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06/10/2010
Ochenta y nueve agentes de las fuerzas del orden público y 44 otros fueron acusados formalmente de delitos de narcotráfico en Puerto Rico

WASHINGTON - Ochenta y nueve agentes de las fuerzas del orden público y 44 otros en Puerto Rico fueron acusados en 26 acusaciones formales reveladas hoy y emitidas por un gran jurado en San Juan, Puerto Rico, durante el mes de septiembre de 2010, anunciaron hoy el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder y la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez del Distrito de Puerto Rico.

Los demandados enfrentan cargos que varían de conspiración para la posesión con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, intento de posesión con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. Los delitos de la acusación se refieren a un periodo desde el 26 de julio de 2008 o fecha aproximada hasta el 21 de septiembre de 2010.

Los arrestos de hoy son el resultado de la Operación "Guard Shack", la mayor investigación de corrupción policial de la historia del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Cerca de 750 agentes del FBI fueron enviados a Puerto Rico de distintos puntos del país para ayudar con los arrestos esta mañana. Actualmente 129 se encuentran detenidos y cuatro sujetos están fugitivos.

"El compromiso del Departamento de Justicia de acabar con y erradicar la supuesta corrupción en nuestras fuerzas del orden público nunca ha sido más fuerte", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder. "Este Departamento tiene un mensaje para cualquiera que esté dispuesto a abusar de la confianza pública por ganancias personales: los atraparemos, los detendremos y serán castigados".

Las acusaciones formales reveladas hoy son el resultado de 125 transacciones de narcotráfico encubiertas llevadas a cabo por el FBI en varias localidades de Puerto Rico de julio de 2008 a septiembre de 2010. La participación de los demandados en las transacciones de narcotráfico consistió en la provisión de protección armada a un narcotraficante durante la venta de múltiples kilos de cocaína. A cambio de sus servicios de seguridad durante las transacciones de narcotráfico encubiertas, los demandados, la mayoría de los cuales son agentes de las fuerzas del orden público, recibieron pagos de entre $500 y $4,500 dólares por transacción.

Los agentes de las fuerzas del orden público acusados formalmente hoy pertenecen a las siguientes dependencias: 60 demandados del Departamento de Policía de Puerto Rico [Puerto Rico Police Department [PRPD]); 16 demandados de diversos departamento de policía municipales; y 12 agentes del Departamento de Correcciones de Puerto Rico. Los restantes demandados incluyen: tres soldados de Guardia Nacional de Puerto Rico; dos oficiales del Ejército de EE.UU.; ocho ex agentes de las fuerzas del orden público ; un examinador administrativo de asuntos asociados al mantenimiento de hijos; un empleado de la Administración del Seguro Social; y 30 civiles.

"Estas acusaciones formales demuestran el compromiso del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal en Puerto Rico de erradicar la corrupción en nuestras fuerzas del orden público. No podemos dejar de asombrarnos debido la conducta delictiva revelada hoy de quienes juraron servir y proteger a los ciudadanos de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico merece y espera mucho más, y hoy transmitimos un mensaje muy claro. Seguiremos trabajando lado a lado con los muchos miembros honestos de las agencias de las fuerzas del orden público de Puerto Rico en nuestra lucha contra el narcotráfico, la delincuencia violenta y la corrupción en la isla", dijo la Fiscal Federal Rodríguez-Vélez.

"La corrupción pública no solo ataca el centro de la buena gobernación. También pone en peligro la seguridad de nuestras comunidades y nuestra nación", dijo el Director Auxiliar Ejecutivo del FBI Shawn Henry, Oficina de Delincuencia, Cibernética, Respuesta y Servicios. "Acaba con la confianza pública y debilita la fuerza de nuestra democracia. El FBI se compromete plenamente a investigar alegatos de corrupción pública y trabajará estrechamente con el Departamento de Justicia en presentar cargos cuando sea necesario".

