Gracias por la presentación y por la oportunidad de hablar frente a ustedes. Siempre he tenido un profundo respeto por la Sociedad Federalista y por sus principios, por lo que me siento honrado de estar aquí esta noche.
Desde hace más de 25 años, los miembros de esta Sociedad se han comprometido a debatir enérgica y abiertamente los problemas legales más apremiantes de la actualidad y cómo se deben resolver bajo las disposiciones constantes y duraderas de nuestra Constitución. La Sociedad Federalista está comprometida a tomar en serio la Constitución y comprender que es un documento jurídico, no un recipiente vacío a llenarse por las preferencias políticas de quienes tienen el poder en un determinado momento. Esta noche, que me dijeron que podría ser sombría o demasiado seria, pero que aparentemente no es ninguna de las dos cosas, quiero felicitarlos por sus contribuciones a la cultura jurídica de la Nación y por su trabajo, en particular en los últimos ocho años, por elevar el discurso relacionado con los problemas jurídicos y de política que enfrenta nuestra Nación.
Tengo el privilegio de estar aquí esta noche con invitados tan distinguidos, entre ellos miembros de la Corte Suprema y el poder judicial. También hay docenas de abogados que han servido a su país durante este gobierno, algunos de los cuales han regresado al sector privado y con algunos de los cuales he tenido el placer de trabajar durante mi mandato. Seguramente haya otras personas aquí que tendrán la oportunidad de servir en el nuevo gobierno. Y todo esto es el legado de quienes fundaron esta sociedad, que tienen muchas razones para enorgullecerse. Los principios de la Sociedad que fundaron han inspirado a una generación de abogados y, como se puede ver en el público de hoy, ahora están inspirando a la próxima generación.
A medida que nos acercamos al final de este gobierno y llegamos a la primera transición experimentada por nuestro gobierno desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, me gustaría enfocarme en los éxitos de este gobierno respecto asuntos que son de interés de esta Sociedad, el legado que quedará cuando este gobierno termine su mandato y respecto un asunto relacionado con nuestra seguridad nacional que considero que debería seguir recibiendo atención de esta Sociedad.
Quizás más claramente dentro del área de interés de los miembros de la Sociedad Federalista están los jueces de tribunales inferiores y superiores que el Presidente ha designado al estrado federal. Como explicó recientemente el Presidente a la sección en Cincinnati de esta Sociedad, él ha buscado, en sus palabras,“jueces que interpretaran fielmente la Constitución – y no usaran los tribunales para inventar leyes o dictar políticas sociales.” Con la ayuda de muchas personas que están hoy en este salón, el Presidente ha tenido éxito en esta labor y ha designado a muchos jueces calificados y consumados que comprenden su tarea de interpretar—no escribir—las leyes.
En particular, el Presidente ha designado a dos miembros de la Corte Suprema, el Juez Presidente John Roberts y el Juez Samuel Alito. Estos hombres no son desconocidos para quienes se encuentran en este salón—de hecho, ambos hablaron ante esta Sociedad el año pasado. Estos dos jueces con innumerables logros seguirán sirviendo a la Nación durante muchos años más, y estamos agradecidos no solo por su servicio, sino también por su enfoque a las difíciles interrogantes de la ley constitucional y la interpretación legal que la Corte enfrenta en cada mandato. El Presidente obviamente está muy orgulloso de haber seleccionado a estos dos hombres y la Sociedad Federalista debería estar orgullosa del papel que tuvo en el apoyo de sus nominaciones.
El Presidente también ha nominado – y el Senado ha confirmado – a muchos otros jueces calificados en distintos tribunales federales. Lamentablemente hubo otras buenas personas bien calificadas a quienes se les negó la misma oportunidad. Hemos visto cómo las nominaciones de candidatos calificados, experimentados y respetados se demoraban o frustraban a través de tácticas procesales. Frecuentemente ha sido difícil que estos nominados reciban un voto en el Senado o incluso una audiencia ante el Comité Judicial. A quienes nunca recibieron un voto, o incluso una audiencia, les digo que lo siento profundamente: se merecían algo mejor.
Sin embargo, hoy deberíamos destacar nuestros éxitos. De hecho, el legado judicial de este gobierno incluye a 61 jueces designados a tribunales de apelaciones y 261 jueces designados a tribunales de distrito. El Presidente y los miembros de su gobierno dejarán el poder en enero, pero estos excelentes jueces seguirán en sus cargos, muchos de ellos durante décadas.
