solicitudes de FISA aprobadas por tribunal para llevar a cabo vigilancia electrónica o allanamientos físicos aumentaron en más de un 122 por ciento, de 934 en 2001 a 2,072 en 2005.
Según las operaciones actuales, se proyecta que la utilización de la FISA como una herramienta efectiva para recolectar inteligencia extranjera se incrementará por lo menos en un 10 por ciento en 2006.
Desde 2004, la cantidad de solicitudes pendientes de FISA que no son de emergencia ni aceleradas se ha reducido en alrededor de un 60 por ciento.
La cantidad de días que lleva procesar solicitudes FISA de vigilancia electrónica o allanamiento físico ha disminuido alrededor de un 35 por ciento desde 2004.
El personal de abogados de la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia se ha triplicado y seguirá creciendo en un futuro cercano.
Las contestaciones estandarizadas y las partes automatizadas del proceso de redacción han hecho que las demandas de FISA sean más cortas, concisas y se emitan con mayor rapidez.
Nueva legislación propuesta por el Senador de los EE.UU. Arlen Specter le daría al Tribunal de la FISA jurisdicción para emitir una orden en la que se aprueba un programa de vigilancia de terroristas aprobado por el Presidente, sujeto de determinados requisitos, y también permitiría la supervisión del Congreso por parte de los Comités de Inteligencia.

Utilización del Programa de Vigilancia de Terroristas

El Programa de Vigilancia de Terroristas es una herramienta esencial de la comunidad de inteligencia para librar la Guerra contra el Terrorismo. En el conflicto actual con al-Qaeda y sus aliados, el Presidente tiene la obligación primaria bajo la Constitución de proteger al pueblo de los Estados Unidos. Funcionarios de la comunidad de inteligencia han realizado diversas declaraciones sobre la efectividad de este programa en la protección de los Estados Unidos.
El alcance del programa es muy específico, ya que se enfoca en las comunicaciones con al Qaeda en las que uno de los puntos de la llamada telefónica se encuentra fuera de los Estados Unidos.
El programa es legal. Ha sido revisado por gran cantidad de abogados dentro del gobierno, entre ellos abogados de la Agencia de Seguridad Nacional [National Security Agency (NSA)] y del Departamento de Justicia y es analizada periódicamente para constatar su efectividad y garantizar que siga siendo legal y siga respetando las libertades civiles de los estadounidenses.

Confirmación por parte de un tribunal

El librar un nuevo tipo de guerra que requiere el uso de nuevas herramientas ha traído aparejados desafíos legales inevitables en nuestros tribunales federales. En diversas ocasiones, los tribunales han confirmado que las herramientas y los métodos que hemos utilizados son coherentes con la Constitución y el imperio de la ley.

