BUCAREST, RUMANIA – Treinta y ocho personas vinculadas con la delincuencia organizada internacional han sido acusadas en dos acusaciones formales separadas relacionadas con esquemas de fraude informático y con tarjetas de crédito, según lo anunciaron hoy el Secretario de Justicia Adjunto Mark R. Filip, la Fiscal General Rumana Laura Codruþa Kövesi, el Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, Thomas P. O’Brien, y la Fiscal Federal Interina para el Distrito de Connecticut, Nora R. Dannehy. El Secretario de Justicia Adjunto realizó hoy el anuncio junto con la Fiscal General Rumana para resaltar la cooperación extensa y continua entre los dos países para ocuparse de estos tipos de delitos internacionales. El anuncio llega a menos de un mes de que el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, anunciase la nueva Estrategia de Coacción para Combatir la Delincuencia Organizada Internacional del Departamento.
"La delincuencia organizada internacional presenta una seria amenaza no sólo para los Estados Unidos y Rumania sino para todos los países", dijo el Secretario de Justicia Adjunto Mark R. Filip. "Los delincuentes que aprovechan el poder y la conveniencia de Internet no reconocen las fronteras nacionales; por lo tanto nuestros esfuerzos para prevenir sus ataques tampoco pueden detenerse allí. Mediante la cooperación con nuestros asociados internacionales, podemos interrumpir y desmantelar esas iniciativas, exactamente como lo hemos hecho hoy con estas acusaciones formales y arrestos".
Un gran jurado federal en Los Ángeles acusó a 33 personas en una acusación formal, revelada hoy, que contenía 65 cargos por su supuesta participación en un esquema de delito organizado internacional que utilizaba a Internet para defraudar a miles de víctimas individuales y cientos de instituciones financieras. Siete personas fueron acusadas en una acusación formal del Distrito de Connecticut por su participación en un ardid de robo de identidad (phishing) por Internet, incluidas dos que también fueron acusadas en el caso de Los Ángeles.
Las fuerzas del orden público de los Estados Unidos están llevando a cabo nueve órdenes de arresto en el área de Los Ángeles y las fuerzas del orden público rumanas están implementando órdenes de allanamiento hoy en Rumania, en relación con la acusación formal de delincuencia organizada.
Según se describe en las acusaciones formales y en otros documentos presentados públicamente, un ardid de "phishing" utiliza Internet para dirigirse a grandes cantidades de personas incautas mediante el fraude y el engaño para obtener información privada personal y financiera, como nombres, direcciones, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y números de Seguridad Social. Los ardides de phishing a menudo funcionan mediante el envío de grandes cantidades de mensajes falsos de correo electrónico, diseñados para parecer enviados desde bancos, instituciones financieras u otras compañías legítimas.
La acusación formal de Los Ángeles alega una conspiración para infringir la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)], conspiración relacionada con dispositivos de acceso; producción, uso y tráfico de dispositivos falsificados de acceso; fraude bancario; robo de identidad agravado; acceso no autorizado a una computadora protegida; posesión de equipamiento de fabricación de dispositivos, y un alegato de confiscación. El cargo de conspiración RICO conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. El cargo por conspiración para el fraude con dispositivos de acceso conlleva una pena máxima de siete años y medio en prisión; el cargo de producción, uso y tráfico de dispositivos de acceso falsificados conlleva una pena máxima de 10 años en prisión; y la posesión de equipos de fabricación de dispositivos conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. El cargo de fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. El cargo de acceso no autorizado conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y el robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión. Todos los cargos, excepto el robo de identidad agravado, contienen también disposiciones de multas y libertad bajo supervisión.
De acuerdo con la acusación formal, los miembros de la iniciativa en Rumania obtuvieron miles de cuentas de tarjetas de crédito y débito e información personal relacionada mediante phishing, con más de 1.3 millones de mensajes de correo electrónico no solicitados enviados en un ataque de phishing. Una vez dirigidas a un sitio falso, a las víctimas se les solicitaba el ingreso de información personal y de acceso a los dispositivos. Los "proveedores" rumanos recopilaban la información sobre las víctimas y enviaban los datos a los "cajeros" en los Estados Unidos a través de mensajes de "chat" por Internet. Los cajeros domésticos utilizaban dispositivos llamados codificadores para registrar la información obtenida en forma fraudulenta en las bandas magnéticas de la parte posterior de tarjetas de crédito y débito, y en tarjetas similares, como las llaves de hoteles. Los cajeros enviaban entonces a "corredores" a probar las tarjetas fraudulentas mediante solicitudes de saldos o la extracción de pequeñas cantidades de dinero en cajeros automáticos. Las tarjetas que aprobaban esos controles, conocidas como tarjetas "cashable" (que pueden ser convertidas en dinero en efectivo), se utilizaban para retirar dinero de los cajeros electrónicos o terminales de puntos de venta en que los cajeros habían descubierto que disponían de los mayores límites de extracción. Una parte del producto entonces se enviaba por transferencias bancarias electrónicas al proveedor que había brindado la información de acceso a los dispositivos.
