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Martes, 6 de julio de 2010
Citando un conflicto con la ley federal, el Departamento de Justicia disputa la ley de inmigración de Arizona

WASHINGTON - El Departamento de Justicia disputó la ley de inmigración recientemente promulgada por el estado de Arizona, S.B. 1070, en el tribunal federal hoy.

En un expediente presentado en el Distrito de Arizona, el Departamento indicó que la S.B. 1070 inconstitucionalmente interfiere en la autoridad del gobierno federal de establecer y formular las políticas de inmigración, explicando que "la Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un conjunto de políticas fragmentadas de inmigración estatales y federales a lo largo y ancho del país". Un conjunto de políticas fragmentadas estatales y federales dificultarían seriamente el control inmigratorio federal. Al promulgar su propia política inmigratoria, la que entra en conflicto con la ley de inmigración federal, Arizona "cruzó una línea constitucional".

La presentación del Departamento indicó que dicha S.B. 1070 establecería cargas importantes para las agencias federales, desviando sus recursos de objetivos de alta prioridad, tales como extranjeros implicados en el terrorismo, el contrabando de narcóticos y las actividades pandilleras, y aquellos con antecedentes criminales. Las exigencias de la ley para con las unidades del orden público de Arizona también resultarán en el acoso y la detención de visitantes extranjeros e inmigrantes legales, así como ciudadanos estadounidenses, que no puedan comprobar su condición legal prontamente.

En declaraciones que figuran en la presentación, agentes de las unidades del orden público de Arizona, incluidos los jefes de Policía de Phoenix y Tucson, dijeron que la S.B. 1070 dificultaría su capacidad de vigilar sus comunidades de manera eficiente. Los jefes dijeron que sería menos probable que las víctimas o testigos de delitos se comunicaran o colaboraran con agentes de las unidades del orden público y que la implementación de la ley demandaría que reasignaran agentes de áreas críticas, tales como las de los delitos violentos, delitos contra la propiedad e invasiones de domicilio.

El Departamento entabló la demanda después de amplia consulta con autoridades de Arizona, agentes y grupos de las unidades del orden público y defensores de los derechos civiles. La demanda fue presentada en nombre del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, los que comparten responsabilidades en la administración de la ley inmigratoria federal.

"El pueblo de Arizona se siente comprensiblemente frustrado con motivo de la inmigración, y el gobierno federal tiene la responsabilidad de tratar ampliamente de dichas inquietudes", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder. "Sin embargo, desviar recursos federales de extranjeros peligrosos como sospechosos de terrorismo y extranjeros con antecedentes criminales afectará la seguridad del país entero. El establecimiento de políticas de inmigración y hacer valer las leyes inmigratorias es una responsabilidad nacional. El buscar tratar de este tema a través de un conjunto fragmentado de leyes estatales sólo creará más problemas de los que soluciona".

"Con el fuerte apoyo de las unidades del orden público estatales y locales, veté varias piezas similares de legislación como Gobernador de Arizona porque hubieran desviado recursos críticos de control de las amenazas más graves contra la seguridad pública y hubieran debilitado la confianza vital entre las jurisdicciones locales y las comunidades que atienden", dijo la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Janet Napolitano. "Estamos trabajando activamente con miembros del Congreso de ambos partidos para realizar una reforma exhaustiva de nuestro sistema inmigratorio en el ámbito federal, ya que este desafío no podrá resolverse a través de un conjunto fragmentado de leyes estatales poco uniformes, una de las cuales es ésta. Mientras progresa esta labor bipartidaria para reformar nuestro sistema inmigratorio, el Departamento de Seguridad Nacional seguirá haciendo valer las leyes actuales al reforzar la seguridad de las fronteras y deportar a los extranjeros criminales de este país".

El Departamento ha solicitado una interdicción preliminar para evitar la aplicación de la ley, argumentando que la aplicación de la ley causará daños irreparables.

"Sin permiso, Arizona busca regular la inmigración al crear una política de inmigración específica al área de Arizona expresamente diseñada para contradecir o suplantar la del gobierno federal. Como tal, la política de inmigración de Arizona supera el papel de un estado con respecto a los extranjeros, interfiere en la administración equilibrada de las leyes inmigratorias por el gobierno federal y debilita críticamente los objetivos de la política de asuntos extranjeros de EE.UU. La S.B. 1070 no busca simplemente proveer apoyo legítimo a la política inmigratoria del gobierno federal, sino que, en su lugar, busca crear un plan inmigratorio independiente sin precedentes que supera los límites constitucionales," dijo el Departamento en su presentación.

Descargue los documentos de respaldo:

Demanda entablada (PDF)
Extracto de PI de Arizona (PDF)
Declaración de Daniel Ragsdale (PDF)
Declaración de David Aguilar (PDF)
Declaración de David Palmatier (PDF)
Declaración de Dominick Gentile (PDF)
Declaración de Mariko Silver (PDF)
Declaración de Michael Aytes (PDF)
Declaración de Roberto Villaseñor (PDF)
Declaración de Jack Harris
(PDF)
Declaración de Tony Estrada (PDF)

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