Veintidós ejecutivos y empleados de empresas del ramo de productos militares y para las fuerzas del orden público han sido acusados formalmente de realizar ardides para sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros para obtener y retener negocios, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Channing Phillips del Distrito de Columbia, y el Director Auxiliar Kevin Perkins de la División de Investigaciones del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Veintidós demandados fueron arrestados ayer en Las Vegas. Un demandado fue arrestado en Miami. Las acusaciones formales surgen de una operación encubierta del FBI que se concentró en alegatos de soborno en el extranjero en el ramo de productos militares y policiales.

Las 16 acusaciones formales reveladas hoy representan la mayor iniciativa de investigación y enjuiciamiento contra personas en la historia de la aplicación por el Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], una ley que prohíbe a personas y empresas de EE.UU., y personas y empresas extranjeras que actúen en los Estados Unidos, sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener o retener negocios. Las acusaciones formales reveladas hoy fueron emitidas el 11 de diciembre de 2009 por un gran jurado en Washington, D.C.

En conexión con estas acusaciones formales, aproximadamente 150 agentes del FBI ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en localidades de todo el país, incluidas Bull Shoals, Ark.; San Francisco; Miami; Ponte Vedra Beach, Fla.; Sarasota, Fla.; St. Petersburg, Fla.; Sunrise, Fla.; University Park, Fla.; Decatur, Ga.; Stearns, Ky.; Upper Darby, Penn.; y Woodbridge, Va. Además, la Policía de la Ciudad de Londres del Reino Unido ejecutó siete órdenes de allanamiento en conexión con sus propias investigaciones de las empresas involucradas en el soborno en el extranjero, las cuales formaron la base para las acusaciones formales.

"Esta investigación en curso es el primer uso en gran escala de técnicas de control encubierta para descubrir violaciones a la FCPA y la mayor acción ya llevada a cabo por el Departamento de Justicia contra individuos por violaciones a la FCPA", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer. "La batalla para eliminar el soborno en el extranjero del libro de conducta corporativa no se ganará de la noche al día, pero estas acciones son un punto decisivo. De ahora en adelante, los potenciales violadores de la FCPA deben parar y pensar si la persona que están intentando sobornar no será un agente federal".

"Los pagos corruptos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios desgastan la confianza pública en nuestro sistema de mercado libre y amenazan debilitar los gobiernos extranjeros", dijo el Fiscal Federal Channing Phillips. "Estas acusaciones formales establecen graves alegatos y reflejan el compromiso del Departamento de investigar y enjuiciar enérgicamente a quienes intenten promover sus negocios a través del soborno en el extranjero".

"La investigación de la corrupción en todos los niveles es la principal prioridad de la División Criminal del FBI", dijo el Director Auxiliar Kevin Perkins de la División de Investigaciones Criminales del FBI. "En esta era de comercio global, el FBI se empeña en acabar con la corrupción en nuestro país y en el extranjero. Las empresas deben prosperar a través de prácticas comerciales honestas, y la práctica de negocios ocultos y soborno".

Las acusaciones formales alegan que los demandados realizaron un ardid para pagar sobornos al ministro de defensa de un país africano. De hecho, el ardid era parte de una operación secreta, sin la participación real de ningún ministro de defensa. Como parte de la operación secreta, se alega que los demandados acordaron pagar una "comisión" del 20 por ciento a un agente de ventas quienes, según creían los demandados, representaba al ministro de defensa de un país africano, a fin de ser adjudicados una parte de un negocio de 15 millones de dólares para proveer a la guardia presidencial del país. En realidad, el "agente de ventas" era un agente secreto del FBI. Se les dijo a los demandados que la mitad de dicha "comisión" sería pagada directamente al ministro de defensa. Se alega que los demandados aceptaron crear dos cotizaciones de precios en conexión con los negocios, en las que una cotización representaba el verdadero costo de la mercadería y la segunda representaba el costo real más una "comisión" del 20 por ciento. Asimismo, se alega que los demandados aceptaron realizar una pequeña transacción "de prueba" para demostrarle al ministro de defensa que recibiría personalmente el soborno del 10 por ciento.

