Gracias, Stewart, por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Deseo hablarles esta mañana sobre la necesidad de implementar - en forma permanente - las herramientas de seguridad nacional que usamos para la guerra contra el terrorismo - y, en particular, sobre la necesidad de modernizar la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)].
Desde que asumí el cargo de Secretario de Justicia de los Estados Unidos, aprendí mucho, desde mi punto de vista, sobre lo vital que es que obtengamos inteligencia en tiempo hábil para proteger a los ciudadanos estadounidenses contra quienes creen que es su deber religioso hacernos daño. Hemos visto qué ocurre cuando se deja de detectar a terroristas. Tenemos que hacer todo lo posible, dentro de la ley, para evitar que terroristas traduzcan sus creencias retorcidas en acción.
Para detenerlos, debemos conocer sus intenciones, y una de las mejores maneras de hacerlo es interceptar sus comunicaciones. Los Estados Unidos tienen capacidades tecnológicas enormes en disciplinas como ciencias de la informática, telecomunicaciones y criptología, pero no se nos ha permitido utilizar dichas capacidades plenamente. No se puede decir lo mismo sobre nuestros enemigos. Nuestros adversarios adhieren a ideologías fanáticas basadas en sus opiniones atormentadas de enseñanzas del siglo siete. Sin embargo, aprovechan plenamente las tecnologías del siglo XXI para reclutar, organizar y comandar su red internacional de operativos terroristas. Es crítico que aprovechemos nuestras capacidades para interceptar y monitorizar sus comunicaciones en la mayor medida posible.
La ley principal que rige nuestra capacidad de interceptar comunicaciones de poderes extranjeros y agentes de poderes extranjeros, incluidos terroristas internacionales, está desactualizada. Dicha ley, la FISA, fue promulgada en 1978, y, por lo tanto, ya tiene casi 30 años de antigüedad. Como muchos de ustedes saben, la FISA regula cuándo el gobierno debe obtener una orden judicial para realizar vigilancia de inteligencia extranjera, incluidas las intercepciones de comunicaciones de nuestros adversarios extranjeros.
Es mucho lo que ha cambiado desde la época en que se promulgó la FISA.
En primer lugar, la ley fue promulgada antes de algunos de los cambios más significativos en tecnología de las comunicaciones en la historia mundial. Por ejemplo, la ley fue promulgada mucho antes de que el uso de Internet y teléfonos celulares se volviera algo común. También fue redactada en una época en que las comunicaciones internacionales se transmitían con mayor frecuencia por radio, en lugar de cable.
La FISA definió términos clave - más notablemente su definición de "vigilancia electrónica", la cual establece las circunstancias bajo las cuales se requiere aprobación judicial - basada en las tecnologías de dicha época. Los cambios significativos en tecnología de las comunicaciones desde 1978 resultaron en la expansión del alcance de las actividades cubiertas por la FISA, e hicieron que la FISA se aplicara cada vez más a nuestras iniciativas de vigilancia de las comunicaciones de terroristas y otros objetivos de inteligencia ubicados en el exterior.
Con frecuencia, el gobierno tuvo que obtener una orden del Tribunal de la FISA - un proceso que incluye la confección trabajosa de documentación detallada y puede resultar en demoras significativas - antes de monitorizar las comunicaciones de estos objetivos extranjeros. En ciertos casos, esta exigencia de obtener una orden judicial demoró y, en algunos casos, hasta puede haber obstaculizado, iniciativas de vigilancia que eran potencialmente vitales para la seguridad nacional.
Como ha dicho el Director de Inteligencia Nacional públicamente, estas exigencias resultaron en una brecha de inteligencia.
Dichas exigencias también brindaron a terroristas ubicados en países extranjeros las protecciones otorgadas a los ciudadanos estadounidenses, y dedicó recursos que hubieran sido mejor gastados en proteger los intereses de privacidad de las personas aquí en los Estados Unidos.
