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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Lunes, 7 de diciembre de 2009
Dos ejecutivos de Florida, un intermediario de Florida y dos ex funcionarios del gobierno de Haití acusados formalmente por su supuesta participación en un ardid de sobornos en el extranjero

Dos ejecutivos de Florida de una empresa de telecomunicaciones con sede en el Condado de Miami-Dade, el presidente de Telecom Consulting Services Corp., con sede en Florida, y dos ex funcionarios del gobierno de Haití fueron acusados en una acusación formal emitida hoy por sus supuestos papeles en un ardid de sobornos, fraude electrónico y lavado de dinero en el extranjero.

De acuerdo con la acusación formal, los demandados supuestamente participaron en un ardid para realizar sobornos y lavado de dinero en el extranjero desde noviembre de 2001 hasta marzo de 2005, período en el cual la empresa de telecomunicaciones pagó más de 800,000 dólares a empresas fantasmas que serían usadas para sobornar a funcionarios extranjeros de la empresa nacional de telecomunicaciones propiedad del estado de la República de Haití, Telecommunications D’Haití (Haití Teleco).

De acuerdo con el expediente judicial, la empresa de telecomunicaciones firmó una serie de contratos con Haití Teleco, los cuales permitían que los clientes de la empresa realizaran llamadas telefónicas a Haití. Los supuestos pagos corruptos fueron autorizados por el presidente y el vicepresidente de la empresa de telecomunicaciones y se alega que fueron pagados a distintos funcionarios gubernamentales de Haití que trabajaban en Haití Teleco. De acuerdo con la acusación formal, la finalidad de estos sobornos era obtener diversas ventajas comerciales de los funcionarios de Haití para la empresa de telecomunicaciones, entre ellas la obtención de tarifas de telecomunicaciones preferenciales, la reducción de la cantidad de minutos por los que se debía pagar y el otorgamiento de una variedad de créditos para saldar las sumas debidas, así como también defraudar ganancias a la República de Haití. Para ocultar los pagos de sobornos, se alega que los demandados utilizaron diversas empresas fantasma para recibir y reenviar los pagos. Además, supuestamente crearon registros falsos que decían que los pagos eran para "servicios de asesoramiento", que nunca se planificaron o realizaron.

Las cinco personas acusadas en la acusación formal son:

  • Joel Esquenazi, 50, de Miami, el ex presidente de la empresa de telecomunicaciones, está acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)] y de cometer fraude electrónico, siete cargos de violaciones a la FCPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 12 cargos de lavado de dinero;
  • Carlos Rodríguez, 53, de Davie, Fla., el ex vicepresidente ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones, está acusado de un cargo de conspiración para violar la FCPA y de cometer fraude electrónico, siete cargos de violaciones a la FCPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 12 cargos de lavado de dinero;
  • Robert Antoine, 61, de Miami y Haití, un ex director de relaciones internacionales de telecomunicaciones de Haití Teleco, es acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero;
  • Jean Rene Duperval, 43, de Miramar, Fla. y Haití, un ex director de relaciones internacionales de telecomunicaciones de Haití Teleco, es acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 12 cargos de lavado de dinero; y
  • Marguerite Grandison, 40, de Miramar, la ex presidente de Telecom Consulting Services Corp., y hermana de Duperval, está acusada de un cargo de conspiración para violar la FCPA y de cometer fraude electrónico, siete cargos de violaciones a la FCPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 12 cargos de lavado de dinero.

Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable.

El cargo de conspiración para cometer violaciones a la FCPA y fraude electrónico conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Los cargos de violación a la FCPA tienen una pena máxima cada uno de cinco años de prisión y una multa de 100,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. El cargo de conspiración para cometer lavado de dinero tiene una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de las propiedades asociadas a la transacción. Los cargos de lavado de dinero tienen cada uno una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de las propiedades asociadas a la transacción. La acusación formal también da aviso de confiscación penal.

El 27 de abril de 2009, Antonio Pérez, el ex controlador de la empresa de telecomunicaciones, se declaró culpable de conspirar para cometer violaciones a la FCPA y lavado de dinero por su papel en el pago de sobornos a ex funcionarios de Haití Teleco.

El 15 de mayo de 2009, Juan Díaz, el presidente de J.D. Locator Services, una empresa fantasma intermediaria, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la FCPA y lavado de dinero. Admitió haber recibido más de 1 millón de dólares en sobornos de empresas de telecomunicaciones. Díaz admitió que luego había lavado el dinero de un ex funcionario gubernamental de Haití. La sentencia de Díaz está programada para el 29 de enero de 2010.

La investigación del gobierno sigue en curso. El Departamento de Justicia expresa su gratitud al gobierno de Haití por seguir brindando asistencia esencial para reunir pruebas durante esta investigación. En particular, la unidad de inteligencia financiera de Haití, la Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), el Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE), un componente especializado de la Policía Nacional Haitíana, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública proporcionaron cooperación y coordinación significativas en esta investigación en curso. La acusación formal fue emitida hoy después del arresto de Duperval realizado por el BAFE el 5 de diciembre de 2009, y su posterior aparición inicial en el Tribunal Federal de Distrito en Miami. Rodríguez y Grandison también realizaron apariciones iniciales hoy en Miami. Se han emitido órdenes de arresto contra Antoine y Esquenazi.

Están a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal, el Abogado Litigante Kevin Gerrity de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Aurora Fagan de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia en este caso. Los casos fueron investigados por la Oficinal Local de Miami de la División de Investigaciones Criminales de Servicios de Impuestos Internos [IRS Criminal Investigation (IRS-CI)].

09-1307
División Criminal