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El primero de seis demandados en una red de tráfico de mano de obra fue sentenciado hoy

WASHINGTON – JosÚ Pepe Navarrete fue sentenciado hoy a 51 meses en prisión por su papel en un ardid de tráfico de mano de obra que esclavizaba a ciudadanos mexicanos y guatemaltecos como trabajadores agrícolas. Navarrete se había declarado culpable anteriormente de conspiración, albergar a ciudadanos extranjeros indocumentados por ganancias financieras, posesión de documentos falsos y otros delitos que surgieron de su papel en la red de tráfico.

Además de su sentencia en prisión, el Juez Federal de Distrito John E. Steele del Distrito Medio de Florida ordenó a Navarrete pagar 239,882.46 dólares en restitución a las víctimas del ardid.

Otros cinco demandados se habían declarado culpables anteriormente a cargos criminales en conexión con el ardid y esperan su sentencia. Dos de dichos demandados, CÚsar y Geovanni Navarrete, se declararon culpables de golpear, amenazar, sujetar y encerrar a trabajadores en camiones para obligarlos a trabajar como trabajadores agrícolas. La lectura de la sentencia de CÚsar y Geovanni Navarrete está programada para el 5 de diciembre de 2008.

El enjuiciamiento de delitos de tráfico de personas es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de casos de tráfico de personas presentados en tribunales en comparación con los siete años fiscales anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.

Este caso fue investigado por agentes del Buró de Servicios de Inmigración y Control de Aduana, el Buró Federal de Investigaciones, e investigadores del Departamento del Alguacil del Condado de Collier. La Coalición de Trabajadores de Immokalee y el Centro de Defensa de Inmigrantes de Florida proveyeron asistencia a las víctimas. Están a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Susan French y el Fiscal Federal Auxiliar Principal Doug Molloy de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, del Distrito Medio de Florida.

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