Hamdi contra Rumsfeld, (U.S. 2004) – Confirmó la autoridad del Presidente para detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos cuando son capturados en el extranjero en zonas activas de combate bajo la Autoridad para Emplear la Fuerza Militar [Authority to Use Military Force (AUMF)], sujeta a revisión judicial deferente. Como dijo la Corte Suprema, "Los Estados Unidos pueden detener, mientras duren estas hostilidades, a individuos que fueron identificados legítimamente como combatientes talibán que participaron en un conflicto armado contra los Estados Unidos. Si figura en actas que las tropas de los Estados Unidos siguen involucradas en combate activo en Afganistán, esas detenciones forman parte del ejercicio de ´fuerza apropiada y necesaria´ y por lo tanto están autorizadas por la AUMF".
Holy Land Found. for Relief & Dev. contra Ashcroft (D.C. Cir 2003) – Confirmó la designación del Departamento del Tesoro/ la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la supuesta beneficencia como una "organización terrorista global especialmente designada" basándose en su apoyo a Hamas. Como dijo la Corte, "La ley establece que no existe un derecho constitucional de financiar el terrorismo".
Center for National Security Studies contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (D.C. Cir 2003) – Confirmó la decisión del gobierno de no divulgar públicamente una lista exhaustiva de todos los detenidos de la guerra contra el terrorismo, dado que esa lista podría darles pistas a nuestros enemigos sobre el progreso de nuestra investigación contra el terrorismo. Como dijo la Corte, "Los Estados Unidos enfrentan a un enemigo tan real como sus antiguos enemigos de la Guerra Fría, con capacidades que el Poder Judicial no puede llegar a explorar. . . . determinamos que la suposición del gobierno de que la divulgación de los nombres de los detenidos le permitiría a al Qaeda y otros grupos terroristas trazar el curso de esta investigación y, por ende, desarrollar los medios para impedirla, es razonable".
Khaled El-Masri contra Tenet (Distrito Este de Va. 2006) – Confirmó la afirmación del privilegio del secreto de estado y desestimó la demanda que disputaba la supuesta incautación y detención de la CIA en el extranjero.
En Caso Resellado No. 02-001 (Tribunal de Revisión de Inteligencia Extranjera) – Confirmó nuevos procedimientos para compartir inteligencia que eliminaron barreras que disminuían la capacidad de agentes de inteligencia y de las fuerzas del orden público de coordinar sus iniciativas para prevenir ataques terroristas. Como dijo el tribunal, "A fin de cuentas, la cuestión pasa a ser si la FISA, enmendada por la Ley Patriota, es una respuesta razonable basada en un balance de la necesidad legítima del gobierno de información sobre inteligencia extranjera para protegernos contra amenazas a la seguridad nacional con los derechos protegidos de los ciudadanos. Creemos... firmemente... que la FISA, enmendada, es constitucional porque las vigilancias que autoriza son razonables".
Al-Marri contra Wright (D.S.C. 2006) – Confirmó la detención de combatientes extranjeros enemigos indocumentados dentro de los Estados Unidos; el Extranjero Indocumentado no pudo refutar su clasificación y detención por parte del gobierno como un combatiente enemigo.

III. Creación de asociaciones para mantener seguros a los Estados Unidos

Para vencer a redes terroristas complejas, el Departamento ha aumentado sus asociaciones para mejorar la cooperación en todos los niveles de gobierno y así mejorar la prevención de ataques terroristas. Entre estas iniciativas se encuentran:

La coordinación con nuestros asociados estatales y locales

Aumento de la cantidad de Fuerzas de Tarea Conjunta contra el Terrorismo [Joint Terrorism Task Forces (JTTF)] de 35 a 101 y creación de una JTTF con representantes de 40 dependencias.
Aumento de agentes y oficiales de policía en JTTF de menos de 1,000 antes de 2001 a casi 4,000 en la actualidad.
Creación de la Oficina de Coordinación de Coacción del FBI encabezada por un ex jefe de policía.
Participación en centros de fusión de inteligencia estatal y regional y otros centros regionales de inteligencia multi-agencia, entre ellos el Centro Nacional de Contraterrorismo y el Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas; el Centro de Investigación de Terroristas; y la Fuerza de Tarea de Rastreo de Terroristas Extranjeros.
Después de los ataques del 11 de septiembre, el Servicio de Relaciones Comunitarias [Community Relations Service (CRS)] del Departamento respondió a más de 500 incidentes en todo el país, reuniendo a las fuerzas del orden público, funcionarios locales, miembros de las comunidades árabes, musulmanas y sij, junto con otros miembros de la comunidad de derechos civiles, para tratar preocupaciones mutuas y fomentar la cooperación.

Coordinación con nuestros colegas internacionales

Desde el 11 de septiembre de 2001, el Departamento ha aprovechado la cooperación internacional de las fuerzas del orden público para evitar que los terroristas transiten libremente por el mundo y llevarlos ante la justicia. En este área, el Departamento ha:

