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Martes, 9 de junio de 2009
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Abogados de Jenkens & Gilchrist, contadores de BDO Seidman y banqueros acusados de fraude contributivo criminal asociado a beneficios contributivos generando más de siete billones de dólares en pérdidas contributivas fraudulentas

Se presentó una acusación formal hoy en la que se formulan cargos contra seis individuos -- tres ex-accionistas de la empresa de abogados Jenkens & Gilchrist (J&G), el ex-Presidente Ejecutivo y ex-socio de impuestos de la empresa de contadores BDO Seidman (BDO) y dos ex-bancarios de un banco extranjero con sede en Nueva York (Banco A) -- de conspiración para cometer fraude contributivo y delitos asociados que surgieron de beneficios contributivos promovidos por J&G, BDO y el banco.

De acuerdo con la acusación formal presentada hoy en el tribunal federal de Manhattan, los demandados y sus co-conspiradores diseñaron, comercializaron e implementaron beneficios contributivos fraudulentos utilizados por personas adineradas con ingresos tributables de millones de dólares, a fin de eliminar o reducir los impuestos que tendrían que pagar al Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)].

La acusación formal acusa a los siete individuos en 27 cargos separados, incluidos conspiración para defraudar al IRS, evasión de impuestos, e impedir y deteriorar el funcionamiento legal del IRS.

Las siete personas acusadas en la acusación formal son:

Paul M. Daugerdas, 58, de Wilmette, Ill., abogado, ex-Director de la oficina de Chicago de J&G en la división de derecho contributivo. Daugerdas es un contador público certificado que había sido asociado de Arthur Andersen LLP y Director del departamento de impuestos en la empresa de abogados de Chicago Altheimer & Gray (A&G).

Erwin Mayer, 45, de Winnetka, Ill., abogado, fue accionista de la oficina de Chicago de J&G en la división de derecho contributivo. Mayer es un contador que fue anteriormente socio de impuestos en la oficina de Chicago de A&G.

Donna Guerin, 48, de Elmhurst, Ill., abogada, fue accionista de la oficina de Chicago de J&G en la división de derecho contributivo. Guerin es una contadora pública certificada que fue anteriormente socia de impuestos en la oficina de Chicago de A&G.

Denis Field, 51, de Naples, Fla., es el ex-Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de BDO Seidman, ex-Director de su división nacional de derecho contributivo, y uno de tres líderes del "Grupo de Soluciones Contributivas" ["Tax Solutions Group"] de BDO, que se ocupaba de todos los aspectos de la práctica de beneficios contributivos de BDO. Field es un contador público certificado y abogado, con una Maestría en Ley Contributiva (LLM).

Robert Greisman, 48, de Deerfield, Ill. fue socio en la oficina de BDO de Chicago y miembro del Grupo de Soluciones Contributivas de BDO. Greisman es un contador público certificado y abogado.

Raymond Craig Brubaker, 53, de Plano, Texas, es un ex-representante de inversiones de la oficina de Dallas del Banco A. Brubaker, quien es un contador público certificado y abogado, fue anteriormente socio de impuestos en la oficina de Dallas de Arthur Andersen.

David Parse, 47, de Elmhurst, Ill., es un ex-representante de inversiones de la oficina de Chicago de Banco A. Parse es un contador público certificado.

Según alega la acusación formal:

Entre 1994 y 2004, los siete demandados y otros participaron en un ardid para defraudar al IRS al diseñar, comercializar, implementar y defender beneficios contributivos fraudulentos. Los conspiradores buscaron engañar al IRS sobre la buena fe de dichos beneficios y las circunstancias bajo las cuales se comercializaban e implementaban los beneficios.