"Las asociaciones y cooperación en todos los niveles de las fuerzas del orden, tanto locales como extranjeras, son las claves para dominar las actividades criminales que respetan cada vez menos las fronteras", dijo Thomas P. O’Brien, Fiscal Federal del Distrito Central de California. "Así como las pandillas callejeras no respetan los límites municipales, los delincuentes informáticos pueden llegar a otros países y acechar a víctimas desprevenidas que no saben que sus identidades y dinero van al extranjero".
Las personas nombradas en la acusación formal operaban desde ubicaciones en los Estados Unidos y el extranjero, incluidos Canadá, Pakistán, Portugal y Rumania, e incluyen tanto a ciudadanos norteamericanos como a ciudadanos extranjeros. Sonny Duc Vo, Alex Chung Luong y Leonard Gonzáles son ciudadanos estadounidenses. Nga Ngo, Thai Hoang Nguyen, Loi Tan Dang y Dung Phan son residentes legales permanentes de Vietnam. Hiep Thanh Tran es un residente estadounidense permanente de Vietnam. Caroline Tath es una residente legal permanente de Cambodia. Hassan Parvez es ciudadano de Pakistán. Rolando Soriano es un ciudadano mexicano, y enfrenta actualmente acusaciones en Los Ángeles por ingreso ilícito de un inmigrante no naturalizado con posterioridad a su deportación. Ovidiu-Ionut Nicola-Roman; Petru Bogdan Belbita; Stefan Sorin Ilinca; Sorin Alin Panait; Costel Bulugea; Nicolae Dragos Draghici; Florin Georgel Spiru; Marian Daniel Ciulean; Irinel Nicusor Stancu; Didi Gabriel Constantin; Mihai Draghici; Marius Sorin Tomescu; Lucian Zamfirache; Laurentiu Cristian Busca; Dan Ionescu; Marius Lnu; Alex Gabriel Paralescu; y Andreea Nicoleta Stancuta son ciudadanos rumanos. Se presume que cuatro personas más, sólo conocidas por sus sobrenombres, “Cryptmaster”, “PaulXSS”, “euro_pin_atm” y “SeleQtor”, son ciudadanos rumanos.
Seuong Wook Lee, un cajero en el esquema, se declaró culpable el 15 de mayo de 2008, en el Tribunal Federal de Distrito de Los Ángeles respecto de los cargos de conspiración para cometer delincuencia organizada, fraude bancario, fraude con dispositivo de acceso y acceso no autorizado a una computadora protegida.
En un caso relacionado, varios ciudadanos rumanos fueron acusados en una acusación formal emitida por un gran jurado federal en New Haven, Connecticut, el 18 de enero de 2007, y revelada el 16 de mayo de 2008, en relación a un esquema de phishing por Internet. La acusación formal alega conspiración para cometer fraude en conexión con dispositivos de acceso, conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado.
La investigación en el distrito de Connecticut se inició a partir de la denuncia de un ciudadano respecto de un mensaje de correo electrónico fraudulento que simulaba estar originado en un People’s Bank de Connecticut. De hecho, el mensaje de correo electrónico dirigía a las víctimas a una computadora en Minnesota que había sido comprometida, o "hackeada", y estaba siendo utilizada para alojar a un sitio falso en Internet del People’s Bank. Durante el curso de la investigación, se determinó que las personas habían realizado ardides de phishing similares contra muchas otras instituciones financieras y compañías, incluidas Citibank, Capital One, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Wells Fargo & Co., eBay y PayPal.
"Este caso muestra que los estafadores de Internet no pueden evitar el enjuiciamiento sólo por lanzar sus ataques contra residentes y empresas en los Estados Unidos desde el extranjero", dijo la Fiscal Federal Interina para el Distrito de Connecticut Nora R. Dannehy. "Con la ayuda de nuestros asociados de las fuerzas del orden público en todo el mundo, investigaremos y enjuiciaremos a los estafadores donde sea que podamos encontrarlos".