Aumentado la cantidad de oficinas de Agregados Legales del FBI en países extranjeros de las 44 que había el 11 de septiembre de 2001 a las más de 60 que existen en la actualidad.
Asignado a analistas en ocho oficinas de Agregados Legales desde el 11 de septiembre de 2001: Amman, Jordania; Bagdad, Irak; Berlín, Alemania; Londres, Inglaterra; Ciudad de México, México; París, Francia; Roma, Italia; y Tel Aviv, Israel.
Respondido a cientos de pedidos formales de nuestros asociados de todo el mundo solicitando asistencia en investigaciones sobre terrorismo a través de nuestra red global de tratados de asistencia legal mutua (MLAT, por su sigla en inglés).
Compartido miles de artículos con información relacionada con amenazas con nuestros asociados internacionales.
Brindado evidencia crítica a otros países para que la utilizaran en enjuiciamientos relacionados con el terrorismo y recibido evidencia crítica de otros países para usarla en enjuiciamientos relacionados con el terrorismo en los EE.UU.
Capacitado a más de 486 juristas y fiscales iraquíes en cursos desarrollados y/o presentados por los Asesores Legales Residentes de la Oficina de Desarrollo de Enjuiciamientos en el Extranjero [Office of Overseas Prosecutorial Development (OPDAT)] en Irak, hasta el 17 de mayo de 2006.
Capacitado a más de 80,000 cadetes de la Policía Iraquí y 44,000 ex oficiales de la policía del régimen sobre destrezas y conceptos policiales básicos, como el rol de la policía en una democracia y los derechos humanos, hasta la fecha, a través del Programa Internacional de Asistencia en la Capacitación Investigativa Penal [International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)]. Además, existen más de 20,000 graduados policiales iraquíes de los cursos de capacitación especializados, avanzados y de gestión del ICITAP.

IV. Lucha contra la peligrosa difusión de la radicalización

Aunque el Departamento ha tenido éxito en muchos frentes en la Guerra contra el Terrorismo, han surgido nuevos frentes por las actividades de los terroristas y sus simpatizantes para radicalizar a otras personas. Estas actividades se realizan en el Internet, en los vecindarios y en las prisiones. El Departamento ha creado diversos programas para combatir estas nuevas amenazas.

Control de la radicalización en las prisiones estadounidenses

El Departamento de Justicia y el Buró Federal de Prisiones [Federal Bureau of Prisons (BOP)] comprenden la importancia del control y la prevención del reclutamiento de presos en nuestras instalaciones presidiarias federales para que participen en actos de terrorismo. Entre estas iniciativas se encuentran:

Alojar a los terroristas internacionales más peligrosos y experimentados bajo las condiciones más restrictivas permitidas para asegurar que no puedan influenciar a otras personas, ganar prestigio que los reafirme o usar a otros presos para enviar o recibir mensajes.
Trabajar con otras dependencias de las fuerzas del orden público y la comunidad de inteligencia para mejorar el proceso de control de presos e individuos que ingresan a prisiones federales.
Aumentar la conciencia sobre seguridad respecto de materiales religiosos utilizados en instalaciones correccionales y mejorar la supervisión de zonas y actividades de servicios religiosos para lograr una supervisión constante de grupos encabezados por presos y la provisión de enseñanzas islámicas y guías de estudio preparadas por capellanes islámicos que forman parte del personal a tiempo completo del BOP.
Aumentar los requisitos impuestos a personal y voluntarios religiosos. Los capellanes del BOP que trabajen a tiempo completo deben satisfacer diversos requisitos de capacitación académica, experiencia, comprobación detallada de antecedentes y demostrar intención y capacidad de brindar y coordinar programas religiosos para presos de todas las religiones.

Programa de extensión a las comunidades musulmanas, árabes y sij

Después de los ataques del 11 de septiembre, el Departamento de Justicia hizo hincapié en fomentar la comprensión cultural de árabes, musulmanes y sij, que pasaron a ser nuevos objetivos de discriminación por reacción adversa. Las fuerzas del orden público federales han trabajado con ahínco de parte de personas de origen musulmán, árabe, de Medio Oriente o sudasiático, ya sea que este origen sea cierto o simplemente tenga que ver con la apariencia de la persona.

Desde el 11 de septiembre, el Departamento de Justicia ha investigado más de 700 incidentes de violencia o amenazas contra individuos musulmanes o de origen árabe, de Medio Oriente o sudasiático, y ha presentado cargos federales contra 35 acusados, lo que resultó en 32 condenas hasta la fecha.
Con la ayuda del Departamento de Justicia en muchos casos, autoridades estatales y locales han presentado más de 150 enjuiciamientos por delitos originados por prejuicios desde el 11 de septiembre de 2001.