Los demandados y sus co-conspiradores comprendieron que, si el IRS detectara el uso por sus clientes de estos beneficios contributivos y llegara a conocer los verdaderos hechos y circunstancias asociados a la creación, comercialización e implementación de los beneficios, el IRS disputaría enérgicamente los beneficios contributivos reivindicados. En dicho caso, el IRS buscaría cobrar impuestos debidos más intereses, y también podría imponer multas significativas a los clientes. Por lo tanto, los conspiradores evitaron que el IRS: (i) detectara el uso de los beneficios por sus clientes; (ii) comprendiera cómo funcionaban las transacciones para producir los resultados contributivos declarados por los clientes; (iii) se enterara de que los beneficios eran comercializados como productos masivos que eliminarían o reducirían obligaciones contributivas importantes; (iv) se enterara de que los clientes no estaban buscando oportunidades de inversión con ganancias, sino que buscaban beneficios contributivos enormes por los cuales pagaban honorarios basados en un porcentaje de la pérdida contributiva deseada; y (v) se enterara de que, desde el principio, la intención de todos los clientes era completar una serie de pasos previamente planificados que habían sido diseñados por los conspiradores para permitir los beneficios contributivos específicos que buscaban los clientes.

A fin de maximizar la apariencia de que los beneficios contributivos eran inversiones realizadas para generar ganancias, y para minimizar la probabilidad de que el IRS se enterara de que, en realidad, las transacciones habían sido diseñadas para crear pérdidas y deducciones contributivas, los demandados y sus co-conspiradores crearon y ayudaron a crear documentos transaccionales y otros materiales que describían falsa y fraudulentamente las motivaciones de los clientes para utilizar los beneficios contributivos y tomar los diversos pasos que rendirían beneficios contributivos.

A fin de estimular a los clientes a participar en los beneficios, y para proteger a los clientes de penalidades significativas que podrían ser impuestas si el IRS no permitía los beneficios reclamados, los demandados conspiraron para proveer a los clientes de J&G cartas de opinión que reclamaban que las pérdidas o deducciones de beneficios contributivos tendrían más probabilidades de sobrevivir la disputa del IRS. Los demandados sabían que dichas opiniones se basaban en declaraciones falsas y fraudulentas, y omitieron hechos materiales. Al ayudar a sus clientes a obtener cartas de opinión falsas y fraudulentas, con el entendimiento y la intención de que dichas cartas de opinión fueran presentadas al IRS, si y cuando los clientes fueran auditados, los demandados buscaron debilitar la capacidad del IRS de confirmar las obligaciones contributivas de los clientes y determinar si se deberían imponer multas.

Entre los beneficios contributivos fraudulentos diseñados, comercializados e implementados por los demandados y sus co-conspiradores se encontraban las "ventas cortas", la "estrategia de opciones cortas" ["Short Options Strategy (SOS)], "Swaps" y "HOMER". El beneficio contributivo de venta corta fue comercializado y vendido desde, por lo menos, 1994 a por lo menos 1999, a por lo menos 290 personas adineradas y generaron por lo menos 2.6 billones de dólares en pérdidas contributivas falsas y fraudulentas. El beneficio contributivo SOS fue comercializado y vendido desde por lo menos 1998 a por lo menos 2000, a por lo menos 550 personas adineradas y generaron por lo menos 3.9 billones de dólares en pérdidas contributivas falsas y fraudulentas. El beneficio contributivo Swaps fue comercializado y vendido en 2001 y 2002 a por lo menos 55 personas adineradas, y generó más de 420 millones de dólares en pérdidas contributivas falsas y fraudulentas. El beneficio contributivo HOMER fue comercializado y vendido en 2001 a por lo menos 36 personas adineradas, y generó más de 400 millones de dólares en pérdidas contributivas falsas y fraudulentas.

Los demandados Daugerdas, Mayer, Brubaker, Parse, Field y Greisman también elaboraron y utilizaron beneficios contributivos para sí mismos, a fin de evadir obligaciones contributivas personales sobre ingresos significativos que venían recibiendo por su diseño, comercialización e implementación de beneficios contributivos fraudulentos. Además, J&G proporcionó a Brubaker y Parse cartas de opinión gratuitas por sus beneficios contributivos personales, y proveyó cartas de opinión de beneficio contributivo a otros miembros del personal de Banco A.

