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Comentarios de la Secretaria de Justica Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles Jocelyn Samuels en la Conferencia de Prensa de GE Capital Retail Bank
Washington DC ~ jueves, 19 de junio de 2014

Buenas tardes, es un honor estar aquí hoy con el Director Richard Cordray de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor para discutir el acuerdo conciliatorio de $169 millones del Departamento de Justicia y la CFPB con GE Capital Retail Bank, conocido actualmente como Synchrony Bank.  El acuerdo conciliatorio resuelve alegatos de que el banco discriminó contra prestatarios hispanos al excluirlos de dos programas de cancelación de deuda de tarjetas de crédito.  Es, históricamente, el mayor acuerdo conciliatorio del gobierno federal por discriminación asociada con tarjetas de crédito.

El acuerdo conciliatorio de hoy es una demostración de la profunda coalición formada por el Departamento de Justicia y la CFPB para hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos de nuestra nación.  Deseo felicitar al Director Cordray por su liderazgo y por todo lo que ha hecho la CFPB para proteger a los consumidores contra la discriminación crediticia.

La discriminación en el otorgamiento de crédito, en cualquiera de sus formas, es inaceptable.  Este acuerdo conciliatorio es parte de la labor continua del Departamento de Justicia para garantizar que todas las personas tengan acceso parejo al crédito, independientemente de su origen nacional. 

Las tarjetas de crédito son esenciales en nuestra economía, y millones de personas las utilizan en sus vidas cotidianas.  En este caso, el alcance del daño potencial, así como la naturaleza flagrante de la discriminación, resulta especialmente preocupante.  GE Capital ofreció dos programas de cancelación de deudas para ayudar a las personas que estaban atrasadas en sus pagos de tarjeta de crédito, de modo que la deuda les resultara menos agobiante y los pagos fueran más manejables.

Sin embargo, excluyó a dos categorías de prestatarios: aquellos que indicaron que preferían recibir comunicaciones del prestamista en español en lugar de inglés, y aquellos con dirección postal en Puerto Rico.  El departamento y la CFPB alegan que, entre enero de 2009 y marzo de 2012, el Banco excluyó a estos prestatarios de su “Oferta de crédito de estado de cuenta”, un programa que ofrecía a prestatarios elegibles un crédito en su cuenta si cumplían con ciertos criterios, y la “Oferta de cancelación”, un programa que ofrecía a prestatarios elegibles la oportunidad de cancelar su deuda de tarjeta de crédito si pagaban un porcentaje del saldo pendiente de la cuenta, equivalente a entre el 25 y el 55 por ciento.  Por lo tanto, se les negó a los prestatarios hispanos un importante beneficio financiero brindado a otros clientes. 

El acuerdo conciliatorio es una respuesta integral a estas supuestas violaciones.  El acuerdo conciliatorio, el que fue presentado en conjunto con una demanda y está sujeto a aprobación del tribunal, dispone el pago de 169 millones de dólares como reparación a alrededor de 108,000 prestatarios, en la forma de pagos monetarios, y la reducción o  condonación integral de los saldos de las tarjetas de crédito de los prestatarios.  Asimismo, el banco eliminará los historiales de pago negativos de prestatarios afectados e implementará medidas importantes de cumplimiento de las leyes de otorgamiento justo de préstamos y monitoreo para garantizar que no vuelva a producirse este tipo de discriminación.  En el caso de las cuentas cerradas por el banco, el banco debe pedir a las tres principales agencias de informes de crédito a las que provee información que eliminen todo informe negativo para los clientes que no recibieron las ofertas.  El banco ya ha proporcionado reparación por más de $131.8 millones a víctimas de la discriminación, y se ha comprometido en el acuerdo a proveer el saldo de la reparación a las víctimas restantes. 

Felicitamos a GE Capital por identificar la discriminación y reportarla a su regulador, la CFPB, y aplaudimos los pasos proactivos tomados por el banco para proporcionar reparación a los prestatarios afectados, incluso antes de la intervención gubernamental.  También valoramos el trabajo estrecho de este prestamista con el departamento y la CFPB para seguir identificando e indemnizando a prestatarios afectados. 

Esperamos que la detección de este asunto por parte de uno de los principales emisores de tarjetas de crédito de la nación lleve al resto de la industria a examinar atentamente la manera en que estructura y publica ofertas con beneficios a los prestatarios.

La tarea del Departamento de Justicia de hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos es llevada a cabo por la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil de la División de Derechos Civiles. Desde febrero de 2010, ha entablado o logrado una resolución en 34 casos de préstamos bajo la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades Crédito y la Ley de Asistencia Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas. Los acuerdos conciliatorios en estos casos disponen más de mil millones de dólares en reparación monetaria a prestatarios individuales y comunidades afectadas.

Deseo felicitar a nuestro equipo dedicado de abogados, así como a nuestros asociados de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor por su trabajo en este caso.  Esta demanda y la orden de consentimiento propuesta marcan un paso importante en nuestra labor de hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos.

El Departamento de Justicia reitera su compromiso de asegurar que reciban reparación los prestatarios perjudicados debido a prácticas discriminatorias asociadas a préstamos.  Y seguiremos haciendo valer la ley enérgicamente para proteger los derechos de todas las personas víctimas de discriminación, y para garantizar el acceso justo e igualitario al crédito para todos.

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