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Jueves, 11 de marzo de 2010
Un médico del área de Detroit fue condenado en un ardid de fraude contra Medicare

El médico de Farmington Hills, Mich., José Castro-Ramírez, fue condenado hoy por un jurado federal de Detroit por los 13 cargos de la acusación en conexión con su papel en un ardid de fraude contra Medicare de 18.3 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal Lanny Breuer; La Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan Barbara L. McQuade; el Agente Especial a Cargo Andrew G. Arena de la Oficina Local de Detroit del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y el Agente Especial a Cargo Lamont Pugh III del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina del Inspector General (HHS-OIG), Oficina Regional de Chicago.

Después de un enjuiciamiento de tres semanas, el jurado condenó a Castro-Ramírez por un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos, 11 cargos sustantivos de fraude de servicios médicos y un cargo de conspiración para lavar el producto de ardid fraudulento.

Pruebas presentadas en el juicio establecieron que, a partir de fines de 2003, el demandado, un médico con licencia del estado de Michigan, realizó un acuerdo con el coconspirador Suresh Chand para defraudar al programa Medicare. Chand era propietario y controlador de varias empresas con operaciones en Warren, Mich., incluidas Continental Rehab Services Inc. (CRS) y Pacific Management Services Inc. (PM), las cuales supuestamente proveían servicios de fisioterapia y terapia ocupacional a beneficiarios de Medicare. En realidad, como demostraron las pruebas, Chand y sus asociados en CRS y PM crearon expedientes de terapia ficticios que aparentaban que servicios de fisioterapia y terapia ocupacional habían sido provistos a beneficiarios de Medicare, cuando en realidad no se habían provisto dichos servicios. Los servicios ficticios reflejados en los expedientes fueron facturados a Medicare a través de proveedores de Medicare fraudulentos controlados por Chand y sus coconspiradores.

Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que, a fin de crear los expedientes ficticios, Chand y sus coconspiradores pagaron comisiones ilegales en dinero en efectivo y otros incentivos a beneficiarios de Medicare, a cambio de los números de Medicare y firmas de los beneficiarios en documentos que indicaban falsamente que había recibido servicios de terapia. Las pruebas también demostraron que Chand pagó a fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales licenciados para que firmaran "notas de progreso" ficticias y otros documentos que aparentaban reflejar que se habían provisto servicios de fisioterapia y terapia ocupacional a los beneficiaros cuando, de hecho, no habían sido provistos. Castro-Ramírez firmó órdenes de terapia y otros documentos en los expedientes indicando falsamente que había evaluado a los beneficiarios de Medicare y certificando la necesidad de servicios de fisioterapia y terapia ocupacional. De hecho, las pruebas presentadas en el juicio establecieron que Castro-Ramírez no había supervisado ningún tratamiento provisto a los pacientes y sabía perfectamente que sus firmas eran parte de un ardid fraudulento. De acuerdo con pruebas presentadas en el enjuiciamiento, en muchos casos, Castro-Ramírez nunca había visto a los beneficiarios.

Uno de los incentivos que Chand y sus coconspiradores utilizaron para reclutar a beneficiarios de Medicare para el ardid fue la provisión de recetas para sustancias controladas y otros fármacos, incluidos Vicodin y Xanax. Las pruebas presentadas en el juicio indicaron que Chand proporcionó a Castro-Ramírez listas de las sustancias controladas o fármacos preferidos por los beneficiarios, y que Castro-Ramírez emitió recetas para dichas sustancias sin jamás ver a los pacientes. Las pruebas establecieron que, entre enero de 2003 y marzo de 2007, Castro-Ramírez emitió miles de recetas para una variedad de fármacos para pacientes que nunca había visto. Las pruebas también demostraron que Castro-Ramírez estaba totalmente enterado de que la finalidad de las recetas era inducir a beneficiarios a participar en el ardid.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Castro-Ramírez obtuvo ganancias a partir de su participación en el ardid de varias maneras. La mayor fuente de ganancias fraudulentas de Castro-Ramírez provino de sus propias facturaciones a Medicare por "visitas domiciliarias" que supuestamente había realizado a beneficiarios de Medicare reclutados por Chand para el ardid. De hecho, Castro-Ramírez nunca realizó "visitas domiciliarias" a la gran mayoría de estos pacientes, y nunca discutió u ordenó servicios de terapia para los pocos que sí vio. Las pruebas demostraron que Chand y otros coconspiradores también distribuyeron el producto del fraude directamente a Castro-Ramírez de vez en cuando, y lo hicieron a través de transacciones diseñadas para disimular la naturaleza, la fuente, la propiedad, el control y la ubicación de los fondos corruptos. Las pruebas demostraron que Castro-Ramírez sabía que el dinero en efectivo y los cheques que recibió de Chand estaban estructurados de modo a ocultar el hecho de que eran el producto de fraude contra Medicare.

Entre aproximadamente enero de 2003 y junio de 2007, Chand y sus coconspiradores presentaron reclamos al programa Medicare por un total de 18,379,300 dólares por servicios de fisioterapia y terapia ocupacional supuestamente ordenados y supervisados por Castro-Ramírez, pero que nunca fueron, en realidad, provistos. Medicare pagó 8,562,688 dólares de dichos reclamos. Además, Castro-Ramírez presentó aproximadamente 1.4 millones en reclamos al programa Medicare por "visitas domiciliarias" supuestamente realizadas a beneficiarios reclutados para el ardid por Chand y sus coconspiradores. Medicare pagó aproximadamente 929,000 dólares de dichos reclamos.

Chand se declaró culpable el 28 de septiembre de 2009, ante el Juez Federal de Distrito Sean F. Cox, de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y un cargo de conspiración para lavar dinero.

En la emisión de la sentencia programada para el 29 de junio de 2010, Castro-Ramírez enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión y una multa de 250,000 dólares por la conspiración para cometer fraude de servicios médicos y los cargos sustantivos de fraude de servicios médicos. Enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de 250,000 dólares por el cargo de conspiración para lavar dinero.

Estuvieron a caso de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal John K. Neil de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Especial Thomas W. Beimers de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan.

El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos [Department of Health and Human Services - Office of the Inspector General (HHS-OIG)]. La demanda fue entablada como parte de la Unidad Especial al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Unidades Especiales en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 500 individuos que, en conjunto, facturaron de manera fraudulenta al programa Medicare más de mil millones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Prevención de Fraude de servicios médicos y Acción de Ejecución [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov

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División Criminal