En segundo lugar, cuando se promulgó la FISA en 1978, los Estados Unidos aún no habían sido sometidos a importantes ataques terroristas en suelo estadounidense. En dicha época, los rostros del terrorismo se encontraban en grupos como Septiembre Negro, el Grupo Baader-Meinhof y el Ejército Rojo japonés. Era una época en que preocupaba al Congreso que, si un terrorista secuestraba un avión, la finalidad sería "forzar la liberación de una cierta clase de prisioneros o suspender la ayuda a un país específico". Hoy, suena casi pintoresco. No era una época en la que nos preocupaba que un avión secuestrado sería convertido en un misil conducido por terroristas suicidas para inflingir bajas civiles masivas en nuestra patria.
En otros palabras, la naturaleza de la amenaza que enfrentamos y el panorama tecnológico en que se manifiesta dicha amenaza, cambiaron mucho desde 1978. En la primavera pasada, el gobierno envió al Congreso un paquete legislativo exhaustivo para realizar enmiendas en la FISA de acuerdo con los desafíos de inteligencia de hoy día. El Congreso reconoció la necesidad de cerrar la brecha de inteligencia creada por disposiciones obsoletas de la FISA y, en agosto, el Congreso aprobó la Ley Proteger a los Estados Unidos de 2007.
En términos simplificados, esta Ley permite a nuestros profesionales de inteligencia vigilar objetivos de inteligencia extranjeros ubicados en el exterior, sin aprobación judicial. Asimismo, contrario a mucha de la retórica que siguió a la promulgación de la Ley Proteger a los Estados Unidos, dicha legislación otorgó al Tribunal de la FISA un papel significativo en dichas compilaciones, autorizando al Tribunal a rever los procedimientos implementados para decidir si los objetivos de vigilancia bajo la autoridad están efectivamente en el exterior.
La nueva ley nos ha brindado mayor seguridad y ha cerrado la brecha de inteligencia.
Dicha medida de seguridad, lamentablemente, era temporal. La Ley Proteger a los Estados Unidos contiene una disposición de "ocaso". Sin acción legislativa por parte del Congreso, la Ley Proteger a los Estados Unidos perderá vigor el 1° de febrero de 2008.
Debo decir que he aprendido mucho sobre los méritos de las disposiciones de ocaso de mi papel de supervisar la implementación de la Ley Proteger a los Estados Unidos. La disposición de ocaso de la Ley es, en muchos sentidos, comprensible; la Ley fue aprobada rápidamente, en respuesta a la inquietud del Congreso asociada a la seguridad de nuestra nación en un ambiente de amenaza elevada, y es bajo circunstancias como estas que las disposiciones de ocaso resultan más adecuadas. Pero las disposiciones de ocaso también tienen costos significativos.
La incertidumbre sobre qué reglas regirán la compilación de inteligencia crítica presenta serios desafíos a nuestros profesionales de inteligencia. Dicha incertidumbre también desincentiva a terceros a colaborar con nosotros. Si las reglas serán distintas mañana con respecto a lo que son hoy, entonces resulta difícil justificar invertir dinero y tiempo ahora.
Estos son costos serios que deben tenerse en cuenta durante el debate actual, donde - si bien el Congreso ha tenido audiencias y debates exhaustivos sobre la necesidad de modernizar la FISA - algunos siguen insistiendo que cualquier reforma sea acompañada por una corta y perjudicial disposición de ocaso.
Como mencioné al principio, nuestro objetivo como nación debería ser desarrollar cambios institucionales de largo plazo que mejoren nuestras capacidades de prevenir ataques terroristas, y la disposición de ocaso socava nuestra capacidad de hacerlo.
Desde que el Congreso aprobó la Ley Proteger a los Estados Unidos, como todos ustedes saben, ha habido amplios debates y deliberaciones sobre cómo ofrecer soluciones de largo plazo para modernizar la FISA. Este ha sido, en general, un proceso positivo y de colaboración entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y seguiremos trabajando en relación estrecha con el Congreso para darle igualdad permanente a estas autoridades necesarias.
