La acusación formal compuesta por 313 cargos, emitida el 27 de julio de 2007 y revelada hoy, acusa a 18 personas de operar una red de distribución de productos farmacéuticos en Internet conocida como Affpower en todos los Estados Unidos y el exterior. Los demandados incluyen: tres médicos; dos farmacéuticos y un operador de farmacia; un administrador y gerente; dos reclutadores de farmacias y médicos; un procesador de tarjeta de crédito y ocho operadores afiliados del portal en Internet. De agosto de 2004 a junio de 2006, se alega que Affpower recibió más de 1 millón de pedidos por Internet de productos farmacéuticos bajo receta controlados y no controlados de clientes de los 50 estados, generando más de 126 millones de dólares en ingresos brutos.
Se acusó a los demandados de delincuencia organizada y conspiración para cometer delincuencia organizada; distribución y preparación de sustancias controladas; fraude postal y telegráfico, y conspiración para cometer fraude postal y telegráfico; conspiración para cometer lavado de dinero; y conspiración para preparar y preparar medicamentos con marca falsa con intención de defraudar y engañar.
"La venta fraudulenta e ilegal de medicamentos bajo receta por Internet representa una amenaza grave a la salud de los ciudadanos de los Estados Unidos que utilizan el Internet para sus necesidades farmacéuticas. Se alega que los demandados se aprovecharon de esa necesidad y proporcionaron poca o ninguna asesoría médica al recetar medicamentos posiblemente peligrosos, mientras generaban millones de dólares en ingresos para sí mismos", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. "Afortunadamente, las dependencias de las fuerzas del orden público de EE.UU. colaboraron en investigar las operaciones en Internet de Affpower y las ganancias mal habidas que trataron de ocultar".
"El uso de Internet para la distribución ilegal de medicamentos bajo receta es una nueva amenaza a la salud pública impulsada por la codicia, de la que todo ciudadano debe tener conocimiento", dijo la Fiscal Federal Karen P. Hewitt.
"Affpower operaba una empresa ilícita lucrativa que vendía productos farmacéuticos en Internet a centenas de miles de clientes, utilizando recetas ilegales aprobadas por médicos habilitados", dijo la Secretaria Auxiliar Julie L. Myers de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)]. "Este caso es un excelente ejemplo de cómo dependencias trabajaron unidas para desbaratar una organización delictiva entera que incluía no solo a médicos, farmacias y comercializadores en Internet, sino también un procesador de tarjeta de crédito del exterior, y cómo dicho trabajo conjunto fue crucial para desmantelar la empresa de delincuencia organizada entera".
"Este caso es otro ejemplo de cómo algunas personas acechan al público desprevenido a través de la venta ilegal e inescrupulosa de medicamentos por Internet, sin importarles la salud o seguridad del público", dijo el Director Terry Vermillion de la Oficina de Investigaciones Penales de la Administración de Alimentos y Drogas [Food and Drug Administration (FDA)]. "Al aparentar tener una asesoría médica honesta para sus recetas, embaucaban al público para que creyeran que motivaba a los demandados el bienestar del público cuando, en realidad, estaban motivados por el dinero".
De acuerdo con la acusación formal, la empresa Affpower vendió medicamentos bajo receta controlados y no controlados, a través de numerosos portales de Internet afiliados, a clientes sin receta emitida por su médico personal para los medicamentos. Se alega que Affpower pagó a médicos habilitados de distintos estados y Puerto Rico para que, al azar, analizaran respuestas de cuestionarios de salud proporcionados por clientes a través de Internet y emitieran recetas solo con base en dichas respuestas. La acusación formal alega que médicos de Affpower no realizaron exámenes físicos o mentales antes de emitir las recetas, no tenían contacto con los clientes, y no tenían una relación médico-paciente con ninguno de los clientes para los cuales dichos médicos recetaron medicamentos bajo receta. En general, los médicos de Affpower analizaban centenas de pedidos de clientes por día y recibían, típicamente, 3 dólares por pedido. En algunos casos, se alega que los médicos de Affpower emitían recetas para medicamentos aunque las respuestas del cliente al cuestionario médico sugiriera que el medicamento solicitado podría ser peligroso para el cliente o que el cliente no tenía una afección para la cual el medicamento pedido era un tratamiento adecuado. En algunos casos, los pedidos de medicamentos bajo receta no pasaban por el análisis de un médico, sino que eran aprobados por un miembro de la empresa Affpower que no era médico y que, supuestamente, robó la identidad de un médico habilitado y emitió recetas utilizando el nombre y la matrícula de dicho médico.
Se alega que, con la intención de evadir a las fuerzas del orden público de EE.UU., la sede administrativa de Affpower estaba ubicada en Costa Rica y sus servidores de informática en Chipre. Asimismo, la empresa Affpower utilizaba agencias del extranjero, incluida RX Payments Ltd. de Tel-Aviv, Israel, para procesar transacciones con tarjeta de crédito, y utilizaba diversas cuentas bancarias y una empresa contable en Nicosia, Chipre, para distribuir el producto de la empresa a participantes de Affpower, ocultando y protegiendo sus ganancias ilegales contra las autoridades de EE.UU.
"Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] sigue el dinero para desmantelar la columna vertebral financiera de organizaciones ilegales y confiscar las ganancias provenientes de sus actividades ilegales", dijo Eileen Mayer, Jefe de la División de Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos. "A través de la labor conjunta de las fuerzas del orden pública como la de hoy, responsabilizaremos a quienes coloquen a las ganancias financieras personales en primer lugar antes que la seguridad y el bienestar del público en general".
"Los sujetos arrestados emprendieron un ardid complejo para obtener ganancias financieras personales a costa de pacientes que necesitan medicamentos bajo receta. Estas farmacias en Internet fraudulentas que funcionan en todo el mundo son un peligro para la salud y seguridad públicas", dijo el Director Auxiliar Kenneth W. Kaiser, División de Investigaciones Penales del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]".
"Siempre que alguien use el correo de EE.UU. para enviar algo que sea falsificado, ilegal o inadecuado, los inspectores postales tienen la responsabilidad de encontrarlos y llevarlos ante la justicia, de modo que el correo siga siendo seguro para nuestros clientes y nuestros empleados", dijo el Inspector Postal Principal Alexander Lazaroff del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. [U.S. Postal Inspection Service (USPIS)]. "Deseo agradecer al Departamento de Justicia y nuestras dependencias asociadas por acompañarnos en nuestro compromiso de mantener la integridad del correo de EE.UU.".
Si se los condena, los demandados podrían recibir las siguientes sentencias máximas de encarcelamiento: 20 años en prisión por violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)] y conspiración para violar la RICO; 20 años por fraude postal y telegráfico; cinco años por conspiración para distribuir y preparar sustancias controladas; 20 años por lavado de dinero; cinco años por conspiración para violar la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos [Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA)] y tres años por violar la FDCA. Asimismo, los demandados podrán ser sentenciados al pago de millones de dólares en multas.
Las acusaciones formales son solo cargos y no son prueba de culpabilidad. Se supone que los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Este caso fue investigado por una fuerza de tarea diversificada con sede en San Diego, compuesta por agentes de ICE, la Oficina de Investigaciones Penales de la FDA, el IRS, el FBI y el USPIS. Asimismo, agentes especiales de la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)] brindaron importante asistencia a la investigación. Corbin Weiss, Consejero Principal de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, está a cargo de la acusación en el caso en nombre del gobierno, con el apoyo de Wanda Dixon de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento.
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