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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Miércoles, 17 de julio de 2013
El Departamento de Justicia realiza acuerdo amplio con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la reforma del Departamento de Policía de Puerto Rico
El acuerdo con fuerza de orden judicial representa un compromiso conjunto para garantizar servicios policiales efectivos y constitucionales en Puerto Rico

WASHINGTON - Hoy, el Departamento de Justicia realizó un acuerdo amplio de derechos civiles con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la modernización y la reforma del Departamento de Policía de Puerto Rico [PRPD - Puerto Rico Police Department]. El acuerdo resuelve una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. [U.S. Department of Justicia (DOJ)] en diciembre de 2012 para remediar un patrón y una práctica de conducta policial indebida por parte del PRPD. El acuerdo representa un compromiso conjunto los servicios policiales efectivos y constitucionales y es producto de negociaciones amplias entre el departamento, el PRPD y los gobiernos del Gobernador Alejandro García Padilla y su predecesor Luis Fortuño. El acuerdo fue presentado al tribunal federal hoy y adquirirá fuerza de orden judicial una vez aprobado por el Juez de Distrito Gustavo A. Gelpí.

El acuerdo fue diseñado no solo para promover los servicios policiales constitucionales, sino también para optimizar la seguridad pública y de los agentes e incrementar la confianza de la comunidad en el PRPD. El acuerdo amplio se encuentra entre los acuerdos más exhaustivos ya obtenidos por el departamento bajo la disposición de conducta policial indebida de la Ley de Control de Delitos Violentos y Coacción Legal de 1994, y requiere acción correctiva en once áreas principales. Estas áreas incluyen el uso de fuerza, allanamientos y confiscaciones, protección igualitaria, políticas y procedimientos, capacitación, supervisión, quejas de civiles e investigaciones internas, participación comunitaria y sistemas de información. El acuerdo también brindará al público oportunidades significativas de participar en el proceso de reforma a través de reuniones comunitarias periódicas, informes públicos, comités de interacción civiles, encuestas comunitarias, y la implementación de principios de prestación de servicios policiales comunitarios. Se prevé que el acuerdo será implementado en el plazo de diez años, aunque no existe una fecha de vencimiento. Un asesor en cumplimiento técnico evaluará e informará acerca del cumplimiento del PRPD, y brindará asistencia técnica para promover la prestación de servicios policiales constitucionales.

El acuerdo también fue diseñado de acuerdo con las necesidades singulares del PRPD y con el reconocimiento de los desafíos de seguridad que Puerto Rico enfrenta. Con una misión diversificada y una fuerza policial de 17,000 agentes, el PRPD es el segundo departamento de policía del país en tamaño y atiende a más de cuatro millones de residentes. Un periodo inicial de creación de capacidad le permitirá al PRPD modernizar sus sistemas administrativos y profesionalizar su fuerza policial. A través del desarrollo de planes de acción, el PRPD tendrá amplia flexibilidad para realizar la implementación y asignar recursos para lograr resultados mensurables en los plazos establecidos. Una vez implementados los planes, los agentes de todas las regiones policiales tendrán la orientación sobre la política, la capacitación, la supervisión, los equipos y el apoyo que requieren para llevar a cabo sus tareas de manera legal, eficaz y eficiente.

"Felicitamos a los gobiernos del Gobernador Alejandro García Padilla y su predecesor Luis Fortuño por aceptar el desafío formidable de transformar al PRPD en una fuerza policial moderna que incluye la prestación de servicios policiales constitucionales en su misión esencial", señaló el Secretario de Justicia de EE.UU. Eric Holder, Jr. "Los departamentos de policía que respetan los derechos de las personas que atienden se ganan la confianza del público y pasan a ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Debido a que este acuerdo que anunciamos hoy institucionalizará la cultura de la rendición de cuentas, Puerto Rico ahora tendrá acceso a casi 10 millones de dólares de fondos de confiscación de bienes, que podrá utilizar para implementar las reformas contenidas en el acuerdo".

"Bajo el liderazgo del Secretario de Justicia Luis Sánchez Betances, el Superintendente Héctor Pesquera y sus equipos, hemos logrado dar forma a un acuerdo histórico que brindará a los hombres y las mujeres trabajadores del PRPD el apoyo y las herramientas que necesitan para proteger los derechos civiles y lograr la participación efectiva de la comunidad en iniciativas de seguridad pública", dijo el Subsecretario de Justicia Interino Tony West. "También agradecemos a todos los líderes comunitarios, agentes de la policía y miembros del público que se ofrecieron para ayudar en nuestra investigación y que hicieron que este día fuera posible".

La demanda civil de diciembre de 2012 del departamento se entabló después de una investigación de las políticas y prácticas del PRPD. La investigación reveló deficiencias amplias y antiguas que provocaron un patrón y una práctica de conducta policial indebida, incluidos el uso de fuerza excesiva, uso de fuerza irrazonable diseñados para suprimir la libertad de expresión protegida, y allanamientos y confiscaciones inconstitucionales. La investigación también reveló pruebas de que el PRPD ha dejado de investigar adecuadamente casos de violencia de género y que ha prestado servicios policiales discriminatorios. El PRPD cooperó a lo largo de la investigación y comenzó a implementar acciones correctivas como respuesta a las recomendaciones del equipo de investigación y la asistencia técnica.

El departamento comenzó a negociar un acuerdo con el gobierno del ex Gobernador Luis Fortuño después de completar la investigación en septiembre de 2011. Las negociaciones culminaron con un acuerdo preliminar presentado junto con la demanda del departamento en diciembre de 2012. La corte federal aceptó el pedido de suspensión conjunto para brindarle al gobierno del Gobernador García Padilla la oportunidad de examinar y negociar un acuerdo definitivo. Una vez que el tribunal federal apruebe el acuerdo, las partes seleccionarán un asesor de cumplimiento técnico y comenzarán la implementación. 

Se encuentran una copia de la demanda, el acuerdo final, una petición conjunta de aprobación del acuerdo y la carta de hallazgos de septiembre de 2011 en www.justice.gov/crt.  Si tiene información relevante al caso y al PRPD, comuníquese con el Departamento de Justicia escribiendo a community.prpd@usdoj.gov o llamando al 877-871-9726.

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Oficina del Secretario de Justicia