Noticias

Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos

PARA DIVULGACION INMEDIATA
21/10/2010
Dos empresas de Miami y dos individuos fueron acusados formalmente de participación en un ardid de fraude de servicios médicos asociado a $200 millones de dólares en facturación a Medicare

WASHINGTON - Dos empresas del ramo de la salud de Miami y cuatro propietarios y gerentes principales de las empresas fueron acusados formalmente hoy de su supuesta participación en un ardid de fraude asociado a aproximadamente $200 millones de dólares en facturación a Medicare por supuestos servicios de salud mental, anunciaron los Departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)]. En un proceso civil asociado, se obtuvo una orden de protección temporal para congelar los bienes de las compañías y personas acusadas.

Una acusación formal compuesta por 13 cargos revelada hoy en el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito Sur de Florida, acusa a American Therapeutic Corporation (ATC) y Medlink Professional Management Group Inc. (Medlink), así como a Lawrence S. Duran, Marianella Valera, Judith Negrón y Margarita Acevedo, alias Margarita De La Cruz, de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos. ATC, Duran y Valera también fueron acusados de 11 cargos de fraude de servicios médicos. ATC, Duran, Valera y Acevedo fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, para recibir comisiones ilícitas asociadas a servicios médicos y pagar comisiones ilícitas asociadas a servicios médicos. Los individuos fueron todos arrestados esta mañana en Miami y harán su comparecencia inicial en el Tribunal Federal de Distrito más tarde hoy. Agentes federales se encuentran ejecutando órdenes de allanamiento hoy en seis instalaciones de ATC y Medlink.

En una acción separada, se reveló hoy en el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito Sur de Florida una demanda civil por agravio judicial y se obtuvo una orden de protección temporal para congelar los activos de Duran, Valera, Negrón, Acevedo, ATC y Medlink.

"Desde que la Fuerza de Ataque comenzó a operar, raramente hemos visto algo como la conducta ilegal objeto de esta acusación formal, tanto en términos de la naturaleza como del tamaño del ardid", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal. "La Fuerza de Tarea se compromete a encontrar y enjuiciar a personas y compañías que intenten engañar de esta manera al contribuyente estadounidense".

"El fraude alegado en este caso estaba debilitando un programa médico de Medicare que provee un beneficio importante para beneficiarios que necesiten servicios psiquiátricos ambulatorios", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Tony West de la División Civil. "La acción criminal y civil coordinada de hoy se ha movido de manera a asegurar que los recursos vitales dirigidos a los beneficiarios sean protegidos, que se eliminen el fraude y el abuso en este programa y, al mismo tiempo, que se les confisquen a los demandados sus ganancias mal obtenidas".

De acuerdo con los documentos del tribunal criminal y civil, se alega que los demandados participaron en un ardid para defraudar al programa Medicare al presentar reclamos falsos por servicios de salud mental administrados en instalaciones de ATC que eran médicamente innecesarios o nunca fueron provistos. ATC, con sede principal en Miami, operaba supuestos programas de hospitalización parcial (PHPs) en siete localidades de Florida, desde Homestead a Orlando. El PHP es una forma de tratamiento intensivo para la enfermedad mental.

El expediente judicial alega que Duran, Valera, Acevedo y ATC pagaron comisiones ilícitas a propietarios y operadores de instalaciones de vivienda asistida [assisted living facilities (ALFs)] y centros de reingreso social a cambio de que las ALFs y centros de reingreso social enviaran pacientes de sus instalaciones a ATC. De acuerdo con la acusación formal, en muchos casos, los pacientes recibían una parte de las comisiones ilícitas de los propietarios y operadores de las ALFs y centros de reingreso social. Se alega que ATC facturó a Medicare por servicios supuestamente provistos a estos pacientes reclutados. De acuerdo con la acusación formal, los servicios no eran médicamente necesarios o no fueron provistos en absoluto. De acuerdo con la demanda civil, como rutina, ATC admitía a pacientes al programa PHP que sufrían de Alzheimer y demencia grave y, por lo tanto, no eran elegibles para el programa PHP porque su capacidad mental no les permitía beneficiarse a través de la terapia de grupo.

El expediente judicial alega que las fichas y notas de los pacientes de las sesiones de terapia eran alteradas como rutina en ATC, a fin de que pareciera que los pacientes tratados en ATC reunían los requisitos para tratamientos PHP, cuando de hecho no era así. De acuerdo con la acusación formal, se alega que Duran y Valera instruyeron a empleados y médicos de ATC que alteraran diagnósticos y tipos y niveles de medicación para que pareciera que los pacientes reunían los requisitos para tratamientos PHP. El expediente judicial también alega que Valera manipulaba la duración de las estadías de los pacientes a fin de maximizar el número de días que Medicare pagaría por los servicios PHP.

La demanda civil y la orden de protección temporal también nombran a American Sleep Institute Inc. (ASI) y D&V Development Inc., como participantes en el fraude de servicios médicos. El expediente judicial alega que ASI era propiedad de Valera y Duran, quienes la administraban, y que ASI presentó reclamos falsos al programa Medicare por estudios del sueño. De acuerdo con la demanda civil, D&V Development pertenecía a Valera y Duran y era operada por los mismos y fue establecida con la finalidad de desviar fondos recibidos por ATC y ASI.

"El anuncio de hoy ejemplifica la cooperación entre las Divisiones Criminal y Civil del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal en el Sur de Florida, HHS-OIG y el FBI", dijo el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer. "A través de la Fuerza de Ataque HEAT, hemos reunido nuestros recursos y mejorado nuestros esfuerzos para combatir el más reciente tipo de fraude de servicios médicos: el fraude asociado a programas de salud mental comunitarios. Como demuestra este caso, contamos con los conocimientos, el compromiso y los recursos para acabar con estos ardides fraudulentos emergentes".

"Los centros de salud mental comunitarios de todo el país atienden a una población singularmente vulnerable", dijo Daniel R. Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. "Quienes intenten defraudar este programa críticamente importante, como acusamos en este caso, deben prever tener que pagar un precio muy alto".

"Los arrestos y las órdenes de allanamiento de hoy avisan a cualquiera que se dedique a prácticas de fraude de servicios médicos de que no existen 'refugios seguros' para sus empresas en el Sur de Florida", dijo el Agente Especial a Cargo Interino William Maddalena. "El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] en Miami seguirá haciendo de este tipo de delito una alta prioridad".

Una acusación formal es una mera acusación y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Las acciones de hoy fueron anunciadas por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Secretario de Justicia Auxiliar Tony West de la División Civil; el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; el Agente Especial a Cargo John V. Gillies de la Oficina Local de Miami del FBI; y Daniel R. Levinson, Inspector General del HHS.

Están a cargo de la acusación en el caso los Abogados Litigantes Jennifer L. Saulino y Joseph S. Beemsterboer de la Sección de Fraude de la División Criminal, Vanessa I. Reed y Carolyn B. Tapie de la División Civil y el Fiscal Federal Auxiliar Ted L. Radway del Distrito Sur de Florida. El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del HHS. La demanda fue entablada como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Ataque en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 825 individuos que, en conjunto, facturaron de manera fraudulenta al programa Medicare aproximadamente $2 billones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Acción, Prevención y Control de Fraude de Servicios Médicos [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov.

10-1178