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Noticias
El Secretario de Justicia Auxiliar Thomas E. Prez testifica ante el Subcomité de la Cámara sobre la Constitución, los Derechos Civiles y las Libertades Civiles
~ Jueves, 29 de abril de 2010

Buenas tardes, Presidente Nadler, Miembro Sensenbrenner y Miembros del Subcomité. Gracias por realizar esta audiencia sobre temas asociados al otorgamiento justo de préstamos, los cuales se han vuelto una de las principales prioridades de la División de Derechos Civiles. También deseo agradecerles por la oportunidad de testificar ante ustedes hoy y contarles lo que está haciendo la División con respecto a estos temas críticos.

La crisis nacional de la vivienda que ha sido un factor de contribución significativo para las dificultades económicas que enfrenta nuestra nación, ahora sabemos que fue alimentada, en parte, por prácticas de otorgamiento de préstamos arriesgadas e irresponsables que permitieron que demasiados ciudadanos estadounidenses obtuvieran hipotecas insostenibles o impagables. De acuerdo con analistas del ramo, se perderán entre 8 y 13 millones de hogares debido a ejecuciones hipotecarias hasta el final de esta crisis. Alrededor de uno de cada cuatro prestatarios está enfrentando dificultades y debe más de lo que vale su casa.

Comunidades de todo el país han sido devastadas durante la crisis de la vivienda. Muchos estadounidenses de clase media que trabajaron arduamente para lograr el pilar más básico del Sueño Estadounidense - la vivienda propia - se han encontrado al borde del desastre y con riesgo de perder su bien más importante. El costo de las ejecuciones hipotecarias en nuestro país no se limita solo a las familias que han perdido sus hogares. Los hogares de decenas de millones de propietarios que han pagado sus hipotecas puntualmente perderán valor por estar ubicados cerca de una propiedad bajo ejecución hipotecaria.

Esta crisis ha agobiado a familias y comunidades de todos los tipos; sin embargo, es un hecho que, si bien la crisis de la ejecución hipotecaria ha afectado a muchas comunidades de todos los Estados Unidos, las comunidades de color han recibido el golpe más fuerte. Un estudio de las ejecuciones hipotecarias en el área de Nueva York realizado por el New York Times, concentrado en los vecindarios con tasas de incumplimiento de por lo menos el doble del promedio regional, encontró que el 85 por ciento de dichos vecindarios tiene una mayoría de propietarios negros o hispanos. El mismo estudio encontró que un hogar negro en la Ciudad de Nueva York con ingresos superiores a los $68,000 dólares al año tenía casi cinco veces más probabilidad de tener un préstamo "subprime" que los hogares blancos con ingresos similares o más bajos. Datos de la Ley de Divulgación de Créditos Hipotecarios para la Vivienda [Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)] indican que los prestatarios afroestadounidenses e Hispanos tenían muchas más probabilidades de recibir préstamos "subprime" que los prestatarios blancos. Un estudio del Centro de Otorgamiento Responsable de Préstamos de 2004 que suplementó los datos de la HMDA con datos de una base de datos que le pertenece, concluyó que los afroestadounidenses e Hispanos recibieron préstamos "subprime" más costosos que los prestatarios blancos, inclusive después de haber controlado su solvencia y otros requisitos para la emisión. El Fondo de Reinversión, en una serie de estudios sobre ejecuciones hipotecarias, encontró que al aumentar el porcentaje de residentes afroestadounidenses y latinos en una comunidad, también aumenta la proporción general de ejecuciones hipotecarias en la comunidad.

Cuanto más segregada sea una comunidad de color, más probable es que los propietarios que viven en el lugar sean objeto de ejecución hipotecaria. En parte, esto ocurre porque algunos de los prestamistas que realizaron los préstamos más tóxicos, o sea, los préstamos con mayor incumplimiento, buscaron específicamente a los residentes de dichas comunidades. El resultado es una gran cantidad de ejecuciones hipotecarias, muy próximas la una de la otra, con consecuencias devastadoras para la comunidad - muchas de las mismísimas comunidades en las que se realizaron inversiones significativas y que habían comenzado a revitalizarse y prosperar. He tenido la oportunidad de observar esta crisis y sus efectos devastadores en los ámbitos local, estatal y federal.

