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El Secretario de Justicia Auxiliar Tony West habla en la conferencia de prensa del anuncio de importantes acuerdos conciliatorios con fabricantes de productos farmacéuticos
Washington, DC
United States
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07/12/2010

Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Tony West y soy el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia. Como tal, superviso muchos de los litigios civiles del gobierno federal en todo el país. Me complace esta mañana que me acompañen tres grandes colegas y amigos: Carmen Ortiz, Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts; Wifredo Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida; y Dan Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A lo largo de los últimos dos años, el Departamento de Justicia - en colaboración estrecha con el Departamento de Salud y Servicios Humanos - ha hecho de acabar con el fraude de servicios médicos una de sus principales prioridades. Hoy, anunciamos los más recientes resultados de dicha labor. Hemos logrado acuerdos conciliatorios significativos con tres empresas farmacéuticas - Abbott Laboratories, Inc.; Roxane Laboratories, Inc. y B. Braun Medical, Inc. - acuerdos que colectivamente devuelven más de $421 millones de dólares a los programas Medicare y Medicaid. Estos acuerdos conciliatorios parten de demandas en las que alegamos que estas empresas realizaron un ardid complicado y complejo para comercializar sus medicamentos a través de un arreglo de precios ilícitos que implicó el pago de comisiones ilícitas financiadas por el dinero de los contribuyentes.

Ahora, antes de que mis colegas y yo describamos los detalles de este ardid complejo, permítanme observar que estos casos son los más recientes en una serie de acuerdos conciliatorios, fallos, condenas y multas que son parte de la iniciativa agresiva del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder de combatir el fraude en todas sus formas a lo largo de los últimos dos años. De hecho, me complace anunciar que, desde enero de 2009, la División Civil, en trabajo estrecho con nuestros Fiscales Federales asociados de todo el país, ha recuperado más dinero perdido al fraude que en toda la historia - más de $9 billones de dólares en casos civiles y criminales asociados al fraude contra contribuyentes y consumidores estadounidenses; una suma asombrosa y sin precedentes que representa la mayor recuperación asociada al fraude en cualquier periodo de dos años de la historia del Departamento.

Los casos que conforman esta suma inédita cubren el espectro completo de los casos de fraude de la División Civil: desde los casos de fraude financiero como el fraude hipotecario que victimiza a propietarios de vivienda que ya están luchando para conservar sus hogares; a casos de fraude de compras asociados a provisiones subestándar suministradas a nuestras tropas en Irak y Afganistán; a ardides de fraude de inversión asociados a falsas oportunidades comerciales que roban a pequeños empresarios honestos el dinero que tanto les costó ganar. Juntos, estos casos representan una iniciativa enérgica, coordinada y sostenida en el ámbito federal para llevar a los responsables ante la justicia, se trate de empresas de gran porte o personas, y es justamente eso lo que hemos hecho a lo largo de los últimos dos años.

Más de la mitad de esa suma inédita - más de $5 billones de dólares - está compuesta de casos de fraude de servicios médicos como los acuerdos conciliatorios contra Abbott, Roxane y B. Braun que anunciamos hoy.

Estos tres casos incluyen algo que se llama "Precio Mayorista Medio" [Average Wholesale Price (AWP)], o sea, el precio que las empresas informan a listas de precios nacionales publicadas como siendo el precio de sus medicamentos. El gobierno utiliza estas mismas listas de precios para pagar a proveedores de servicios médicos que compraron esos medicamentos para sus pacientes de Medicare y Medicaid.

Ahora, este era el sistema de honor: las empresas debían informar el Precio Mayorista Medio que realmente estaban cobrando por sus medicamentos pero, de hecho, alegamos, no es eso lo que hicieron. En su lugar, el AWP informado por estos demandados - los mismos precios utilizados por el gobierno para pagar a los proveedores - fueron significativamente exagerados. Esto permitió a las empresas farmacéuticas crear un incentivo por la compra de sus medicamentos, ya que los compradores podían pagar a las empresas farmacéuticas un precio y obtener el pago del gobierno a un precio exagerado y quedarse con la diferencia, o sea, esencialmente se trataba de un ardid de comisiones ilícitas financiado por el dinero de los contribuyentes. No solo esta práctica le costó a nuestros programas de salud pública millones de dólares, también amenazó debilitar la integridad de las elecciones que los proveedores médicos realizaron para sus pacientes.

De hecho, esta práctica era algo que se venían haciendo normalmente en la industria farmacéutica. Tanto era así que se decía que AWP, en lugar de Precio Mayorista Medio, significaba "Ain't What's Paid" ("no es lo que se paga").

Ahora, este fue un caso muy complicado y que requirió fuerte lucha y años de trabajo incansable, persistente y dedicado de nuestros abogados, asistentes legales e investigadores aquí en la División Civil, en las Fiscalías Federales para Massachusetts y el Distrito Sur de Florida y en la Oficina del Inspector General del HHS, especialmente a lo largo de los últimos tres años. Sin ellos, esta importante victoria para nuestros programas de salud pública no hubiera ocurrido. Es un recordatorio del alto compromiso al servicio público de nuestros servidores civiles federales.

Y ahora, me complace presentar a la Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz.