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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Viernes, 30 de julio de 2010
Empresario de Florida sentenciado a 57 meses de prisión por su papel en un ardid de soborno en el extranjero

WASHINGTON – Un empresario de Miami fue sentenciado hoy a 57 meses de prisión por participar en una conspiración para pagar sobornos a ex funcionarios de la República de Haití, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Wilfredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; y Daniel W. Auer, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales [Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI)] de la Oficina Local de Miami.

Juan Díaz, 52, también deberá servir tres años de libertad bajo supervisión después de su condena de prisión, según las órdenes del Juez Federal de Distrito José E. Martínez. El Juez Martínez ordenó a Díaz a pagar $73,824 dólares en restitución y la confiscación de $1,028,851 dólares. Díaz se declaró culpable el 15 de mayo de 2009 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)] y lavado de dinero.

En su declaración de culpabilidad, Díaz admitió conspirar para realizar pagos corruptos a funcionarios de gobiernos extranjeros con el fin de lograr ventajas comerciales para tres empresas de telecomunicaciones distintas del condado de Miami-Dade brindadas por la empresa de telecomunicaciones estatal de la República de Haití, Telecommunications D’Haiti. Díaz ocultó estos pagos en parte lavando los fondos a través de su empresa, J.D. Locator Services. Según el expediente judicial, Díaz pagó y ocultó $1,028,851 en sobornos a ex funcionarios del gobierno de Haití cuando era intermediario de las tres empresas privadas de telecomunicaciones. Uno de estos funcionarios, Robert Antoine, admitió haber aceptado sobornos, entre ellos los de Díaz, y se declaró culpable el 12 de marzo de 2010 de conspirar para lavar dinero. Antoine fue sentenciado a cuatro años de prisión.

Parte de los fondos de J.D. Locator también fueron lavados por Jean Fourcand de Fourcand Enterprises, quien se declaró culpable el 19 de febrero de 2010 de lavado de dinero y fue sentenciado a seis meses de prisión por su participación en el ardid. Antonio Pérez fue, en distintos períodos, el Contralor de una de las empresas de telecomunicaciones del condado de Miami-Dade. Pérez se declaró culpable el 27 de abril de 2009 de conspirar para cometer violaciones a la FCPA y de lavado de dinero y se encuentra a la espera de su sentencia.

Joel Esquenazi y Carlos Rodríguez, los propietarios de una de las empresas de telecomunicaciones del condado de Miami-Dade; Jean Rene Duperval, quien fue director de relaciones internacionales de Haití Teleco de junio de 2003 a abril de 2004; y la hermana de Duperval, Marguerite Grandison, fueron acusados formalmente junto con Antoine el 4 de diciembre de 2009. El inicio del enjuiciamiento de estos demandados está programado para el 6 de diciembre de 2010 en el Tribunal Federal de Distrito en Miami. Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable.

El Departamento de Justicia expresa su gratitud al gobierno de Haití por proveer asistencia esencial para reunir pruebas durante esta investigación. En particular, la unidad de inteligencia financiera de Haití, la Unité Centrale de Renseignements Financiers, el Bureau des Affaires Financières et Economiques, un componente especializado de la Policía Nacional Haitiana, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública proporcionaron cooperación y coordinación significativas en esta investigación en curso.

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Auxiliar Aurora Fagan de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, el Abogado Litigante Principal Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal, el Abogado Litigante Kevin Gerrity de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia en este caso. El caso fue investigado por la Oficinal Local de Miami del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales [Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI)].

10-883
División Criminal