V. Protección de la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses

Como una dependencia responsable de hacer cumplir las leyes, el Departamento intenta ser un modelo para garantizar que la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses estén protegidas adecuadamente en todas las iniciativas de contraterrorismo y coacción del Departamento.

El 21 de febrero de 2006, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales nombró a Jane C. Horvath como la primera Funcionaria Principal de Privacidad y Libertades Civiles [Chief Privacy and Civil Liberties Officer (CPCLO)], quien participa activamente en la elaboración de políticas del Departamento, garantizando el respeto de la privacidad y las libertades civiles en las primeras etapas de las propuestas departamentales.
La Oficina de Privacidad y Libertades Civiles trabaja codo a codo con la Oficina de Asuntos Legislativos [Office of Legislative Affairs (OLA)] del Departamento para revisar leyes sobre asuntos de privacidad individual, asuntos de libertades civiles, la obtención de información personal, políticas de divulgación de las dependencias o la manera en la que se comparte información con los asociados del Departamento.
La Oficina de Privacidad y Libertades Civiles participa activamente en actividades públicas de extensión, entre las que se encuentran iniciativas patrocinadas por la División Civil del Departamento para comunidades árabes, musulmanas y sij.
La CPCLO trabaja codo a codo con la Junta de Supervisión de Privacidad y Derechos Civiles del Presidente. Juntos, trabajan activamente con el Centro de Investigación de Terroristas, la Junta de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional para tratar temas de compensación de la lista de vigilancia a terroristas.

VI. El futuro: Lograr la seguridad de los Estados Unidos

Como ha dicho el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, "hoy en día, tenemos mayor seguridad, pero todavía no estamos completamente a salvo". A pesar de la labor incansable del Departamento en nuestro país y el extranjero para rastrear, investigar y enjuiciar a terroristas; colaborar con fuerzas del orden público estatales, locales e internacionales; y detener la ola de radicalización, es necesario seguir luchando para prevenir ataques terroristas en el futuro. A continuación, se nombran algunos de los programas que el Departamento está implementando para lograr ese objetivo.

La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia

La Ley de Perfeccionamiento y Reautorización de la Ley PATRIOTA DE LOS EE.UU. de 2005 autoriza al Secretario de Justicia de los Estados Unidos a reorganizar el Departamento de Justicia colocando los principales elementos de seguridad nacional del Departamento bajo el liderazgo de un nuevo Secretario de Justicia Auxiliar para la Seguridad Nacional, siguiendo la recomendación de la Comisión sobre las Capacidades de Inteligencia de los Estados Unidos respecto de las Armas de Destrucción Masiva.

Esta reorganización aglutinará a los abogados de las Secciones de Contraterrorismo y Contraespionaje de la División de lo Penal y los abogados de la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia [Office of Intelligence Policy and Review (OIPR)], que se especializan en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y otros asuntos relacionados con la inteligencia.
La creación de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia será otro paso importante para garantizar que quienes luchan contra el terrorismo diariamente lo hagan con la mayor eficiencia posible. El Secretario de Justicia de los Estados Unidos espera completar la implementación de la nueva División en cuanto el Senado en pleno confirme al Sr. Wainstein.
El 13 de marzo de 2006, el Presidente nominó a Ken Wainstein, Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, como el primer Secretario de Justicia Auxiliar para la División de Seguridad Nacional.

Reforma inmigratoria exhaustiva

Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno ha progresado mucho en la protección de puertos de entrada y de la frontera, en la implementación de iniciativas que sigan las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre y en el aumento de la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza. El Presidente ha propuesto un plan amplio para encarar el tema de la inmigración ilegal, que incluye los siguientes elementos:

Desde que el Presidente asumió el poder en 2001, el gobierno ha incrementado los fondos para la seguridad fronteriza en un 66 por ciento hasta llegar a más de 7,600 millones de dólares.
El Departamento apoya al Presidente en su pedido de una rápida aprobación de un plan amplio por parte del Congreso. Cualquier propuesta debe tratar todos los aspectos del desmembrado sistema de inmigración y encontrar una manera racional de encarar el problema. El Congreso tiene la obligación de actuar.

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