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PARA DIVULGACION INMEDIATA
10/05/2012
El Departamento de Justicia Entabla Demanda en Arizona contra el Condado de Maricopa, la Oficina del Alguacil y el Alguacil del Condado de Maricopa Joseph Arpaio

WASHINGTON - El Departamento de Justicia entabló hoy una demanda civil en el tribunal federal contra el Condado de Maricopa, la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa [Maricopa County Sheriff’s Office (MCSO)] y el Alguacil Joseph M. Arpaio, debido a actos inconstitucionales e ilícitos cometidos por los demandados.

La demanda se entabla después de una investigación exhaustiva e independiente iniciada en junio de 2008, de acuerdo con la Sección 14141 de la Ley de Control de Delitos Violentos y Coacción Legal de 1994 y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El 15 de diciembre de 2011, el departamento emitió una carta de conclusiones compuesta por 22 páginas, la que encontró causa razonable para creer que la MCSO y el Alguacil Arpaio exhibieron un patrón o práctica de conducta inconstitucional y/o cometieron violaciones a la ley federal. Después de la emisión de la carta de conclusiones, el departamento intentó alcanzar una solución con la MCSO y el Alguacil Arpaio y les proveyó un borrador de acuerdo conciliatorio integral. El acuerdo propuesto contenía una serie de reformas clave que habían sido implementadas con éxito en otros lugares. Sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxito, principalmente porque la MCSO y el Alguacil Arpaio se negaron a aceptar cualquier supervisión independiente a ser realizada por un monitor.

La demanda alega que el Condado de Maricopa, la MCSO y el Alguacil Arpaio exhibieron, y siguen exhibiendo, un patrón o una práctica de:

  • Acciones de coacción legal discriminatorias y, por otra parte, inconstitucionales, contra hispanos que eran parados, detenidos y arrestados debido a su raza, color u origen nacional;
  • Prácticas carcelarias discriminatorias contra reclusos hispanos con conocimientos limitados del idioma inglés; y
  • Represalias ilegales contra sus críticos percibidos, sujetándolos a acciones penales sin fundamento, demandas civiles infundadas o acciones administrativas sin mérito.

De acuerdo con la demanda, desde aproximadamente 2006, la MCSO y el Alguacil Arpaio vienen discriminando intencionalmente y sistemáticamente a hispanos. Han logrado esto al parar a hispanos en sus vehículos con una frecuencia de cuatro a nueve veces superior que a conductores no hispanos en situación similar. Además, la MCSO para a hispanos en los caminos del condado sin la justificación legal requerida. Asimismo, la MCSO detiene y registra a hispanos en los caminos, en sus hogares y en sus lugares de trabajo, sin justificación legal para hacerlo. Además, la MSCO maltrata a los detenidos hispanos con conocimientos limitados del inglés al ignorar solicitudes importantes si no se realizan en inglés y castigar a los detenidos si no comprenden órdenes impartidas en inglés. Finalmente, la MSCO entabla acciones administrativas, acciones civiles y casos penales infundados contra sus críticos percibidos, con la intención de limitar la libre expresión.

La conducta de la MCSO se aparta significativamente de las prácticas de coacción legal estándar de muchas maneras. Como describe la demanda, “La MSCO promueve y es indiferente a la conducta discriminatoria de sus agentes de las fuerzas del orden público, según lo demuestran políticas inadecuadas, capacitación inefectiva, medidas de responsabilización prácticamente inexistentes, supervisión deficiente, mecanismos de recolección de datos escasos, priorización de coacción distorsionada, [y] un sistema disciplinario y de quejas ineficaz.

Asimismo, la demanda alega que la conducta es producto de una cultura de indiferencia hacia los hispanos que comienza en la cima y se extiende por la organización. Con frecuencia, los empleados de la MCSO utilizan términos derogatorios para referirse a los hispanos, y el Alguacil Arpaio y supervisores de la MCSO, a través de sus palabras y acciones, sentan las bases y crean una cultura de parcialidad que contribuye a la realización de acciones ilícitas.

