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Comentarios del Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal en la Cumbre de Prevención de Fraude de Servicios Médicos en Los Ángeles
Los Ángeles ~ Jueves, 26 de agosto de 2010

Gracias, Sr. Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Es un verdadero placer estar con la Secretaria Sebelius y mi amigo y socio, el Fiscal Federal Andre Birotte, Jr., en esta segunda Cumbre Regional de Prevención de Fraude de Servicios Médicos. La asociación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)] nunca ha sido más fuerte. Y esa fortaleza proviene de un compromiso tangible que se extiende desde los niveles más altos de ambos Departamentos hasta los fiscales y agentes que trabajan codo a codo todos los días para detectar casos de fraude de servicios médicos.

Estas cumbres les dan a nuestras agencias la oportunidad de compartir nuestras historias de éxito, explicar nuestros enfoques innovadores de investigación y escuchar sus ideas e inquietudes y aprender de ellas. Hoy veo a muchos de nuestros asociados de Fuerzas de Ataque en la audiencia – agentes e investigadores del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; la Oficina del Inspector General de HHS; y el Buró de Fraude Médico y Abuso de Ancianos del Departamento de Justicia de California – quienes trabajan juntos para analizar los datos disponibles y los registros de investigación en busca de patrones de fraude, y siguen pistas y entablan casos con la mayor rapidez y responsabilidad posible.

Los resultados de estas asociaciones – entre agencias federales y con fuerzas del orden público estatales y locales – han sido excepcionales. En los últimos tres años, nuestro equipo ha presentado cargos criminales contra más de 810 personas de todo el país que intentaron estafar al programa Medicare con reclamos fraudulentos de aproximadamente $1.9 billones de dólares. Hemos identificado y enjuiciado ardides de promesas de suministro de equipos médicos durables (EMD), como sillas de ruedas motorizadas, a personas que nunca reciben los equipos; costosos tratamientos de infusión para el VIH a personas que no los necesitan; terapia física y servicios nunca prestados; y agencias de servicios médicos a domicilio cuyos "pacientes" reciben comisiones ilícitas a cambio de fingir que necesitan servicios médicos. Y los estafadores de L.A. representan casi cien millones de dólares de estos reclamos ilegítimos a Medicare.

En 2007, la División Criminal del Departamento de Justicia se replanteó su enfoque a la investigación y acusación de casos de fraude de servicios médicos. Nuestro enfoque de investigación ahora se basa en datos: en pocas palabras, nuestros analistas y agentes revisan datos de facturación a Medicare de todo el país; identifican patrones de conducta inusual en la facturación; y luego envían a nuestros equipos de "Fuerzas de Ataque" conformados por investigadores y fiscales a esos puntos conflictivos para investigar, hacer arrestos y enjuiciar. Y, a medida que aumenta la sofisticación y creatividad de los delincuentes, planeamos usar nuestras técnicas de investigación más enérgicas para pisarles los talones. Siempre que resulta posible, usamos operaciones encubiertas, escuchas y colocación de micrófonos autorizadas por tribunales, e informantes confidenciales para detener estos ardides.

Los resultados han sido históricos. El mes pasado, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder y la Secretaria Sebelius anunciaron la mayor operación federal contra el fraude de servicios médicos desde que comenzaron las operaciones de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare en 2007: se acusó a 94 demandados de cinco ciudades de fraude por más de $251 millones de dólares.

Y no solo estamos arrestando a estos estafadores: los estamos enviando a la cárcel y estamos recuperando el dinero que le robaron a sus víctimas. La semana pasada, un juez federal en Detroit sentenció al Dr. José Castro-Ramírez a 14 años de prisión por participar en un ardid para defraudar a Medicare en diversos ardides de terapia física y ocupacional. Además, el juez le ordenó al demandado pagar $9.4 millones de dólares en restitución. Estas sentencias estrictas y altas órdenes de restitución les dan un mensaje claro a quienes podrían emplear este tipo de ardides para robarles dólares a los contribuyentes: que el país simplemente no tolerará que se saquee el programa Medicare.

