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Jueves, 19 de noviembre de 2009
El Departamento de Justicia recupera 2.4 miles de millones en casos de reclamos falsos en el año fiscal 2009; más de 24 miles de millones desde 1986
WASHINGTON - Los Estados Unidos lograron 2.4 miles de millones de dólares en acuerdos conciliatorios y fallos en casos asociados al fraude contra el gobierno en el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2009, anunció hoy el Departamento de Justicia. Esto representa la segunda mayor recuperación anual en reclamos de fraude civil en la historia, con la cual el total de recuperaciones desde 1986, cuando el Congreso fortaleció significativamente la Ley de Reclamos Falsos civil, alcanza más de 24 miles de millones de dólares.

"Acabar con el fraude y proteger a los contribuyentes contra la conducta ilegal están entre las más altas prioridades del Departamento de Justicia", dijo Tony West, el Secretario de Justicia Auxiliar de la División de lo Civil. "Aplaudo la dedicación de los servidores públicos que investigan y enjuician el fraude, y el coraje de los muchos ciudadanos que arriesgan sus carreras denunciando el fraude".

El Secretario de Justicia Auxiliar West continuó, "Las demandas que el departamento entabló este año ilustran el compromiso del gobierno de mantener la integridad del sistema de salud, asegurando que miembros de nuestra comunidad militar y de las fuerzas del orden público estén seguras, y protegiendo a los consumidores contra ardides fraudulentos. El éxito extraordinario de esta asociación pública-privada va mucho más allá de los 2.4 miles de millones de dólares recuperados e incluye a miles de millones de dólares ahorrados a través de la situación y la vigilancia".

El Secretario de Justicia Auxiliar West también elogió la labor importante de las dependencias federales y estatales que investigan y brindan apoyo a estos asuntos. "Estamos agradecidos por la dedicación de otras dependencias federales y secretarios de justicia estatales y las Unidades de Control de Fraude contra Medicare. Esta colaboración nos permite aprovechar todos nuestros recursos para combatir el fraude tanto contra los gobiernos estatales como el federal".

La asociación del gobierno con ciudadanos privados en la lucha contra el fraude quedó cimentada en 1986, cuando el Congreso enmendó la Ley de Reclamos Falsos, la principal herramienta de los Estados Unidos contra el fraude gubernamental. Las enmiendas fortalecieron a la ley al, entre otras cosas, modificar las disposiciones qui tam de la ley, las cuales tenían la finalidad de incentivar a los denunciantes a presentar alegatos de fraude. Las enmiendas de 1986 redujeron las barreras para los ciudadanos que entablan demandas en nombre del gobierno y aumentaron los incentivos para la presentación de dichas demandas. El Secretario de Justicia Auxiliar West homenajeó a los patrocinadores de las enmiendas, el Senador Charles Grassley y el Representante Howard L. Berman. "Sin el apoyo del Congreso para promulgar esta importante legislación", explicó el Secretario de Justicia Auxiliar, "no hubiera sido posible la recuperación de miles de millones de dólares de los contribuyentes perdidos al fraude desde 1986".

Asimismo, el Secretario de Justicia Auxiliar West expresó su gratitud a los Senadores Grassley y Patrick J. Leahy y al Representante Berman por su apoyo a la Ley de Recuperación y Coacción contra el Fraude de 2009, la cual realizó mejoras adicionales a la Ley de Reclamos Falsos y otras leyes asociadas al fraude. Señalando que varios tribunales han reducido el alcance de la Ley de Reclamos Falsos, el Secretario de Justicia Auxiliar dijo, "Las enmiendas de 2009 aclaran la ley y le brindan al Departamento de Justicia una herramienta poderosa en su labor de enjuiciar a quienes causen pérdidas a los Estados Unidos y perjudiquen a los contribuyentes".

De los 2.4 miles de millones de dólares en acuerdos conciliatorios y fallos obtenidos en el año fiscal 2009, casi 2 mil millones fueron recuperados en demandas entabladas bajo las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamos Falsos. Estas disposiciones autorizan a personas privadas, conocidas como "relatores", a entablar demandas en nombre de los Estados Unidos contra quienes reclamen fondos federales falsa o fraudulentamente. Tales casos pertenecen a la gama de programas con financiación federal, desde Medicare y Medicaid a contratos de defensa y otros contratos gubernamentales, hipotecas con seguro federal y programas federales de vivienda, préstamos de asistencia para desastres, subsidios agrícolas y otros. Las personas que, a sabiendas, realicen reclamos falsos de fondos federales son responsables por tres veces la pérdida sufrida por el gobierno, además de una multa de civil de 5,500 a 11,000 dólares por cada reclamo. Los relatores reciben de 15 a 20 por ciento del producto de un enjuiciamiento exitoso, si los Estados Unidos intervienen en la acción qui tam , y hasta un 30 por ciento si los Estados Unidos se rehúsan y el relator sigue adelante con la demanda por sí solo. En el año fiscal 2009, denunciantes recibieron 255 millones de dólares. (Esta cifra no incluye la parte correspondiente a los relatores después del 30 de septiembre de 2009).

