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Lunes, 1° de marzo de 2010
BAE Systems PLC se declara culpable y se le ordena que pague una multa criminal de 400 millones de dólares

BAE Systems plc (BAES) se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito de Columbia de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al perjudicar e impedir sus funciones legales, de realización de declaraciones falsas sobre su programa de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], de violar la Ley de Control de Exportaciones de Armas [Arms Export Control Act (AECA)] y las Normas de Tráfico Internacional de Armas [International Traffic in Arms Regulations (ITAR)], anunció el Secretario de Justicia Adjunto Interino Gary G. Grindler. BAES fue sentenciada hoy por el Juez Federal de Distrito John D. Bates a pagar una multa criminal de 400 millones de dólares, una de las más altas multas criminales de la historia de la iniciativa permanente del Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] de combate a la corrupción en el extranjero en negocios internacionales y la aplicación de las leyes de control de exportaciones de EE.UU.

"Hoy, BAE Systems se declaró culpable de, a sabiendas e intencionalmente, realizar declaraciones falsas a dependencias gubernamentales de EE.UU. Las acciones de BAE Systems impidieron iniciativas estadounidenses de garantizar que el comercio internacional esté libre de corrupción y mantener el control de tecnología estadounidense confidencial", dijo el Secretario de Justicia Adjunto Interino Gary G. Grindler. "BAE Systems pagará una multa de 400 millones de dólares por su conducta criminal - una de las multas criminales más altas ya impuestas en los Estados Unidos contra una empresa por violaciones comerciales. Las medidas correctivas asumidas por BAE Systems, en conjunto con su acuerdo de contratar a un observador de cumplimiento independiente, cuentan con el respaldo del compromiso declarado por BAE Systems de asegurar un funcionamiento transparente, honesto y responsable de aquí en más. El Departamento de Justicia seguirá enjuiciando a empresas que perjudiquen las operaciones del gobierno de EE.UU. al mentir sobre su conducta y sus operaciones".

"La competencia es uno de los cimientos de nuestro sistema económico", dijo Shawn Henry, Director Auxiliar a Cargo de la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. "Las empresas y personas que conspiren contra este principio económico básico no solo causan daño, sino que debilitan la confianza del público en el sistema entero".

"La realización de declaraciones falsas para obviar las leyes de exportación de EE.UU. y para defraudar al gobierno de EE.UU. deben ser enjuiciadas enérgicamente", dijo John Morton, secretario auxiliar de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)]. "El ICE se compromete a trabajar con sus asociados federales e internacionales en la investigación de violaciones de controles de exportación estadounidenses para asegurar que tecnologías confidenciales no sean adquiridas de manera fraudulenta e ilegal".

BAES es un contratista multinacional de defensa con sede en el Reino Unido y con una subsidiaria en EE.UU. - BAE Systems Inc. - con sede en Rockville, MD. Ninguna de las conductas criminales que describe la declaración de culpabilidad incluyó acciones de BAE Systems Inc.

De acuerdo con el expediente judicial, de aproximadamente 2000 a 2002, BAE declaró a diversas dependencias gubernamentales de EE.UU., incluidos los Departamentos de Defensa y Justicia, que crearía e implementaría políticas y procedimientos para asegurar su cumplimiento de las disposiciones anti-soborno de la FCPA, así como leyes extranjeras similares que implementan la Convención Anti-Soborno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo [Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)]. De acuerdo con el expediente judicial, a sabiendas y deliberadamente, BAES dejó de crear mecanismos para asegurar el cumplimiento de estas prohibiciones legales asociadas al soborno en el extranjero. De acuerdo con el expediente judicial, las ganancias recibidas por BAES a partir de las diversas declaraciones falsas y al dejar de realizar las divulgaciones requeridas al gobierno de EE.UU. fueron de más de 200 millones de dólares.

La FCPA establece que es ilegal que ciertas empresas y personas, o cualquier persona que actúe dentro de una jurisdicción territorial estadounidense, realice pagos corruptos a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener y retener negocios. Además, la FCPA prohíbe la realización de pagos corruptos a terceros, a sabiendas de que la totalidad o una parte de los pagos irá directa o indirectamente a un funcionario gubernamental extranjero con la finalidad de obtener o retener negocios. A pesar de las declaraciones de BAES al gobierno de EE.UU. en sentido contrario, a sabiendas y deliberadamente, BAES dejó de crear suficientes mecanismos de cumplimiento para prevenir y detectar violaciones de las disposiciones anti-soborno de la FCPA.

De acuerdo con el expediente judicial, BAES realizó una serie de pagos sustanciales a empresas fantasma y terceros intermediarios que no estaban sujetos al grado de escrutinio y análisis declarado por BAES al gobierno de EE.UU. BAES admitió que regularmente contrataba a los que llamó "asesores publicitarios" para que asistieran en la realización de ventas de artículos de defensa sin realizar un escrutinio de dichas relaciones. De hecho, BAES tomó medidas para ocultarle al gobierno de EE.UU. y otros sus relaciones con algunos de estos asesores y los pagos realizados a los mismos. Por ejemplo, después de mayo de 2001, BAES contrató y pagó a ciertos asesores a través de diversas empresas fantasma en el extranjero pertenecientes a BAES. BAES también alentó a ciertos asesores a que establecieran sus propias empresas fantasma en el exterior para recibir pagos de BAES ocultando el origen y los destinatarios de estos pagos. BAES admitió que estableció una empresa en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) para ocultar sus relaciones con asesores publicitarios, incluida la identidad del asesor y cuánto se le pagó; crear obstáculos para que las autoridades de investigación no pudieran penetrar sus arreglos; obviar leyes en países que no permitían dichas relaciones; y ayudar a los asesores a evitar obligaciones tributarias originadas en los pagos recibidos de BAES.

