La misión de la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)] es hacer valer las leyes y reglamentos de los Estados Unidos sobre sustancias controladas, y de llevar ante el sistema de justicia penal y civil de los Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente, aquellas organizaciones y los miembros principales de organizaciones implicados en el crecimiento, fabricación o distribución de sustancias controladas que aparezcan dentro de o que estén destinadas para el tráfico ilícito en los Estados Unidos, y recomendar y apoyar programas no-coactivos con reducir la disponibilidad de sustancias controladas ilícitas en los mercados domésticos e internacionales como objetivo.

Comuníquese en forma gratuita las 24 horas con la Línea

Información para Victimas y Testigos de Crimenes Federales

Para proporcionar liderazgo y servicios en la administración de subvenciones y el desarrollo de políticas de justicia penal para apoyar las estrategias de justicia locales, estatales y tribales, a fin de lograr comunidades más seguras.

La misión de la Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)] es dirigir investigaciones de delitos, regular lo referente a las armas de fuego y las industrias de explosivos, y asistir a otras agencias de coacción. Se emprende esta labor para prevenir el terrorismo, reducir la delincuencia violenta y proteger al público de una manera que sea fiel a la Constitución y a las leyes de los Estados Unidos.

La Buró de Estadísticas Judiciales es una unidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuya función principal es la compilación y el análisis de datos y la difusión de información para propósitos estadísticos.

La misión del FBI [Federal Bureau of Investigation] es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terrorista y de la inteligencia extranjera, mantener y hacer cumplir las leyes penales de los Estados Unidos, y proporcionar dirección y servicios de justicia penal a las agencias federales, estatales, municipales e internacionales.

Archivo De Apelación Voluntaria  (HTML)  (PDF)

Requistos y antecedentes del decreto Brady (PDF)

Cómo ponerse en contacto con nosotros

Es la misión de la Buró Federal de Prisiones el proteger a la sociedad confinando a los delincuentes en ambientes controlados de prisiones e instalaciones comunitarias que sean seguros, humanos, eficientes en costos y tengan protección adecuada, y que proporcionen trabajo y otras oportunidades de auto-superación para ayudar a los delincuentes a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley.

El Centro Nacional de Información sobre Drogas [National Drug Intelligence Center (NDIC)], establecido en 1993, es un componente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un miembro de la Comunidad de Inteligencia. El Plan General de Inteligencia para la Lucha contra las Drogas, implementado en febrero de 2000, señaló al NDIC como el centro principal de la nación para la inteligencia doméstica estratégica de la lucha contra las drogas.

Boletín Informativo: Esnifar El Uso Indebido de los Inhalantes   (HTML)  (PDF)  (TEXT)

Boletín Informativo:Metanfetamina Cristalina (HTML)  (PDF)  (TEXT)

Boletín Informativo:El Yodo en la Producción de la Metanfetamina (HTML)  (PDF)  (TEXT)

PCP Datos Rápidos (HTML)  (PDF)

La Comisión de Estados Unidos para la Solución de Reclamaciones al Extranjero [Foreign Claims Settlement Commission of the United States (FCSC)] es una agencia cuasi-judicial, independiente, dentro del Departamento de Justicia que juzga demandas de los nacionales de Estados Unidos contra gobiernos extranjeros, ya sea bajo jurisdicción específica conferida por el Congreso o de conformidad con acuerdos internacionales para conciliación de demandas. Los fondos para el pago de las asignaciones de la Comisión se derivan de apropiaciones del Congreso, conciliación de demandas internacionales, o de liquidación de bienes extranjeros en los Estados Unidos por parte de los Departamentos de Justicia y del Tesoro.

La misión de la Comisión Federal Libertad Condicional es promover la seguridad pública y empeñarse en obtener justicia e imparcialidad en el ejercicio de su autoridad de liberar y supervisar a delincuentes bajo su jurisdicción. La Comisión alcanza estas metas mediante la aplicación concienzuda de sus pautas a cada caso, templada por la buena voluntad de dar el debido respeto a las circunstancias individuales. El principio que la guía es aplicar la sanción menos restrictiva compatible con la seguridad pública y el apropiado castigo de la ofensa. Para tomar sus determinaciones, la Comisión considera información proveniente de una variedad de fuentes, incluyendo el informe previo a la sentencia, la víctima del delito, el juez que pronuncia la sentencia, el fiscal, el abogado de la defensa, funcionarios de la prisión y el delincuente.

