Buenos días. Los avances tecnológicos que se han producido en los últimos años y las maneras en que esos cambios han afectado nuestra vida son increíbles. Es un placer estar en un salón con algunas de las personas responsables por esos cambios, y quiero agradecerles por estar hoy aquí.
Pero si bien celebramos las contribuciones positivas de la tecnología, no podemos olvidar que existe un costado oscuro a casi todas las innovaciones. Toda nueva tecnología que creamos puede dar lugar a abusos: ya sea de un ladrón común de identidad que buscan una nueva manera de robar la información de nuestras cuentas bancarias o un terrorista internacional que busca llevar adelante una conspiración mortal.
Es por eso que hoy quiero hablarles brevemente de lo que el Departamento de Justicia hace respecto de este tema. Pero antes, quiero dejar bien en claro un punto: el Departamento está comprometido a hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Como prueba de nuestro compromiso, me complace anunciar hoy que Mark Filip, el nuevo Secretario de Justicia Adjunto y el segundo funcionario en importancia en el Departamento, será el director de la Fuerza de Tarea de Propiedad Intelectual del Departamento. Esto le dará aún más prominencia a la fuerza de tarea y garantizará que los temas relacionados con la propiedad intelectual (PI) sigan en nuestras pantallas de radar.
Eso no quiere decir que hayamos estado perdiendo el tiempo hasta ahora. Por ejemplo, ayer me reuní con líderes de la industria del entretenimiento en Los ángeles, donde participé en una mesa redonda sobre temas de PI y estrategias de coacción. Hoy participé en una mesa redonda similar con líderes de Silicon Valley.
Si bien puede ser aclarar lo evidente, vale la pena decir que las invenciones patentadas, el código de software protegido por copyright y las marcas comerciales son bienes muy valiosos. Y a medida que la propiedad intelectual incrementa aún más su valor, su robo es una amenaza cada vez mayor.
Primero, está la amenaza económica obvia: sospecho que todos los presentes aquí conocen muy bien esta parte del problema.
Segundo, la falsificación y la piratería generan ganancias enormes, que termina en gran parte en actividades de delincuencia organizada. Los sindicatos delictivos, y en algunos casos incluso grupos terroristas, ven a los delitos de PI como un negocio lucrativo, y los consideran una manera de bajo riesgo de financiar otras actividades. Uno de los principales objetivos de nuestra misión de coacción asociada a la PI es mostrarles a estos delincuentes que están equivocados.
Y tercero, en muchos casos, los delitos de PI representan una gran amenaza a la salud y la seguridad. Los productos falsos de todo tipo minan la confianza de los consumidores en el mercado, pero la falsificación de productos como los farmacéuticos y los dispositivos médicos, las autopartes y las piezas de aeronáutica, o los aparatos electrónicos que forman parte de la infraestructura esencial de nuestro país, puede representar un peligro real y directo al público.
En pocas palabras, el aumento continuo a nivel mundial de la falsificación y la piratería implica una amenaza a nuestra economía y seguridad pública. Dado que esa amenaza proviene de tantos lugares diferentes, nuestra respuesta tiene que actuar en diversos frentes. Necesitamos iniciativas de coacción fuertes y coordinadas, tanto dentro del país como en el extranjero; necesitamos leyes sólidas de propiedad intelectual; y necesitamos recursos adecuados para hacer valer las leyes de PI.
La misión del Departamento de Justicia es evidente: ya sea que se trate de una red compleja de narcotráfico internacional, un funcionario público corrupto que se abusa de su puesto o un estafador que vende software falsificado, nuestro trabajo es hacer valer la ley y llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos.
Para hacerlo, el Departamento ha asignado importantes recursos a combatir el delito de PI aquí en los Estados Unidos, a través de nuestra Fuerza de Tarea de Propiedad Intelectual, la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual de la División de lo Penal, y aproximadamente 230 fiscales en todo el país que forman parte de nuestra red de Hacking de Informática y Propiedad Intelectual [Computer Hacking and Intellectual Property (CHIP)].
La fuerza de esta amplia red en el campo es que si un fiscal en un distrito halla un ardid que lo conduce a evidencia en otro distrito, podemos tener la flexibilidad de enjuiciar en el lugar en el que podamos armar el caso más sólido. Sin peleas de territorio sobre quién lo encontró primero, simplemente qué es lo mejor para el caso.
