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LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2008
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Propietarios de hotel de Dakota del Sur sentenciados por servidumbre involuntaria

WASHINGTON – Robert John Farrell y su esposa, Angelita Magat Farrell, propietarios de un hotel Comfort Inn & Suites en Oacoma, S.D., fueron sentenciados el viernes, 22 de febrero en un tribunal federal en Pierre, S.D., por peonaje, servidumbre documentada, fraude de visas, realización de declaraciones falsas y conspiración, anunció el Departamento de Justicia. Robert John Farrell fue condenado a 50 meses de prisión. Angelita Magat Farrell fue condenada a 36 meses de prisión. Cada uno de los demandados también deberá pagar una multa de 15,000 dólares y deberá cumplir tres años de libertad bajo supervisión después de sus respectivas sentencias a prisión. El peonaje es una condición de servidumbre involuntaria impuesta para recibir el pago de una deuda.

En noviembre de 2007, un tribunal federal condenó a los Farrell después de escuchar los testimonios de cuatro víctimas que habían sido retenidas en servidumbre involuntaria por los Farrell. Después de cometer fraude de visas para llevar a trabajadores filipinos a los Estados Unidos, los Farrell los esclavizaban para que realizaran tareas de limpieza y recepción en su hotel. Durante el juicio, las víctimas describieron cómo los Farrell controlaban todos los aspectos de la vida de las víctimas, como qué comían, dónde vivían y las horas que trabajaban.

Las víctimas declararon trabajar habitualmente por jornadas de 16 a 18 horas. Cuando cumplían con sus obligaciones en el hotel de los demandados, se exigía a las víctimas que tomaran un segundo puesto de trabajo en restaurantes locales de comida rápida. Una víctima testificó que intentó unirse a un coro navideño, pero que los demandados le dijeron que su principal obligación era pagarles a ellos y que no podía disponer de dos horas a la semana para asistir a los ensayos del coro. Los Farrell escondían sus actividades emitiendo los cheques de las víctimas, y luego obligaban a las víctimas a endosar y devolvérselos. Las víctimas testificaron que originalmente tenían la esperanza de enviar dinero a sus hijos y familias en las Filipinas.

El jurado también escuchó testimonios de que los Farrell intentaban aislar a las víctimas y evitar que conocieran a personas que pudieran ayudarlas a escapar. Los Farrell les exigían a las víctimas filipinas que asistieran a reuniones sobre deudas a la noche que duraban hasta la madrugada. En las reuniones, los Farrell les gritaban a los trabajadores y les reprochaban por su falta de gratitud por todo lo que los Farrell habían hecho para "ayudarlos".

"A menudo las personas se aprovechan de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, están a miles de millas de sus hogares y no son concientes de sus derechos bajo el sistema legal estadounidense. Si este tipo de servidumbre involuntaria puede ocurrir en un motel en el corazón del centro de los Estados Unidos, puede ocurrir casi en cualquier lado", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia está comprometido a enjuiciar a quienes exploten a víctimas traídas a este país con promesas falsas de una vida mejor".

"El veredicto del jurado y la sentencia del tribunal refuerzan el valor que tiene la protección de la dignidad humana frente a quienes explotan a otros para su propio beneficio personal y comercial", dijo Marty J. Jackley, Fiscal Federal para el Distrito de Dakota del Sur. "La Fiscalía Federal está comprometida a hacer valer las leyes federales para proteger a nuestra sociedad del flagelo de la esclavitud moderna".

Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de demandas de tráfico de personas en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.

El Abogado Litigante de la División de Derechos Civiles Michael J. Frank y el Fiscal Federal Auxiliar Kevin Koliner enjuiciaron este caso para el gobierno. La investigación estuvo encabezada por el Agente Especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos Craig M. Scherer.

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