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Miércoles, 31 de marzo de 2010
Ocho promotores de ardid de eliminación de impuestos condenados por cargos de fraude tributario en Florida
Los demandados vendían ardides tributarios a través de Pinnacle Quest International

WASHINGTON - Ocho promotores de un ardid fraudulento de eliminación de impuestos y deudas fueron condenados por cargos de fraude tributario, fraude electrónico y lavado de dinero por un jurado federal después de un juicio de un mes de duración en Pensacola, Fla., anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Los demandados, que fueron acusados formalmente en septiembre de 2008, promovían ardides fraudulentos a través de Pinnacle Quest International, también conocida como PQI y Quest International.

Los cargos y condenas fueron los siguientes:

Claudia Constance Hirmer y Mark Steven Hirmer de Niceville, Fla., fueron condenados por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y evasión de impuestos.

Eugene “Gino” Joseph Casternovia de Ashland, Ore., Arnold Ray Manansala de Renton, Wash., Dover Eugene Perry de Renton, Wash., y Michael Guy Leonard de Troy, N.Y., fueron condenados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Mark Daniel Leitner de Fairport, N.Y., y Arthur Ramírez Merino de Renton, Wash., fueron condenados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude electrónico.

Según la evidencia presentada durante el juicio, PQI era una organización tipo "paraguas" para diversos vendedores de ardides de eliminación de impuestos y deudas de tarjetas de crédito. Algunos de los vendedores de PQI, como Southern Oregon Resource Center for Education (SORCE), vendían teorías falsas y estrategias para evadir impuestos. Por tarifas desde $10,000 dólares, SORCE asistía a sus clientes en la creación de una serie de entidades de negocios falsos en los Estados Unidos y Panamá. Otros vendedores relacionados con impuestos de PQI negaban la legitimidad del sistema de impuestos sobre los ingresos basándose en diversas teorías y le brindaban a los clientes una supuesta “defensa de dependencia o confiabilidad” que consistía en documentación escrita de correspondencia frívola que alegaban que el cliente podía usar como evidencia de buena fe si era enjuiciado.

En el juicio, el gobierno estableció que otros vendedores de PQI vendían ardides fraudulentos para eliminar deudas de tarjetas de crédito, entre los cuales el más exitoso fue Financial Solutions, empresa propiedad del demandado Arthur Merino operada por él. Financial Solutions cobraba miles de dólares a sus clientes por una serie de cartas que debían enviar a empresas de tarjetas de crédito que disputaban la legalidad de la profunda deuda. El producto era enteramente ineficaz y por lo general los clientes eran demandados por sus acreedores y a menudo obligados a declarar la bancarrota.

De acuerdo a la evidencia, otro vendedor de PQI, MYICIS, operaba como un complejo “banco de depósito” computarizado. MYICIS era una sola cuenta bancaria en la que los clientes juntaban su dinero. MYICIS era promocionada a los clientes de PQI como un método para ocultar sus bienes al IRS como resultado de la naturaleza conjunta de la cuenta. MYICIS tuvo 3,000 clientes y aproximadamente $100 millones de dólares en depósitos en un período de tres años.

Según la evidencia presentada durante el juicio, PQI alegaba vender solo CDs y boletos a conferencias en el extranjero. Sin embargo, PQI funcionaba como puerta de entrada para sus vendedores fraudulentos. Los clientes de PQI que buscaban a los vendedores de evasión fiscal y eliminación de deudas solo podían acceder al producto si se unían a PQI primero. El costo de la membresía iba desde $1,350 hasta $18,750 dólares, dependiendo del nivel de acceso. En mayo de 2008, un tribunal federal de distrito emitió un interdicto preliminar contra los promotores de Pinnacle Quest International.

Como estableció el gobierno en el juicio, los demandados Claudia Hirmer, Dover Perry, Arnold Manansala, Michael Leonard y Arthur Merino eran miembros del consejo ejecutivo de PQI. El consejo ejecutivo seleccionaba vendedores, guiaba las operaciones diarias de la empresa, planificaba conferencias en el extranjero y sorteaba las quejas de los clientes, que eran numerosas. El demandado Mark Hirmer administraba las finanzas de PQI en el día a día. Entre 2002 y 2008, PQI tuvo más de 11,000 miembros en todos los Estados Unidos. El miembro del consejo ejecutivo Joseph McPhillips se declaró culpable antes del juicio.

Según la evidencia presentada, ninguno de los demandados presentó declaraciones de impuestos mientras participó en la conspiración PQI. Claudia Hirmer y Mark Hirmer fueron condenados por evadir el pago de más de $2 millones de dólares en impuestos sobre ingresos, multas e intereses por el período entre 1996 y 2001. Los Hirmer buscaron evadir el pago de sus responsabilidades tributarias de diversas maneras, entre ellas el uso frecuente de cheques de caja y efectivo y el uso frecuente de compañías nominales y cuentas en el extranjero. Además, los Hirmer intentaron restarle valor a una de sus viviendas otorgándole una hipoteca falsa a una entidad nominal panameña que ellos controlaban.

El Juez Rodgers programó la sentencia para el 6 de julio de 2010. Claudia Hirmer y Mark Hirmer enfrentan una sentencia máxima de 30 años de prisión y una multa máxima de $1 millón de dólares cada uno. Casternovia, Manansala, Perry y Leonard enfrentan una sentencia máxima de 25 años de prisión y una multa máxima de $750,000 dólares cada uno. Leitner y Merino enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de $250,000 dólares cada uno.

“Las condenas de hoy envían un mensaje poderoso e inequívoco a quienes buscan evadir impuestos y ayudar a otros a hacerlo”, dijo el Fiscal Federal Auxiliar Interino John A. DiCicco de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. “Quienes promueven ardides de fraude tributario serán investigados, enjuiciados y condenados, y además enfrentan importantes sentencias de prisión”.

“El uso de ardides de fondos de inversión abusivos y tácticas fraudulentas de eliminación de deudas con la intención de ocultar ingresos al IRS no es planificación fiscal: es una actividad criminal. No existe ninguna formula secreta que pueda eliminar las obligaciones tributarias de una persona”, dijo Víctor S. O. Song, Jefe de Investigaciones Criminales del IRS. “El veredicto de hoy refuerza nuestro compromiso con todos los contribuyentes estadounidenses de que identificaremos y enjuiciaremos a quienes promueven transacciones financieras ilegales con la intención de evadir el pago de impuestos”.

El Juez Rodgers dejó de lado el veredicto del jurado respecto de un noveno demandado, Robert Pendell, y lo absolvió de todos los cargos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino DiCicco felicitó a los agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del IRS que investigaron el caso, así como también a los abogados litigantes de la División de Impuestos Michael J. Watling, Adam F. Hulbig y Jonathan R. Marx, que estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

10-357
División de Impuestos