Con este enfoque, en los últimos años, el Departamento ha incrementado constantemente el número de enjuiciamientos por delitos de PI. En el año fiscal 2007, el Departamento presentó 217 casos de PI, lo que representa un aumento del 7 por ciento respecto del año anterior, y del 33 por ciento respecto de 2005.
Estamos dedicando más recursos y personal a los delitos de PI, y estamos transmitiendo un mensaje importante de que tomamos estos delitos muy en serio y que castigaremos las acciones de estos falsificadores y piratas siempre que podamos.
Por ejemplo, en agosto, aquí en San José, dos líderes de una red de piratería de software fueron sentenciados a más de tres años de prisión cada uno como resultado de una investigación que logró la confiscación de casi medio millón de discos de música, películas y software falsificados.
En otro caso, finalizado en febrero, enjuiciamos a cuatro hombres de Florida por vender en línea ilegalmente software de empresas pirateado. Los hombres vendieron millones de dólares de software falsificado de empresas como Adobe Systems, Autodesk, y Macromedia en diferentes sitios Web. Por sus delitos, fueron sentenciados a condenas de prisión de hasta seis años y se les confiscó más de un millón de dólares de ganancias de sus actividades ilícitas. Pero una fuerte coacción en el país no es suficiente: el delito de PI es un problema global, por lo que necesitamos soluciones globales. Las fronteras internacionales no representan un mayor obstáculo para los delincuentes, por lo que hemos trabajado para asegurarnos de que esas fronteras no representen un obstáculo para una coacción efectiva.
El mes pasado, viajé a Canadá y a distintos países de Europa y hablé con mis colegas en esos gobiernos sobre la necesidad de una mayor cooperación de las fuerzas del orden público en distintos temas, entre ellos los delitos cibernéticos. Es una preocupación que todos tenemos en común, y me complace decir que es tomada con gran seriedad por nuestros asociados en el extranjero.
Por ejemplo, en Alemania, la Ministro de Justicia Brigitte Zypries me dijo que la coacción de propiedad intelectual es una de las principales prioridades de su ministerio. Como quizás sepan, la fabricación sigue siendo un elemento crucial de la economía de Alemania, y el sector ha sido muy golpeado por la falsificación. Ella citó el ejemplo drástico de las motosierras fabricadas por Stihl, una empresa con sede en Alemania, que enfrenta un problema con repuestos falsificados. Sé que este ejemplo está en el otro extremo de la gama de productos tecnológicos respecto de los productos producidos por muchas de sus empresas, pero piensen un segundo sobre la amenaza a la salud y la seguridad – literalmente la vida y las extremidades -- que representa el seguro o la cadena de una motosierra.
Es en parte porque estos otros países están lidiando con sus propios problemas específicos relacionados con la PI en sus países que el Departamento de Justicia ha podido desarrollar relaciones internacionales sólidas en los últimos años. Hemos trabajado mediante organizaciones multilaterales como la Unión Europea y mediante reuniones bilaterales, y vemos los beneficios de esas relaciones todos los días.
Un caso en curso fue resultado de años de labor diplomática con las fuerzas del orden público en China y una exhaustiva investigación con autoridades chinas y el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI]. En el pasado mes de julio, el Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó a 25 chinos y confiscó software falsificado con un valor superior a 500 millones de dólares en la mayor investigación conjunta entre el FBI y la República Popular de China.
En otro caso anunciado hace algunas semanas, agentes del FBI trabajaron con la Policía Real Montada Canadiense en una iniciativa sobre la distribución de equipos informáticos Cisco falsificados fabricados en China. Hasta ahora hemos tenido más de 400 confiscaciones de hardware y etiquetas falsificados con un valor minorista estimado de 76 millones de dólares: y la investigación sigue en curso.
Estamos trabajando para limitar la capacidad de los delincuentes que explotan la tecnología para cometer no solo delito de IP, sino también otros delitos. Hemos firmado importantes acuerdos sobre información compartida, como la Convención sobre el Delito Cibernético, que se convertirá en el mayor estándar para la cooperación internacional en casos de delitos cibernéticos. Ese acuerdo ha incrementado nuestra capacidad de compartir información con otros países y de colaborar en llevar a delincuentes ante la justicia.