La Sociedad Federalista debe enorgullecerse de su papel en apoyo a estos jueces, pero también debe enorgullecerse de las razones de ese apoyo. Como reconocen los miembros de esta Sociedad, el principal significado de independencia judicial es independencia de las presiones y modas políticas del momento. Caso contrario, los jueces pasan a ser simplemente políticos que son independientes solo por tener un mandato vitalicio y no estar sujetos a la disciplina del proceso político: es decir, las elecciones. Si bien los jueces son designados a través de un proceso político, una vez que toman su juramento, están limitados a ejercer un poder que es, bajo el Artículo III, solo judicial. Es decir, un poder que debe significar una interpretación fiel, no imaginativa, de las leyes y la Constitución.
Quiero pasar a otro tema, que desde el primer día he considerado mi mayor responsabilidad como Secretario de Justicia de los Estados Unidos: garantizar que se utilicen las instituciones necesarias para mantener a nuestro país seguro frente a la amenaza constante que representan Al Qaeda y otros terroristas internacionales.
El 11 de septiembre de 2001, diecinueve terroristas llevaron a cabo el ataque más catastrófico en nuestro país desde "Pearl Harbor". Lo que hizo que el ataque sea tan devastador no solo fue la cantidad de víctimas que tuvo nuestro país, sino la idea de que diecinueve terroristas ligeramente armados pudieran asesinar a casi 3,000 estadounidenses. La realidad de una guerra tan asimétrica nos exigió que reconsideráramos seriamente cómo debíamos enfrentar la amenaza del terrorismo internacional.
Cuando los terroristas atacaron el "World Trade Center" en 1993, cuando Al Qaeda atacó el U.S.S. Cole en Yemen y nuestras embajadas en Kenia y Tanzania, los Estados Unidos enviaron a agentes del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] a la escena del crimen para recolectar evidencia, seguir pistas y, por último, acusar formalmente y enjuiciar al menos a algunos de los responsables.
Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre, ya no parecía prudente tratar al terrorismo internacional únicamente como un asunto criminal en el que los sospechosos son buscados y enjuiciados solo después de que han perpetrado un delito. De hecho, en el momento de los ataques del 11 de septiembre, Osama bin Laden ya estaba bajo una acusación criminal formal por su papel en la detonación de bombas en las embajadas. En vez de mantener ese enfoque, los Estados Unidos reconocieron el ataque del 11 de septiembre por lo que fue: un acto de guerra; una guerra declarada años antes por enemigos de los Estados Unidos y de hecho de todos los pueblos civilizados del mundo. En respuesta, esta Nación, bajo el liderazgo de nuestro Presidente, se comprometió a realizar una estrategia ofensiva integral contra los terroristas en el extranjero usando todos los recursos a nuestra disposición: militares, de inteligencia, financieros y aplicación de ley.
Se envió a personal militar estadounidense a Afganistán, donde Al Qaeda había hallado un refugio dentro de los confines del régimen brutal e inhumano de los talibán. Cuando nuestras fuerzas, o las de nuestros aliados, capturaron a miembros del enemigo, los detuvimos para que no pudieran regresar al campo de batalla y, cuando lo consideramos pertinente, los transferimos para su detención en la estación naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo.
Dentro del país, el gobierno buscó reorganizar y modernizar nuestro gobierno para reflejar las nuevas prioridades de la Guerra contra el Terrorismo. Pusimos agencias domésticas de seguridad, que históricamente habían estado dispersas en todo el Poder Ejecutivo, bajo el marco del Departamento de Seguridad Nacional y designamos a un Director de Inteligencia Nacional para asegurarnos de que nuestras agencias de inteligencia trabajaran juntas para rastrear amenazas terroristas y prevenir nuevos ataques.
Dentro del Departamento de Justicia, el FBI hizo de la prevención del terrorismo su mayor prioridad y reestructuró sus recursos como corresponde. Desde el 11 de septiembre, el FBI se ha transformado en una agencia de inteligencia de nivel mundial diseñada para detectar y prevenir ataques antes de que ocurran, en vez de limitarse a investigarlos después de que ocurren. El FBI ha duplicado la cantidad de analistas de inteligencia y traductores en sus filas y abrió 16 nuevas oficinas en el extranjero, entre ellas oficinas en Kabul y Bagdad. Creamos la nueva Sección de Seguridad Nacional dentro del FBI para unir divisiones responsables de contraterrorismo, inteligencia y contraespionaje, y realizamos reformas institucionales similares al establecer la División de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia.
