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09/03/2011
35 miembros y asociados de la pandilla Barrio Azteca fueron acusados de asociación ilícita y otros delitos, incluidos 10 acusados de asesinatos en el Consulado de EE.UU. en Juárez, México

WASHINGTON - Treinta y cinco miembros y asociados de la pandilla Barrio Azteca (BA) fueron acusados en una tercera acusación formal sobreviviente revelada hoy de diversos cargos de asociación ilícita, homicidio, delitos asociados a drogas, lavado de dinero y obstrucción de la justicia, anunció el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder. De los 35 demandados, 10 ciudadanos mexicanos fueron acusados de los asesinatos del 13 de marzo de 2010 en Juárez, México, de la empleada del Consulado de EE.UU. Leslie Ann Enríquez Catton, su esposo Arthur Redelfs, y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, el marido de una empleada del Consulado de EE.UU.

Acompañaron al Secretario de Justicia de EE.UU. Holder en el anuncio de los cargos el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División de lo Penal, el Fiscal Federal John E. Murphy para el Distrito Oeste de Texas, el Director Auxiliar Ejecutivo del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] Shawn Henry y la Administradora Michele Leonhart de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. [U.S. Drug Enforcement Administration (DEA)].

Hoy, equipos de autoridades federales, estatales y locales estadounidenses arrestaron en Texas y Nuevo México a 12 de los demandados acusados aún sin detener. Siete de los 10 demandados acusados de los homicidios del 13 de marzo de 2010 y otros dos demandados contra los que se formularon cargos se encuentran detenidos en México. Las autoridades de EE.UU. están trabajando con las autoridades mexicanas en la extradición y otros asuntos relacionados con este enjuiciamiento en curso.

"La acusación formal revelada hoy representa nuestra acción continua para garantizar la seguridad a lo largo de nuestra frontera sudoeste, obtener justicia para las víctimas de delitos violentos en esta región y debilitar a organizaciones delictivas peligrosas que operan actualmente en México y los Estados Unidos", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder. "Estos arrestos y cargos criminales desmantelarán las operaciones actuales de Barrio Azteca, y reafirman que no toleraremos actos de violencia contra quienes sirven y protegen a los ciudadanos estadounidenses. Seguiremos trabajando con nuestros asociados en México y, juntos, incrementaremos nuestra labor conjunta sin precedentes para combatir la violencia y proteger a los pueblos estadounidense y mexicano".

"La acusación formal revelada hoy ofrece un panorama escalofriante de una pandilla altamente organizada y extremamente brutal", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Breuer. "Las víctimas, como tantas otras víctimas de las guerras mexicanas del narcotráfico, se encontraron, totalmente sin sentido, en el blanco de mira de una violenta empresa criminal". Se trata, a veces, de una batalla macabra. Pero que no queden dudas: dedicaremos toda nuestra fuerza a llevar a Barrio Azteca y otras pandillas ante la justicia por sus actos de violencia e intimidación a lo largo de nuestra frontera".

"Los crueles asesinatos de Leslie Enríquez, su marido Arthur Redelfs, y Jorge Salcido ilustran cuán insensata se ha vuelto la violencia cometida por los cárteles de narcotráfico y sus pandillas delictivas afiliadas", dijo el Fiscal Federal Murphy. "Acompañamos en su dolor a las familias de estas tres inocentes víctimas, así como a las miles de otras que han sufrido pérdidas trágicas para las que no hay reparación. La acusación formal es un reflejo de nuestra determinación de perseguir enérgicamente a los responsables por estos actos injustificables y hacerlos pagar por sus actos bajo el imperio de la ley".

"La violencia trasfronteriza es una amenaza grave para cuya prevención y eliminación estamos utilizando el poder de las asociaciones", dijo el Director Auxiliar Ejecutivo del FBI Henry. "Junto con nuestros otros homólogos de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales, estamos especialmente agradecidos a nuestras dependencias mexicanas asociadas por el apoyo crítico que brindaron para ayudar a resolver este caso y hacer con que los autores de estos delitos deban enfrentar a la justicia. Podemos estar en lados opuestos de la frontera, pero estamos del mismo lado de la ley".

"Los miembros de la pandilla Barrio Azteca son delincuentes con sangre fría sin ningún respeto por la ley o la justicia, y que asesinan a víctimas inocentes, trafican drogas e incitan a la violencia", dijo la Administradora de la DEA Leonhart. "Sin embargo, junto con nuestros asociados del FBI y el apoyo del gobierno de México, hemos demostrado que el imperio de la ley prevalecerá, y trabajando juntos enjuiciaremos a esos individuos para que paguen por sus actividades delictivas despiadadas".

La acusación formal alega que los demandados son miembros o asociados de la BA, la que comenzó a fines de la década de 1980 como una pandilla violenta de prisión, ampliándose hasta convertirse en una organización criminal transnacional. La BA está sedeada, principalmente, en el Oeste de Texas; Juárez, México; y en prisiones estatales y federales en los Estados Unidos y México. La pandilla cuenta con una estructura de comando militarista e incluye capitanes, tenientes, sargentos y soldados - todo con la finalidad de mantener el poder y enriquecer a sus miembros y asociados a través del narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión, la intimidación, la violencia, amenazas de violencia y asesinato.

