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Lunes, 23 de noviembre de 2009
Ex gerente general de negocio de Texas arrestado por su papel en un supuesto ardid para sobornar a funcionarios de una empresa eléctrica estatal mexicana
Intermediario mexicano se declara culpable por su papel en ardid de sobornos en el extranjero

WASHINGTON – El ex gerente general de una empresa con sede en Sugar Land, Texas fue arrestado el 18 de noviembre de 2009 por su supuesto papel en una conspiración para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano para asegurarse contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa de servicios estatal mexicana, anunciaron Lanny A. Breuer, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal; Richard C. Powers, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local en Houston del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y Rodney E. Clarke, Agente Especial a Cargo de la Oficina en Houston de la División de Investigación Penal de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service - Criminal Investigation (IRS-CI)]. Además, un ciudadano mexicano se ha declarado culpable por su papel en el ardid de sobornos.

John Joseph O’Shea, 57, de Pleasanton, Calif., fue acusado en una acusación formal de 18 cargos emitida por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas el 16 de noviembre de 2009 por conspiración, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], lavado de dinero a nivel internacional y falsificación de registros en una investigación federal. La acusación formal fue emitida al momento de su arresto. La acusación formal alega que mientras se desempeñaba como gerente general de una unidad de negocios en Texas de una subsidiaria estadounidense de una corporación suiza, O’Shea organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos. Según la acusación formal, el principal negocio de la unidad de Texas era brindar productos y servicios a empresas de servicios eléctricos, muchas de las cuales eran empresas estatales extranjeras, para la administración de redes de generación, transmisión y distribución de energía.

La acusación formal alega que la unidad de negocios de Texas administrada por O’Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México, según el cual la empresa mexicana recibía un porcentaje de las ganancias generadas de los negocios con empresas gubernamentales de servicios públicos mexicanas, entre ellas la CFE. La unidad de negocios de Texas, según la acusación formal, recibió diversos contratos con la CFE por bienes y servicios relacionados con la red de la CFE mientras tuvo a la empresa mexicana como representante de ventas. Fernando Maya Basurto, 47, de México, D.F., era un ejecutivo de la empresa mexicana y realizaba trabajos para la unidad de negocios de Texas en sus contratos con la CFE.

En diciembre de 1997, la CFE le otorgó un contrato a la unidad de negocios de Texas, conocido como el contrato SITRACEN, para realizar importantes mejoras estructurales al sistema de redes eléctricas de México. Según la acusación formal, el contrato SITRACEN le generó más de 44 millones de dólares de ganancias a la unidad de negocios de Texas. Luego, aproximadamente en octubre de 2003, la CFE le otorgó a la unidad de negocios de Texas un contrato de varios años para tareas de mantenimiento y mejoras respecto del contrato SITRACEN, conocido como el contrato Evergreen.

Para el contrato Evergreen, la acusación formal alega que O’Shea, Basurto, funcionarios de la CFE y otras personas acordaron que alrededor del 10 por ciento de las ganancias que la unidad de negocios de Texas recibiera de la CFE serían devueltas a funcionarios de la CFE a modo de soborno. La acusación formal alega que el contrato Evergreen, un otorgamiento de una sola fuente, le generó más de 37 millones de dólares de ganancias a la unidad de negocios de Texas. La acusación formal alega que también se acordó que O’Shea recibiría aproximadamente el uno por ciento de las ganancias del contrato a modo de comisión ilícita. O’Shea, Basurto y otros supuestamente usaron facturas falsas de empresas mexicanas como bases para realizar transferencias telegráficas internacionales que alegaban ser pagos legítimos por “servicios técnicos” y “servicios de soporte de mantenimiento”. La acusación formal alega que en realidad eran pagos corruptos y que las empresas no realizaron ningún trabajo para la unidad de negocios de Texas. O’Shea, Basurto y otros supuestamente realizaron pagos adicionales por “comisiones” a Basurto y su familia que luego fueron transferidos a funcionarios de la CFE. Según la acusación formal, en conexión con el contrato Evergreen, O’Shea autorizó más de 900,000 dólares en pagos corruptos a funcionarios de la CFE antes de que una investigación interna por parte de la corporación suiza detuviera las transferencias. Luego la corporación suiza divulgó voluntariamente los pagos al Departamento de Justicia y la Comisión de Títulos y Valores de los EE.UU. [U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)] y dijo que está cooperando plenamente con sus investigaciones.

Además, la acusación formal alega que O’Shea, Basurto y otros participaron en una operación de encubrimiento después de que O’Shea fue despedido de la unidad de negocios de Texas, que incluyó inventar documentos que supuestamente eran evidencia de una relación comercial legítima entre la unidad de negocios de Texas y las empresas mexicanas que entregaron las facturas falsas. Según la acusación formal, Basurto y O’Shea intercambiaron correos electrónicos en los que comentaron la redacción de correspondencia falsa y un contrato falso.

Una acusación formal es apenas un alegato y O’Shea es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable.

El cargo de conspiración y la falsificación de registros en una investigación federal tienen una pena máxima cada uno de cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Cada uno de los 12 cargos bajo la FCPA tiene una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 100,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Los cuatro cargos de lavado de dinero internacional tienen una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de la propiedad asociada a la transacción, lo que sea mayor. La acusación formal también da aviso de confiscación penal.

Basurto se declaró culpable el 16 de noviembre de 2009 ante la Jueza Federal de Distrito Lynn N. Hughes en Houston de un cargo que lo acusaba por su papel en la conspiración. En su declaración de culpabilidad, Basurto admitió que mientras se desempeñaba como representante de ventas de la unidad de negocios de Texas, conspiró con terceros para realizar pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a lavar el dinero de los sobornos y participó en un encubrimiento para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia y la SEC. Basurto también admitió haber presentado facturas falsas y ayudado a inventar correspondencia a raíz de investigaciones federales sobre los sobornos. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Basurto ha acordado cooperar con el Departamento de Justicia en su investigación en curso.

Basurto fue arrestado en Dallas el 25 de abril de 2009 por una denuncia penal que lo acusaba de conspiración para organizar transacciones y de organizar transacciones para evadir requisitos de declaración de divisas y fue detenido. Posteriormente, fue acusado formalmente por los mismos cargos el 10 de junio de 2009.

Estuvo a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. El caso fue investigado por la Oficina Local en Houston del FBI y la Oficina Local en Houston del IRS-CI. La SEC brindó asistencia y cooperación significativas en este caso. El Departamento de Justicia también desearía agradecer a la República Federal de Alemania por brindar evidencia relacionada con este investigación.

09-1265
División de lo Penal