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Miércoles, 18 de agosto de 2010
Médico del área de Detroit fue sentenciado a 14 años en prisión debido a ardid de fraude contra Medicare

WASHINGTON – El médico de Farmington Hills, Mich., José Castro-Ramírez, fue sentenciado hoy a 14 años en prisión por su papel en una amplia conspiración para defraudar al programa Medicare, anunciaron los Departamento de Justicia y Salud y Servicios Humanos.  También se le ordenó a Castro-Ramírez pagar $9.4 millones de dólares en restitución y fue sentenciado a un periodo de tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia en prisión.

 

El 11 de marzo de 2010, después de un enjuiciamiento de tres semanas, un jurado federal condenó a Castro-Ramírez por un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos, 11 cargos de fraude de servicios médicos y un cargo de conspiración para lavar el producto del ardid fraudulento.   Castro-Ramírez fue sentenciado hoy por el Juez Federal de Distrito Sean F. Cox en el Distrito Este de Michigan.

 

Pruebas presentadas en el juicio establecieron que, a partir de 2003, el demandado, un médico con licencia en el estado de Michigan, realizó un acuerdo con el coconspirador Suresh Chand para defraudar al programa Medicare.  Chand, quien fue sentenciado a 81 meses en prisión en abril por su papel en el ardid, era propietario y administrador de varias empresas que operaban en Warren, Mich., incluidas Continental Rehab Services Inc. (CRS), y Pacific Management Services Inc. (PM), las que alegaban proveer servicios de fisioterapia y terapia ocupacional a beneficiarios de Medicare.  En realidad, Chand y sus asociados en CRS y PM crearon expedientes ficticios de terapias que aparentaban que servicios de fisioterapia y terapia ocupacional habían sido provistos a beneficiaros de Medicare cuando, de hecho, dichos servicios no habían sido prestados.  Los servicios ficticios reflejados en los archivos eran facturados a Medicare a través de proveedores de Medicare fraudulentos controlados por Chand y sus coconspiradores.  Los expedientes de terapia ficticios creados por Chand y sus coconspiradores aparentaban justificar las facturaciones a Medicare cuando, de hecho, no se habían provisto servicios de fisioterapia o terapia ocupacional.

 

Pruebas presentadas en el juicio establecieron que, a fin de crear los expedientes de terapia ficticios, Chand y sus coconspiradores pagaron comisiones ilícitas en efectivo y otros incentivos a beneficiarios de Medicare, a cambio de los números de Medicare y las firmas de los beneficiaros en documentos que indicaban falsamente que habían recibido servicios de terapia.  Chand también pagó a terapeutas físicos y ocupacionales con licencia para que firmaran "notas de progreso" ficticias y otros documentos que aparentaban reflejar que se habían provisto servicios de fisioterapia y terapia ocupacional a los beneficiarios cuando, de hecho, no habían sido provistos.  Castro-Ramírez, como el médico participante en el ardid, firmaba órdenes de terapia y otros documentos en los expedientes de terapia ficticios, indicando falsamente que había evaluado a los beneficiarios de Medicare y certificado la necesidad de servicios de fisioterapia y terapia ocupacional.  De hecho, Castro-Ramírez no supervisó ningún tratamiento provisto a los pacientes y estaba totalmente al tanto de que sus firmas eran parte de un ardid fraudulento.

 

Uno de los incentivos utilizados por Chand y sus coconspiradores para reclutar a beneficiaros de Medicare para el ardid era la provisión de recetas para sustancias controladas y otros medicamentos, incluidos vicodin y xanax.  A lo largo del ardid, Chand proveyó a Castro-Ramírez listas de sustancias controladas o medicamentos preferidos por los beneficiarios, y Castro-Ramírez emitía las recetas para las sustancias sin jamás haber visto a los pacientes.   Entre enero de 2003 y marzo de 2007, Castro-Ramírez emitió miles de recetas para una variedad de medicamentos para pacientes que nunca había atendido.  Castro-Ramírez estaba plenamente al tanto de que la finalidad de las recetas era lograr la incorporación de los beneficiarios en el ardid, de modo que Chand y otros pudieran facturar a Medicare por servicios de fisioterapia y terapia ocupacional supuestamente provistos a los pacientes cuando, de hecho, dichos servicios nunca habían sido prestados.

 

Pruebas en el juicio demostraron que Castro-Ramírez obtuvo ganancias a partir de su participación en el ardid de varias maneras.  La fuente principal de ganancias para Castro-Ramírez provino de sus propias facturaciones a Medicare por "visitas a domicilio" supuestamente realizadas a los beneficiarios de Medicare que Chand reclutó para el ardid.  De hecho, Castro-Ramírez nunca realizó "visitas a domicilio" a la gran mayoría de estos pacientes, y nunca conversó sobre u ordenó servicios de terapia para los pocos pacientes que efectivamente atendió.  Chand y otros coconspiradores también distribuyeron el producto del fraude directamente a Castro-Ramírez en ocasiones, y lo hicieron a través de transacciones diseñadas para disimular la naturaleza, la fuente, la pertenencia, el control y la ubicación de los fondos ilícitos.  Castro-Ramírez sabía que el dinero en efectivo y los cheques que recibía de Chand estaban estructurados de manera tal a ocultar el hecho de que eran el producto de fraude contra Medicare.   

 

Entre aproximadamente enero de 2003 y aproximadamente junio de 2007, Chand y sus coconspiradores presentaron reclamos al programa Medicare por un total de aproximadamente $18.3 millones de dólares por servicios de fisioterapia y terapia ocupaciones supuestamente ordenados y supervisados por Castro-Ramírez, pero que nunca fueron prestados.  Medicare pagó aproximadamente $8.5 millones de dólares de esos reclamos.  Además, el coconspirador Castro-Ramírez presentó aproximadamente $1.4 millones de dólares en reclamos al programa Medicare por "visitas a domicilio" supuestamente realizadas a beneficiarios reclutados al ardid por Chand y sus coconspiradores.  Medicare pagó aproximadamente $929,000 dólares de esos reclamos.          

 

La sentencia de hoy fue anunciada por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; la Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan Barbara L. McQuade; el Agente Especial a Cargo Andrew G. Arena de la Oficina Local de Detroit del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y el Agente Especial a Cargo Lamont Pugh III de la Oficina Regional de Chicago del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina del Inspector General [U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General’s (HHS-OIG)].

  

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Jefe Auxiliar John K. Neal de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Especial Thomas W. Beimers de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan.  El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del HHS [HHS Office of Inspector General (HHS-OIG)] realizaron la investigación.  

 

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare en siete distritos lograron la acusación formal de 810 personas quienes, en conjunto, facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de $1.85 billones de dólares.  Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, en trabajo conjunto con HHS-OIG, están tomando medidas para lograr una mayor responsabilización y una menor presencia de proveedores fraudulentos.

 

Para conocer más sobre el Equipo de Acción, Prevención y Control de Fraude de Servicios Médicos [Health Care Fraude Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov.

10-935
División Criminal