Bajo la dirección del Secretario de Justicia Adjunto para Administración, la División proporciona ayuda a los funcionarios administrativos de alto nivel en lo referente a la política básica del Departamento para todas las materias que pertenecen a organización, gerencia y administración. Además, la División proporciona servicios directos de soporte administrativo, opera varios servicios centrales, y presta apoyo automatizado para litigio según lo requerido al Departamento de Justicia y a otras agencias federales participantes en el pleito.

La misión de la División Antimonopolios [Antitrust Division] es la promoción y el mantenimiento de la competitividad en la economía de los Estados Unidos. La conducta anticompetitiva privada está sujeta a acciones penales y civiles bajo las Leyes Sherman y Clayton, las que prohíben la conspiración para restringir el comercio, la monopolización y las fusiones anticompetitivas. A través de la participación en actividades del Poder Ejecutivo y en procesos reguladores y legislativos, la División busca asegurar que la acción gubernamental sea pro competencia y no innecesariamente anticompetitiva. A través de su propio litigio, a través de presentaciones como amicus curiae, y en una variedad de otros foros públicos, la División también busca orientar el fomento de la jurisprudencia antimonopolios.

El Departamento de Justicia requiere que Univisión realice desposeimentos para finiquitar la adquisición de Hispanic Broadcasting Corporation (PDF)  (WPD)

La División de lo Civil representa a los Estados Unidos, sus departamentos y agencias, los Miembros del Congreso, los funcionarios del Gabinete y otros empleados federales. Su litigio refleja la diversidad de las actividades del gobierno, e incluye, por ejemplo, la defensa ante el cuestionamiento de acciones presidenciales, asuntos de seguridad nacional, programas de beneficios, políticas energéticas, asuntos comerciales, tales como conflictos contractuales, seguros de actividades bancarias, patentes, fraude y cobro de deudas, toda modalidad de reclamaciones por accidente y por responsabilidad, y violaciones penales de las leyes de inmigración y de protección al consumidor. Cada año, los abogados de la División manejan millares de casos que implican, en conjunto, miles de millones de dólares en reclamaciones y reivindicaciones. La División enfrenta asuntos políticos significativos, que a menudo alcanzan dimensiones constitucionales, al defender y hacer cumplir diferentes programas y acciones federales.

La División de Derechos Civiles fue establecida en 1957 como la institución primaria dentro del gobierno federal responsable de hacer cumplir los estatutos federales que prohíben la discriminación basada en raza, sexo, discapacidad, religión, origen nacional o situación de ciudadanía. La División protege el derecho constitucional y legal de vivir libre de discriminación en lo relativo a educación, empleo, vivienda, crédito, establecimientos de servicio público e instalaciones públicas, votación, y determinados programas financiados y conducidos a nivel federal.

Además, la División está a cargo del procesamiento de las violaciones penales de los derechos civiles.

La misión de la División de Impuestos es manejar o supervisar los problemas civiles y penales que se presenten asociados a las leyes tributarias. La División de Impuestos se esfuerza para asegurar la aplicación constante y la coacción uniforme del código tributario y promover el cumplimiento de las leyes tributarias y mantener la confianza en la integridad del sistema fiscal.

Los abogados de la División de Impuestos trabajan en relación estrecha con la Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] y Fiscales Federales en el desarrollo de políticas de administración de impuestos, en manejar juicios civiles y litigios de apelación en tribunales federales y estatales, realizar investigaciones federales del gran jurado, manejar enjuiciamientos y apelaciones penales.

Casi la mitad de los abogados de la División presentan casos contra quienes violan las leyes para control de la contaminación civiles y penales de la Nación. Otros defienden cuestionamientos ambientales a los programas y actividades gubernamentales y representan a los Estados Unidos en materias referentes a la administración de los recursos naturales y de las tierras públicas de la nación. La División también es responsable por la adquisición de inmuebles por dominio eminente para el gobierno federal, y presenta y defiende casos bajo las leyes de protección de la fauna y la flora. Además, la División litiga casos referentes a los derechos y a las demandas de los indios. Muchos de los casos manejados por la División sientan precedentes y desafían y afinan las destrezas del cuerpo de abogados exclusivo de la División. Algunos de estos casos se describen en el informe de la División sobre realizaciones recientes.