El gobierno trabajó con el Congreso para reorganizar nuestro gobierno y aprobar nuevas leyes para fomentar la recolección y difusión de inteligencia de importancia crítica. Poco después del 11 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley Patriota para asegurarse de que los analistas e investigadores tengan acceso a la información que necesitaban para proteger a nuestro país, trabajar juntos para "atar cabos" y buscar una estrategia de prevención. Y este año el Congreso hizo lo mismo en favor de nuestros profesionales de inteligencia al aprobar legislación bipartidaria que moderniza la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para permitir que la comunidad de inteligencia vigile rápida y eficazmente las comunicaciones de terroristas y al mismo tiempo se mantenga el respeto por nuestras libertades civiles.
Tomadas en conjunto. las políticas del gobierno en la Guerra contra el Terrorismo representan nada más ni nada menos que una reorganización fundamental de nuestro gobierno, y garantizarán que el próximo Presidente cuente con las herramientas que necesita para defender el país.
La estrategia del gobierno en la defensa del país frente a amenazas terroristas no solo ha sido extensa, sino que también ha sido exitosa en base a lo que más importa: desde el 11 de septiembre, Al Qaeda no ha podido cometer ni un solo acto de terrorismo en los Estados Unidos. Ese es un logro excepcional que nadie pudo predecir en los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre. El crédito de ese logro corresponde a muchas personas, entre ellas muchos hombres y mujeres valientes de nuestras fuerzas armadas, y muchos hombres y mujeres valientes de las fuerzas del orden público y los servicios de inteligencia, que arriesgan su vida rutinariamente en partes del mundo que la mayoría de los estadounidenses, por suerte, nunca tendrán que visitar. Y gran parte de ese crédito también le corresponde al liderazgo y la resolución del Presidente en este área, como en muchas otras.
A medida que se acerca el final de este gobierno, uno esperaría escuchar muchos reconocimientos por este éxito de mantener segura a nuestra Nación. En cambio, temo que lo que escuchamos es un estribillo bastante más discordante. En vez de aprecio, o incluso una valoración justa, de los logros del gobierno, hemos escuchado críticas despiadadas de las mismas políticas que han contribuido a mantener la seguridad. Hemos visto esto en los medios de comunicación, lo hemos visto en el Congreso y también lo hemos escuchado de parte de la academia legal.
En alguna medida, esas críticas se apoyan en un tipo muy peligroso de amnesia que considera que el éxito de nuestras iniciativas de contraterrorismo es algo que debilita la justificación para continuarlas. Extrañamente, nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Según estos críticos, si hace siete años que Al Qaeda no ha golpeado a nuestro país, quizás nunca significó una verdadera amenaza a fin de cuentas y no necesitábamos estas políticas de contraterrorismo.
Otros críticos cuestionan la premisa - aceptada casi universalmente después de los ataques del 11 de septiembre - de que los Estados Unidos están librando una guerra contra Al Qaeda y otros grupos. Aún más común es el razonamiento superficial entre muchos miembros de los medios y de círculos políticos y legales de que las políticas de contraterrorismo del gobierno se han implementado a expensas de los Principios de Ley. Yo conozco bastante bien estas críticas habiéndolas escuchado personalmente durante mi mandato como Secretario de Justicia de los Estados Unidos.
No es sorprendente que las preguntas sobre nuestra manera de confrontar la amenaza del terrorismo generen un fuerte debate. Estos interrogantes están entre los más complejos y trascendentales que un gobierno democrático puede enfrentar. También es comprensible que existan debates apasionados sobre dónde trazar los límites legales en este nuevo y difícil conflicto y, a nivel de políticas, cuan cerca de esos límites legales debemos llegar.
