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Miércoles, 1 de octubre de 2008
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Cuatro ejecutivos navieros aceptan declararse culpables de conspiración para eliminar a la competencia y elevar los precios para trasladar cargas desde y hacia el territorio continental de los EE.UU. y Puerto Rico

Un quinto ejecutivo acepta declararse culpable de destruir evidencia

WASHINGTON Cuatro ejecutivos de una empresa naviera estadounidense han aceptado declararse culpables y cumplir condenas en prisión por su papel en una amplia conspiración para arreglar resultados de subastas, fijar precios y asignar participaciones en el mercado para clientes que transportaban bienes entre el territorio continental de los Estados Unidos y Puerto Rico por barcos oceánicos, anunció hoy el Departamento de Justicia. El Departamento también anunció que un quinto ejecutivo naviero ha aceptado declararse culpable de destruir evidencia de la conspiración naviera. Estos son los primeros cargos de la investigación en curso de la División Antimonopolios sobre confabulación en la industria naviera costera.

Hoy se presentó una acusación de un cargo de delito antimonopolios en el Tribunal Federal de Distrito en Jacksonville, Fla., contra cada uno de los cuatro ejecutivos navieros: Peter Baci de Jacksonville; Kevin Gill y Gregory Glova de Charlotte, N.C.; y Gabriel Serra de San Juan, Puerto Rico. Bajo los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, cada uno de los cuatro ejecutivos ha acordado cumplir una condena de prisión que será determinada por el tribunal, pagar una multa penal de 20,000 dólares y cooperar plenamente en la investigación antimonopolios en curso del Departamento. Las declaraciones de culpabilidad, multas y condenas a prisión están sujetas a la aprobación del tribunal.

También se presentó un cargo de delito por obstrucción de la justicia contra un quinto ejecutivo naviero, Alexander Chisholm, de Jacksonville, quien ha aceptado declararse culpable y cumplir una condena de prisión, sujeta a la aprobación del tribunal.

"Nos comprometemos a enjuiciar a los ejecutivos que violen las leyes antimonopolios de los Estados Unidos y perjudiquen a consumidores y la competencia en los Estados Unidos", dijo Thomas O. Barnett, Secretario de Justicia Auxiliar a cargo de la División Antimonopolios del Departamento. "Los actos de obstrucción de la justicia amenazan la capacidad del Departamento de descubrir y enjuiciar plenamente delitos antimonopolios, y nosotros perseguiremos a personas que obstruyen la justicia con el mismo vigor con el que perseguimos a quienes participan en las violaciones criminales subyacentes".

Los cinco ejecutivos acusados hoy trabajan para grandes empresas estadounidenses que brindan servicios de envío de cargamentos a clientes que transportan bienes entre el territorio continental de los EE.UU. y Puerto Rico. Estas empresas transportan diversos cargamentos, como equipos pesados, medicamentos y bienes de consumo, en viajes oceánicos programados entre el territorio continental de los EE.UU. y Puerto Rico. La ruta marítima entre los EE.UU. y Puerto Rico está gobernada por la Ley Jones, una parte de la Ley de la Marina Mercante de 1920. La Ley Jones dicta que cualquier cargamento enviado entre dos puertos estadounidenses (lo que incluye posesiones y territorios estadounidenses como Puerto Rico) debe realizarse en barcos construidos en los EE.UU., propiedad de ciudadanos estadounidenses y de bandera estadounidense. Las ventas de servicios de transporte de cargamentos en la ruta marítima entre los EE.UU. y Puerto Rico generan cientos de millones de dólares por año, ya que los envíos por barco son una de las principales maneras en que los clientes transportan bienes desde y hacia la isla de Puerto Rico.

Los cuatro individuos acusados de violar las leyes antimonopolios federales han acordado declararse culpables por su papel en una conspiración que comenzó como mínimo en mayo de 2002 y continuó hasta abril de 2008, la cual tenía el objetivo de eliminar la competencia y elevar los precios para el transporte de bienes en la ruta marítima entre EE.UU. y Puerto Rico. La acusación del Departamento alegó que los ejecutivos buscaron eliminar la competencia y elevar los precios acordando no competir por los clientes de los otros; acordando arreglar resultados de subastas presentadas al gobierno y a compradores comerciales; y acordando fijar los precios de las tasas, recargos y otras tarifas cobradas a los clientes.

Se acusa a Baci, Gill, Glova y Serra de una violación de la Ley Sherman cada uno. Dicha violación conlleva una sentencia máxima de 10 años en prisión y una multa de 1 millón de dólares para personas físicas. La multa máxima puede aumentar al doble de las ganancias originadas en el delito o el doble de las pérdidas sufridas por las víctimas del delito, si cualquiera de dichas sumas es superior a la multa máxima legal.

Chisholm ha aceptado declararse culpable por su conducta de obstrucción de la investigación realizada por el Departamento de Justicia sobre la conspiración naviera. La acusación alega que destruyó documentos en un servidor informático que eran importantes para la investigación del gran jurado sobre la industria naviera costera en respuesta a una orden judicial del gran jurado. Chisholm enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa máxima de 250,000 dólares.

La investigación está siendo realizada por la Sección Nacional de Coacción Penal de la División Antimonopolios y la Oficina Local de Jacksonville del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Pedimos que quien tenga información sobre el arreglo de resultados de subastas u otra conducta anticompetitiva en la industria naviera llame a la Sección Nacional de Coacción Penal de la División Antimonopolios al 202-307-6694 o a la Oficina Local de Jacksonville del FBI al 904-721-1211.

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