Bienvenido a la División de Seguridad Nacional. Creada por la reautorización de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. en marzo de 2006, la División combina los principales elementos de la seguridad nacional del Departamento de Justicia, cumpliendo con una recomendación importante del informe de marzo de 2005 de la Comisión sobre las Capacidades de Inteligencia de los Estados Unidos asociadas a Armas de Destrucción Masivas [Weapons of Mass Destruction (WMD)]. La División consiste en las Secciones de Contraterrorismo y Contraespionaje, la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia, y una nueva Oficina de Leyes y Política. Siéntase libre para comunicarse con nosotros a través de nsd.public@usdoj.gov o al 202-514-1057.

La División de lo Penal desarrolla, hace cumplir y supervisa la aplicación de todas las leyes penales federales, exceptuando aquellas asignadas específicamente a otras divisiones. La División y los 93 Fiscales Federales tienen la responsabilidad de supervisar los asuntos penales bajo los más de 900 estatutos así como determinada litigación civil. Los abogados de la División de lo Penal procesan muchos casos significativos en el ámbito nacional . Además de sus responsabilidades directas de litigación, la División formula y pone en ejecución la política de coacción penal y proporciona consejo y ayuda. Por ejemplo, la División aprueba o supervisa áreas sensibles de la aplicación de ley, tales como la participación en el Programa de Protección de Testigos y el uso de vigilancia electrónica, aconseja al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, al Congreso, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Casa Blanca en asuntos de derecho penal, proporciona asesoramiento y asistencia jurídicos a los fiscales federales y a las agencias investigadoras, y proporciona el liderazgo para coordinar los asuntos relacionados con las fuerzas del orden público a nivel internacional, así como federal, estatal y local.

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Los Fiscales Federales actúan como los principales litigantes de la nación bajo la dirección del Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Existen 93 Fiscales Federales destacados a través de los Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Islas Mariana del Norte. Los Fiscales Federales son nombrados por, y sirven a discreción del Presidente de los Estados Unidos, con consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Un Fiscal Federal está asignado a cada uno de los distritos judiciales, a excepción de Guam y de las Islas Mariana del Norte donde un solo abogado de Estados Unidos desempeña sus servicios en ambos distritos. Cada Fiscal Federal es la principal autoridad de las fuerzas del orden público federales de los Estados Unidos dentro de su o su jurisdicción particular.

El NIC proporciona entrenamiento, asistencia técnica, servicios informativos y ayuda para el desarrollo de políticas /programas a las agencias de corrección federales, estatales, y locales. Los servicios están diseñados para ayudar a los profesionales penitenciarios a resolver los desafíos del ambiente actual del sistema penitenciario.

El NIJ es la agencia de investigación, desarrollo y evaluación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se dedica a investigar temas de control de la delincuencia y de justicia . El NIJ proporciona el conocimiento y herramientas objetivos, independientes y basados en evidencias para resolver los desafíos de la delincuencia y de la justicia, particularmente a los niveles estatal y local. Las autoridades principales del NIJ se derivan de la Ley General para el Control de la Delincuencia y la Seguridad en las Calles de 1968, según enmienda (véase 42 USC § 3721-3723) y el Título II de la Ley de Seguridad de la Patria de 2002.

La misión de la Buró Central Nacional de los Estados Unidos es facilitar la cooperación internacional entre las fuerzas del orden público como el representante de los Estados Unidos en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en nombre del Secretario de Justicia de los Estados Unidos.

La función principal de la Oficina del Abogado General de la Nación es supervisar y conducir el pleito del gobierno en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Prácticamente todos esos litigios se encauzan a través de la Oficina del Abogado General de la Nación y son procesados activamente por la Oficina. Los Estados Unidos tienen participación en cerca de dos tercios de todos los casos en los que la Corte Suprema de los Estados Unidos emite fallos cada año.

La Oficina del Abogado de Indultos, en consulta con el Secretario de Justicia de los Estados Unidos o su delegado, asiste al Presidente en el ejercicio de la clemencia ejecutiva, según lo autorizado bajo el Artículo II, Sección 2, de la Constitución. De acuerdo a la Constitución, el poder de clemencia del Presidente se extiende solamente a delitos federales. Todos las peticiones de clemencia ejecutiva para delitos federales son dirigidas al Abogado de Indultos para su investigación y revisión. El Abogado de Indultos prepara la recomendación del Departamento al Presidente para la disposición final de cada solicitud. La clemencia ejecutiva puede tomar varias formas, incluidos el perdón, la conmutación de la sentencia, remisión de la multa o restitución, y la suspensión temporal de un castigo.

