WASHINGTON – Un jurado en Los Ángeles, Calif., encontró culpables hoy al ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles William Ferguson y su hermano, el ex agente del Departamento de Policía de Long Beach Joseph Ferguson, de conspirar para violar los derechos civiles, conspirar para poseer narcóticos con intención de distribuirlos, y posesión de narcóticos con la intención de distribuirlos, anunció el Departamento de Justicia. William Ferguson también fue encontrado culpable de varios delitos con uso de arma de fuego y privación de los derechos bajo apariencia legal.
William Ferguson enfrenta una sentencia de hasta prisión perpetua y una multa importante. Joseph Ferguson enfrenta una sentencia de hasta 50 años en prisión y una multa. Se programó una audiencia de lectura de sentencia para el 21 de abril de 2008. Otros quince coconspiradores, incluidos otros agentes de las fuerzas del orden público del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Long Beach, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Correcciones de California se declararon culpables con anterioridad de delitos federales en conexión con la conspiración.
Las pruebas presentadas en el juicio consistieron en el testimonio de víctimas y múltiples coconspiradores, incluido el ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles Ruben Palomares. Las pruebas demostraron que los hermanos Ferguson formaban parte de una conspiración delictiva de gran alcance que cometió más de 40 robos y hurtos en todo el Distrito Central de California entre principios de 1999 y junio de 2001. En general, los robos se cometían después de que el grupo recibía información de que un lugar específico estaba involucrado en el narcotráfico. Después de planear la operación y realizar actividades de vigilancia, el grupo de ladrones - el cual consistía, en general, en múltiples agentes de la policía que prestaron juramento en sus cargos, uniformados o que exhibían una chapa - obtenía acceso a la vivienda, diciéndole falsamente a sus ocupantes que realizaba una búsqueda legítima de drogas o narcotraficantes. Solían atar, esposar, amenazar o atacar a las víctimas durante el allanamiento. Dichos ataques incluían tiros de pistola paralizante, golpear a las víctimas con porras de policía, y colocar una pistola dentro de la boca de la víctima. Cuando el grupo robaba narcóticos, utilizaba a coconspiradores para vender las drogas y luego dividía las ganancias con el grupo.
"Estos demandados, quienes juraron servir y proteger al pueblo de Los Ángeles, pasaron de hacer valer la ley a violar la ley", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "Si bien la gran mayoría de los agentes de las fuerzas del orden público realizan sus tareas difíciles de manera profesional, el Departamento de Justicia no hesitará en seguir enjuiciando enérgicamente a quienes cometan actos ilícitos".
"Este caso expuso un mundo oscuro de agentes de las fuerzas del orden público corruptos que exhibían sus chapas y comprometían la buena labor de sus compañeros", dijo el Fiscal Federal Thomas P. O'Brien. "Los robos con invasión domiciliaria cometidos por estos ex agentes sobresaltan los valores morales y serán castigados con sentencias largas en prisión muy merecidas".
"La corrupción pública es la principal prioridad de programa antidelito del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], y este caso ilustra dicho compromiso. Investigadores y detectives realizaron una labor incansable contra un pequeño número de agentes de las fuerzas del orden público que traicionando su juramento de servir al público, utilizaron sus chapas y pistolas como instrumentos de terror y ganancias personales", dijo Salvador Hernandez, Director Auxiliar a Cargo del FBI en Los Ángeles. "El FBI, junto con sus asociados de las fuerzas del orden público, seguirá eliminando el pequeño porcentaje de personal activo que actúe fuera de la ley".
El caso fue investigado por el Agente Especial Phil Carson del Buró Federal de Investigaciones, con la asistencia de Steve Sambar, Roger Mora y Mark Bigel de los Departamentos de Policía de Los Ángeles y Long Beach. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Douglas M. Miller de Los Ángeles y los Abogados Litigantes Jeffrey S. Blumberg y Joshua D. Mahan del Departamento de Justicia.
La División de Derechos Civiles se empeña en hacer valer enérgicamente cada ley penal federal de derechos civiles, tales como las leyes que prohíben actos deliberados de conducta indebida por parte de agentes de las fuerzas del orden público. En el año fiscal 2007, la Sección de lo Penal condenó al mayor número de demandados en su historia, superando el récord previamente establecido en el año fiscal 2006.
El Departamento de Justicia ha logrado un historial significativo de enjuiciamientos por violaciones a los derechos civiles en los últimos siete años. Durante los últimos siete años, la Sección de lo Penal obtuvo condenas de un 53 por ciento más de demandados (391 versus 256) en casos de conducta indebida bajo apariencia legal, que en los siete años anteriores.
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