Sin embargo, como saben los miembros de esta Sociedad, encontrar respuestas a preguntas legales a menudo requiere una lectura minuciosa y un análisis crítico de un texto: la Constitución, estatutos, decisiones judiciales, etc. Lamentablemente, este punto muy a menudo se pierde en el discurso público sobre este tema. Periódicos, comentaristas e incluso abogados famosos a menudo discuten cuestiones críticas sobre políticas de seguridad nacional casi sin reconocer que las respuestas pueden depender de la fraseología de, por ejemplo, la Constitución o un estatuto. Y los críticos de las políticas de este gobierno casi nunca distinguen entre si una medida que está permitida en el marco jurídico y si esa medida es prudente en términos de políticas.
Por ejemplo, a principios de este año, el director de una organización legal que se enorgullece de lo que denomina su “enfoque no partidario de la ley” dio un discurso condenando lo que él llamó “el ataque opresor, implacable e ilegal de nuestro propio gobierno al Estado de derecho y nuestra libertad.” Según esta persona, actualmente vivimos en un -- "período de represión" en que la "palabra 'patriota' designa a un estatuto que ahoga la libertad," y en que enfrentamos “agresiones por parte de nuestro gobierno a los derechos constitucionales, la División de Poderes y las Convenciones de Ginebra.” Casi se puede escuchar rugir tanques en el transfondo.
Es interesante - y revelador - que hasta en la versión escrita publicada de estos comentarios por parte de un abogado, las referencias y las notas al pie no son textos legales, la Constitución, tratados o leyes, sino que el autor se basó en autoridades como el "New York Times", el "Washington Post" y la "New York Review of Books". Este estilo de crítica puede recibir muchas denominaciones - provocativo, quizás, o evidencia de que el autor puede ser considerado por algunas personas como alguien leído - pero no se lo puede considerar una crítica legal razonada.
Otra cosa que también está completamente ausente en estos comentarios, y en muchos comentarios por el estilo, es una valoración justa de los temas legales que realmente tienen que ver en el conflicto o un reconocimiento de la dificultad o la novedad de los interrogantes legales que enfrentaron los abogados del gobierno que tomaron estas decisiones. Tampoco se comentó el clima en que tomaron estas decisiones. Yo estaba en la Ciudad de Nueva York cuando los dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas y sé cómo fue estar en la ciudad en ese momento. Pero no puedo hablar por experiencia propia sobre lo que fue ser un abogado del Departamento de Justicia en ese momento. Seguramente hubo una presión casi inimaginable, sin el lujo académico de contar con tiempo infinito para debatir. Los abogados que tuvieron que dar opiniones legales cruciales en ese momento – y en tiempo real – obviamente no tuvieron tiempo de consultar la "New York Review of Books" cuando buscaban respuestas a estos interrogantes difíciles y apremiantes.
Si uno escucha a los críticos, se puede suponer, por ejemplo, que este gobierno, al afirmar que el "habeas corpus" no se aplicaba a combatientes enemigos extranjeros, trató de privar al poder judicial de su papel tradicional de cuestionar las decisiones de nuestros comandantes militares sobre a quién detener en campos de batalla en el extranjero. Obviamente, antes de este conflicto armado, los jueces federales nunca habían impuesto su autoridad de otorgarle "habeas corpus" a combatientes enemigos extranjeros capturados y detenidos en el extranjero.
Como hasta la mayoría en Boumediene reconoció, la Corte Suprema nunca había “determinado que no ciudadanos detenidos por nuestro gobierno” fuera de los Estados Unidos tenían “ningún derecho bajo nuestra Constitución. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la Corte había rechazado específicamente que el "habeas corpus" se pudiera aplicar en ese contexto. Por lo tanto, la postura del gobierno en Boumediene al menos estaba justificada por textos, historia y precedentes. Una mayoría de la Corte Suprema puede haber estado en desacuerdo, pero la postura del gobierno no representa precisamente un ataque al "habeas corpus", como afirman, pero no explican, sus críticos, como el autor a quien cité.
Y cuando se denuncia un supuesto ataque a las “Convenciones de Ginebra”, cabe esperar algún nivel de especificación en los cargos. No se puede “atacar” un tratado como un concepto abstracto; solo se puede violar el tratado actuando en contra de sus palabras. Las Convenciones de Ginebra contienen 319 artículos, de los cuales 315 claramente se aplican a conflictos armados entre las naciones que firmaron las Convenciones. No resulta sorprendente que los Estados Unidos hayan concluido que esas disposiciones no se aplicarían al conflicto armado contra Al Qaeda, un grupo terrorista internacional, no un país firmante de las Convenciones, hasta donde tengo entendido.