La misión de la PRAO es asegurar consejo pronto y uniforme a los abogados del Departamento y a los Fiscales Federales Auxiliares con respecto a asuntos de responsabilidad profesional y de jurisdicción legal.

La Oficina de Asuntos legislativos tiene la responsabilidad de idear e implementar la estrategia legislativa para realizar las iniciativas del Secretario de Justicia de los Estados Unidos que requieran acción por parte del Congreso. En forma similar, la Oficina de Asuntos Legislativos articula las vistas del Departamento, incluyendo sus miembros, sobre iniciativas legislativas del Congreso. La Oficina responde por parte del Departamento a las peticiones y a las investigaciones de los comités del Congreso, de los miembros individuales del Congreso, y de su personal. La oficina de Asuntos Legislativos coordina las actividades de supervisión del Congreso asociadas al Departamento, así como el comparecencia de testigos del Departamento y la aprobación interagencias de todo el testimonio del Congreso. Además, la Oficina participa en el proceso de la confirmación por parte del Senado de jueces federales y candidatos del Departamento, tales como Secretarios de Justicia Auxiliares y Fiscales Federales.

La Oficina de Asuntos Públicos es responsable de asegurarse de que el público y la prensa estén informados sobre las actividades del Departamento y acerca de las prioridades y las políticas del Secretario de Justicia de los Estados Unidos y del Presidente con respecto a la aplicación de ley y a asuntos jurídicos.

El Secretario de Justicia Auxiliar de los Estados Unidos a cargo de la Oficina del Consejero Jurídico asiste al Secretario de Justicia de los Estados Unidos en su función como asesor jurídico del Presidente y a todas las agencias del poder ejecutivo.

La Oficina bosqueja las opiniones legales del Secretario de Justicia de los Estados Unidos y también proporciona sus propias opiniones escritas y consejo oral en respuesta a peticiones de los Consejeros del Presidente, a las diferentes agencias del poder ejecutivo, y a las oficinas dentro del Departamento. Estas peticiones se ocupan típicamente de cuestiones legales de complejidad e importancia particulares o sobre las cuáles dos o más agencias están en desacuerdo. La Oficina también es responsable de proporcionar asesoramiento jurídico al poder ejecutivo sobre todas las preguntas constitucionales y de repasar la legislación pendiente con respecto a su constitucionalidad.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la consejería jurídica del gobierno federal y el empleador legal más grande del mundo ofrece oportunidades para estudiantes de leyes, abogados principiantes y abogados experimentados en prácticamente cualquier área de la práctica legal . La Oficina de Contratación y Administración de Abogados proporciona una descripción de las muchas posibilidades y ventajas de los numerosos empleos legales disponibles en el Departamento de Justicia.

La Oficina de Coordinación Intergubernamental y con el Público [Office of Intergovernmental and Public Liaison (OIPL)] fue establecida en 1996. La oficina sirve como el centro de coordinación para todas las actividades del Departamento relacionadas con autoridades del gobierno y las fuerzas del orden público locales y estatales y organizaciones externas. La OIPL también garantiza que la perspectiva estatal y local sea considerada cuando se discuten y se implementan las políticas y los programas del DOJ.

El Cuerpo de Policía está diseñado para tratar con el delito violento, ayudando a las agencias del orden público estatales y locales a aumentar el número de oficiales con educación y entrenamiento avanzados asignado a la patrulla de la comunidad. El programa, que funciona dentro de los estados que hayan sometido un plan estatal aprobado, motiva a gente joven altamente cualificada para servir como oficiales de policía y delegados del alguacil en los municipios, condados y estados que más los necesitan. Se lleva a cabo ofreciendo becas federales sobre una base competitiva a estudiantes universitarios que acuerden servir donde sea necesario en patrulla comunitaria durante por lo menos cuatro años.

La Oficina de Desarrollo de Capacidad Comunitaria [Community Capacity Development Office (CCDO)] trabaja con las comunidades locales para diseñar las estrategias para disuadir la delincuencia, promoviendo el desarrollo económico y realzando la calidad de vida. La CCDO ayuda a las comunidades a ayudarse a sí mismas, permitiéndoles desarrollar soluciones a los problemas de seguridad pública y a consolidar el liderazgo para poner en práctica y sustentar esas soluciones.

