WASHINGTON – Cinco demandados, todos miembros o asociados de un grupo familiar, enfrentan la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua después de ser encontrados culpables de tráfico sexual por participar en un ardid que atraía a mujeres centroamericanas jóvenes al área de Los Ángeles y las forzaba a ejercer la prostitución, anunciaron la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Loretta King de la División de Derechos Civiles y el Fiscal Federal Thomas O’Brien para el Distrito Central de California.
Los demandados, cuatro guatemaltecos y un ciudadano de México, fueron condenados el 11 de febrero de 2009 por conspiración, tráfico sexual por la fuerza, fraude o intimidación; y por importación de extranjeros para la prostitución. El jurado del caso no pudo llegar a veredictos unánimes en cargos adicionales.
Durante un juicio de seis semanas, el gobierno presentó evidencia de que los demandados buscaban mujeres y muchachas jóvenes, sin educación, pobres e indocumentadas de América Central. Los demandados conspiraron para atraer y contrabandear a sus víctimas a los Estados Unidos para prostituirlas tentándolas con falsas promesas de trabajos legítimos. Pero después de arreglar el contrabando de las víctimas a través de la frontera entre los EE.UU. y México, los demandados usaban una combinación de amenazas, entre ellas engaños, violaciones, violencia física y brujería, para obligar a las víctimas a prostituirse.
Los demandados intimidaron y controlaron a sus víctimas, según demostró la evidencia, realizando amenazas de que si las víctimas intentaban escapar, los demandados o sus socios las encontrarían, las golpearían y matarían a sus seres queridos en Guatemala. Algunos demandados también empleaban a brujos para amenazar a las muchachas diciéndoles que ellas y sus familias serían maldecidas si intentaban escapar. Dos demandados restringían aún más a las víctimas encerrándolas por la noche y bloqueando ventanas y puertas para evitar que escaparan. El ardid de fuerza y control de los demandados también incluyó, según la evidencia presentada durante el juicio, golpizas y amenazas; manipulación de deudas; abuso verbal; manipulación psicológica; controles estrictos de los horarios laborales de las víctimas; y comentarios amenazadores sobre consecuencias que sufrieron las familias de otras víctimas que intentaron escapar.
Los demandados recogían las ganancias generadas por la prostitución forzada y controlaban los ingresos por prostitución, con lo que ganaban decenas de miles de dólares mientras que las víctimas casi no recibían nada.
Los demandados encontrados culpables son Gladys Vásquez Valenzuela, alias Gladys, 38; Mirna Jeanneth Vásquez Valenzuela, alias Miriam, 27; Gabriel Méndez, 34; María de los Ángeles Vicente, alias Ángela, 29; y Maribel Rodríguez Vásquez, 29. Todos los demandados enfrentan sentencias máximas por ley de cadena perpetua. Todos los demandados, a excepción de Rodríguez Vásquez, enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión.
La Jueza Federal de Distrito Margaret M. Morrow, que presidió el juicio, sentenciará a los demandados más adelante este año.
Los demandados adicionales Flor Morales Sánchez, Pablo Bonifacio, Luis Vicente Vásquez y Albertina Vásquez Valenzuela se declararon culpables con anterioridad de varios delitos relacionados con el ardid de los demandados.
"Es desgarrador ver a muchachas y mujeres victimizadas y explotadas de esta manera atroz. La División de Derechos Civiles trabajará junto con Fiscalías Federales en todo el país para eliminar este delito malicioso e intolerable y solicitar importantes sentencias a prisión para quien participe en estos actos infames", dijo Loretta King, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de Derechos Civiles. "Este veredicto es un mensaje a todos los traficantes sexuales internacionales y nacionales de que no pueden escapar a la justicia por cometer violaciones mayúsculas a los derechos humanos".
"Los demandados en este caso traficaban a seres humanos, usando el deseo de una vida mejor de estas víctimas para atraerlas a una situación en la que eran privadas de sus derechos humanos básicos", dijo el Fiscal Federal Thomas P.O’Brien. "Nadie debe ser victimizado de este modo".
Los enjuiciamientos de tráfico de personas son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En el Año Fiscal 2008, la División de Derechos Civiles y Fiscalías Federales entablaron un número récord de casos criminales de derechos civiles, entre ellos números récord de casos de tráfico sexual y tráfico de mano de obra.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares Cheryl O’Connor Murphy, Curtis A. Kin, Anthony J. Lewis, Sara J. Heidel y el Abogado de Litigios Especiales Andrew J. Kline de la División de Derechos Civiles. El caso fue investigado por las Agentes Especiales Tricia Whitehill y Valerie Venegas del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], Miguel Palomino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. y Jesús Quezada del Departamento de Trabajo de los EE.UU.
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