"Seguiremos trabajando en estrecha relación con nuestros asociados de las fuerzas del orden público extranjeras y locales y utilizaremos las herramientas investigativas disponibles para llevar ante la justicia a los criminales", dijo el Subdirector del FBI John S. Pistole. "La cooperación reciente y la formación compartida con los asociados de las fuerzas del orden rumanas y nuestros aliados de la Iniciativa Cooperativa del Sudeste Europeo han resultado invaluables. A pesar de que nos separan océanos, estamos unidos en la lucha contra el delito organizado".
Las personas nombradas en la acusación formal del Distrito de Connecticut son Ciprian Dumitru Tudor, Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, Mihai Cristian Dumitru y Petru Bogdan Belbita, todos residentes de Craiova, Rumania; y Radu Mihai Dobrica, Cornel Ionut Tonita y Cristian Navodaru, todos residentes de Galati, Rumania. Nicola-Roman fue localizado en Bulgaria y arrestado mediante una orden de la Interpol el 6 de junio de 2007. Fue extraditado a los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2007. Nicola-Roman y Belbita también enfrentan cargos en el caso de Los Ángeles.
Si se los condena, cada uno de los individuos en el caso del Distrito de Connecticut enfrenta una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo de conspiración, y dos años en prisión obligatorios por el cargo de robo de identidad agravado. Además, cada uno de los individuos está sujeto a una multa máxima de 250,000 dólares por cada uno de los cargos, o el doble de la ganancia que haya resultado del delito, lo que sea mayor. Los individuos también pueden ser sentenciados a un máximo de tres años de libertad supervisada por cada acusación.
El 23 de abril de 2008, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Michael B. Mukasey anunció la Estrategia de Coacción para Combatir la Delincuencia Organizada Internacional, para ocuparse de la creciente amenaza a la seguridad y estabilidad de los Estados Unidos resultante de la delincuencia organizada internacional. La estrategia se desarrolló según una Evaluación de Amenazas de la Delincuencia Internacional Organizada de octubre de 2007.
La estrategia específicamente reacciona con respecto a la globalización de los negocios legales e ilícitos, los avances en la tecnología, en particular de Internet, y la evolución de relaciones simbióticas entre criminales, funcionarios públicos y líderes de negocios que se han combinado para crear un entorno nuevo y menos restrictivo dentro del que pueden operar los delincuentes organizados internacionales. Sin la necesidad de una presencia física, las fuerzas del orden público de los Estados Unidos deben combatir a los delincuentes internacionales organizados que tienen como objetivo la riqueza relativa de las personas y las instituciones de los Estados Unidos mientras se mantienen en el extranjero. Finalmente, la estrategia apunta a crear un consenso entre las fuerzas del orden público locales para la identificación de los objetivos prioritarios más significativos, y luego unificar y concertar la acción entre las fuerzas del orden público locales e internacionales para interrumpir y desmantelar esos objetivos.
La delincuencia organizada internacional se define como aquellas asociaciones que se auto-perpetúan de individuos que operan internacionalmente para obtener poder, influencia y ganancias monetarias y comerciales mediante medios total o parcialmente ilícitos, mientras protegen sus actividades a través de un esquema de corrupción y violencia. Los delincuentes organizados internacionales operan en jerarquías, clanes, redes y células. Los delitos que cometen varían tanto como las estructuras organizacionales que utilizan.
Una acusación formal es un documento formal en el que se le notifican sus cargos al acusado. Todas las personas acusadas mediante una acusación formal se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
El caso de Los Ángeles es el resultado de una investigación conjunta en la que participaron el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Inspectorado General de la Policía Rumana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU., el Servicio Postal de los Estados Unidos, Servicios de Impuestos Internos y las agencias del las fuerzas del orden público locales, incluidos La Fiscalía Federal para el Distrito del Condado de Orange y los Departamentos de Policía de Fullerton, Seal Beach, Costa Mesa, Huntington Beach, Irvine, Westminster y Anaheim, California. El Servicio Secreto de los EE.UU. proporcionó asistencia adicional. Está a cargo de la acusación del caso el Fiscal Federal Auxiliar Mark Aveis en la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California.
El caso en proceso en el Distrito de Connecticut fue investigado por la FBI y la Fuerza de Tarea contra Delitos de Informática de Connecticut. El caso está a cargo del Fiscal Federal Auxiliar Edward Chang, de la Unidad de Hacking de Informática y Propiedad Intelectual de la Fiscalía Federal.
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