Buenas tardes.
El verano pasado fue un periodo de cambio histórico para nuestra nación. Vivimos el fallecimiento de un gran Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, William Rehnquist, y la jubilación de otro gran magistrado, la Jueza Sandra Day O’Connor. También vimos como el Presidente presentó dos opciones extraordinarias para ocupar sus lugares y llevar a cabo la gran misión confiada a la Suprema Corte de nuestra nación.
Pocas decisiones presidenciales son más importantes que los nombramientos vitalicios al estado federal. Como ustedes saben, estos nombramientos suelen representar el legado más perdurable de un Presidente.
Hace casi dos décadas, por ejemplo, el Presidente Reagan tuvo una oportunidad similar de nombrar a un Presidente de la Suprema Corte y Juez Adjunto al mismo tiempo. Aunque el Presidente de la Suprema Corte Rehnquist haya fallecido, las decisiones de la Corte de Rehnquist seguirán guiando a nuestra nación por décadas.
Es comprensible que nuestra atención se haya concentrado recientemente en los nombramientos para la Suprema Corte; sin embargo el "legado judicial" de un Presidente no se limita a nombramientos para dicha Corte. De hecho, el mayor impacto de un Presidente sobre nuestro sistema legal puede ser sus nombramientos para las cortes de primera instancia. De los millones de casos procesados cada año en cortes estatales y federales, menos de 100 serán oídos por la Suprema Corte. Las decisiones que afectan nuestras vidas cotidianas son, en general, emitidas por jueces de distrito y tribunales de circuito. Hoy, me gustaría hablar un poco sobre la importancia de como nosotros, como nación, vemos a la Constitución - y lo importante que es que nuestros jueces, y nuestro debate sobre jueces, sea un reflejo de la intención de los fundadores de nuestra nación, así como de dicho documento fundador.
El Presidente Bush ha dejado claro, en reiteradas oportunidades, la seriedad con la que toma su responsabilidad constitucional de nombrar jueces federales en todos los niveles. Su campaña se basó en la promesa de que, si era electo, nominaría jueces conservadores.
Cinco años más tarde, el Presidente mantiene el compromiso asumido. Ha nominado a jueces que él opina que no doblarán la ley con base en preferencias personales, sino que se mantendrán firmes en los principios de restricción judicial... jueces que adhieren al significado claro de las leyes, que aplican el texto de nuestra Constitución fielmente, y que respetan la ley hasta el resultado que la misma exija - independientemente de la política o las ramificaciones políticas.
A partir de hace unas pocas semanas, el Presidente ha nombrado y el Senado ha confirmado a 41 jueces de tribunal de apelaciones y 172 jueces de distrito. Juntos, estos jueces formarán una parte perdurable del legado del Presidente Bush, colocando en práctica el ideal de que los jueces no deben legislar desde el estrado.
Si bien estos nombramientos apenas serían una contribución duradera al imperio de la ley, dos vacantes en la Suprema Corte han brindado al Presidente una oportunidad histórica de tejer el curso de la justicia por muchos años - una oportunidad como la que el Presidente Reagan aprovechó al ascender al Presidente de la Suprema Corte Rehnquist y nombrar al Juez Scalia.
La respuesta del Presidente Bush ha sido el nombramiento de John Roberts y Harriet Miers. El Presidente de la Suprema Corte John Roberts ya ha sido confirmado. Su testimonio en su audiencia de confirmación constituye una gran lección cívica: explicó elocuentemente el papel apropiado de un juez en nuestro sistema constitucional. Vale la pena citarlo. Él dijo:
No creo que los tribunales deban tener un papel dominante en . . . tratar de los problemas de la sociedad. Su función es la de indicar qué dice la ley . . . Y, sí, habrá momentos en que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo exceda sus límites de autoridad de acuerdo con la Constitución o viole una de las disposiciones de la Declaración de Derechos; entonces, será enfáticamente la obligación de los tribunales intervenir e indicar qué dispone la Constitución, y revocar toda legislación o acción ejecutiva inconstitucional.
Sin embargo, la Corte debe entender que el motivo por el cual cuenta con dicha autoridad es porque está interpretando la ley, no está haciendo política, y en la medida que exceda sus límites y haga política o ejecute la ley, pierde su legitimidad.
Al votar a favor de la confirmación del Presidente de la Suprema Corte Roberts, el Senado también ha confirmado la importancia del papel adecuado de los jueces no electos de nuestro sistema de gobierno.
La otra nominada del Presidente para la Corte, Harriet Miers, también es una candidata extraordinaria.
Como prácticamente todo abogado y juez que la conozca bien, yo describiría a la Sra. Miers como una litigante de gran talento, una defensora prudente de sus clientes y una profesional consumada - una mujer que ha estado siempre bien preparada para cumplir todas sus obligaciones y enfrentar todo desafío.