Como miembro del Consejo del Condado de Montgomery, Maryland, en la primera mitad de la última década, pude observar las realidades de la discriminación en préstamos en forma directa. El Condado de Montgomery, Maryland, es uno de los condados más ricos del país. También es racialmente diversificado. Inclusive al controlar la riqueza, los datos nos mostraron que los prestatarios afroestadounidenses e Hispanos tenían préstamos "subprime" en forma desproporcionada. Los datos en mi condado indicaron que los afroestadounidenses con mayores ingresos tenían seis veces más probabilidades de tener un préstamo "subprime" que las no minorías de ingresos altos.

En 2007, el Gobernador Martin O'Malley me pidió que fuera Secretario de la dependencia que supervisa la regulación financiera del Estado de Maryland. En este cargo en el tope de la crisis, tuve la oportunidad de trabajar en soluciones en el ámbito estatal. Aprobamos un paquete integral de reformas que ampliaban el proceso de ejecución, combatían el fraude, exigían que los prestamistas verificaran la capacidad de pago de un prestatario, y establecían el deber de los corredores de ofrecer los mejores productos para los que un prestatario reúna los requisitos, en lugar de uno que le brindara al corredor las comisiones más altas. La Tarjeta de Puntaje de Activos y Oportunidades de la Corporación para Desarrollo de Empresas de 2009-2010 indicó que Maryland tenía la ley más fuerte del país para prevenir los préstamos predatorios, igualado solo por Nuevo México.

Nuevamente, nuestro alcance era limitado, debido a que los actores nacionales de gran porte no están sujetos a la regulación estatal. Al trabajar dentro de nuestra esfera de autoridad limitada para combatir la crisis, tanto en el frente, donde se originaban los préstamos, como en el otro extremo, donde las personas perdían sus viviendas, el gobierno federal estuvo decididamente ausente.

Tal vez la mejor lección aprendida como funcionario local y estatal que se ocupaba de esta crisis fue que la supervisión y control federales son absolutamente esenciales para garantizar el otorgamiento de préstamos responsables y no discriminatorios.

Por este motivo, el Presidente Obama ha hecho del fraude hipotecario y la preservación de la vivienda una alta prioridad al establecer la Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero y una gama de programas para asistir a los propietarios de vivienda y comunidades en dificultades. Para implementar la orden del Presidente con respecto a los derechos civiles, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder y yo hemos hecho del otorgamiento justo de préstamos una de nuestras principales prioridades. La División de Derechos Civiles tiene la responsabilidad de hacer valer las Leyes de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidad de Crédito. La División recibe referidos de dependencias de regulación bancaria, las cuales deben referir casos al Departamento cuando una dependencia crea que pueda existir un patrón o una práctica de discriminación en un banco u otra institución financiera regulada. Hoy, seguimos iniciando demandas con base en dichas referidos, pero también nos estamos empeñando en tener un enfoque más proactivo con respecto a hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos. La División ha creado la infraestructura necesaria para brindar apoyo y ampliar nuestra labor de otorgamiento justo de préstamos, ha comenzado a identificar blancos importantes para el control y a dar nueva forma a nuestras relaciones con otras dependencias federales y asociados estatales, incluidos los Secretarios de Justicia estatales.

Hemos creado una Unidad de Otorgamiento Justo de Préstamos en la Sección de Vivienda y Control Civil de la División, a fin de dedicar más recursos a esta labor crítica. Tanto abogados de carrera actuales como recién contratados trabajarán en la unidad, y hemos contratado varios abogados nuevos para que ocupen cargos adicionales. La unidad también tendrá tres economistas de dedicación exclusiva, un estadístico matemático y personal profesional de dedicación exclusiva para que brinde asistencia a los abogados. Inicialmente, la unidad consistirá en más de 20 miembros del equipo que dedicarán una parte significativa de su tiempo a casos de préstamos. Creada con cierta similitud con la Unidad de Tráfico de Personas de la sección de la División Criminal, la cual logró resultados fantásticos, esta nueva unidad aumentará la capacidad, desarrollará mayores conocimientos y obtendrá resultados significativos. Recientemente, la División contrató cuatro nuevos abogados de préstamos de tiempo integral para complementar el equipo existente en la Sección de Vivienda. La División también ha contratado a un Consejero Especial de Otorgamiento Justo de Préstamos, un cargo de carrera principal en la Oficina del Subsecretario de Justicia, para asegurar que los problemas de otorgamiento justo de préstamos reciban atención inmediata y sean una alta prioridad.

