busque en este portal
 
 
Noticias
Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Miércoles, 23 de junio de 2010
Una pareja de Taiwán fue sentenciada a prisión por comercio ilegal de coral negro en extinción

WASHINGTON—Dos ciudadanos de Taiwán fueron sentenciados a prisión hoy en el tribunal federal en las Islas Vírgenes Estadounidenses por conspiración para enviar coral negro internacionalmente protegido a los Estados Unidos, en violación de las leyes de vida silvestre federales, anunció el Departamento de Justicia.

Iván Chu de Taipei, Taiwán, fue sentenciado a 30 meses en prisión y al pago de una multa de $12,500 dólares. Gloria Chu de Taipei, Taiwán, fue sentenciada a 20 meses en prisión y al pago de una multa de $12,500 dólares. El tribunal también prohibió a los Chu enviar cualquier producto de coral u otro producto de vida silvestre a los Estados Unidos por un periodo de tres años después de haber sido liberados de la prisión. Estas sentencias son las más largas ya emitidas hasta la fecha por el comercio ilegal de coral.

Los Chu se declararon culpables el 11 de marzo de 2010 a nueve cargos, incluidos conspiración, realización de declaraciones falsas y violaciones de tanto la Ley de Especies en Extinción como la Ley Lacey.

De acuerdo con la Ley Lacey, es un delito mayor marcar falsamente vida silvestre destinada al comercio internacional. La Ley de Especies en Extinción es la ley nacional estadounidense que implementa la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Extinción de Fauna y Flora Silvestres [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)]. Cada una de las especies de coral negro está enumerada en el Apéndice II de la CITES y está sujeta a normas de comercio estrictas.

El coral negro es uno de los varios tipos de corales preciosos que pueden pulirse para obtener un alto brillo, y se puede utilizar para la realización de esculturas artísticas y en joyas incrustadas. Los Chu admitieron tener una empresa llamada Peng Chia Enterprise Co. Ltd., la que proveía materiales, incluido coral negro a clientes fuera de Taiwán para el diseño y la fabricación de joyas. En épocas anteriores a 2007, los Chu recibieron permisos de exportación de la CITES por el gobierno de Taiwán a fin de enviar coral negro al exterior. Sin embargo, desde 2007, no lograron obtener permisos por no poder producir un certificado de origen legítimo.

Los Chu admitieron que, a fin de proveer a una empresa con sede en las Islas Vírgenes coral negro, marcaban los embarques con información falsa, a fin de ocultar el coral de agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. La conspiración incluyó viajes a un almacén en la China continental para elegir coral de un proveedor chino y el uso de un intermediario para enviar el coral negro de Hong Kong a una empresa en St. Thomas. El ardid tuvo lugar por al menos dos años antes de la confiscación por la aduana de un embarque de agosto de 2009 destinado a la compañía.

El 19 de agosto de 2009, Peng Chia envió un embarque compuesto por 10 cajas de coral negro marcados "plástico de trabajo artesanal". Un equipo de Aplicación Legal contra el Contrabando de la Aduana de EE.UU. marcó el embarque como siendo sospechoso y se comunicó con el Servicio de Peces y Vida Silvestre de EE.UU. [U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)] de San Juan, Puerto Rico. Como resultado, USFWS, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iniciaron una investigación conjunta, la "Operación Oro Negro", la que llevó al arresto de los Chu en enero de 2010. Análisis realizados por el Laboratorio Nacional Forense del Servicio de Peces y Vida Silvestre de EE.UU. en Ashland, Ore., revelaron que el embarque de los Chu contenía coral negro internacionalmente protegido. Los Chu admitieron que de 2007 a 2009, enviaron más de $194,000 dólares en coral negro a la empresa en St. Thomas.

"El tráfico de especies protegidas como el coral negro viola leyes internacionales y nacionales y pone en peligro la existencia de ese recurso importante. La sentencia de prisión de hoy indica la gravedad de los delitos y debe disuadir a otros de participar en el tráfico de vida silvestre ilegal", dijo Ignacia S. Moreno, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

"Este caso demuestra que habrá consecuencias para quienes exploten ilegalmente nuestro medio ambiente marino y que dicho comportamiento no será tolerado", dijo Ronald W. Sharpe, Fiscal Federal para el Distrito de las Islas Vírgenes Estadounidenses. "La Fiscalía Federal enjuiciará a quienes cometan delitos ambientales con el mismo rigor con que enjuicia a los delincuentes violentos".

"Esto debe transmitir un mensaje claro y fuerte a las personas extranjeras y nacionales que deliberadamente violen nuestras leyes ambientales, de que su conducta no será tolerada. Quienes agoten ilegalmente los recursos naturales por ganancias serán enjuiciados", dijo James Gale, Agente Especial a Cargo de la Región Sudeste del Servicio de Peces y Vida Silvestre. "La labor cooperativa muestra el compromiso de todas las dependencias que se dedican a proteger los recursos naturales y el coral contra el comercio internacional ilegal".

El caso fue investigado por agentes del USFWS y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Están a cargo de la acusación en el caso la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito de las Islas Vírgenes.

10-733
División de Medio Ambiente y Recursos Naturales