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10/06/2014
Dos Personas Fueron Acusadas de Encabezar una Conspiración para Defraudar y Extorsionar a Consumidores de Habla Hispana por Medio de Centros de Llamadas Fraudulentos

WASHINGTON - Un gran jurado en Miami, Florida, acusó formalmente a dos individuos y dos empresas por supuestamente operar centros de llamadas en Perú que mintieron y amenazaron a víctimas de habla hispana para que pagaran cargos de resolución fraudulentos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Stuart F. Delery de la División Civil del Departamento de Justicia, el Fiscal federal Wilfredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida y el Inspector Postal de EE.UU. a Cargo Ronald Verrochio de la Oficina de Miami realizaron el anuncio.

María Luzula, de Miami, y Juan Alejandro Rodríguez Cuya, de Lima, Perú, fueron acusados de conspiración, fraude postal y telegráfico y extorsión. Dos sociedades con sede en Miami – Angeluz Florida Corporation y Angeluz Miami, LLC – fueron acusadas de los mismos delitos.

"El Departamento de Justicia se compromete a combatir el fraude contra consumidores", señaló el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia Stuart F. Delery. "No se tolerarán las amenazas, declaraciones falsas y otras tácticas predatorias utilizadas para estafar a consumidores".

"El fraude contra el consumidor que apunta a una población específica es vergonzoso", señaló el Fiscal Federal Ferrer. "En este caso, se alega que los demandados tomaron como blanco a consumidores de habla hispana y los amenazaron falsamente con arresto, deportación, confiscación de propiedad o daño a sus puntajes de crédito cuando los consumidores se negaron a realizar un acuerdo por productos que no fueron entregados ni pedidos. Dichas tácticas son intolerables. La Fiscalía Federal se empeña en proteger a nuestros consumidores contra el fraude, unida a la Oficina de Protección al Consumidor de la División Civil del Departamento de Justicia".

"El Servicio de Inspección Postal de EE.UU. seguirá investigando y persiguiendo enérgicamente a quienes amenacen a nuestros ciudadanos y les estafen su dinero ganado con trabajo arduo, independientemente del país desde el que operen", dijo el Inspector Postal de EE.UU. a Cargo Verrochio.

De acuerdo con los alegatos en la acusación formal, los empleados de los demandados en Perú, por medio del uso de llamadas telefónicas vía Internet, mintieron a víctimas de habla hispana en EE.UU. acerca de multas que debían y demandas judiciales que se iniciarían contra las víctimas. Los llamantes peruanos amenazaron a las víctimas y le dijeron falsamente a cada víctima que él o ella se negaron indebidamente a recibir un envío de productos. Los llamantes alegaron, también falsamente, que las víctimas debían miles de dólares en multas. En realidad, las víctimas nunca habían pedidos los productos y no se había realizado ningún intento de entregar productos a las víctimas.

La acusación formal alega que los empleados de Luzula y Rodríguez Cuya alegaron que los consumidores podrían resolver las multas si pagaban de inmediato un "cargo de resolución". Se les dijo a los consumidores que disputaron los cargos de resolución que, si no pagaban, podrían ser objeto de arresto, deportación, confiscación de propiedad o que sus puntajes de crédito podrían verse perjudicados. A pesar de que, en general, los consumidores objetaron que no pidieron ni rechazaron el envío de ningún producto, miles de consumidores aceptaron pagar los cargos debido a estas amenazas. La acusación formal alega que una sala telefónica en Miami cobraba los cargos.

Luzula y Rodríguez Cuya fueron acusados originalmente por medio de demanda penal y arrestados el 10 de enero de 2013. Permanecen encarcelados desde sus arrestos.

Los cargos en la acusación formal son meros alegatos, y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

El Secretario de Justicia Auxiliar Delery elogió al Servicio de Inspección Postal por su labor de investigación y agradeció a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida por sus aportes al caso. Están a cargo del enjuiciamiento del caso el Abogado Litigante Phil Toomajian y el Director Auxiliar Richard Goldberg de la Oficina de Protección del Consumidor de la División Civil del Departamento de Justicia.

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