Desde que se promulgó la ley, funcionarios del Departamento de Justicia y de la Comunidad de Inteligencia han atestiguado muchas veces sobre las autoridades necesarias; hemos realizado reuniones informativas sobre nuestra implementación de la Ley y supervisión de nuestro uso de dichas autoridades, y nos hemos reunido con miembros y personal del Congreso para deliberar sobre estos asuntos, así como sobre cómo debería ser la legislación permanente.
Espero que haya, ahora, consenso sobre las principales autoridades de la Ley Proteger a los Estados Unidos, y que sean las correctas: que nuestras agencias de inteligencia no necesiten obtener órdenes individuales del Tribunal de la FISA a fin de realizar la vigilancia de inteligencia extranjera dirigida a objetivos en tierras extranjeras. Ese es el alma de la ley de inteligencia.
También deseo hablar sobre el problema de proteger a las empresas de telecomunicaciones contra demandas. Es crítico que el Congreso provea protección contra responsabilidad retroactiva para empresas de telecomunicaciones, como lo hace un proyecto de ley bipartito del Comité de Inteligencia del Senado. Permítanme explicar por qué esto es importante.
Se han entablado más de 40 demandas contra empresas de telecomunicaciones simplemente porque se cree que dichas compañías ayudaron a nuestras agencias de inteligencia después de los ataques del 11 de septiembre. Las sumas de estas demandas, las cuales son de centenas de miles de millones de dólares, son suficientes para provocar la quiebra de cualquier compañía. Estas empresas enfrentan la posibilidad de enjuiciamientos, quiebras, pérdidas de la reputación, millones de dólares en honorarios legales, todo porque se alega que ayudaron al gobierno a obtener información de inteligencia después del 11/9.
Aunque ustedes crean que las causas acabarán por ser desestimadas, como lo creemos nosotros, la perspectiva de tener que defenderse contra estas demandas masivas es una carga enorme para las compañías.
No solo es costoso el litigio en sí, sino que también puede perjudicar a los negocios y la reputación de las empresas como resultado de los alegatos contra las mismas, alegatos que pueden o no ser verdad, pero a los cuales no pueden responder públicamente porque no se les permite confirmar o negar si, y hasta qué punto, proporcionan asistencia clasificada al gobierno.
Muchas de estas empresas también tienen fuerte presencia en el exterior, y dicho aspecto de sus negocios puede ser particularmente vulnerable a daños financieros y físicos como resultado del litigio. Como podrán imaginar, estas empresas y otras pueden decidir que es demasiado arriesgado ayudar a la comunidad de inteligencia en el futuro, independientemente de cuan grande sea la necesidad de su ayuda. Y después de un año estudiando este tema, es exactamente lo que encontró el Comité de Inteligencia del Senado. En su informe, el comité dijo que, "sin inmunidad retroactiva, el sector privado puede no estar dispuesto a cooperar con solicitudes legales por parte del gobierno en el futuro", resultando en "una posible reducción de inteligencia", lo cual según el comité es "simplemente inaceptable para la seguridad de nuestra nación".
En tiempos en que necesitamos usar toda posible ventaja para comprender a un enemigo con intenciones de explotación y ocultamiento dentro del amplio espacio de Internet, simplemente no podemos darnos el lujo de desincentivar al sector privado de ayudarnos a detectar y prevenir el próximo ataque terrorista.
Y la inmunidad no solo es en el mejor interés de la seguridad de nuestra nación; también es un resultado justo y equitativo. Después de analizar la correspondencia relevante entre el Poder Ejecutivo y las compañías que ayudaron con actividades de inteligencia de comunicaciones después de los ataques del 11 de septiembre, el Comité de Inteligencia del Senado concluyó que dichas compañías actuaron en la creencia de buena fe de que su asistencia era legal.
De hecho, como reconoció el Comité, las empresas estaban respondiendo en tiempos extraordinarios de emergencia nacional y confiaron en las garantías escritas de que el Presidente mismo había autorizado las actividades y que altas autoridades gubernamentales habían determinado que dichas actividades eran legales. Dadas estas circunstancias singulares, dichas compañías merecen nuestra gratitud y no litigios.