La EOUSA provee a los 93 Fiscales Federales (94 Fiscalías Federales) con:

• asistencia y dirección ejecutivas generales,
• desarrollo de políticas,
• dirección y vigilancia de la gestión administrativa,
• apoyo operacional,
• coordinación con otros componentes del Departamento y con otras agencias federales.

Estas responsabilidades incluyen ciertos servicios legales, presupuestarios, administrativos y de personal, así como la educación legal.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración [Executive Office for Immigration Review (EOIR)] es responsable de juzgar casos referentes a inmigración. Específicamente, bajo autoridad delegada del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, la EOIR interpreta y administra leyes federales de inmigración realizando procedimientos del tribunal de inmigración, revisiones de apelación y audiencias administrativas. La EOIR consiste en tres componentes: La Oficina del Juez Principal de Inmigración, quien es responsable de manejar los numerosos tribunales de inmigración ubicados en todos los Estados Unidos, donde los jueces de inmigración juzgan casos individuales; la Junta de Apelaciones de Inmigración, que sobre todo realiza revisiones de apelación de las decisiones del juez de inmigración; y la Jefatura de Audiencias Administrativas, que juzga los casos de empleo relacionados con inmigración. La EOIR tiene el compromiso de proveer la aplicación justa, pronta y uniforme de las leyes nacionales de inmigración en todos los casos.

Nuestra misión es proporcionar liderazgo en tecnología de la información para promover la misión del Departamento de Justicia, mejorar la eficacia de la administración, y lograr resultados superiores para los empleados del Departamento y a los ciudadanos de los Estados Unidos.

La Oficina de Información y Privacidad [Office of Information and Privacy (OIP)] maneja las responsabilidades del departamento relacionadas con la Ley de Libre Acceso a la Información [Freedom of Information Act (FOIA)] y de la Ley de Privacidad. Estas responsabilidades incluyen coordinar e implementar el desarrollo de política y el cumplimiento de la FOIA en todos los niveles gubernamentales, y por parte del Departamento, de la Ley de Privacidad, y decidir todas las apelaciones a negativas de acceso a información de acuerdo con estas leyes por parte de cualquier componente del Departamento.

El Inspector General, Departamento de Justicia de Estados Unidos [U.S. Department of Justice (DOJ)], promueve economía, eficacia y eficacia dentro del Departamento. El Inspector General también hace cumplir las leyes penales y civiles, los reglamentos y estándares éticos dentro del DOJ, investigando a individuos y organizaciones que supuestamente están implicados en mala conducta financiera, contractual o penal en programas y operaciones del DOJ.

La Oficina de Justicia para Menores y Prevención de la Delincuencia [(Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)] proporciona dirección, coordinación y recursos nacionales para prevenir y responder a la delincuencia y al trato injusto. La OJJDP apoya a los estados y a las comunidades en su labor de desarrollar e implementar programas de prevención y de intervención eficaces y coordinados, y de mejorar el sistema de justicia juvenil de modo que proteja la seguridad pública, detenga a delincuentes responsables, y proporcione tratamiento y servicios de rehabilitación adaptados a las necesidades de los jóvenes y de sus familias.

La Oficina de Justicia Tribal (OTJ) fue establecida para proporcionar un punto de contacto único dentro del Departamento de Justicia para cumplir con las responsabilidades federales amplias y complejas asociadas a tribus indígenas. La Oficina facilita la coordinación entre los miembros departamentales que trabajan en asuntos indígenas, y proporciona un canal de comunicación permanente para los gobiernos tribales indígenas con el Departamento de Justicia. La OTJ representa al Departamento en su trato con tribus indígenas, agencias federales, el Congreso, los gobiernos estatales y locales, asociaciones profesionales y grupos de interés público. Debido a que los problemas indígenas pasan por tantas entidades dentro del Poder Ejecutivo, la OTJ, en cooperación con la Oficina de Asuntos Indígenas, tiene la finalidad de unificar la respuesta federal.

La misión de la Oficina de Política Jurídica es planear, desarrollar y coordinar la implementación de iniciativas importantes de política legal de alta prioridad para el departamento y la administración. La OLP también proporcionará asesoramiento jurídico y ayuda al Secretario de Justicia de los Estados Unidos y a los miembros del Departamento. La OLP funcionará como un punto focal para el desarrollo y la coordinación de la política departamental.