A través de esta entidad de IVB, de mayo de 2001 en adelante, BAES realizó pagos por un total de más de 135 millones de libras esterlinas, además de más de 14 millones de dólares, aunque en ciertas situaciones BAES sabía que existía una gran probabilidad de que parte de los pagos fuera utilizada para asegurar que BAES fuera favorecida en decisiones de gobiernos extranjeros asociadas a la compra de artículos de defensa. De acuerdo con el expediente judicial, en muchos casos, BAES no poseía pruebas adecuadas de que sus asesores realizaron cualquier tipo de actividad legítima que justificara los pagos sustanciales.

Además, de acuerdo con el expediente judicial, BAES comenzó a actuar como principal contratista del gobierno del Reino Unido a mediados de la década de 1980, después de que el R.U. y el Reino de Arabia Saudita (RAS) realizaron un acuerdo formal. De acuerdo con el expediente judicial, los "servicios de apoyo" provistos por BAES según el acuerdo formal resultaron, en parte, en la provisión por BAES de beneficios sustanciales a un funcionario público extranjero del RAS, quien se encontraba en una posición de influencia con respecto a la venta de aviones de combate, otros materiales de defensa y servicios de apoyo relacionados. BAES admitió que no realizó una revisión o verificación adecuada de los beneficios provistos al funcionario del RAS, incluida la falta de revisión o verificación adecuada de más de 5 millones de dólares en facturas presentadas por un empleado de BAES entre mayo de 2001 y principios de 2002 para determinar si los gastos indicados eran compatibles con declaraciones anteriores realizadas por BAES al gobierno de EE.UU. con relación a sus procedimientos en cumplimiento de las leyes de anticorrupción. Además, en conexión con estos mismos negocios de defensa, BAES acordó transferir más de 10 millones de libras esterlinas, además de más de 9 millones de dólares, a una cuenta bancaria en Suiza controlada por un intermediario, a sabiendas de que existía una gran probabilidad de que el intermediario transfiriera parte de estos pagos al mismo funcionario del RAS.

También como parte de su declaración de culpabilidad, BAES admitió que realizó e hizo realizar ciertas declaraciones falsas, imprecisas e incompletas, y que dejó de realizar las divulgaciones requeridas al gobierno de EE.UU. en conexión con la administración de ciertas funciones regulatorias, incluidas declaraciones y divulgaciones asociadas a solicitudes de licencias de exportación de armas, según exigencia de AECA e ITAR. AECA e ITAR prohíben la exportación de materiales de defensa a un ciudadano extranjero o una nación extranjera sin la licencia obligatoria del gobierno de EE.UU., y el Departamento de Estado tiene el poder de aprobar o rechazar dichas solicitudes. Como parte del proceso de pedido de licencias, los solicitantes deben identificar comisiones asociadas al Departamento de Estado, ya sean comisiones legítimas o sobornos, pagados a cualquiera que ayude a realizar la venta de materiales de defensa.

BAES admitió que, como parte de la conspiración, a sabiendas y deliberadamente, dejó de identificar comisiones pagadas a terceros por su asistencia en ofrecer, promover o, de cualquier otra manera, realizar ventas de artículos de defensa en violación de la AECA e ITAR. BAES dejó de identificar los pagos de comisiones realizados a través de la entidad de lVB indicada anteriormente, a fin de evitar el escrutinio público del hecho y del alcance de sus asesores externos. En un caso específico, BAES causó la presentaciones de solicitudes falsas de licencias de exportación para aviones de combate Gripen a la República Checa y Hungría al dejar de informarle al solicitante de la licencia de exportación o al Departamento de Estado de las 19 millones de libras esterlinas pagadas por BAES a un intermediario, con gran probabilidad de que se utilizara para influenciar el proceso de subasta a favor de BAES.

Como parte de su declaración de culpabilidad, BAES aceptó mantener un programa de cumplimiento diseñado para detectar y disuadir violaciones de la FCPA, otras leyes contra el soborno en el extranjero que implementan la Convención anti-soborno OECD, y cualquier otra ley anticorrupción aplicable, y diseñado para detectar y disuadir las violaciones a la AECA e ITAR, así como leyes de control de exportación similares. Bajo los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, BAES aceptó contratar a un observador de cumplimiento independiente por tres años para que evalúe el programa de cumplimiento de BAES y presente una serie de informes a la empresa y al Departamento de Justicia.

Están a cargo de la acusación en el caso criminal el Abogado Litigante Principal Nathaniel B. Edmonds y el Jefe Adjunto Mark F. Mendelsohn de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Abogado Litigante Patrick T. Murphy de la Sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional. La Sección de Fraude es responsable por todas las investigaciones y los enjuiciamientos asociados a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y realiza otras investigaciones de delitos económicos sofisticados. La Sección de Contraespionaje supervisa la investigación y el enjuiciamiento de casos asociados a la exportación de artículos y tecnología militares y estratégicos, incluidos casos bajo la AECA e ITAR.

El caso criminal está siendo investigado por agentes especiales del FBI que son parte del escuadrón exclusivo de la FCPA de la Oficina Local de Washington y agentes especiales de la Unidad de Contra Proliferación del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. También proporcionaron asistencia en la investigación los Servicios de Investigación Criminal de Defensa y la Administración General de Servicios, Oficina del Inspector General. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó importante asistencia en esta investigación.

El Departamento de Justicia reconoce y expresa su agradecimiento por la importante asistencia proporcionada por la Oficina de Fraude Grave del R.U., y también expresa su gratitud a dicha oficina por ser su asociada constante en la lucha contra la corrupción en extranjero.

10-209
División Criminal