Sin embargo, algunos sostienen que no deberíamos proporcionar inmunidad general porque el sector privado tendrá menos incentivo en el futuro para insistir en el cumplimiento de las leyes aplicables por parte del gobierno. Sin embargo, la protección de responsabilidad ofrecida en el proyecto del Comité de Inteligencia no es inmunidad general.
Es aplicable solo a un conjunto estrecho de circunstancias - si el Secretario de Justicia de los Estados Unidos certifica a un tribunal que la compañía (1) no proporcionó la asistencia alegada, o (2) proporcionó asistencia entre septiembre de 2001 y enero de 2007 con actividades de inteligencia de comunicaciones con el objetivo de detectar y prevenir un ataque terrorista, y solo después de haber recibido una solicitud por escrito de una alta autoridad del gobierno que indique que dicha actividad fue autorizada por el Presidente y que se determinó que era legal.
Un tribunal debe analizar esta certificación antes de que una acción sea desestimada, y la inmunidad no se extiende al gobierno, funcionarios gubernamentales o cualquier conducta delictiva. Resumidamente, la disposición en el proyecto de ley del Comité de Inteligencia proporcionaría protección solo en circunstancias en las que dicha protección sea adecuada.
Otros han expresado inquietud sobre la desestimación de las demandas y, por lo tanto, han propuesto continuar los casos con el gobierno como demandado en lugar de las compañías de telecomunicaciones. Las propuestas de sustitución pueden ser el reflejo de un deseo genuino de retirar a las compañías de las demandas, pero esa no es una solución adecuada. Si las causas continúan, aunque sea solo contra el gobierno, las empresas aún serían pasivas del tipo de solicitudes de información de terceros, costos de litigio y daños a su reputación que podrían disuadir su futura cooperación con la comunidad de inteligencia. Después de todo, el objetivo de las demandas aún sería exponer si compañías específicas proveyeron asistencia y, si lo hicieron, en qué consistió dicha asistencia. Y si se expone ese tipo de información a través del litigio, no solo se perjudicará a las empresas, sino que también se perjudicará a la seguridad nacional. Los enjuiciamientos y la información que generan podrían convertirse en un festín para nuestros enemigos.
Como concluyó el Comité de Inteligencia en su informe, la identidad específica de quienes nos asisten con actividades de inteligencia y la naturaleza de su asistencia deben ser protegidas como fuentes y métodos vitales de inteligencia. El riesgo de revelar este tipo de información no es un riesgo que se justifique asumir, especialmente cuando el único efecto de la sustitución que posicionaría al gobierno como demandado sería trasladar toda responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones al contribuyente estadounidense.
Debido a los riesgos, y debido a que la disposición de responsabilidad propuesta cubre a empresas de telecomunicaciones que hicieron simplemente lo que el gobierno les pidió que hicieran, no tiene sentido permitir que este litigio siga adelante. La alternativa de sustitución propuesta obligaría al contribuyente estadounidense a asumir el costo y los riegos del litigio contra justamente la asistencia que su gobierno pidió para ayudar a proteger a nuestra nación y podría resultar en revelaciones que podrían perjudicarnos.
El brindar inmunidad a estas compañías por sí solo no privará a los críticos de las actividades de vigilancia del gobierno de su día en el tribunal. Ya hay una serie de casos de vigilancia contra el gobierno siendo oídos en los tribunales. Si bien creemos firmemente que dichos casos también deben ser desestimados a fin de proteger información de inteligencia altamente clasificada, los tribunales tendrán la palabra final al respecto. Lo que logrará el proteger a las compañías, como concluyó el Comité de Inteligencia del Senado con un voto bipartito prácticamente unánime de 13 contra 2, es incentivar a las entidades privadas a ayudarnos en el futuro, cuando sea lícito, al no castigar a quienes, de buena fe, brindaron ayuda en época de crisis con la amenaza de responsabilidad destructiva. Se trata de un objetivo que favorecerá a la seguridad de esta nación por muchos años, mucho más allá del gobierno actual.