Los acuerdos conciliatorios realizados en el año fiscal 2009 incluyen dos récords, ambos pertenecientes a demandas qui tam . En un acuerdo conciliatorio récord de reclamos federales a Medicaid, el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York acordaron pagar a los Estados Unidos 540 millones de dólares. En un acuerdo record en un caso de establecimiento de precios defectuoso de la Administración de Servicios Generales, NetApp Inc. y NetApp U.S. Public Sector Inc. pagaron al gobierno 128.7 millones de dólares.

Una alta prioridad de este gobierno es combatir el fraude de atención médica. El 20 de mayo de 2009, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos y el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)] anunciaron la creación de una nueva fuerza de tarea interagencias, el Equipo de Prevención y Coacción contra el Fraude de Atención Médica [Health Care Fraud Prevention and Enforcement Team (HEAT)] para aumentar la coordinación y optimizar la coacción penal y civil. Esta labor no solo protege al Fondo Fiduciario de Medicare para personas de la tercera edad y el programa Medicaid para los ciudadanos más necesitados del país, sino que también resultan en una atención médica de más alta calidad a un precio más razonable.

En el año fiscal 2009, las recuperaciones de fraudes de atención médica alcanzaron 1.6 mil millones de dólares, o sea, dos tercios del total del año. El Departamento de Salud y Servicios Humanos logró las mayores recuperaciones, en gran parte atribuibles a sus programas Medicare y Medicaid. También fueron obtenidas recuperaciones por la Oficina de Gestión de Personal, la cual administra el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales, el Departamento de Defensa para su programa de seguro TRICARE y el Departamento de Asuntos Veteranos, entre otros.

Las mayores recuperaciones en el área de la salud provinieron de empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos, las cuales fueron responsables por 866.7 millones de dólares en acuerdos conciliatorios, incluidos Aventis Pharmaceuticals Inc., Bayer HealthCare LLC, Eli Lilly & Company y Quest Diagnostics Inc. y su subsidiaria, Nichols Institute Diagnostics Inc. Además de las recuperaciones federales, estos casos farmacéuticos y de dispositivos médicos devolvieron 402 millones de dólares a programas estatales de Medicaid.

La investigación de la industria farmacéutica realizada por la División de lo Civil es parte de una iniciativa que comprende todo el ámbito del departamento. La División de lo Civil está investigando alegatos de una variedad de ardides, incluida la comercialización para usos no aprobados, la cual es la promoción ilegal de medicamentos o dispositivos facturados a Medicare y otros programas federales de salud para usos que no fueron encontrados seguros o eficaces por la Administración Alimentos y Fármacos [Food and Drug Administration (FDA)] o no cuentan con el apoyo de publicaciones médicas; pagar comisiones ilegales a médicos, mayoristas y farmacias para que induzcan compras de medicamentos o dispositivos; establecer precios de medicamentos exagerados, a sabiendas de que los programas federales de salud utilizan estos precios para reembolsar a los proveedores, y luego marcar un margen entre el reembolso federal y el costo más bajo del proveedor para inducir la compra de medicamentos; y, a sabiendas, dejar de informar el verdadero "mejor precio" del medicamento para reducir los descuentos debidos al programa Medicaid.

El fraude de compras fue responsable por un cuarto de las recuperaciones del año fiscal 2009 con 608.4 millones de dólares en acuerdos conciliatorios y fallos, incluidos 422 millones de dólares atribuibles a contratos del Departamento de Defensa. De esa suma, 59 millones estuvieron asociados a contratos en apoyo a las guerras en Irak y Afganistán, incluidos dos acuerdos conciliatorios con The Boeing Company por un total de 27 millones de dólares y un acuerdo conciliatorio de 26.3 millones de dólares con APL Limited. Con esto, los acuerdos conciliatorios y fallos en casos de fraude de compras asociados a las guerras en el Sudoeste de Asia alcanzan un total de 76 millones de dólares, con muchos casos aun pendientes.

09-1253
División de lo Civil