WASHINGTON – Corey Davis, también conocido como “Magnificent,” se declaró culpable hoy en un tribunal federal en Bridgeport, Conn., de un cargo federal de derechos civiles por organizar y liderar una red de tráfico sexual. Un coconspirador se había declarado culpable anteriormente de un cargo relacionado de conspirar para violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte interestatal de individuos para la prostitución. La sentencia de Davis está programada para el 2 de junio de 2008. Bajo los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Davis enfrenta un máximo de 296 meses de prisión.
Durante su audiencia de declaración de culpabilidad, Davis admitió que reclutó a una joven menor de 18 años para actos de prostitución, que él fue el organizador de un negocio de tráfico sexual y que usó fuerza, fraude y coerción para obligar a la víctima a cometer actos sexuales comerciales de los cuales él obtenía ganancias. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Davis aceptó la confiscación de efectivo y bienes, entre ellos una casa que se usaba para las operaciones de la red, y pagar 50,000 dólares a modo de restitución a sus víctimas. Davis había sido condenado anteriormente en Brooklyn, N.Y., por vender armas de fuego de manera ilegal.
"A través de su declaración de culpabilidad, el demandado admitió su responsabilidad por la explotación de la joven", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia seguirá haciendo valer todas las leyes penales federales que protegen a muchachas vulnerables y a otros forzados a ejercer la prostitución o víctimas de otras formas de explotación".
La acusación formal contra Davis alega que él era el organizador y líder de un negocio que forzaba a mujeres y jóvenes a trabajar como bailarinas exóticas y a prostituirse. A lo largo de su existencia, esta red de tráfico sexual empleó al menos a 20 mujeres y jóvenes, algunas de las cuales fueron obligadas a trabajar para Davis durante meses. Parte de las víctimas eran menores de edad, entre ellas una víctima que solo tenía 12 años.
Según la acusación formal, Davis atrajo a las víctimas con promesas de contratos de modelaje y un estilo de vida glamoroso. Davis luego obligó a las jóvenes a trabajar con un cronograma de actividades extenuante que implicaba bailar y realizar actos sexuales en clubes de strip-tease en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. Las víctimas ganaban hasta 5,000 dólares por noche realizando estas actividades, que Davis confiscaba y se quedaba.
La acusación formal también alegó que Davis golpeaba a muchas de las víctimas para obligarlas a trabajar para él y por violaciones de reglas rigurosas que él imponía para aislarlas y controlarlas. En uno de los ataques, Davis tajeó la cabeza, el hombro y la mano de una joven con un abridor de cajas para castigarla por retener parte del dinero que había ganado. En otra ocasión, Davis puso una pistola en la boca de una víctima y amenazó con matarla.
Este caso fue investigado por un equipo de las fuerzas del orden público encabezado por el Agente Especial del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] Sean O’Malley. El Agente Especial O’Malley estuvo asistido por el Agente Especial de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] Colin Burns; los Departamentos de Policía de Bridgeport, Conn., Stratford, Conn., Colonie, N.Y., Miami Beach, Fla., y Milford, Mass.,y la Policía Estatal de Connecticut.
Están a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Krishna R. Patel y el Abogado Litigante de la División de Derechos Civiles Michael J. Frank. Fueron asistidos por el Fiscal Federal Auxiliar y Jefe de lo Penal Peter S. Jongbloed y el Abogado Litigante Especial de la División de Derechos Civiles Andrew J. Kline.
Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles y Fiscalías Federales en todo el país han logrado un aumento de más de siete veces en el número de demandas de tráfico de personas en comparación con los siete años fiscales anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
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