Aquí en Los Ángeles, nuestro trabajo conjunto ha tenido excelentes resultados. Quiero darles algunos ejemplos de logros de la Fuerza de Ataque de Los Ángeles:

  • Un hombre de Long Beach de 31 años fue condenado en abril por reclutar a familiares y miembros de la pandilla Brook Street, con sede en Santa Ana, para hacerse pasar por propietarios de empresas falsas de suministros médicos. Esas empresas falsas -- muchas de las cuales estaban bajo propiedad y control nominal de miembros de la pandilla -- facturaron fraudulentamente a Medicare sillas de ruedas y equipos innecesarios por un monto de $11.2 millones de dólares.
  • En otro caso, el propietario de una empresa de suministro de equipos médicos facturó a Medicare por sillas de ruedas motorizadas de un valor unitario de $7,000 dólares, a nombre de más de 170 beneficiarios, ninguno de los cuales realmente necesitaba las sillas de ruedas. En total, presentó reclamos falsos a Medicare por $1.1 millones de dólares. Sus acciones fueron de un sorprendente descaro. De hecho, beneficiarios ancianos y discapacitados de Medicare testificaron en su juicio que personas conocidas como "comercializadores" se les acercaron en la calle, en su casa o hasta en la iglesia y los convencieron de entregarles su número de Medicare y otra información personal a cambio de estas sillas de ruedas motorizadas gratuitas. Uno de los beneficiarios testificó que una persona que supuestamente era de Medicare, pero que en realidad era un asociado del demandado, la amenazó con cancelar sus beneficios de Medicare si no aceptaba una silla de ruedas motorizada que no necesitaba. En marzo, el demandado fue sentenciado a 9 años de prisión. Además, se le ordenó devolver los $526,000 dólares que había recibido de Medicare, sumados a una multa de $25,000 dólares.
  • En el pasado mes de mayo, fiscales de la Fuerza de Ataque de la ciudad presentaron una acusación formal contra cuatro demandados por un ardid en el que participaron diversas clínicas médicas en y los alrededores de Los Ángeles. Se alega que estas clínicas facturaron a Medicare casi $19 millones de dólares en reclamos fraudulentos presentando reclamos por exámenes de diagnóstico y médicos, sillas de ruedas motorizadas y accesorios, zapatos ortopédicos y para diabéticos y ortóticos: todo para beneficiarios que no lo necesitaban.

Estos casos dejan bien en claro por qué el modelo de la Fuerza de Ataque es una de las mayores prioridades de la División Criminal y el gobierno en general: tanto para proteger fondos de Medicare para las personas que necesitan servicios médicos ahora mismo, algunas de las cuales están muy enfermas, como para garantizar que nuestros hijos y sus hijos no tengan que enfrentar arcas vaciadas por delincuentes. Al atacar enérgicamente el fraude en el momento en que ocurre, les dejamos muy en claro a potenciales estafadores que el gobierno federal está atento. Estamos atentos en Nueva York, Miami, Detroit, Baton Rouge, Tampa y Houston. Y estamos atentos aquí en Los Ángeles; repito: estamos atentos aquí en Los Ángeles.

De más está decir que no hubiéramos podido lograr estos excelentes resultados sin el compromiso y la cooperación – no solo en palabras, sino también en acciones – de nuestros asociados en las fuerzas del orden público y el pueblo. Y, si bien no cabe duda de que debemos celebrar nuestros logros, estamos hoy aquí porque sabemos que no podemos detenernos ahora y debemos hacer más. De hecho, recién empezamos la verdadera batalla; y la vamos a ganar. Al asociarnos entre nosotros y educar al público sobre los ardides empleados por los estafadores – aquí en L.A. y en otras partes del país – podemos garantizar que los fondos del fisco público dedicados a brindar servicios médicos a todos los estadounidenses sean destinados a las personas que más lo necesitan y no a forrarles los bolsillos a los delincuentes.

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El panel de aplicación legal de hoy incluye a algunas de las personas que trabajan en el frente para abordar este problema. Están aquí para hablarles de cómo las fuerzas del orden público – fiscales y agentes – combaten este problema todos los días. Greg Andrés – uno de mis Secretarios de Justicia Auxiliar Adjuntos en la División Criminal – está aquí para dirigir el debate. Gracias por haberme invitado a acompañarlos hoy. Le cedo la palabra a Greg y al panel.