Un artículo común que aparece en cada una de las cuatro convenciones, el Artículo 3, brinda reglas que gobiernan “conflictos que no sean de carácter internacional”, como guerras civiles. El Presidente llegó a la conclusión rápidamente de que la guerra global contra Al Qaeda era de carácter decididamente internacional. En Hamdan contra Rumsfeld, una mayoría de la Corte Suprema estuvo en desacuerdo. Esta disputa legal limitada - nuevamente en contra de una interpretación del gobierno que era tanto razonable como coherente con textos, historia y precedentes - no justifica precisamente las críticas amplias, despreciativas y completamente subjetivas que se oyen tan a menudo.
Hago hincapié en estos tipos de crítica no porque sean tan extraordinarios, sino porque lamentablemente son típicos de personas que substituyen sus opiniones de política por cualquier análisis legal serio, y que convierten un desacuerdo legal de buena fe en una batalla sobre la supuesta existencia o inexistencia de los Principios de Ley. Obviamente la ironía es que la ley requiere un análisis serio del texto, los precedentes y la historia, y los Principios de Ley que no se beneficia sustituyendo ese tipo de análisis por una sensación petulante de indignación.
De hecho, este gobierno ha demostrado un fuerte compromiso con los Principios de Ley, con todo lo que eso implica, y sospecho, y admito que es una sospecha teñida de esperanza, que el próximo gobierno mantendrá mucho más de la arquitectura legal de este gobierno que lo que la retórica rigurosa que se escucha en algunos sectores parece sugerir. No obstante, me sigue preocupando cuando las críticas implacables a las políticas de este gobierno van más allá de un simple desacuerdo y entran en un terreno donde los críticos, e incluso funcionarios públicos, buscan invocar el sistema de justicia criminal para reivindicar sus opiniones de política. Por ejemplo, en junio de este año, 56 miembros del Congreso me enviaron una carta en la que solicitaban que designara un consejo especial para realizar una investigación criminal sobre las acciones del Presidente, miembros de su gabinete y otros abogados de seguridad nacional y profesionales de inteligencia sobre los interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia [Central Intelligence Agency (CIA)] de miembros capturados de Al Qaeda.
Los Miembros que firmaron esta carta no ofrecieron ninguna evidencia de que estos funcionarios del gobierno hubieran actuado basándose en un motivo que no fuera un deseo de buena fe de proteger a los ciudadanos de nuestra Nación de un futuro ataque terrorista. Tampoco brindaron alguna evidencia o indicio de que estos funcionarios del gobierno hubieran buscado aprobar alguna política que violara nuestras leyes. Todo lo contrario: como ya es de conocimiento público, antes de realizar interrogatorios, los funcionarios de la CIA pidieron asesoría al Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)], y no tengo conocimiento de alguna evidencia que estos abogados del DOJ hayan brindado salvo su mejor opinión respecto de lo que la ley requería.
Solicitudes informales de investigaciones criminales, así como también la fusión todavía más prolífica de desacuerdos legales con desacuerdos de política, reflejan una tendencia más amplia cuyos efectos institucionales pueden perdurar una vez finalizado el gobierno actual y podrían poner en riesgo nuestra seguridad nacional en el futuro.
He hablado en mayor detalle sobre estas inquietudes en diversos discursos recientes, en los que tomé muchos conceptos del libro del ex Secretario de Justicia Auxiliar Jack Goldsmith, "The Terror Presidency".
Debemos recordar lo que el Profesor Goldsmith ha dicho sobre lo que vio durante su período en el gobierno. Si bien puede haber estado en desacuerdo con parte del razonamiento legal empleado al tomar esas decisiones, él dejó perfectamente claro que a pesar de su desacuerdo, no vio ninguna evidencia de que quienes brindaron esos consejos lo hicieron de mala fe, por una razón que no fuera proteger al país durante un período de guerra o con la creencia de que lo que estaban haciendo iba contra la ley de ninguna manera. Es importante que quienes condenan con tanta rapidez a los abogados que trabajaban casi las 24 horas del día, durante meses, en el período posterior al 11 de septiembre, tengan eso en cuenta.
