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Martes, 17 de noviembre de 2009
Una ciudadana mexicana fue sentenciada a 121 meses en prisión por su participación en una organización que forzó a jóvenes mexicanas a trabajar como esclavas sexuales en Nueva York
WASHINGTON – Consuelo Carreto Valencia, una miembro de la red de tráfico sexual de la familia Carreto que operaba entre México y Queens, N.Y., fue sentenciada a 121 meses en prisión por obtener beneficios financieros de su participación en la organización que transportaba a jóvenes mexicanas a los Estados Unidos, obligándolas a ejercer la prostitución. El proceso de emisión de sentencia fue realizado hoy ante el Juez Federal de Distrito Frederic Block en el Tribunal Federal de Brooklyn, N.Y.

La sentencia fue anunciada por Thomas E. Perez, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles, Departamento de Justicia de EE.UU.; Benton J. Campbell, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York; y John Morton, Secretario Auxiliar, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigrations and Customs Enforcement (ICE)], Departamento de Seguridad Nacional.

Entre 1991 y 2004, Carreto Valencia fue gerente de la operación de tráfico sexual perteneciente a su familia y con sede en Tenancingo, Tlaxcala, México. Ella y sus hijos, Josué Flores Carreto y Gerardo Flores Carreto, y otros, reclutaban a mujeres y niñas jóvenes y sin educación de áreas pobres de México y utilizaron o aprobaron una combinación de engaño, fraude, amenazas y violencia física - incluidas la violación y el aborto obligado - para obligarlas a prostituirse en burdeles de toda el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York, incluidos Queens y Brooklyn. Carreto Valencia y su familia ganaron centenas de miles de dólares con la red de prostitución, mientras que las víctimas que habían sido separadas de sus familias en México ganaron prácticamente nada.

En su declaración de culpabilidad el 22 de julio de 2008, Carreto Valencia admitió que, mientras vivía en México, recibió transferencias telegráficas de dinero de Nueva York, totalmente conciente de que se trataban del producto de actos de prostitución llevados a cabo por mujeres que habían sido reclutadas y contrabandeadas a los Estados Unidos por sus hijos y otros. También admitió que sabía que las jóvenes habían sido forzadas a prostituirse en los Estados Unidos.

"Las víctimas en este caso fueron privadas de su libertad, dignidad y sus derechos humanos. Este caso debe transmitir un mensaje claro a quienes abusen de los derechos de inocentes por ganancias financieras de que el gobierno federal estará presente para llevar a los actores ante la justicia", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Perez.

"Es desmesurado que en este día y era existan personas que mantendrían a otros seres humanos en condiciones de esclavitud, obligándolos a ejercer la prostitución para forrar sus propios bolsillos", dijo el Fiscal Federal Campbell. "Como demuestra el caso, los traficantes sexuales que operen desde el exterior deben estar avisados de que no encontrarán refugio contra las fuerzas del orden público de los Estados Unidos". El Sr. Campbell extendió su gratitud a las agencias y personas en los Estados Unidos y en el exterior que ayudaron en la investigación.

"Aunque Carreto Valencia va a la prisión, aun quedan delincuentes que obligan y trafican a jóvenes mujeres y niños para que ejerzan la prostitución", dijo el Secretario Auxiliar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] Morton. "Este caso prueba el compromiso del ICE y de sus asociados de las fuerzas del orden público de asegurar que no haya refugio para quienes busquen poner en peligro y deshumanizar a mujeres y niños inocentes".

Anteriormente, en abril de 2006, Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto, y el codemandado Daniel Pérez Alonso fueron sentenciados a periodos en prisión de 50, 50 y 25 años, respectivamente, después de sus declaraciones de culpabilidad de 2005. Carreto Valencia fue extraditada de México a los Estados Unidos en enero de 2007 para ser juzgada.

Están a cargo de la acusación por el gobierno la Fiscal Federal Auxiliar Monica E. Ryan y Hilary Axam, Directora Adjunta de la Unidad de Enjuiciamiento de Tráfico de Personas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU.

El caso fue investigado por Agentes Especiales del ICE de la Oficina de Nueva York, con asistencia proporcionada por Agentes Especiales del ICE de las oficinas de Nueva Jersey y de la Ciudad de México, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la Oficina de Control y Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado de EE.UU., funcionarios de la Embajada de EE.UU. en la Ciudad de México, y funcionarios del Procurador General de la República de México.

09-1245
División de Derechos Civiles