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Procurador Oficial Federal de los Estados Unidos Benjamin B. Wagner Distrito del Este de California

Miembros De Una Red De Traficantes Internacionales De Armas De Fuego Fueron Arrestados

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Miercoles, 9 de noviembre de 2011

PHONE: (916) 554-2706

 

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Docket #:

 

 

            FRESNO, Calif. — Benjamin B. Wagner, Procurador de Justicia de los Estados Unidos annuncio que el 3 de Noviembre, 2011, un gran jurado expidio un acta de acusacion implicando a siete individuales por varios delitos federales de armas de fuego.

El acta de acusacion implica a Ernesto Salgado-Guzman, 44; Demetrio Sebastian Cortez-Ordaz, 44; Zeferina Salgado de Cortez, 40; Demetrio Cortez-Ordaz, 33; Modesto Santiago-Sanchez, 72; Victorino Epifanio Bazante Pachecho, 75; y Florencio Solanes-Morales, 69, todos residentes de Madera, efectuada ayer por la tarde, según órdenes de arresto federales.

En acciones relacionadas, Gregorio Salgado-Lopez, de Madera, fue arrestado por órdenes de detención internacional provisional, solicitada por el gobierno de México, con el fin de detenerlo durante los procedimientos de extradición de México a EE.UU. para enfrentar cargos de contrabando de armas de México.

            Según el acta de acusación, los inculpados conspiraron para adquirir y vender armas de fuego sin licencia, además de presentar información falsa durante las transacciones de las armas de fuego. El acta de acusación los inculpa también de que, entre el año 2006 y el 22 de junio de 2009, los acusados compraron más de 400 rifles de Calibre .22 de una tienda en Madera, que después vendería en México. El acta de acusación tambien implica a Demetrio Cortez-Ordaz con exportar armas de fuego a Mexico, infringiendo la Arms Export Control Act (Ley de Control de la Exportación de Armas). Una de las alegaciones del acta de acusación indica que en México se recuperaron más de 50 armas de fuego cuando se encontró que Gregorio Salgado-López tenía en su poder dichas armas de fuego mientras se encontraba a bordo de un autobús en ruta a Oaxaca, México el 22 de marzo de 2009.

            Este caso es el resultado de una investigación extensa llevada a cabo durante más de dos años por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés), el U.S. Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés), Homeland Security Investigations (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI por sus siglas en inglés) y varias agencias de cumplimiento de la ley mexicanas. La investigación se inició en el 2009 según información proporcionada por las autoridades mexicanas después del arresto de Gregorio Salgado-Lopez en México en marzo de 2009.

            “El transporte de armas estadounidenses a México contribuye a la violencia al sur de la frontera, lo que amenaza la seguridad de las personas en ambos países”, dijo el Procurador de Justicia de los EE.UU., Wagner. “Hemos colaborado estrechamente con las autoridades de cumplimiento de la ley mexicanas en el transcurso de esta investigación, que comenzó con la información proporcionada por las autoridades mexicanas después de una incautación de armas ilegales en México en 2009. La Oficina del Fiscal de EE.UU. da gracias a las autoridades mexicanas por su ayuda y una estrecha coordinación en este caso. Seguiremos colaborando con nuestros socios mexicanos para contener el flujo ilegal de armas desde este país hacia México”.

            “Se minimiza el peligro para nuestras comunidades cuando la ATF trabaja en conjunto con nuestros socios de cumplimiento de la ley y podemos impulsar mutuamente nuestras áreas de competencia técnica”, dijo Stephen C. Herkins, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en San Francisco. “El arresto de hoy demuestra los resultados que pueden lograrse a través de una estrecha colaboración con nuestras contrapartes mexicanas”.

            “Los reglamentos federales concernientes a la venta y exportación de armas de fuego se diseñaron para asegurarnos que las armas de fuego y de otros tipos no caigan en malas manos y pongan a las personas en peligro”, dijo Clark Settles, Agente especial a cargo de las investigaciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad (ICE) para el norte de California. “Como queda bien claro, nos hemos aliado en los esfuerzos para perseguir a aquellos que buscan ganancias burlando estas leyes, sin tomar en cuenta la seguridad del público”.

            “El United States Marshals Service (Servicio de Alguaciles de Estados Unidos) contribuyó a este esfuerzo cooperativo con nuestra capacidad para aprehender a fugitivos, cual ayudó a la ATF, ICE y al las autoridades mexicanas a localizar y arrestar a los inculpados buscados por las cortes federales de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas federales por una variedad de cargos relacionados con armas”, declaró Albert Najera, Alguacil de los Estados Unidos para el distrito este de California. “Los funcionarios del grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles cuentan con pericia y habilidades muy especiales además de conocimientos de las zonas locales para ayudar a nuestros socios de cumplimiento de la ley federales en esta investigación importante y única.”

            Se espera que los inculpados hagan su primera comparecencia ante un Juez Magistrado de Estados Unidos en Fresno hoy mismo.

            Si se les encuentra culpables, Ernesto Salgado-Guzman y Demetrio Sebastian Cortez-Ordaz podrían ser sentenciados hasta a 20 años de cárcel y una multa de USD$1 millón; Demetrio Cortez-Ordaz podría ser sentenciado hasta a 40 años de cárcel y una multa de USD$2.5 millones; Zeferina Salgado Guzman de Cortez podría ser sentenciada a un máximo de 10 años de cárcel y una multa de USD$500,000; Modesto Santiago-Sanchez y Victorino Epifanio Bazante Pacheco podrían ser sentenciados a un máximo de 10 años de cárcel y una multa de USD$500,000; y la sentencia máxima a Florencio Morales-Solano podría ser de 15 años de cárcel y una multa de USD$750,000. Sin embargo, las sentencias reales serán determinadas a discreción de la corte después de tomar en consideración cualquier factor de los estatutos aplicables y las Guías de Sentencia Federales, las cuales toman en cuenta una serie de variables.

            Los cargos son presuntos solamente y se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe que son culpables más allá de una duda razonable.

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