La Oficina de Políticas y Revisión en Asuntos de Inteligencia [Office of Intelligence Policy and Review], bajo la dirección del Consejero para Política de Inteligencia, es responsable por aconsejar al Secretario de Justicia de Los Estados Unidos en todas las materias referente a las actividades de la seguridad nacional de los Estados Unidos. La Oficina prepara y presenta todas las aplicaciones para vigilancia electrónica y búsqueda física de acuerdo a la Ley de Vigilancia Sobre Servicios de Inteligencia Extranjeros de 1978, asiste a las agencias gubernamentales proporcionando asesoramiento jurídico en materias de la ley y de la política de seguridad nacional, y representa al Departamento de Justicia en varios comités de Inter-agencia tales como la Junta Nacional de Política de Contrainteligencia. La Oficina también emite comentarios sobre y coordina las opiniones de otras agencias con respecto a la legislación propuesta que afecta asuntos de inteligencia.

Desde 1984, la Oficina de Programas Judiciales ha proporcionado liderazgo federal en el desarrollo de la capacidad de la nación de prevenir y controlar la delincuencia, en mejorar los sistemas penales y juveniles judiciales, en aumentar el conocimiento sobre la delincuencia y aspectos afines, y en ayudar a víctimas del crimen. El equipo de gerencia superior de la OJP - compuesto por el Secretario de Justicia Adjunto de los Estados Unidos [Assistant Attorney General (AAG)], el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto de los Estados Unidos [Deputy Assistant Attorney General (DAAG)], y de los cinco líderes de oficina - trabaja en conjunto con gerentes dedicados y personal de línea para realizar esta misión.

Datos de Verificación Para Demandas

Nuestro número puede ayudarle(PDF)

Oficina de Derechos Civiles

Oficina de Derechos Civiles - Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficient [LEP])

La Oficina de Resolución de Disputas coordina la utilización de la Resolución Alternativa de Disputas [Alternative Dispute Resolution (ADR)] para el departamento de Justicia. La oficina es responsable de los asuntos de política de la ADR, entrenamiento en ADR, asistir a los abogados para seleccionar los casos correctos para la resolución de disputas, y encontrar personas neutrales apropiadas para servir como mediadores, árbitros, y evaluadores neutrales. La oficina también coordina el Grupo de Trabajo Interagencias sobre ADR, una organización que promueve el uso de la ADR a través de las agencias federales de la rama ejecutiva, la cual fue creada por el Presidente y está presidida por el Secretario de Justicia de los Estados Unidos.

La Oficina de Responsabilidad Profesional, que depende directamente del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, es responsable por investigar las acusaciones sobre falta de ética por parte de abogados, investigadores o personal de las fuerzas del orden público del Departamento, donde las acusaciones se relacionen con el ejercicio de la autoridad de un abogado para investigar, litigar, o proporcionar asesoramiento jurídico.

El Secretario de Justicia de los Estados Unidos, como jefe del Departamento de Justicia y funcionario en jefe del Gobierno Federal para la administración de la ley, representa generalmente a los Estados Unidos en asuntos legales y aporta consejo y opiniones al Presidente y a los jefes de los departamentos ejecutivos del Gobierno cuando se le requiere. El Secretario de Justicia de los Estados Unidos realiza apariciones personales para representar al Gobierno ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en casos de gravedad o importancia excepcionales.

Discursos, Declaraciones y Testimonio

2009

El Secretario de Justicia Adjunto aconseja y asiste al Secretario de Justicia de los Estados Unidos en la formulación e implementación de políticas y programas departamentales y el suministro de supervisión y dirección general a todas las unidades organizacionales del Departamento. El Secretario de Justicia Adjunto de los Estados Unidos está autorizado para ejercer todo el poder y autoridad del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, excepto donde la delegación de tal poder o autoridad esté prohibida por la ley o se haya delegado a otro funcionario. En ausencia del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, el Secretario de Justicia Adjunto de los Estados Unidos actúa como Secretario de Justicia de los Estados Unidos.

La Oficina del Síndico de Detención Federal fue establecida y activada en septiembre de 2001 mediante directiva del Congreso (Pub. L. 106-553, § 166, 114 Ley 2762 (2000)) en respuesta a crecientes inquietudes con respecto a la detención federal. Es la misión del Síndico de Detención Federal el prever el confinamiento seguro y humano de personas en detención federal que aguarden juicio o procesos inmigratorios, asegurando las operaciones y la rentabilidad apropiadas de instalaciones seguras de detención no-federales utilizadas por las agencias federales de las fuerzas del orden público.

