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PARA DIVULGACION INMEDIATA
21/10/2010
Empresa de California y dos ejecutivos fueron acusados formalmente por su supuesta participación en ardid para sobornar a funcionarios en empresa eléctrica estatal en México

WASHINGTON – Lindsey Manufacturing Company, una empresa de Azusa, Calif., y dos de sus ejecutivos fueron acusados formalmente hoy por sus supuestos papeles en una conspiración para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa estatal de servicios públicos, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal Lanny A. Breuer; el Fiscal Federal André Birotte Jr. del Distrito Central de California; Steven M. Martínez, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local en Los Ángeles del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y Leslie DeMarco, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local en los Ángeles de la División de Investigación Criminal de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service - Criminal Investigation (IRS-CI)]. 

 

Keith E. Lindsey, 65, de La Canadá, Calif.; Steve K. Lee, 60, de Diamond Bar, Calif; y Lindsey Manufacturing Company fueron acusados cada uno en una acusación formal relevante compuesta por ocho cargos, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y violaciones de la FCPA. La acusación formal relevante también acusa a Enrique Faustino Aguilar Noriega, 56, y Ángela María Gómez Aguilar, 55, ambos de Cuernavaca, México, quienes fueron anteriormente acusados formalmente el 15 de septiembre de 2010. Enrique Aguilar fue acusado de conspiración para violar la FCPA y violaciones de la FCPA. Enrique y Ángela Aguilar fueron acusados cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Según la acusación formal relevante, la CFE es responsable de suministrar electricidad en México y realiza contratos con empresas mexicanas y extranjeras por bienes y servicios para ayudar a brindar servicios eléctricos a sus consumidores. Enrique y Ángela Aguilar eran directores de Grupo Internacional de Asesores S.A. (Grupo), el cual alegaba proveer servicios de representación de ventas para empresas que realicen negocios con CFE.

De acuerdo con la acusación formal relevante, Lindsey Manufacturing contrató a Grupo como su representante de ventas en México y para obtener contratos para la empresa del CFE. Lindsey Manufacturing realiza sistemas de restauración de emergencia y otros equipos utilizados por empresas de servicios públicos de electricidad. De acuerdo con la acusación formal relevante, muchos de los clientes de Lindsey Manufacturing eran empresas de servicios públicos estatales extranjeras, incluida CFE, uno de los clientes más importantes de la empresa. Grupo recibió un porcentaje de los ingresos recibidos por Lindsey Manufacturing de sus contratos con CFE.

Desde aproximadamente febrero de 2002 a marzo de 2009, Lindsey Manufacturing, Lindsey, Lee y Enrique Aguilar supuestamente orquestaron un ardid en el que Enrique Aguilar recibió una comisión del 30 por ciento sobre todos los bienes y servicios que Lindsey Manufacturing vendió a CFE, aunque se trataba de una comisión significativamente más alta que la que habían recibido representantes de ventas de la compañía anteriores. La acusación formal relevante alega que Lindsey y Lee comprendían que toda o parte de la comisión del 30 por ciento sería utilizada para pagar sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de la adjudicación de contratos de CFE a Lindsey Manufacturing Company. Los costos de los bienes y servicios vendidos a CFE supuestamente sufrieron un aumento de precio del 30 por ciento para asegurar que costo adicional pagado a Enrique Aguilar era absorbido por CFE y no Lindsey Manufacturing.

Enrique Aguilar supuestamente causó la presentación de facturas fraudulentas del Grupo a Lindsey Manufacturing por el 30 por ciento del precio del contrato. De acuerdo con la acusación formal relevante, Lindsey y Lee luego hicieron que el dinero solicitado en las facturas fraudulentas fuera transferido a una cuenta de corretaje de Grupo, supuestamente a sabiendas de que las facturas eran fraudulentas y los fondos estaban siendo utilizados como soborno.

Enrique y Ángela Aguilar supuestamente luego lavaron el dinero en la cuenta de corretaje de Grupo para realizar pagos ocultos en beneficio de los funcionarios de CFE. De acuerdo con la acusación formal, Enrique y Ángela Aguilar compraron un yate por aproximadamente $1.8 millones de dólares de nombre "Dream Seeker" y un Ferrari por $297,500 para un funcionario de CFE. De acuerdo con la acusación formal, Enrique y Ángela Aguilar también pagaron más de $170,000 dólares en cuentas de American Express para el funcionario de CFE y enviaron aproximadamente $600,000 dólares a parientes de un funcionario de CFE.

Ángela Aguilar fue arrestada el 10 de agosto de 2010, debido a una acusación criminal cuando se dirigía de Houston a México. Se ordenó su detención y fue enviada al Distrito Central del California, donde permanece en custodia.

Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable.

El cargo de conspiración bajo la FCPA conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Cada uno de los cuatro cargos bajo la FCPA tiene una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $100,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Los cargos de conspiración y gran lavado de dinero tienen una sentencia máxima cada uno de 20 años de prisión y una multa de $500,000 dólares o el doble del valor de la propiedad asociada a la transacción, lo que sea mayor. La acusación formal también da aviso de confiscación criminal.

Están cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Douglas M. Miller en el Distrito Central de California. El caso fue investigado por la Oficina Local en los Ángeles del FBI y la Oficina Local en Los Ángeles de IRS-CI, con la asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal prestó asistencia significativa en el caso. El Departamento de Justicia también agradece a las autoridades mexicanas por su asistencia constante en este asunto.

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