Diversas investigaciones recientes en los EE.UU. han logrado enjuiciamientos exitosos en países del extranjero que hace mucho tiempo son considerados "refugios de hackers". Por ejemplo, basándose en una cooperación cercana entre el Departamento, el FBI y autoridades rumanas, fiscales del Directorio para la Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo de ese país arrestaron a once ciudadanos rumanos por cargos de fraude y robo de identidad en el pasado mes de noviembre.
Estas personas formaban parte de una organización delictiva especializada en el "phishing" de información de usuarios de computadoras, el grabado de información de tarjetas de crédito y débito en tarjetas falsificadas y el posterior uso de esas tarjetas para obtener efectivo de cajeros automáticos y sucursales de Western Union. Agentes de policía rumanos ejecutaron 21 órdenes de allanamiento y confiscaron computadoras, dispositivos para leer y grabar tarjetas y otros equipos.
Es imperativo que los países trabajen unidos en casos como este para asegurar una fuerte coacción internacional. Para optimizar ese tipo de cooperación, abogados del Departamento de Justicia han brindado capacitación y asistencia técnica a miles de fiscales, investigadores y jueces extranjeros en más de cien países.
Hemos designado Coordinadores de Coacción de Leyes de PI en Bangkok, Tailandia y Sofía, Bulgaria, para ayudarnos en nuestras actividades de capacitación en estas regiones cruciales. Estos coordinadores se han reunido con más de 1,500 fiscales, investigadores y agentes de las fuerzas del orden público en Asia y Europa Oriental en los últimos 12 meses y brindan capacitación y asistencia para abordar nuevas tendencias de delitos de PI. Y hemos trabajado para crear una Red de Coacción de Delitos de PI en Asia para garantizar que los agentes de las fuerzas del orden público en esos lugares posean las herramientas y los medios de comunicación necesarios para luchar contra la delincuencia de PI internacional. Desarrollar estas conexiones y mantener una presencia en todo el mundo da dividendos en el área de coacción que van mucho más allá de los delitos de PI. Parte de la naturaleza de estos delitos es que tienden a coincidir con muchas otras actividades de operaciones delictivas organizadas.
Un mafioso ruso que vende carteras falsas por un intermediario en Nueva York también puede estar vendiendo DVD pirateados en Londres, medicamentos falsificados contra el SIDA en áfrica y pornografía infantil en Internet. Podemos aprovechar estos delitos múltiples y jurisdicciones múltiples para perseguir al delincuente en el lugar donde sea mayor la oportunidad de desmantelar su actividad ilegal. Hay más de una manera de atrapar a un delincuente, y nuestros contactos internacionales nos dan más opciones de hacer lo que se necesita.
Habiendo dicho eso, para que tengamos la mayor cantidad de opciones posibles en nuestro país, y también enfrentar los desafíos globales del delito de PI, nuestras leyes tienen que estar actualizadas.
El año pasado, el Departamento le presentó al Congreso un paquete exhaustivo de protección de PI para equipar a las fuerzas del orden público con las herramientas necesarias para luchar contra estos delitos y proteger a los dueños de propiedad intelectual. Esa legislación fortalecería las penas por delitos de falsificación que amenazan la salud y la seguridad pública y para delincuentes reincidentes. Esto criminalizaría el intento de violación de copyright y sumaría herramientas de investigación importantes como darles a los tribunales la autoridad de emitir órdenes de escuchas telefónicas en investigaciones de falsificación delictiva y piratería.
Actualmente hay algunos proyectos de ley en competencia en el Senado y la Cámara, cada uno de los cuales incluye algunas de estas disposiciones y a la vez algunas cosas que consideramos que limitarían nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo en este campo. El Departamento está trabajando con el Congreso para asegurarse de que cualquiera sea la legislación que se apruebe, ésta nos ayude a mantener el progreso logrado y nos permita hacer lo que sea necesario en el futuro.
Y más que nunca, el Departamento y nuestros asociados en todos los ámbitos del gobierno están trabajando con titulares de derechos y la industria para mejorar la protección de la propiedad intelectual. Queremos trabajar con grupos empresariales y líderes de industrias claves como las que ustedes representan. Este tipo de cooperación no solo es útil para una coacción penal efectiva, sino que es esencial.
Juntos hemos tenido muchos éxitos y aprovechando ese éxito, podemos cambiar las cosas en nuestra lucha contra estos delitos y las organizaciones delictivas que lucran con ellos.
Gracias.
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