CHARLOTTE – Un gran jurado federal en Charlotte, N.C., acusó a 26 miembros de la pandilla violenta conocida como la MS-13 de delitos federales de asociación ilícita y delitos relacionados cometidos en los Estados Unidos y El Salvador, anunciaron hoy el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Michael B. Mukasey, la Fiscal Federal Gretchen C. F. Shappert del Distrito Oeste de Carolina del Norte y el Director Auxiliar Kenneth W. Kaiser de la División de Investigaciones Penales del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
La acusación formal compuesta por 55 cargos y emitida el 23 de junio de 2008 alega que los demandados conspiraron para participar en una empresa de asociación ilícita, denominada La Mara Salvatrucha, o MS-13, en los Estados Unidos y El Salvador. La acusación formal alega que, entre 2003 y junio de 2008, los demandados conspiraron para operar como una pandilla; cometieron cuatro asesinatos, formaron una conspiración de narcotráfico asociada a la cocaína y la marihuana; distribuyeron narcóticos; cometieron múltiples robos; poseyeron ilegalmente armas de fuego, incluido en conexión con delitos violentos y delitos asociados a narcóticos; cometieron actos de extorsión y amenazas de violencia; agredieron a terceros, con frecuencia con armas mortales; e intimidaron a testigos y obstruyeron la justicia. Se alega que uno de los líderes de la pandilla ejercía un papel de liderazgo con respecto a diversas actividades de la pandilla MS-13 desde la prisión en El Salvador, se comunicó con miembros de la pandilla MS-13 en los Estados Unidos y, en múltiples ocasiones, recibió dinero enviado por transferencia cablegráfica por diversos miembros de la MS-13. La acusación formal fue emitida el 23 de junio de 2008 y revelada hoy.
"Las pandillas delictivas como la MS-13 cada vez más no reconocen fronteras, lo cual significa que la cooperación internacional es más importante hoy que nunca", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Mukasey. "Este caso destaca la importancia de, y los éxitos que fluyen a partir de dicha cooperación en la interrupción de actividades y el desmantelamiento de organizaciones delictivas internacionales violentas".
"La violencia pandillera y el narcotráfico no serán tolerados. La labor determinada de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales para acabar con la actividad de pandillas es una de nuestras principales prioridades", dijo la Fiscal Federal Shappert. "Juntos, llevaremos ante la justicia a quienes no respeten nuestras leyes y amenacen a nuestras comunidades. El anuncio de hoy no es el final. Es apenas el comienzo".
Según alega la acusación formal, los cuatro asesinatos cometidos por miembros de la MS-13 ocurrieron en Greensboro, N.C., y Charlotte. Los involucrados en los asesinatos recibieron asistencia de otros miembros de la MS-13 para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden público. Además, los miembros de la MS-13 deliberaron sobre planes para asesinar a una persona quien creían estar colaborando con las fuerzas del orden público.
Asimismo, la acusación formal alega que se requería que los miembros de la MS-13 cometieran actos violentos para conservar la membresía y mantener la disciplina en la pandilla, incluidos actos violentos contra pandillas rivales. La participación en actividades delictivas por un miembro de la MS-13, especialmente actos violentos contra pandillas rivales o según instruyera el liderazgo de la pandilla, aumentaba el nivel de respeto otorgado a dicho miembro, a través de lo cual dicho miembro mantenía o elevaba su posición en la pandilla, y posiblemente recibía una promoción a una posición de liderazgo.
"La MS-13 y pandillas similares utilizan la violencia brutal y la intimidación para controlar a vecindarios y promover sus actividades ilegales para obtener ganancias monetarias", dijo el Director Auxiliar Kenneth W. Kaiser, División de Investigaciones Penales del FBI. "Esta acusación formal transmite un mensaje sonoro de que la Fuerza de Tarea Nacional Antipandilla MS-13, la Iniciativa contra Pandillas Transnacionales, y otras iniciativas del FBI y de nuestros asociados en EE.UU. y el exterior están probando ser herramientas eficaces en la lucha contra la violencia cometida por pandillas. Juntos, somos más formidables que cualquier adversario".
Los 26 demandados nombrados en la acusación formal incluyen: Manuel de Jesús Ayala, alias "Chacua"; Alejandro Enrique Ramírez Umana, alias "Wizard," "Lobo"; Heverth Ulises Castellón, alias "Misterio," "Sailor"; Julio César Rosales López, alias "Stiler"; Juan Gilberto Villalobos, alias "Smoke," "Smokey"; Elvin Pastor Fernández-Gradis, alias "Tigre," "Flaco," "Juan Alberto Irías," "Freddy"; Juan Rubén Vela García, alias "Mariachi"; José Jamilcar García-Bonilla, alias "Psicópata," "Sicario"; Yelson Olider Castro-Licona, alias "Diablo"; Carlos Ferufino-Bonilla, alias "Tigre"; Nelson Hernández-Ayala, alias "Sixteen"; Mario Melgar-Díaz, alias "Nino"; Alexi Ramos, alias "Pájaro"; Carlos Roberto Figueroa-Pineda, alias "Drogo"; César Yoaldo Castillo, alias "Chino"; Alexander Granados, alias "Gorilón"; Michael Steven Mena, alias "Cholo"; Johnny Elías González, alias "Solo"; Jaime Sandoval, alias "Pelón"; Santos Canales-Reyes, alias "Chicago"; José Efraín Ayala-Urbina, alias "Peligroso"; Oscar Manuel Moral-Hernández, alias "Truchón"; Santos Aníbal Caballero Fernández, alias "Garra"; Manuel Cruz, alias "Silencioso"; Javier Molina, alias "Big Psycho," "Gringo"; y Mario Guajardo-García, alias "Speedy," "Irán Guerro-Gómez." Muchos de los demandados están presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Fernández-Gradis y Guajardo-García también han sido acusados de regresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportados.
