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Martes, 22 de junio de 2010
Senador y empresario de Puerto Rico acusado en ardid de sobornos

El Senador de Puerto Rico Héctor Martínez Maldonado y Juan Bravo Fernández, el ex presidente de una de las empresas privadas de seguridad más grandes de Puerto Rico, han sido acusados en una acusación formal emitida hoy por un gran jurado federal en Puerto Rico por sus supuestos papeles en un ardid de sobornos que incluyó legislación beneficiosa para la empresa de Bravo Fernández, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal.

La acusación formal de seis cargos emitida hoy en el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico acusa a Martínez Maldonado, 41, de Carolina, Puerto Rico, y Bravo Fernández, 54, de San Juan, de soborno, de viajar en comercio interestatal para concretar asociaciones ilícitas, y de conspirar para cometer estos delitos. Martínez Maldonado también es acusado de obstrucción de la justicia.

Según la acusación formal, Martínez Maldonado fue electo para el Senado de Puerto Rico en 2004 y comenzó a servir un mandato de cuatro años en enero de 2005. Fue reelecto en 2008. Bravo Fernández era el presidente y director ejecutivo de una de las mayores empresas privadas de seguridad de Puerto Rico.

Según la acusación formal, Bravo Fernández supuestamente conspiró para garantizar la aprobación de dos proyectos de ley favorables a sus intereses comerciales sobornando a Martínez Maldonado y a Jorge de Castro Font, un ex senador de Puerto Rico. Según la acusación formal, De Castro Font sirvió en la Cámara de Representantes de Puerto Rico desde 1989 hasta 2004, y sirvió en el Senado de Puerto Rico desde 2005 hasta 2008. A partir de 2005, De Castro Font se desempeñó como director del Comité de Reglas y Calendarios, puesto en el que ejercía un gran poder sobre qué proyectos de ley, confirmaciones y otros asuntos se sometían a voto en el Senado y cuándo se realizaba la votación. Desde 2005, Martínez Maldonado se desempeñó como director del Comité de Seguridad Pública, puesto en el que ejercía un gran poder sobre la legislación relacionada con la seguridad y el bienestar general de Puerto Rico, y en el que tenía jurisdicción legislativa sobre asuntos relacionados con la seguridad de la comunidad.

Como se alega en la acusación formal, como director del Comité de Seguridad Pública y director del Comité de Reglas y Calendarios, Martínez Maldonado y De Castro Font, respectivamente, ejercían un gran poder sobre el destino de la legislación que beneficiaba los intereses comerciales de Bravo Fernández. Según la acusación formal, el comité de Martínez Maldonado tenía que aprobar ambos proyectos de ley antes de que De Castro Font pudiera programar su votación ante todo el Senado. Para garantizar la aprobación de los dos proyectos de ley, se alega que Bravo Fernández, Martínez Maldonado y De Castro Font acordaron que Martínez Maldonado y De Castro Font realizarían actos oficiales apoyando la legislación que beneficiaba los intereses comerciales de Bravo Fernández a cambio de objetos de valor entregados por Bravo Fernández. Específicamente, se alega que Bravo Fernández realizó muchos pagos en efectivo a De Castro Font y utilizó su empresa para pagar a escondidas las deudas de De Castro Font con distintas empresas.

Además, como se alega en la acusación formal, Bravo Fernández aceptó ofrecer a Martínez Maldonado y De Castro Font un viaje a Las Vegas para mirar la pelea de boxeo del 14 de mayo de 2005 entre Félix "Tito" Trinidad y Winky Wright. Como parte de este acuerdo, se alega que Bravo Fernández ofreció, entre otras cosas, vuelos de primera clase, habitaciones de hotel en el Resort y Casino Mandalay Bay, boletos para la pelea de boxeo entre Trinidad y Wright, que tenían un valor de $1,000 dólares, habitaciones de hotel en Miami para el viaje de regreso, así como también comidas y bebidas. Según la acusación formal, el 2 de marzo de 2005, el día en que Bravo Fernández pagó los boletos de boxeo, Martínez Maldonado presentó uno de los proyectos de ley para su consideración por parte del Senado de Puerto Rico. Además, el 21 de abril de 2005, Bravo Fernández usó su tarjeta de crédito personal para reservar una habitación de hotel en el Resort y Casino Mandalay Bay. El depósito correspondiente a esta habitación de hotel fue acreditado a la habitación de Martínez Maldonado. Según la acusación formal, la reservación se realizó el día después de que Martínez Maldonado presidiera una audiencia del Comité de Seguridad Pública en la que Bravo Fernández fue el único representante de la industria de seguridad privada en testificar, y Martínez Maldonado autorizó un informe del comité en apoyo a uno de los proyectos de ley de Bravo Fernández. El 17 de mayo de 2005, el día después de que los tres hombres regresaran de su viaje a Las Vegas, el Senado de Puerto Rico aprobó uno de los proyectos de ley, mientras que el 18 de mayo de 2005 el otro proyecto de ley fue aprobado por el comité encabezado por Martínez Maldonado. Ese proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Puerto Rico el 23 de mayo de 2005.

Martínez Maldonado y Bravo Fernández están acusados de un cargo cada uno de conspiración para cometer sobornos y conspiración para viajar en comercio interestatal para concretar asociaciones ilícitas, un cargo de viaje interestatal para concretar asociaciones ilícitas y un cargo de soborno. Martínez Maldonado también está acusado de un cargo de obstrucción de la justicia por intentar amenazar y persuadir corruptamente a un ex empleado para que hiciera declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] durante su investigación sobre el ardid de sobornos.

De Castro Font se declaró culpable de 20 cargos de fraude electrónico de servicios honestos y un cargo de conspiración para cometer extorsión el 21 de enero de 2009. Actualmente aguarda la emisión de su sentencia.

La sentencia máxima por cada uno de los cargos de conspiración y viaje para concretar asociaciones ilícitas es de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares. Cada cargo de soborno conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de $250,000 dólares. El cargo de obstrucción de la justicia conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000 dólares.

Están a cargo de la acusación en este caso los Abogados Litigantes Peter Koski y Marc Levin de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal. El caso está siendo investigado por el FBI.

Una acusación formal es una acusación de conducta criminal, no una prueba.  El demandado se presume inocente hasta que se le condene con el debido proceso legal.

10-727
División Criminal