Recientemente, de hecho, en los últimos días, se presentó una propuesta como alternativa a que el Congreso decidiera con respecto al tema de la inmunidad. Según dicha propuesta, el litigio sería enviado al Tribunal de la FISA para que decidiera, con una prueba de múltiples partes, si la asistencia brindada por el proveedor fue apropiada. En contraste con la disposición relevante del proyecto de ley del Comité de Inteligencia, la cual permitiría la desestimación expedita del litigio, esta propuesta nueva resultaría, muy probablemente, en la prolongación del litigio. O sea, las compañías seguirán sometidas a las cargas del litigio para determinar cómo y por qué ayudaron al gobierno. Y el litigio aún presentaría el riesgo de revelación de información altamente clasificada.
Estos riesgos son innecesarios e imprudentes. El Comité de Inteligencia del Senado concluyó que quienes ayudaron recibieron garantías por escrito de que las actividades eran lícitas y que estaban siendo realizadas con autorización presidencial. El trasladar esos casos al Tribunal de la FISA después de este análisis exhaustivo podría considerarse una señal de que el Congreso duda de las acciones de estas compañías, las mismas compañías en las que el Comité de Inteligencia reconoció que dependemos para proteger a la nación.
Podría hacer que empresas, en el futuro, llegaran a la conclusión independiente de que, antes de cumplir con una solicitud lícita de asistencia por parte del gobierno, sería necesario que realizaran su propia investigación. Eso podría causar demoras peligrosas en operaciones críticas de inteligencia y poner a las compañías en la posición imposible de realizar una determinación legal sin acceso a hechos altamente clasificados que necesitarían conocer para hacerlo.
Permítanme darle cierta perspectiva a la importancia de la cooperación del sector privado para nuestra seguridad nacional. En la Segunda Guerra Mundial, la industria privada no estaba al margen. Era tal su participación que la fuerza plena de esta nación fue aplicada contra nuestros enemigos. Parte de la asistencia prestada por la industria privada a los Estados Unidos y sus aliados ocurrió antes de que cayeran las bombas sobre Pearl Harbor.
Por supuesto, después de que cayeron las bombas sobre Pearl Harbor, la industria estadounidense pasó de la producción en tiempos de paz a la producción en tiempos de guerra prácticamente de la noche al día. Nuestro gobierno tuvo ingerencia en parte de esa iniciativa, pero mucho de ella fue voluntaria. Nuestras fuerzas armadas y las de nuestros aleados eran un fuerza impresionante, por donde se la mirara. Pero nuestros ejércitos no ganaron la Segunda Guerra Mundial solos. La ganaron con la cooperación de la industria estadounidense y la asistencia de civiles.
Tuvimos nuestro Pearl Harbor el 11 de septiembre de 2001. Necesitaremos el nivel de cooperación de la industria estadounidense que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, y necesitaremos aprovechar el ingenio tecnológico del sector privado si deseamos prevalecer. Nuestros militares, nuestras agencias de inteligencia, y nuestras agencias de las fuerzas del orden público son fuerzas a tenerse en cuenta, como debe ser. Pero no podemos librar esta batalla solos. Tenemos que poder alistar y aprovechar la cooperación lícita del sector privado.
Y, por supuesto, nuestra labor contra dicha amenaza también debe ocurrir con respeto escrupuloso por las libertades civiles y dentro de los principios del derecho. La legislación de modernización de la FISA es apenas un ejemplo de cómo implementamos una herramienta que necesitamos para luchar contra los terroristas, sin dejar de proteger los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Reconozco que, como Secretario de Justicia de los Estados Unidos, debo asumir un compromiso con el cumplimiento de ambos objetivos. Estoy aquí para decirles que he asumido dicho compromiso. Muchas gracias por invitarme hoy.
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