Los 61 demandados del Departamento de Policía de Puerto Rico sonOmar Pérez Prado; Tte. Ángel Torres Figueroa; Carlos Fontañéz Mercado, alias "Machazo;" Yacira Vélez Miliàn; Heriberto Cruz Vargas alias "Yopi;" Giovanni Cubertier Morales; Armando Valle Vicenty; Melvin Acevedo Hernández; Jeff Marrero Malpica; José Fuentes-Fuentes; Nelson Álvarez Mendoza; Obed Acevedo Ranero; Joel Hernández Hernández; David González Pérez; Israel Rullan Santiago; Eusebio Hernández Nieves; Xavier Álvarez Pérez; Ángel Acevedo Pérez, Ángel Rivera Ortiz, alias "Kento;" Samuel Acevedo Rivera; Pedro A. Morales Cintrón; Michael Forestier Figueroa; Juan Cruz Ramos, alias "Tito K9;" Jorge Rosado García; José R. Sánchez Quiñones; Rafael Figueroa Quiñones; Mayra Jiménez Pacheco; Juan D. Santiago Rosado; Rolando Nieves Valentín; Brenda Acosta Andújar; Javier A. Díaz Castro; Arnold E. Benítez Rivera; Rafael Rodríguez Valentín; Ramón Benítez Falcón; Carlos M. Méndez Pérez; Juan Hernández Vega;  Daviel Salinas Acevedo; Pedro Ayala Rivera; Yamil M. Navedo Ramírez; Ivàn Santiago-Cruz; Daniel E. Ocasio Figueroa; Rafael Bautista Santiago; Isaías Reyes Arroyo; Sgt. Luis E. Pérez Ortiz; Héctor Hernández Aguilar; Karla M. Colón Bracero; Jim Santana Ramírez; Jayson Acevedo; José L. Salva Negrón; Milton L. Martínez Matos; Luis A. González Torres; Miguel Santiago Cordero; Alberto De La Rosa Reyes; José B. Vargas Torres; Héctor López Terrón; Johanna Caraballo López; Silverio Vera Monroy; Juan Jusino Ramos; Raúl Vega Sosa; Jonathan Ortiz Muñiz; y Héctor Olivero Alicea. Ricardo Vázquez (Reclutador del Ejército de EE.UU.); Rafael Ureña Rivera, alias "Indio (ex PRPD);" y William Rivera García (ex funcionario municipal).

Los16 demandados acusados formalmente que son agentes de la policía municipal son:Andy Alejandrino Sánchez; Arcadio Hernández-Soto; Raquel Delgado Marrero; Ángel L. Rivera Claudio; Joel Omar Aldarondo-Montalvo; Neftalí Valentín-Fred; José O. Maldonado García; Luis Joel Avilés Rullan; Mark Anthony Ortiz; Luis Román Herrera; Gabriel Lozada Torres; Onel Saavedra González; Rose M. Serrano Vargas; Wilfredo González Lagares; Francisco J. Riesta Natal; y José Pérez Pérez.

Los 12 demandados acusados formalmente que son agentes del Departamento de Correcciones de Puerto Rico son:Christian Díaz Maldonado; Olvin García Huertas; José L. Román Méndez; Rubén Maldonado Torres; Radamés Cortez Ozoa; Carlos M. Rosado López; Omar Torres Ruperto; Carlos M. Linares Vega; Bernis González Miranda; José R. Bermúdez Quiñones; Joel Díaz Nieves;  y Bernardo Cruz Trujillo.

Los 44 demandados restantesson: Carlos Figueroa Cruz; Anthony Cruz; Miguel Sánchez Román (Ejército de EE.UU., ex Municipal de San Juan); Rodolfo E. Torres Negrón; Melquíades Álvarez Mendoza; Juan Carlos González Ortiz; Nelmic De La Cruz Raposo; Jesús LNU; Axel González Terrón; Juan Cruz Tapia (Oficina del Seguro Social); Edgar Rafael Rivera De Jesús (PRPD retirado); Idanis García Morales (examinador de mantenimiento infantil); Christian Sotomayor Filomeno; Omar Cajigas; Abimael Hernández Rivera; Pedro González-Cruz; Rubín A. Maisonet De Jesús; Wayne  Cedeño Amador; Josué Ramírez González; Oscar E. Ramos Rodríguez; Antonio L. Román Reyes; Yancy Toro Espiet; Alex O. Cordero Cortez, alias "Omar De La Cruz;" Luis Vélez-Concepción; Billy Hernández; Edward Quiñones (ex PRPD); Christian A. Núñez-Reverón, alias "Kelvin Núñez," Roberto Molina (PRPD retirado); Francisco Manzano López (PRPD retirado); Abraham Sánchez (Guardia Nacional);  Héctor Hernández-Aldarondo; Rafael E. Pérez Rivera; Sargento Abraham González Sánchez (Guardia Nacional); Wendell Rivera Ruperto, alias "Arsenio Rivera," (ex Departamento de Correcciones de PR); David Maldonado (Guardia Nacional); Juan C. Ramos-Vargas, alias "Joseph Avilés;" Frederick Santos Ortiz, alias "Roberto Ortega;" Yoana Sierra Padilla (ex PRPD); Julio Gómez-Lloréns; Ricardo Amaro-Santiago; Eliezer Pagán Medina; y el Sargento Ricardo Vàzquez (reclutador del Ejército de EE.UU.).

Si se les condena, los demandados enfrentan sentencias de entre 10 años y prisión perpetua.

Están a cargo de la acusación en el caso las Fiscales Federales Auxiliares Courtney Coker y Jacqueline Novas. El caso está siendo investigado por la Oficina Local de San Juan del FBI.

Una acusación formal es apenas una acusación de conducta delictiva y no prueba de la misma. Se supone que un demandado es inocente hasta ser condenado a través de debido proceso de la ley.

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