Ha demostrado tener muchos dotes que le serán de beneficio propio en la Corte. Primero, como litigante exitosa en casos federales y estatales complejos, necesitó dominar cada matiz de los argumentos legales en cuestión. Como defensora, ha probado en reiteradas oportunidades contar con la destreza e inteligencia necesarias para analizar una ley o reglamento o defender un principio constitucional. Ha demostrado tener la capacidad de comprender conceptos legales complejos en diversas disciplinas y explicarlos de manera persuasiva a un juez o un jurado - las mismas destrezas que son esenciales para ocupar el estrado y trabajar con otros jueces.
En segundo lugar, la labor de la Sra. Mier como Secretaria de la Casa Blanca es prueba de su mente legal disciplinada y su atención al detalle. En dicha función, era responsable por asegurar que ningún documento llegara al Presidente sin ser perfecto en su forma y contenido. Para realizar esta tarea, tuvo que dominar cuestiones legales y políticas de alta complejidad. Tuvo que comprender y considerar el contexto de cada oración de cada documento, incluidas muchas que plantearon inquietudes constitucionales importantes, tales como el federalismo, la libertad de culto, la libertad de expresión, la guerra contra el terrorismo y la separación de poderes.
Finalmente, como Consejera del Presidente, la Sra. Miers ataca cuestiones constitucionales a diario, desde la asesoría sobre la constitucionalidad de una legislación propuesta hasta la defensa de la institución de la Presidencia de acuerdo con el principio de la separación de poderes. Como su predecesor en el cargo, conozco las exigencias sustanciales de la función y la confianza investida por el Presidente.
Por estas y otras razones, creo que la Sra. Miers está calificada para servir en la Suprema Corte. Sin embargo, no deben apenas aceptar lo que digo - escuchen sus propias palabras al responder a preguntas en sus audiencias de confirmación. El Senado - y el público de los Estados Unidos - conocerá más sobre las calificaciones del Sra. Miers y su enfoque de la función de juez. Creo que su filosofía judicial es compatible actualmente, y lo será también en el futuro, con la visión expresada por el Presidente: los jueces deben interpretar la ley fielmente, y no elaborar la ley creativamente.
Insto al Senado a que siga el ejemplo de la audiencia de Roberts y proporcione un proceso de confirmación civil y eficiente - uno que reconozca que, como dijo el Presidente, "juzgar es distinto a la política". E insto a los Senadores y al pueblo de los Estados Unidos a que no formen opiniones prematuras - que esperen hasta contar con toda la información y no tomen una decisión con base en un fragmento o una única materia noticiosa.
El proceso de confirmación ha cambiado fundamentalmente debido a cambios tecnológicos que permiten la divulgación instantánea y sin costo de la información. En esta era del ciclo de noticias durante las 24 horas, de blogs, charlas en la radio, noticias por cable, parecería haber un vacío constante a ser llenado con informaciones nuevas sobre el candidato. Gran parte de esta revolución es para el bien, ya que permite que el público forme opiniones más fundamentadas. Sin embargo, también tiene efectos perjudiciales. Los rumores sin fundamento, alegaciones falsas e información distorsionada pueden ser divulgados impunemente por personas que no se toman el tiempo necesario para verificar la información - así como por personas que efectivamente desean inducir al error. Una vez planteadas las alegaciones e insinuaciones sin fundamento, el Internet asegura que tomen vida propia y jamás puedan eliminarse plenamente.
A la luz de estos cambios, aquellos que trafiquen en la información tienen el deber para con todos los estadounidenses de actuar de buena fe, evitar circular falsedades y verificar las informaciones antes de divulgarlas. Las carreras y reputaciones de personas buenas dependen de ello. E insto al Senado a que ejerza disciplina en su consideración de las nominaciones judiciales. Es importante que, en medio de toda la estática que rodea al nombrado, el Senado se concentre en las características esenciales para juzgar correctamente, recabe información confiable y conserve la dignidad de un proceso esencial para nuestra democracia.
Un proceso de confirmación con dignidad y justicia es importante no sólo al ocupar las vacantes de la Corte, sino también al presentarnos una oportunidad de discusión nacional saludable sobre la filosofía judicial. En nuestro sistema constitucional, la importancia de la restricción judicial - la noción de que los jueces interpretan la ley, y no la crean - debe recalcarse. El consentimiento de los gobernados depende del alma de nuestro gobierno. Sin embargo, el acto de juzgar es compatible con este principio democrático siempre y cuando los jueces interpreten fielmente la ley y la Constitución adoptados a través de procesos democráticos.
Dentro de nuestro sistema de autogobierno, el poder judicial tiene un papel vital que suele ser mal interpretado. Como explicó el Presidente de la Corte Suprema Marshall en Marbury contra Madison, "es enfáticamente el terreno y el deber del departamento judicial indicar lo que dice la ley". Sin embargo, esto es verdad en la medida que el poder judicial implemente leyes debidamente promulgadas que representen la voluntad del pueblo.
James Madison dijo en Federalista 49: "El pueblo es la única fuente de poder, y es del mismo que deriva la carta constitucional, de la cual emana la autoridad de varios poderes del gobierno". Por lo tanto, cuando jueces importan sus preferencias personales a sus decisiones constitucionales, es tan incompatible con los ideales democráticos como si el juez hubiera ignorado el texto claro de una ley.