Si se los condena, los demandados acusados del cargo de conspiración asociada a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada [The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)] enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión. Trece de los 26 demandados enfrentan penas incrementadas de hasta prisión perpetua como resultado de su supuesta participación en actos que incluyeron asesinato y narcotráfico que promovieron la conspiración asociada a la RICO. El cargo de robo asociado a la Ley Hobbs, el cargo de intento de robo y el cargo de conspiración para cometer extorsión conllevan, cada uno, una pena máxima de 20 años en prisión. Los demandados condenados por manipulación de un testigo también enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión. El cargo de obstrucción de la justicia conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Los acusados de conspiración para obstruir la justicia y manipular a testigos enfrentan una pena máxima de cinco años en prisión, así como los acusados de posesión de un arma de fuego en conexión con un delito violento. Los demandados acusados como extranjeros o delincuentes en posesión de un arma de fuego o posesión de un arma de fuego y municiones enfrentan una pena máxima de 10 años en prisión por cada cargo.
Los cargos de distribución de cocaína y posesión con intención de distribución conllevan, cada uno, una pena máxima de 20 años en prisión. El cargo de conspiración para distribución y posesión con intención de distribuir más de cinco kilos de cocaína y marihuana conlleva una pena de 10 años en prisión a prisión perpetua. El cargo de accesorio para la agresión con un arma mortal para fines de asociación ilícita conlleva una pena máxima de 10 años en prisión. Los demandados acusados de agresión con un arma mortal o peligrosa enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión, y los acusados de delitos de armas de fuego asociados al narcotráfico enfrentan una pena máxima de cinco años en prisión. Los demandados condenados por el uso ilegal de instalaciones de comunicaciones enfrentan una pena máxima de cuatro años en prisión. Los demandados acusados de entrar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportados enfrentan una sentencia máxima de dos años en prisión. La acusación formal también incluye un alegato de confiscación.
Los cargos en esta acusación formal incluyen a dos países, tres estados, cuatro distritos federales y varias ciudades de Carolina del Norte. Los cargos surgen de una investigación prolongada iniciada por la Fuerza de Tarea "Calles Seguras" del FBI en Carolina del Norte, la cual está compuesta por el FBI, el Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, y el Departamento de Policía de Gastonia, N.C. La Fuerza de Tarea Nacional Antipandilla MS-13 del FBI tuvo un papel importante en la coordinación de los aspectos internacionales del caso, con asistencia crítica adicional proporcionada por el Centro Antipandillas Transnacionales [Transnational Anti-Gang (TAG)]. El TAG fue creado el año pasado por el Departamento de Justicia, incluidas la Fuerza de Tarea Nacional Antipandilla MS-13 del FBI y la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), con fondos proporcionados por el Departamento de Estado. Fue proporcionado apoyo adicional en investigación por el Buró de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, así como del Departamento de Policía de Greensboro y el Departamento de Policía de Durham, N.C. Prestaron asistencia significativa el Servicio de Alguaciles Federales del Distrito Oeste de Carolina del Norte, la Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg, el Departamento de Policía de Raleigh, N.C., la Oficina del Alguacil del Condado de Durham y la Policía Caminera de Carolina del Norte.
El TAG está compuesto por agentes antipandillas experimentados del FBI e investigadores de la PNC en El Salvador. Los agentes antipandillas del FBI trabajan en el centro TAG en San Salvador, lado a lado con agentes y analistas de la PNC y fiscales de El Salvador, en combatir la actividad de pandillas transnacionales que afecta a los Estados Unidos y países de la región centroamericana.
"El Centro Antipandillas Transnacionales ha fortalecido y mejorado el intercambio de información e inteligencia entre dependencias policiales en El Salvador y los Estados Unidos, logrando un proceso ágil, fluido y oportuno. En paralelo, la labor del TAG ha obstaculizado el proceso evolutivo acelerado exhibido por pandillas que operan en los dos países en los últimos años", dijo el Comisionado José Luis Tobar Prieto, Director Adjunto de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
El TAG ha sido fundamental en su asistencia en diversas investigaciones importantes y en curso de pandillas en los Estados Unidos. Otros programas nuevos, tales como la iniciativa Centroamericana de Intercambio de Huellas Digitales [Central American Fingerprint Exchange (CAFÉ)] del FBI y la capacitación antipandillas crítica ofrecida en la región a través de la Academia Internacional de las Fuerzas del Orden Público [International Law Enforcement Academy (ILEA)] en El Salvador, están mejorando la labor regional de investigación y enjuiciamiento de pandillas violentas. Asimismo, en abril de 2008, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos convocó y fue anfitrión de una reunión de Secretarios de Justicia de América Central y México, en Washington, D.C., principalmente para concentrarse en la labor conjunta de lucha contra pandillas transnacionales como la MS-13. Esta colaboración demuestra el alto nivel de compromiso compartido por los Estados Unidos, El Salvador y otros en la región, para trabajar juntos para contraatacar a la delincuencia violenta transnacional.
Una acusación formal no es prueba de culpabilidad. Se supone que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable.
Están a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares Kevin Zolot, Jill Rose y Adam Morris de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte y el Abogado Litigante Sam Nazzaro de la Unidad de Escuadrón Antipandillas de la División de lo Penal.
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08-564