La Unidad de Otorgamiento Justo de Préstamos está concentrando su labor en la gama entera de abusos observados en el mercado, desde problemas de acceso tradicional al crédito, tales como el "redlining", el "redlining" invertido, la discriminación en precios y otras áreas. Ningún caso único estará relacionado con la gama completa de conducta discriminatoria que ocurre en el mercado hipotecario. Sin embargo, lo que verán es una serie de casos, cada uno con prácticas discriminatorias específicas de otorgamiento de préstamos.

Por ejemplo, el mes pasado anunciamos un acuerdo conciliatorio con dos subsidiarias de AIG, en resolución de alegatos de que los prestamistas exhibieron un patrón o práctica de discriminación contra prestatarios afroestadounidenses. La demanda de la División alegó que se les cobraban cargos más altos a prestatarios afroestadounidenses en todo el país en préstamos al por mayor realizados por prestamistas a través de corredores contratados. El acuerdo conciliatorio de $6.1 millones de dólares representó la mayor suma de daños y perjuicios para víctimas ya lograda por el Departamento de Justicia en un caso de otorgamiento justo de préstamos, y la primera vez en que el Departamento responsabilizó a un prestamista por dejar de controlar las comisiones cobradas por un corredor para asegurar que dichas comisiones no se cobren de manera discriminatoria.

En otro tipo de abuso de otorgamiento discriminatorio de préstamo, en septiembre, la División logró un acuerdo conciliatorio con un banco de Alabama, el First United Security Bank, en resolución de alegatos de un patrón o práctica de discriminación racial. La denuncia alegaba que el banco cobraba a prestatarios afroestadounidenses tasas más altas en préstamos hipotecarios que las cobradas a prestatarios de raza blanca en situación similar, y que realizaba "redlining" al dejar de ofrecer sus productos y servicios de préstamos de forma igualitaria en áreas con mayoría afroestadounidense. El banco acordó abrir una nueva sucursal en un vecindario afroestadounidense, invertir $500,000 dólares en un programa de financiación especial para prestatarios y empresas estadounidenses y gastar más de $100,000 dólares en programas de extensión comunitaria para potenciales clientes y educación financiera del consumidor.

También en septiembre, la División entabló una demanda contra un banco y dos concesionarias de automóviles en Los Ángeles, alegando que violaron la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito al cobrarles a clientes que no eran asiáticos estadounidenses tasas de interés más altas. Uno de los tres demandados, Nara Bank, acordó en un acuerdo conciliatorio pagar hasta $410,000 dólares en resolución de los alegatos.

Estos casos son apenas el comienzo de lo que será una fuerte iniciativa de control para erradicar las prácticas discriminatorias de otorgamiento de préstamos en todos los mercados. Actualmente, tenemos 39 casos abiertos, incluidas 17 investigaciones y una demanda autorizada contra un importante prestamista asociada a alegatos de discriminación con base en el estado civil. Hemos identificado a siete prestamistas nacionales como blancos de nuestra labor de control. Si bien la crisis actual exige que gran parte de nuestra concentración esté dirigida a los préstamos hipotecarios, la unidad se ocupará de la discriminación en todas las áreas de préstamos, incluidos los préstamos sin colateral para consumidores, préstamos para la compra de automóviles y tarjetas de crédito.

