WASHINGTON – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico [Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA)] realizó un acuerdo de declaración de culpabilidad para una acusación formal de 15 cargos delictivos de violación de la Ley de Agua Limpia [Clean Water Act (CWA)] federal por la evacuación ilegal de contaminantes de nueve plantas de tratamiento sanitario de aguas residuales y cinco plantas de tratamiento de agua potable, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental [Environmental Protection Agency (EPA)]. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, PRASA pagará una multa penal de 9 millones de dólares, la mayor multa ya pagada por una empresa de servicios públicos por violar la CWA. Además, se realizó un acuerdo de conciliación civil exhaustivo entre PRASA y los Estados Unidos de América para la resolución de violaciones ambientales repetitivas en 61 plantas de tratamiento de aguas residuales en toda la Commonwealth.
A través del acuerdo conciliatorio civil, PRASA invertirá aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en la realización de proyectos de mejora de capital [capital improvement projects (CIPs)] y otras medidas correctivas en todas sus 61 plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección relacionados a lo largo de los próximos 15 años. Para cumplir con los términos del acuerdo, PRASA completará 145 CIPs de corto, mediano y largo plazo, los cuales incluirán la instalación de equipos de decloración, instalación de equipos de cloración de flujo proporcional, reparación y sustitución de equipos, y puesta en práctica de un programa de tratamiento químico para eliminación de fósforo, entre otras cosas.
"Las acciones penales y civiles de hoy representan un hito en la asistencia a PRASA, un transgresor con una historia profunda de violaciones, para su cumplimiento con la Ley de Agua Limpia, una ley que protege tanto al pueblo como al medio ambiente de Puerto Rico contra la exposición indebida a contaminantes nocivos", dijo Sue Ellen Wooldridge, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División del Medio Ambiente y Recursos Humanos del Departamento de Justicia. "Nos complace que hayamos logrado resolver estos asuntos, y que PRASA haya aceptado realizar las mejoras e inversiones necesarias para asegurar mejoras significativas en sus plantas de tratamiento de aguas residuales".
"El gobierno de Bush está responsabilizando a los contaminadores por sus acciones y utilizando herramientas de coacción para mejorar nuestro medio ambiente y proteger la salud pública", dijo Granta Y. Nakayama, Administradora Auxiliar de Coacción y Garantía de Cumplimiento de la EPA. "Esta acción comprende la mayor multa penal ya pagada por una empresa de servicios públicos bajo la Ley de Agua Limpia".
Esta mañana, un gran jurado federal en San Juan emitió una acusación formal de 15 cargos contra PRASA asociados a violaciones penales de la Ley de Agua Limpia, las cuales surgen del papel de PRASA como propietaria y operadora y su conducta en la operación y administración de sistemas de tratamiento de aguas residuales y agua potable en Puerto Rico. Esta mañana, el Departamento de Justicia también presentó un acuerdo de declaración de culpabilidad bajo con PRASA, a través del cual la empresa de servicios públicos se declarará culpable de la acusación formal emitida por el gran jurado. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, PRASA pagará una multa de 9 millones de dólares, completará mejoras de capital en nueve de los sistemas de tratamiento de aguas residuales por un valor de casi 109 millones de dólares, gastará 10 millones de dólares para corregir la evacuación de aguas al Arroyo Martin PeZa, y cumplirá una pena de cinco años de libertado condicional. Asimismo, según el acuerdo, PRASA debe cumplir plenamente con los términos de decreto por consentimiento civil y ha acordado que el tribunal puede prolongar el plazo de libertad condicional de PRASA, con todas las opciones de sentencia disponibles, para asegurar que PRASA cumpla plenamente con las condiciones de la libertad condicional.
"Este acuerdo conciliatorio récord reafirma el compromiso del gobierno de Bush de proteger a la salud pública y el medio ambiente", dijo Alan J. Steinberg, Administrador Regional de la EPA. "El acuerdo conciliatorio propuesto y el acuerdo de declaración de culpabilidad resuelven una historia de incumplimiento por parte de PRASA, la cual ha resultado en la evacuación de millones de galones de aguas residuales tratadas y aguas negras a través de evacuaciones ilegales. Una vez realizadas las acciones requeridas por el decreto por consentimiento civil y el acuerdo de declaración de culpabilidad, la calidad del medio ambiente mejorará en el Commonwealth de Puerto Rico".
"La Fiscalía Federal en Puerto Rico ha asumido el compromiso de hacer valer las leyes ambientales con el objetivo de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico y, especialmente, la calidad del agua", dijo Rosa Emilia Rodríguez Vélez, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
El acuerdo conciliatorio civil de hoy resuelve alegaciones de que PRASA violó permisos de evacuación de contaminantes emitidos por la EPA bajo la CWA; dejó de operar y mantener correctamente sus 61 instalaciones de tratamiento; y evacuó aguas negras de siete sistemas de recolección en violación de la CWA. Además de los casi 1.7 mil millones de dólares en mejoras de capital y otras medidas correctivas, PRASA pagará una multa civil de 1 millón de dólares y pondrá en práctica un proyecto ambiental complementario a un costo estimado de 3 millones de dólares. El proyecto exige que PRASA proporcione servicios de alcantarillados a por lo menos una comunidad en la isla que no esté conectada a las instalaciones de PRASA.
Los fiscales penales en el caso son el Consejero Litigante Principal Howard Stewart, del Departamento de Justicia de los EE.UU., Sección de Delitos Ambientales y la Fiscal Federal Auxiliar Especial Silvia Carreño de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. La Abogada Principal Patricia A. McKenna, de la Sección de Coacción Ambiental del Departamento de Justicia y la Fiscal Federal Auxiliar Isabel Muñoz de la Fiscalía Federal en Puerto Rico son los fiscales civiles para este caso. En la EPA, Diane Gomes, Consejera Regional Auxiliar; Charles Hoffmann, Consejero Regional Adjunto de Coacción Penal; Jaime Geliga, División de Protección Ambiental del Caribe; el Agente Especial a Cargo William Lometti; y el Agente Especial Adjunto a Cargo Jonathan Thalasinos jugaron un papel decisivo en esta acción.
El decreto por consentimiento estará sujeto a un periodo de comentario público de 30 días y está disponible en el portal del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/enrd/open.html y en el portal de la EPA en http://www.epa/gov/compliance/resources/cases/civil/cwa/prasa060706.html.
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