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Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIVULGACIÓN INPROMEDIOTA
Martes, 9 de marzo de 2010
El Departamento de Justicia presenta pedido de amparo inmediato asociado a las condiciones en el Centro de Desarrollo Humano de Conway, en Conway, Arkansas

Hoy, el Departamento de Justicia le pidió al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Arkansas que tomara acción inmediata para prevenir la admisión de menores al Centro de Desarrollo Humano de Conway [Conway Human Development Center (CHDC)] en Conway, Ark. La moción para un interdicto permanente por parte del departamento tiene la finalidad de prevenir la segregación de niños con discapacidades del desarrollo en condiciones peligrosas y tratar de las acusaciones de amenazas inminentes y graves contra la seguridad de los más de 500 residentes actuales del establecimiento.

En enero de 2009, el Departamento de Justicia entabló una demanda contra el Estado de Arkansas para hacer valer la exigencia federal de que se atienda a las personas discapacitadas en los establecimientos más integrados y adecuados, y para corregir las condiciones inconstitucionales del CHDC. La información recabada durante la investigación desde la presentación de la demanda ha permitido al departamento concluir que los residentes enfrentan riesgo de daños creciente y grave a cada día que se ignoran las deficiencias, y que Arkansas no atiende a las personas en el ambiente más integrado y apropiado para las necesidades de los residentes.

Los Estados Unidos han concluido que los menores en el establecimiento son particularmente vulnerables debido a alegatos de que los residentes del CHDC son objeto de un mal manejo peligroso de su medicación y restricciones físicas perjudiciales e innecesarias. En los últimos años, por lo menos tres residentes del CHDC han fallecido, sufrido posibles daños orgánicos permanentes o han estado en riesgo de morir desangrados debido a un mal manejo de medicamentos psicotrópicos. El CHDC también sigue utilizando 41 formas diferentes de restricciones físicas mecánicas tanto en niños como adultos, incluidas camisas de fuerza, sillas inmovilizadoras y lonas inmovilizadoras, prácticas que han sido mayormente prohibidas en otros establecimientos hace años.

"El estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas que residan en establecimientos operados por el estado, y debemos actuar rápidamente cuando el estado no cumple con esa responsabilidad", dijo Thomas E. Pérez, Secretario de Justicia Auxiliar a cargo de la División de Derechos Civiles. "Las personas con discapacidades del desarrollo tienen derecho a vivir en el ambiente más integrado y apropiado para sus necesidades, y los estados deben ser ágiles en asegurar que se les otorguen a estas personas estos derechos básicos".

Además de prohibir restricciones físicas inadecuadas y exigir protecciones para prevenir prácticas peligrosas asociadas a la medicación, la moción busca exigir que el estado elimine barreras a la provisión de apoyos y servicios en la comunidad, de modo que las personas con discapacidades, incluidos los aproximadamente 50 menores en el CHDC, no estén obligadas a elegir entre una institución poco segura y la negativa de servicios necesarios en un ambiente más integrado.

Entre el 1° de junio de 2007 y el 1° de octubre de 2009, era más probable que un residente del CHDC falleciera a que fuera trasladado a un ambiente más integrado. En promedio, los residentes del CHDC fallecen a la edad de 46.5 años, en comparación con un promedio de 72 años de edad para otras personas con discapacidades del desarrollo que viven en establecimientos institucionales. El número de personas con discapacidades del desarrollo que están a la espera de servicios comunitarios es cada vez mayor en Arkansas, con más de 1,300 personas esperando actualmente recibir servicios a través del programa de dispensa de Servicios Comunitarios Alternativos de los Centros para Servicios de Medicaid y Medicare, con un tiempo de espera medio de aproximadamente dos años y medio.

La División de Derechos Civiles está autorizada para realizar investigaciones bajo la Ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas [Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRIPA)] y la Ley para Personas con Discapacidades [Americans with Disabilities Act (ADA)] de 1990. La CRIPA autoriza al Secretario de Justicia de los Estados Unidos a investigar condiciones de internación en ciertas instituciones pertenecientes a u operadas por los gobiernos estatales y locales, o en su nombre. Además de los establecimientos residenciales que atienden a personas con discapacidades del desarrollo, estas instituciones incluyen a hospitales psiquiátricos, asilos, cárceles, prisiones y establecimientos correccionales juveniles. La ADA autoriza al Secretario de Justicia de los Estados Unidos a investigar si un estado está atendiendo a las personas en los ambientes más integrados y adecuados para sus necesidades. Para conocer más sobre la CRIPA, la ADA y otras leyes que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia hace valer, por favor, visite http://www.justice.gov/crt .

10-242
Secretario de Justicia de los Estados Unidos