La Oficina del Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos aconseja y asiste al Secretario de Justicia de los Estados Unidos y al Secretario de Justicia Adjunto en la formulación e implementación de políticas departamentales y programas pertinentes a una amplia gama de asuntos asociados a la justicia civil, las fuerzas del orden público locales y federales, y asuntos de seguridad pública. La Oficina supervisa los siguientes componentes del Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)]: División Antimonopolios, División de lo Civil, División de Derechos Civiles, División del Medio Ambiente y Recursos Naturales, División de Impuestos, Oficina de Programas Judiciales, Servicios Policiales Orientados a la Comunidad [Community Oriented Policing Services (COPS )], Servicio de Relaciones Comunitarias, Oficina de Resolución de Disputas, Oficina sobre Violencia contra la Mujer, Oficina de Información y Privacidad, Oficina Ejecutiva de Fiduciarios Federales y Comisión de Estados Unidos para la Solución de Reclamaciones al Extranjero.

La misión de la Oficina para Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)] es optimizar la capacidad de la Nación de ayudar a las víctimas de la delincuencia y para proporcionar dirección para el cambio de actitudes, políticas, y prácticas para promover justicia y la recuperación para todas las víctimas.

Guía para El Diseño de Políticas (PDF)

Desde su inicio en 1995, la Oficina sobre Violencia contra la Mujer [Office on Violence Against Women (OVW)] ha manejado los aspectos legal y de política del Departamento con respecto a la violencia contra mujeres, coordinado la labor departamental, proporcionado liderazgo nacional e internacional, recibido visitantes internacionales interesados en aprender sobre el papel del gobierno federal en el trato de la violencia contra mujeres, y respondido a las peticiones de información con respecto a la violencia contra mujeres.

La misión principal del Programa de Confiscación de Bienes del Departamento de Justicia es emplear los poderes para confiscación de bienes de un modo tal que realce la seguridad pública. Esto se logra eliminado los ingresos provenientes de la delincuencia y otros bienes en que se apoyan los delincuentes y sus asociados para perpetrar su actividad delictiva contra nuestra sociedad. La confiscación de bienes tiene el poder de interrumpir o de desmantelar las organizaciones delictivas que continuarían funcionando si sólo condenáramos y encarceláramos a individuos específicos.

La Oficina de Desviación [Diversion Control Program] consiste en investigadores de desviación, agentes especiales, químicos, farmacólogos, analistas de programa, y otros. Las actividades de la oficina incluyen: prioridades del programa y vigilancia de la gestión en el campo, coordinación de investigaciones importantes, bosquejo y divulgación de regulaciones, establecimiento de cuotas nacionales de producción de droga, diseño y ejecución de misiones diplomáticas, obligaciones de los Estados Unidos bajo los tratados del control de drogas, diseño y propuesta de la legislación nacional, consejo y liderazgo en la legislación/reglamento estatal, control legal de drogas y de productos químicos que no estaban previamente bajo control federal, control de importaciones y de exportaciones de drogas y de productos químicos, supervisión automatizada y seguimiento de la distribución de ciertas drogas controladas, abastecimiento de inteligencia de distribución a los estados, enlace con la industria, y planeamiento y asignación de recursos del programa.

El Programa de Fiduciarios Federales [U.S. Trustee Program] es un componente del Departamento de Justicia que busca promover la eficacia y proteger la integridad del sistema federal de quiebra. Para fomentar el interés público en la resolución justa, pronta y económica de los casos presentados bajo del Código de Quiebras, el programa supervisa la conducta de las partes en bancarrota y de los administradores de propiedad privada, supervisa las funciones administrativas relacionadas, y actúa para asegurar la conformidad con las leyes y los procedimientos aplicables. También identifica y ayuda a investigar el fraude y abuso de la quiebra en coordinación con los Fiscales Federales, la Oficina federal de Investigaciones, y otras agencias para aplicación de la ley.

Hoja De Información Sobre Quiebra

El Servicio de los Alguaciles Federales de los Estados Unidos es la agencia de las fuerzas del orden público federales más antigua y más versátil. Los alguaciles federales han servido al país desde 1789.