En su libro, el Profesor Goldsmith describe lo que él llama “ciclos de cautela y agresión” entre líderes políticos y comentaristas en su actitud hacia la comunidad de inteligencia. Estos ciclos se han producido anteriormente, desde la década de 1960 hasta la década de 1990, pero esos ciclos anteriores ahora son principalmente de interés histórico. El ciclo más reciente es mucho más que de interés histórico. Como explica el Profesor Goldsmith, después de los ataques del 11 de septiembre, “El discurso constante de la Comisión [del 11/9], el Congreso y los expertos de todo tipo era que el gobierno debía ser más activo contra la amenaza terrorista: más imaginativo, más agresivo, menos reacio a los riesgos” .
Después de estar siete años sin otro ataque terrorista, nuestros profesionales de inteligencia y abogados de seguridad nacional ahora escuchan un mensaje bastante diferente. Cuando 56 miembros del Congreso solicitan una investigación criminal de los profesionales y abogados, deberían no tener ninguna duda de que esos abogados, y claramente sus sucesores, recibirán el siguiente mensaje: si apoyan una política de contraterrorismo agresiva basándose en su creencia de buena fe de que esa política es legal, quizás un día sean enjuiciados por eso.
Los imperativos en competencia de proteger a la nación y resguardar nuestras libertades civiles merecen un debate público, y la supervisión y revisión del Congreso de nuestras actividades de inteligencia son de vital importancia. Pero tiene la misma importancia que este escrutinio se realice de manera responsable, teniendo en cuenta sus consecuencias institucionales. Queremos que los abogados den sus mejores consejos a quienes deben actuar, y queremos que quienes deban actuar sepan que pueden confiar en esos consejos.
Como bien sabe esta Sociedad, los Principios de Ley no se debilitan declarando con claridad y precisión exactamente lo que la ley requiere. Por el contrario, tanto nuestra ley como nuestra democracia se fortalecen cuando separamos las disputas legales de las disputas políticas, y cuando permitimos que nuestras disputas políticas se manifiesten de buena fe.
Obviamente en una democracia, la manera correcta de resolver disputas de política es a través de las urnas. Acabamos de celebrar elecciones y pronto un nuevo gobierno tomará las riendas en Washington. Lo que he hecho como Secretario de Justicia de los Estados Unidos ha sido intentar, junto con otros funcionarios de nuestro gobierno, asegurarme de que nuestras iniciativas de contraterrorismo se apoyen en bases institucionales y legales sólidas para que el próximo Secretario de Justicia de los EE.UU. y el nuevo gobierno tengan lo que necesitan para asegurar la seguridad de la Nación.
El próximo gobierno tendrá la oportunidad de revisar las instituciones y las estructuras legales que este gobierno ha utilizado para mantener segura a nuestra nación en los últimos siete años. No soy tan orgulloso como para pensar que el nuevo gobierno no podrá realizar mejoras, ni tan ingenuo como para pensar que las elecciones de política, o incluso las opiniones legales, que realicen serán idénticas a las nuestras.
Sin embargo, sí espero que el nuevo gobierno comprenda la amenaza que todavía enfrentamos y que comparta la prioridad que le dimos a seguir en la ofensiva para prevenir futuros ataques terroristas. Seguir en la ofensiva incluye no solo confiar en las herramientas que hemos establecido, sino también fomentar un clima en el que tanto los temas legales como los de política se debatan responsablemente, de manera tal que no se congele a la comunidad de inteligencia y no se disuada a abogados de seguridad nacional de tomar las decisiones que sean necesarias para protegernos.
Y espero que dentro de algún tiempo, después de que haya tenido la oportunidad de revisar las decisiones tomadas y el consejo legal brindado, el próximo gobierno reconozca que a pesar de cualquier diferencia de políticas, los abogados de seguridad nacional de este gobierno actuaron profesionalmente y de buena fe y que el país estuvo más seguro a raíz de eso.
Una oposición legal, por supuesto, sigue siendo una parte tan importante de la democracia como la mayoría al poder. En ese sentido, me complace que, ya sea que estén en el gobierno o no, muchos miembros de esta Sociedad seguirán formando parte del debate público y ayudarán a asegurar que el nuevo gobierno actúe de manera responsable y eficaz para proteger a nuestro país y los ideales en que se basa. Por eso, y por su apoyo basado en los principios que sostienen a esta Sociedad, estoy agradecido, y puedo decir con seguridad que la Nación también lo está.
Gracias.
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