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VIERNES, 21 DE JULIO DE 2006
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GE y dos subcontratistas pagan 11.5 millones de dólares para resolver alegaciones de venta al Departamento de Defensa de piezas defectuosas para aeronaves

WASHINGTON -- General Electric Co. (GE) y dos de sus subcontratistas han pagado 11.5 millones de dólares a los Estados Unidos para resolver una demanda que alega que GE vendió paletas defectuosas para motores en aviones y helicópteros militares de los EE.UU., anunció hoy el Departamento de Justicia.

La demanda alegaba problemas de control de calidad a lo largo de varios años asociados a la fabricación de varios tipos de paletas para motor en las instalaciones de la división de Motores de Aeronaves de GE en Madisonville, Ky. Los problemas alegados incluyen la falta de cumplimiento con normas en piezas de fundición y pruebas no destructivas. Dos subcontratistas, Howmet Corp., una subsidiaria de Alcoa, y Precision Castparts Corp. fabricaron piezas fundidas sin acabar para las paletas, cuyo acabado estuvo a cargo de GE en las instalaciones de Madisonville. Ambos subcontratistas también fueron nombrados como demandados.

"Este caso demuestra el compromiso del gobierno federal de asegurar que los contratistas cumplan con las más altas normas de calidad y seguridad al vender piezas y equipos para aeronaves al Departamento de Defensa", dijo Stuart Schiffer, Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto de la División de lo Civil del Departamento de Justicia. "Esta demanda es un ejemplo excelente de cooperación entre dependencias federales para proteger las vidas de nuestros miembros de las fuerzas armadas y los fondos públicos".

La demanda fue entablada en el Distrito Oeste de Kentucky en Owensboro por varios empleados del establecimiento de GE en Madisonville. La demanda fue entablada bajo la Ley de Reclamos Falsos, la que permite que ciudadanos privados llamados "relatores", demanden en nombre del gobierno para recuperar fondos federales obtenidos a través de reclamos falsos o fraudulentos. De acuerdo con la Ley de Reclamos Falsos, los relatores recibirán $2,357,500.

El caso fue investigado por el Servicio de Investigaciones Penales de Defensa, el Comando de Investigación Penal del Ejército de los EE.UU., el Servicio de Investigaciones Penales de la Marina de los EE.UU., la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los EE.UU. y el Departamento de Transportes de los EE.UU., Oficina del Inspector General. La Agencia de Auditorías de Contratos de Defensa proporcionó apoyo de auditoría. El acuerdo conciliatorio fue negociado por la División de lo Civil del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Kentucky.

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