Todas estas iniciativas son parte de una labor más amplia en todo el ámbito del gobierno para acabar con el fraude financiero para así poder erradicar las prácticas que llevaron a la crisis financiera y asegurar que no vuelvan a ocurrir. La Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero del Presidente está promoviendo una colaboración entre dependencias sin precedentes, una necesidad crítica ante una crisis sin precedentes. Soy copresidente, junto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano [Department of Housing and Urban Development (HUD)] y la Reserva Federal, del Grupo de Trabajo de No Discriminación de la Unidad Especial, a través del cual estamos trabajando con nuestros asociados en otras dependencias, así como en el ámbito estatal, para resolver tanto los problemas existentes como los emergentes. La semana pasada, acompañamos al Secretario de Justicia de Illinois, también miembro del Grupo de Trabajo, como anfitriones de un Foro de Otorgamiento Justo de Préstamos en Chicago para escuchar a especialistas del área sobre estos problemas.

Los referidos realizados por dependencias de regulación bancaria son un componente clave de nuestro programa de control asociado al otorgamiento justo de préstamos. A través de la Unidad Especial y nuestras relaciones directas con dependencias regulatorias, trabajaremos para asegurar que sigamos recibiendo un flujo constante de referidos, y colaboraremos con estas dependencias para que los problemas identificados en los referidos sean resueltos con la mayor rapidez posible.

También estamos trabajando con nuestros asociados en la identificación de potenciales violaciones de las leyes de otorgamiento justo de préstamos donde gran parte de la actividad de otorgamiento de préstamos ocurre hoy - al final del proceso - en modificaciones hipotecarias. Queremos asegurar que los propietarios no vuelvan a ser objeto de prácticas abusivas al intentar deshacerse de préstamos insostenibles. Pronto recibiremos datos del Programa de Modificación Accesible para la Vivienda [Home Affordable Modification Program ("HAMP")], separados por raza y grupo étnico, y los miembros del Grupo de Trabajo de No Discriminación están colaborando en métodos para analizar los datos del HAMP. También estaremos atentos a tendencias en el mercado mientras seguimos emergiendo de la recesión, y a medida que se vuelven a otorgar préstamos a un ritmo más fuerte.

Algunos alegan que hacer valer las leyes de derechos civiles enérgicamente en el contexto del otorgamiento justo de préstamos perjudicará justamente a las personas que estamos tratando de ayudar, y desestimulará el ambiente comercial. Esta no ha sido mi experiencia. Al contrario; la protección al consumidor con sentido común y la promoción de un ambiente sano de préstamos se complementan, y están inextricablemente entrelazadas. La ausencia de protecciones eficaces para los consumidores y la escasez de control federal significativa en años recientes no solo perjudicaron a comunidades de todo el país, sino que provocaron pérdidas enormes en el ramo y debilitaron la seguridad y la solidez de muchas instituciones de préstamos.

Además de nuestra labor en el área del otorgamiento justo de préstamos, nuestra labor asociada a los préstamos también se extiende a la Ley de Asistencia Civil a Miembros de las Fuerzas Armadas [Servicemembers Civil Relief Act (SCRA)], la cual garantiza que los miembros de las fuerzas armadas no sean objeto de ciertas acciones civiles cuando se encuentren en servicio activo. Bajo la SCRA, los acreedores no pueden ejecutar un embargo contra un miembro de las fuerzas armadas en servicio activo, sin primero obtener una orden judicial. Recientemente, autoricé demandas contra dos cobradores de hipotecas nacionales por violar la SCRA al ejecutar indebidamente a miembros de las fuerzas armadas en servicio activo. Seguiremos haciendo valer la SCRA diligentemente, asegurando que los hombres y las mujeres valientes que protegen nuestro país cuenten con la plena protección de la ley.

Resumidamente, la División de Derechos Civiles está actuando a todo vapor, y nos hemos vuelto una presencia prominente en el ambiente del otorgamiento justo de préstamos. A través de nuestra labor y nuestras asociaciones con otras dependencias federales y asociados estatales, seguiremos incrementando el cumplimiento asociado al otorgamiento justo de préstamos para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso igualitario al crédito. Dicho acceso es la base de nuestra economía y la raíz de la capacidad de las familias de acumular riquezas de una generación a la otra; sin dicho acceso la promesa de igualdad de oportunidades queda sin cumplir. En la División de Derechos Civiles, estamos trabajando nuevamente en asegurar que todas las personas y todas las familias tengan acceso a esos recursos que les permitirán disfrutar de la promesa de nuestra gran nación.

Tendré gusto en responder a las preguntas que los Miembros del Comité puedan tener.