En la demanda, el departamento solicita un desagravio judicial y declaratorio que asegure que la MCSO implemente políticas y procedimientos para prevenir el patrón o la práctica de la conducta inconstitucional identificada en la demanda.

“En su esencia, se trata de un caso de abuso de poder contra el Alguacil Arpaio y la oficina del alguacil que ha hecho caso omiso de la Constitución, ignorado prácticas policiales sólidas, y que no hesitó en aplicar represalias contra críticos percibidos en una variedad de maneras ilícitas”, dijo Thomas E. Perez, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. “La acción policial constitucional y la acción policial eficaz van de la mano. La demanda detalla cómo las acciones del Alguacil Arpaio no han sido ni constitucionales ni eficaces. Nadie en el Condado de Maricopa está por arriba de la ley y el departamento luchará para asegurar que la promesa de la Constitución sea realizada por todos en el Condado de Maricopa".

Esta demanda fue entablada después de una investigación exhaustiva e independiente de las políticas y prácticas de la MCSO. Abogados, investigadores y expertos del Departamento realizaron entrevistas con más de 400 personas, incluidos 75 supervisores y delegados actuales y anteriores de la MSCO, entre los que se incluyó el Alguacil Arpaio y 150 actuales y anteriores presidiarios de la MCSO. Además, el departamento analizó miles de páginas de documentos. Muchas de estas entrevistas y gran parte de este análisis se demoró cuando la MCSO se negó a proveer los documentos y el acceso requeridos. Finalmente, la MCSO brindó el acceso y los documentos requeridos después de que el departamento entabló una demanda bajo el Título VI en septiembre de 2010.

La Sección 14141 prohíbe a las agencias de las fuerzas del orden público, como la MCSO, realizar actividades que representen un patrón o una práctica de violación de la Constitución o de leyes de los Estados Unidos. El Título VI y las normas que lo implementan disponen que los beneficiarios de asistencia financiera federal, tales como el Condado de Maricopa y la MCSO, no pueden discriminar debido a raza, color u origen nacional.

Desde la divulgación de sus conclusiones en diciembre de 2011, el departamento ha intentado en repetidas oportunidades lograr el cumplimiento voluntario de la Constitución y del Título VI por parte del Condado de Maricopa. La MSCO puso punto final a estos intentos en abril de 2012. Debido a la naturaleza profundamente arraigada de los problemas que enfrenta la MCSO, la demanda solicita una serie de reformas, incluida una orden judicial que exija que los demandados:

  • Desarrollen e implementen nuevas políticas y procedimientos, y capaciten a sus agentes en servicios policiales eficaces y constitucionales;
  • Implementen sistemas para asegurar la responsabilización y mejoren la calidad de los servicios policiales en todo el condado; y
  • Eliminen la parcialidad ilícita en todos los niveles de decisión asociada a la coacción legal.

Además, la experiencia del Departamento de Justicia indica que el camino más eficaz hacia la reforma sostenible incluye la designación de un monitor independiente que trabaje en conjunto con el departamento y la comunidad para asegurar la implementación eficaz de las disposiciones de cualquier orden judicial.

Esta investigación fue conducida por la Sección de Litigios Especiales de la Sección de Coordinación y Cumplimiento Federales de la División de Derechos Civiles con la asistencia de profesionales de las fuerzas del orden público, incluidos ex jefes de la policía, un asesor en prácticas carcelarias y un asesor en análisis estadístico. Actualmente, la investigación de la manera en que la MCSO maneja el abuso sexual sigue en curso. Los miembros de la comunidad del Condado de Maricopa que deseen brindar información al Departamento de Justicia pueden llamar al 1-877-613-2137 o enviar un mensaje de correo electrónico a community.maricopa@usdoj.gov.

Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, visite www.justice.gov/crt.

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