Las acusaciones formales acusan a los siguientes ejecutivos y empleados de diversas compañías en el ramo de productos para las fuerzas armadas y las fuerzas del orden público:

• Daniel Alvirez, 32, y Lee Allen Tolleson, 25, el presidente y director de adquisiciones y logística de una compañía en Bull Shoals, Ark., que fabrica y vende equipos para las fuerzas armadas y las fuerzas del orden público;
• Helmie Ashiblie, 44, vicepresidente y fundador de una empresa en Woodbridge, Va., que provee bolsas tácticas y otros artículos de seguridad para agencias de las fuerzas del orden público y gobiernos de todo el mundo;
• Andrew Bigelow, 40, el socio gerente y director de programas gubernamentales para una empresa de Sarasota, Fla., que vende ametralladoras, lanzadoras de granadas y otras armas pequeñas y accesorios;
• R. Patrick Caldwell, 61, y Stephen Gerard Giordanella, 50, el actual y el ex presidente ejecutivo de una empresa de Sunrise, Fla., que diseña y fabrica blindaje corporal táctico y disimulable.
• Yochanan R. Cohen, alias Yochi Cohen, 47, el presidente ejecutivo de una empresa de San Francisco que fabrica equipos de seguridad, incluidos blindajes corporales y placas balísticas;
• Haim Geri, 50, presidente de una empresa de North Miami Beach, Fla., que actúa como agente de ventas para empresas de los ramos de productos para las fuerzas armadas y las fuerzas del orden público;
• Amaro Goncalves, 49, vicepresidente de ventas de una empresa de Springfield, Mass., que diseña y fabrica armas de fuego, productos de seguridad de armas de fuego, rifles, sistemas y accesorios para armas de fuego;
• John Gregory Godsey, alias Greg Godsey, 37, y Mark Frederick Morales, 37, propietario y agente de una empresa de Decatur, Ga., que vende municiones y otros equipos militares y policiales;
• Saul Mishkin, 38, propietario y presidente ejecutivo de una empresa de Aventura, Fla., que vende equipos para las fuerzas armadas y las fuerzas del orden público;
• John M. Mushriqui, 28, y Jeana Mushriqui, 30, director de desarrollo internacional y consejero general/gerente de EE.UU. de una empresa de Upper Darby, Penn., que fabrica y exporta chalecos antibalas y otros equipos policiales y militares;
• David R. Painter, 56, y Lee M. Wares, 43, el presidente del consejo de administración y director de una empresa del Reino Unido que comercializa vehículos blindados;
• Pankesh Patel, 43, el director gerente de una empresa del Reino Unido que actúa como agente de ventas para empresas del ramo de productos militares y policiales;
• Ofer Paz, 50, el presidente y director ejecutivo de una empresa israelí que actúa como agente de ventas para empresas del ramo de productos militares y policiales;
• Jonathan M. Spiller, 58, propietario y presidente de una empresa de Ponte Vedra Beach, Fla., que comercializa y promueve equipos militares y policiales;
• Israel Weisler, alias Wayne Weisler, 63, y Michael Sacks, 66, propietarios y presidentes ejecutivos de una empresa de Stearns, Ky., que diseña, fabrica y vende productos blindados, incluidos blindajes corporales;
• John Benson Wier III, 46, presidente de una empresa de St. Petersburg, Fla., que vende equipos tácticos y balísticos.

Todos los demandados, excepto Giordanella, fueron arrestados ayer por agentes del FBI en Las Vegas. Giordanella fue arrestado en Miami, también por agentes del FBI.

Cada una de las acusaciones alega que los demandados conspiraron para violar la FCPA, conspiraron para realizar lavado de dinero y cometieron significativas violaciones de la FCPA. Las acusaciones también piden la confiscación criminal de las ganancias mal habidas de los demandados.

La sentencia máxima de prisión para el cargo de conspiración y por cada cargo de violación de la FCPA es de cinco años. La sentencia máxima por el cargo de conspiración para realizar lavado de dinero es de 20 años en prisión.

Están a cargo de la acusación en estos casos el Jefe Auxiliar Hank Bond Walther y la Abogada Litigante Laura N. Perkins de la Sección de Fraude de la División Criminal, y Matthew C. Solomon de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. Los casos fueron investigados por el escuadrón de la Oficina Local de Washington del FBI que se especializa en investigaciones de violaciones de la FCPA.