El primer cargo de la acusación formal acusa a todos los demandados de conspiración para defraudar al IRS y para evadir impuestos. Además, cada demandado, excepto Parse, está acusado de múltiples cargos de evasión contributiva asociada al uso de diversos beneficios contributivos para clientes específicos. Cada demandado también está acusado de un cargo de acción corrupta para obstruir e impedir las leyes de impuestos sobre el ingreso. La acusación formal también acusa a Daugerdas y Mayer de evasión contributiva con base en su uso de beneficios contributivos fraudulentos para eliminar o reducir sus obligaciones contributivas sobre el ingreso personal entre 1999 y 2001.

Por el cargo de conspiración, cada demandado enfrenta una pena máxima de 5 años en prisión; 3 años de libertad bajo supervisión; una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias brutas del demandado, o el doble de la pérdida bruta para el IRS; de los anteriores, el que resulte mayor; y restitución. Por el cargo de conspiración, cada demandado enfrenta una pena máxima de 5 años en prisión; 3 años de libertad bajo supervisión; una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias brutas del demandado, o el doble de la pérdida bruta para el IRS; de los anteriores, el que resulte mayor; y restitución. Cada demandado también enfrenta una pena máxima de 3 años en prisión; 1 año de libertad bajo supervisión; y una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias brutas para el demandado o el doble de las pérdidas brutas para el IRS por el cargo de corruptamente buscar obstruir e impedir las leyes de impuestos sobre el ingreso, de los anteriores, el que resulte mayor.

El ex-vicepresidente del consejo de administración y miembro del directorio de BDO, Charles W. Bee, Jr., se declaró culpable el 3 de junio de 2009 a cargos asociados de conspiración para defraudar al IRS, evasión de impuestos y perjurio. Michael Kerekes, otro director de BDO Seidman y también ex-miembro del Comité de TSG y Opinión Contributiva de BDO, se declaró culpable el 13 de febrero de 2009 a cargos de conspiración y evasión de impuestos asociados. Adrian Dicker, un ex-vicepresidente del consejo de administración de BDO Seidman y miembro de TSG, también se declaró culpable el 17 de marzo de 2009 a cargos de conspiración y evasión contributiva relacionados.

"Nos empeñamos en responsabilizar a profesionales de impuestos y financieros cuyo engaño y fraude cuesten a este país millones en ingresos contributivos", dijo Lev L. Dassin, Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Nueva York. "Los alegatos contenidos en la acusación formal reflejan una descarada falta de respeto por la ley".

"En el ambiente económico de hoy, es más importante que nunca que el pueblo estadounidense confíe en que todos están actuando según las reglas y pagando los impuestos que deben", dijo el Comisionado de Servicios de Impuestos Internos Doug Shulman. "Los contribuyentes merecen nuestra vigilancia en la investigación y enjuiciamiento de alegatos de fraude por profesionales contributivos y financieros inescrupulosos que ayudan a otros a ocultar ingresos y evadir el pago de su parte justa de impuestos".

"Los profesionales deshonestos y fraudulentos, incluidos contadores, abogados y bancarios, deben estar atentos y tomar nota de la acusación formal de hoy", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Los profesionales que venden y promueven beneficios contributivos fraudulentos que ayudan a clientes adinerados a evadir impuestos ilegalmente están sujetos a la formulación de cargos de delito mayor y sentencias de prisión prolongadas".

Dassin agradeció al IRS y a la División de Impuestos del Departamento de Justicia por su trabajo en este caso.

El Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Sur de Nueva York Stanley Okula y la Jefa de la Sección Asistente de la División de Impuestos del Departamento de Justicia Nanette L. Davis están a cargo de la acusación.

Los cargos enunciados en la acusación formal son solo acusaciones y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

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