El Servicio de los Alguaciles Federales ocupa una posición central distintiva en el sistema federal de justicia. Es el brazo de coacción de los tribunales federales, y como tal, participa en prácticamente toda iniciativa de las fuerzas del orden público federales. Alguaciles federales nombrados por orden presidencial dirigen las actividades de 94 oficinas de distrito del Servicio de los Alguaciles Federales en la nación - una para cada distrito judicial federal. Los deberes principales del Servicio de los Alguaciles Federales son: proteger a las autoridades judiciales federales y las instalaciones del tribunal federal - lo que incluye jueces, abogados y a miembros del jurado, ejecutar todo proceso del tribunal federal, localizar y aprehender fugitivos en su calidad de agencia principal del gobierno federal para realizar investigaciones de fugitivos, aprehender fugitivos extranjeros que se crea que están en los Estados Unidos, localizar y extraditar fugitivos estadounidenses en países extranjeros, garantizar la seguridad de testigos federales con el programa de protección de testigos ; manejar el Sistema de Transporte Judicial para Reos y Extranjeros [Justice Prisoner and Alien Transportation System (JPATS)]; asumir la custodia de individuos arrestados por todas las agencias federales y ser responsables del alojamiento y transporte de los presos en detención federal hasta sean absueltos o condenados; transporte de presos condenados a instalaciones de prisión señaladas; y administrar el Programa de Confiscación de Bienes del Departamento de Justicia, administrando y disponiendo de propiedades tomadas y confiscadas por las agencias de las fuerzas del orden público federales y los fiscales federales.

Apoyo operative

Datos y cifras

Enlaces afines

Investigaciones sobre fugitivos

Prestación de servicios a roes

Programa de confiscación de bienes

Programa de seguridad de testigos

Puerto Rico - Almirantazgo

Puerto Rico - Area de Servicio

Puerto Rico - Confiscación de bienes

Puerto Rico - Investigaciones sobre fugitivos

Puerto Rico - Prestación de servicios a reos

Puerto Rico - Procedimientos judiciales locales

Puerto Rico - Resumen de noticias

Puerto Rico - Ubicaciones del juzgado

Seguridad Judicial (PDF)

Servicio de Alguaciles Federales - Puerto Rico

Servicio de Alguaciles Federales de EE.UU.

Sistema de transporte judicial para reos y extranjeros

El Servicio de Relaciones Comunitarias [Community Relations Service (CRS)] es el "pacificador" del Departamento para los conflictos y las tensiones de la comunidad que se presentan a partir de diferencias de raza, color y origen nacional. Creado por la Ley de Derechos Civiles de 1964, el CRS es la única agencia federal dedicada a ayudar a las unidades del gobierno estatales y locales, organizaciones privadas y públicas, y grupos comunitarios en la prevención y la resolución de tensiones, incidentes y disturbios civiles raciales y étnicos, y en la restauración de la estabilidad y la armonía raciales. El CRS facilita el desarrollo de entendimientos y de acuerdos viables y mutuos, como alternativas a la coerción, la violencia o el litigio. También ayuda a las comunidades para el desarrollo de mecanismos locales, la realización de entrenamiento y otras medidas pro-activas para prevenir o reducir la tensión racial/étnica.

El CRS no toma partido entre las partes en disputa y, al promover los principios y los ideales de la no-discriminación, aplica habilidades que permiten que las partes logren su propio acuerdo. En la ejecución de esta misión, el CRS despliega conciliadores profesionales muy expertos, que pueden asistir a personas de diferentes antecedentes raciales y culturales.

El NCJRS [National Criminal Justice Reference Service] es un recurso con financiamiento federal que brinda información judicial y de abuso de sustancias para apoyar la investigación, la política, y el desarrollo de programas en todo el mundo.

Los Servicios Policiales Orientados a la Comunidad [Community Oriented Policing Services (COPS)] proporcionan subvenciones a las agencias para aplicación de las leyes tribales, estatales y locales para contratar y entrenar profesionales de mantenimiento del orden comunitarios, para adquirir y desplegar tecnologías avanzadas para combatir la delincuencia y para desarrollar y probar estrategias innovadoras para el mantenimiento del orden.

El entrenamiento financiado por los COPS ayuda en el avance del mantenimiento del orden de la comunidad en todos los niveles de las fuerzas del orden público- desde oficiales de primera línea hasta funcionarios ejecutivos de las fuerzas del orden público - así como otras en el campo de la justicia penal. Debido a que el mantenimiento del orden de la comunidad es por definición global, el entrenamiento de los COPS también llega a los líderes del gobierno local y a los ciudadanos a los que sirven. Esta amplia gama de programas ayuda a los COPS a ofrecer apoyo a las agencias en virtualmente todos los aspectos de la aplicación de la ley, y está logrando una América más segura, vecindad tras vecindad.