He sido juez; por lo tanto, sé muy bien que la fuente de poder real de la corte es su papel legítimo en nuestro sistema constitucional. Si un tribunal se desvía de su papel, sus decisiones no contarán con respeto - ni deberían. Y la mejor manera en que las cortes pueden ceder su legitimidad es ignorar la voluntad del pueblo de acuerdo con la Constitución y la ley - o sea, que un poder no electo y al que no se le puede exigir imponga sus preferencias políticas a la nación. El hacerlo sería socavar el consentimiento de los gobernados, negarle al pueblo su capacidad legal de expresar su voluntad - nuestra voluntad - a través del proceso democrático.
Los artífices de la Constitución concibieron un poder separado del gobierno en el cual los jueces serían independientes e imparciales. Por supuesto, la independencia significa jueces federales que deban asumir responsabilidad. Por lo tanto, este sistema solo funciona cuando el poder judicial respeta su lugar en el mismo, y es por ello que el Presidente Bush ha buscado nombrar a jueces que no lleven sus opiniones personales al estrado. Esto no significa que un juez no pueda tener opiniones personales sobre un asunto. Sin embargo, los jueces deben ser disciplinados y no deben permitir que dichas opiniones afecten sus decisiones. Algunas personas opinan que los tribunales, incluida la Suprema Corte, suelen imponer sus propias preferencias de políticas. Me gustaría mencionar dos prácticas judiciales que opino que son desaconsejables, ya que pueden llevar a este resultado. La primera es el uso de la ley extranjera en la interpretación constitucional; la segunda es el basarse indebidamente en la historia legislativa al interpretar la ley.
Me preocupa una tendencia creciente a basarse en leyes y decisiones judiciales de otros países al interpretar la Constitución de los Estados Unidos. Esto es problemático debido a, por lo menos, dos motivos.
En primer lugar, es antidemocrático. Los jueces y legisladores extranjeros no son responsables ante el pueblo de los Estados Unidos. Si nuestros tribunales se basan en la opinión de un juez extranjero o la promulgación de una ley extranjera, entonces dicho juez extranjero o ley extranjera nos obliga en cuestiones constitucionales importantes.
En segundo lugar, el basarse en la ley extranjera al interpretar la constitución es impracticable. Son 191 los miembros de las Naciones Unidas y aún más los sistemas judiciales, y todos operan con distintas leyes sustanciales. Si un juez estadounidense desea encontrar una ley compatible con su opinión personal, la encontrará. En su audiencia de confirmación, el Presidente de la Suprema Corte Roberts comparó esto con mirar más allá de la multitud para elegir amigos. En la práctica, puede resultarle imposible hasta al juez más concienzudo evitar ser arbitrariamente selectivo en el uso de la ley extranjera.
La misma analogía que el Presidente de la Suprema Corte Roberts utilizó para cuestionar el basarse en la ley extranjera ha sido utilizada por ciertos Jueces y otros para advertir a las jueces contra el ignorar el significado claro de una ley con base en que el texto no es un reflejo de la intención legislativa. El Congreso, un poder democráticamente responsable, expresa su voluntad a través de las palabras que, en definitiva, los Miembros del Congreso acuerdan después de su negociación y presentan al Presidente para su firma. Ese es el proceso establecido en la Constitución, y se debe responsabilizar estrictamente al Congreso por las palabras que utilice en una ley. Después de todo, es únicamente a través de las palabras utilizadas en las leyes que los estadounidenses pueden medir su conducta.
Si el texto de una ley es incompatible con la voluntad legislativa, el Congreso puede efectuar una enmienda de la ley. Sin embargo, que los jueces ignoren el significado claro de la ley y, en lugar de ello, apelen a la historia legislativa invita al mismo tipo de elección a dedo de declaraciones en apoyo que hacen del basarse en la ley extranjera algo tan fundamentalmente antidemocrático. Es tentador agarrarse de un poco de historia legislativa que sea compatible con la preferencia política personal. Cuando un juez se entrega a dicha tentación, él o ella socava la legitimidad del poder judicial y nos aleja de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Creo que el Presidente ha buscado nombrar a jueces federales que comprenden estos asuntos, que creen en el papel apropiado del poder judicial en nuestro sistema constitucional y que buscan defender al imperio de la ley a través de la restricción judicial.
Nosotros, del Poder Ejecutivo, respetamos los principios que describí al asistir al Presidente en el nombramiento de jueces de este tipo. El Senado respeta dichos principios al confirmar a los jueces después de audiencias dignas y justas. Creo que dentro de algunas décadas, cuando consideremos las decisiones de los jueces nombrados por el Presidente Bush, nos sentiremos orgullosos de los aportes que realizaron a la conservación del imperio de la ley y de nuestro sistema de gobierno constitucional. En mi opinión, ese es el mejor legado que cualquier Presidente podría dejar.
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