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Martes, 23 de septiembre de 2008
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Ex ejecutivo de Alcatel CIT fue sentenciado por pagar 2.5 millones de dólares en sobornos a altas autoridades de Costa Rica

El demandado sobornó a las autoridades para obtener un contrato de telecomunicaciones

WASHINGTON – Un ex ejecutivo de Alcatel CIT (Alcatel) fue sentenciado hoy a 30 meses en prisión por llevar a cabo un ardid sofisticado de soborno para obtener un contrato para teléfonos móviles de la autoridad de telecomunicaciones estatal en Costa Rica, a través del pago de más de 2.5 millones de dólares en sobornos a autoridades costarricenses, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal Matthew Friedrich.

La jueza Patricia A. Seitz del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en Miami también ordenó a Christian Sapsizian, 62, que renunciara a 261,500 dólares, cumpliera tres años de libertad bajo supervisión y pagara un cargo especial de $200. Sapsizian, un ciudadano francés, se declaró culpable de dos cargos de violación de la FCPA, según indica la acusación modificada emitida el 20 de marzo de 2007. Como parte de su declaración de culpabilidad, Sapsizian acordó colaborar con agentes de las fuerzas del orden público estadounidenses y extranjeras en la investigación en curso. La asistencia proporcionada por Sapsizian en investigaciones penales en curso fue tenida en cuenta por el tribunal al emitir la sentencia.

De acuerdo con información contenida en los documentos de declaración de culpabilidad, hasta el 30 de noviembre de 2006, Alcatel era una compañía de telecomunicaciones francesa, cuyos recibos de depósitos estadounidenses eran negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York. Según los documentos de la declaración de culpabilidad, Sapsizian era empleado de Alcatel o una de sus subsidiarias hacía más de 20 años y en la época en que se realizaron los pagos corruptos, era el asistente del vicepresidente de la región latinoamericana de Alcatel.

Sapsizian admitió que, de febrero de 2000 a septiembre de 2004, conspiró con el codemandado Edgar Valverde Acosta, un ciudadano costarricense que era un director de Alcatel en Costa Rica, y otros para pagar más de 2.5 millones de dólares en sobornos a autoridades de Costa Rica, a fin de obtener un contrato de telefono móvil para Alcatel. De acuerdo con la información en los documentos de declaración de culpabilidad, los pagos fueron realizados a un director del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la autoridad de telecomunicaciones administrada por el gobierno en Costa Rica, la cual era responsable por adjudicar contratos de telecomunicaciones. Asimismo, Sapsizian reconoció que el director del ICE era consultor de una alta autoridad del gobierno costarricense y que los pagos fueron compartidos con dicha alta autoridad gubernamental. Los pagos, canalizados a través de una de las firmas consultoras costarricenses de Alcatel, tenía la finalidad de hacer que el director del ICE y la alta autoridad gubernamental ejercieran sus influencias para iniciar un proceso de subasta que favoreciera a la tecnología de Alcatel, admitió Sapsizian, y votaran para que se le adjudicara a Alcatel un contrato de telefono móvil. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, en agosto de 2001, el ICE le adjudicó a Alcatel un contrato de telefono móvil por un valor de 149 millones de dólares.

Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal Charles E. Duross y el Abogado Litigante Andrew N. Gentin de la Sección de Fraude de la División de lo Penal, y la Fiscal Federal Auxiliar Mary K. Dimke del Distrito Oeste de Washington, con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal. El asunto sigue siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y Servicios de Inmigración y Control de Aduanas. Proporcionaron asistencia significativa la Agencia Regional del Sudeste de la Comisión de Títulos y Valores de los EE.UU., la Secretaría de Justicia de Costa Rica, la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios en Costa Rica y las autoridades de las fuerzas del orden público de Francia.

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