La acusación formal alega que, para incrementar su poder e influencia, la BA formó una alianza con la organización de narcotráfico Vicente Carrillo-Fuentes (VCF) en México. Como parte de esta alianza, se alega que la BA conduce operaciones de coacción contra rivales de la VCF y que la VCF provee drogas ilegales a la BA a precios con descuento.

La acusación formal alega una infinidad de actividades criminales cometidas por miembros y asociados de la BA desde el 1º de enero de 2003, incluidos narcotráfico, extorsión, lavado de dinero, secuestro y asesinato, incluidos los del 13 de marzo de 2010 en el consulado en Juárez.

Específicamente, la acusación formal alega que, el 13 de marzo de 2010, Ricardo Valles de la Rosa llamó a un individuo en el Distrito Oeste de Texas y recibió verificación de la descripción de una persona a ser asesinada. La acusación formal alega que 10 miembros de la BA nombrados, entre otros, participaron en los homicidios de Enríquez, Redelfs y Salcido en Juárez.

José Antonio Acosta Hernández, alias “Diego”; Eduardo Ravelo, alias “Tablas”; Luis Méndez, alias “Alex”; Arturo Gallegos Castrellon, alias “Benny”; Ricardo Valles de la Rosa, alias “Chino”; José Guadalupe Díaz Díaz, alias “Zorro”; Martin Pérez Marrufo, alias “Popeye”; Luis Humberto Hernández Celis, alias “Pac”; Miguel Ángel Nevarez, alias “Lentes”; y Enrique Guajardo López, alias “Kiki” están imputados en la acusación formal con conspiración para matar personas en un país extranjero, homicidio resultante del uso y portación de un arma de fuego y homicidio con la finalidad de cometer delincuencia organizada por su supuesta participación en el homicidio de Enríquez, Redelfs y Salcido.

Hernández, Ravelo y Méndez se encuentran actualmente fugitivos. Los Estados Unidos han presentado órdenes de arresto provisionales al gobierno de México para la detención de estos hombres en conexión con este caso. Ravelo es actualmente uno de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, y el FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $100,000 por información que lleve directamente a su arresto.

Además de los homicidios del consulado, la acusación formal alega que, en diciembre de 2006, un miembro de la BA baleó y mató a José Luis Oviedo en El Paso. En 2007, se alega que miembros de la BA secuestraron a un hombre en El Paso y lo llevaron al otro lado de la frontera entre EE.UU. y México, a la ciudad de Juárez. En marzo de 2008, se alega que la BA ordenó el homicidio del miembro de la BA David Merez, quien fue asesinado ese mismo mes en Juárez. Asimismo, la acusación formal alega que la BA hizo que dos personas fueran baleadas y asesinadas en Socorro, Texas, el 2 de julio de 2009. En agosto de 2010, alega la acusación formal que miembros de la BA secuestraron a la esposa y padres de un miembro de la BA quien creían estar cooperando con las fuerzas del orden público de EE.UU. y también mataron a la hijastra del miembro de la BA.

De acuerdo con la acusación formal, la BA obtiene ganancias a través de la importación de México a los Estados Unidos de heroína, cocaína y marihuana. La acusación formal señala actos específicos en los que más de 8 kilos de heroína, más de 100 kilos de cocaína y casi 300 libras de marihuana están asociados a la posesión, distribución o importación de sustancias controladas a los Estados Unidos.

También se alega que miembros y asociados de la BA cobran un "impuesto callejero" o "cuota" a empresas y delincuentes que operan en su territorio. Estas ganancias son utilizadas para mantener a los miembros de la BA que se encuentran en prisión al encauzar dinero a cuentas de tiendas de prisiones de líderes de pandillas y para pagar por abogados de defensa o multas. También se alega que las ganancias provenientes de las "cuotas" se reinvierten en la organización para la compra de drogas, armas y municiones.

Si se los condena, los demandados enfrentan una variedad de penas máximas por cargo, incluida prisión perpetua.

Una acusación formal es apenas una acusación. Se supone que todos los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un juicio, más allá de la duda razonable.

Están a cargo de la acusación en este caso los Abogados Litigantes Joseph A. Cooley de la Unidad de Pandillas de la División de lo Penal, el Abogado Litigante Brian Skaret de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División de lo Penal y fiscales de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas. La Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México brindó importante asistencia en este caso, incluida la Fiscal Federal Auxiliar Sarah Davenport. Las Oficinas de Asuntos Internacionales y Operaciones de Coacción de la División de lo Penal brindaron asistencia valiosa. Las autoridades de las fuerzas del orden público estadounidenses y mexicanas, incluidas la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (Secretaría de Seguridad Pública o SSP) mexicanas cooperaron y brindaron asistencia recíproca en este caso en curso.

El caso fue investigado por el FBI y la DEA. Brindaron asistencia especial el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; el Servicio de Alguaciles Federales; Control de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.; el Buró Federal de Prisiones; el Servicio de Seguridad Diplomática de EE.UU.; el Departamento de Seguridad Pública de Texas; el Departamento de Justicia Penal de Texas; el Departamento de Policía de El Paso; la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso; el Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de El Paso; la Comisión de Alcohol y Bebidas de Texas; el Área de Alta Intensidad de Narcotráfico del Oeste de Texas; el Servicio de Libertad Condicional de EE.UU.; la Policía del Estado de Nuevo México; la Oficina del Alguacil del Condado de Dona Ana, N.M.; el Departamento de Policía de Las Cruces, N.M.; el Establecimiento Correccional del Sur de Nuevo México y la Prisión del Condado de Otero, N.M.

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